A este respecto, lamenta que las políticas, la financiación, las prioridades de investigación y el debate en torno a cómo fortalecer la respuesta a los desafíos de la salud mental global, aún hoy día están dominados por un enfoque que tiende a reforzar una narrativa biomédica que ignora los tratamientos alternativos, subestima el papel de la Psicoterapia y otras intervenciones psicológicas y sociales y, lo que es más importante, no aborda los determinantes que contribuyen a la mala salud mental. De este modo, advierte que las «concepciones estrechas» de los determinantes, junto con un exceso de confianza en las explicaciones biomédicas de la angustia emocional y los problemas de salud mental, desvían la atención política de las acciones basadas en Derechos que promueven la salud, y alerta que esta cuestión de derechos humanos gravemente descuidada requiere una acción urgente. Tal y como manifiesta en su informe, la protección de la salud mental requiere tomar las medidas necesarias para evitar la interferencia de terceros, por ejemplo: prácticas dañinas como la «terapia de conversión» para las personas LGTBI, centros privados que utilizan la religión en lugar de la ciencia para tratar la farmacodependencia o los problemas de salud mental, y la enorme influencia de las compañías farmacéuticas en este ámbito. En muchas partes del mundo, estas prácticas son el resultado de un conjunto complejo de factores, incluidos los desequilibrios de poder que conducen a un uso sesgado de la evidencia, a una falta de inversión en políticas y servicios basados en los Derechos, y al exceso de confianza en las medidas coercitivas, punitivas y en el enfoque médico. Así, de acuerdo con el Relator Especial, las políticas de salud mental actuales se ven afectadas en gran medida por la asimetría del poder y los sesgos debido al predominio del modelo biomédico y las intervenciones biomédicas. Este modelo ha conducido, no solo al uso excesivo de la coerción en caso de discapacidades psicológicas y sociales, intelectuales y cognitivas, sino también a la medicalización de las reacciones normales a las muchas presiones de la vida, incluyendo las formas moderadas de ansiedad social, tristeza, timidez, absentismo escolar y comportamiento antisocial. El mensaje más directo que puede llegar a las partes interesadas con los recursos y el poder para apoyar una transformación significativa en la salud mental global es la necesidad de cerrar la «brecha de tratamiento». Al Relator Especial le preocupa que este mensaje pueda promover el uso excesivo de las categorías de diagnóstico y ampliar el modelo médico para diagnosticar patologías y proporcionar modalidades de tratamiento individuales que conduzcan a una excesiva medicalización. A continuación, recogemos las principales conclusiones y recomendaciones del informe: El Relator Especial pone de relieve el progreso positivo que supone el reconocimiento de la salud mental como un imperativo de salud mundial, incluso dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con la salud mental emergiendo de las sombras, manifiesta, ahora es fundamental llegar a un acuerdo sobre cómo invertir en la salud mental y el bienestar de las personas y las poblaciones. A este respecto, recuerda que la promoción de la salud mental es un Derecho Humano de todas las personas, no un lujo, y considera que la buena salud mental y el bienestar no pueden definirse por la ausencia de una condición de salud mental, sino que deben definirse por el entorno social, psicológico, político, económico y físico -que permite a las personas y las poblaciones vivir una vida digna, con pleno disfrute de sus derechos-, y en la búsqueda equitativa de su potencial. Esto requiere la creación de entornos propicios, que valoren tanto la conexión social como el respeto a través de relaciones sanas y no violentas, a nivel individual y social a lo largo de la vida. Para promover de forma eficaz la salud mental, la discriminación debe eliminarse tanto dentro como fuera de los entornos de atención de salud mental. Al Relator Especial le preocupa que el campo de la salud mental se mantenga, a nivel mundial, como rehén de leyes, políticas y prácticas discriminatorias, y que esto obstaculice los intentos de muchas partes interesadas de promover eficazmente la salud mental. Los servicios de salud mental sufren ante la presencia e insistencia en el uso de enfoques obsoletos, a través de los cuales, la mayoría de los recursos se asignan al tratamiento individual para problemas de salud mental diagnosticados, que incluyen medicamentos psicotrópicos y atención institucional. Según sus palabras este desequilibrio global continúa reforzando la equidad, la evidencia y la brecha de implementación. Las tendencias mundiales indican una proliferación de políticas y prácticas, en las que se socavan activamente los principios de los Derechos Humanos Universales, o estos Derechos se aplican de manera selectiva. A modo de ejemplo, señala aquellas tendencias que priorizan políticas y leyes punitivas para abordar diferentes problemas sociales (como el uso de drogas), la discriminación por Ley y en la práctica a ciertas poblaciones (como refugiados y migrantes, jóvenes y mujeres), las decisiones políticas que reducen el apoyo social e incrementan las desigualdades, y aquellas acciones legislativas que reducen el espacio participativo para la sociedad civil. La desigualdad es un obstáculo clave para la salud mental a nivel mundial. Reducir las desigualdades es una condición previa para promover la salud mental y para eliminar los factores de riesgo, como la violencia, el desempoderamiento y la exclusión social. En este sentido, existe una división intencional en la forma en que estas tendencias globales más amplias afectan la salud mental y el bienestar de las sociedades: la xenofobia, los valores familiares tradicionales y otras formas de discriminación erosionan activamente la cohesión social y afectan a todos. Los estereotipos nocivos (incluidos los estereotipos de género) y la estigmatización en la comunidad, la familia, la escuela y los lugares de trabajo, socavan las relaciones sanas, desmantelando los entornos inclusivos y de apoyo que son necesarios para la buena salud mental y el bienestar de todos. Las actitudes discriminatorias que influyen cada vez más en las leyes, políticas y prácticas socavan las estructuras sociales necesarias para apoyar el bienestar y la inclusión. La xenofobia y la intolerancia crean ambientes emocionales, psicológicos y sociales hostiles, y erosionan la calidad de las relaciones humanas, provocando desconfianza y falta de respeto en la vida social. En muchos casos, la xenofobia y la intolerancia interfieren directamente con la disponibilidad y accesibilidad de los servicios para promover la salud, así como el acceso a la vivienda, la educación y el trabajo. En consecuencia, los individuos y grupos en situaciones vulnerables, como las personas migrantes, son discriminados por la Ley y en la práctica, y se les niega su Derecho a la salud mental. Uno de los graves problemas expuestos es la falta de voluntad política para invertir globalmente en salud mental y bienestar, un hecho que alimenta este ciclo de discriminación, desigualdad, exclusión social y violencia. Quienes más necesitan acciones que promuevan su salud, personas con discapacidades psicológicas y sociales, cognitivas e intelectuales, aún se quedan atrás. La comunidad mundial debe priorizar los sistemas sostenibles que permitan y adopten un enfoque basado en los Derechos Humanos para la promoción de la salud mental. Las políticas modernas de salud mental deben fomentar el empoderamiento, la participación significativa y la capacidad de recuperación entre todas las personas, incluidas aquellas con problemas de salud mental.
Dado lo anterior, el Relator Especial recomienda a los Estados: Incluir la promoción de la salud mental y el bienestar como un tema transversal en el desarrollo participativo y la implementación de todas las políticas públicas, y sitúen el bienestar social en el centro de las decisiones de desarrollo y asistencia que tienen como objetivo implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los Estados deben facilitar, ofrecer y promover condiciones en las cuales la salud mental y el bienestar puedan realizarse. Cumplir con el Derecho a la Salud Mental requiere la provisión, no solo de una atención médica equitativa (y alternativas al modelo biomédico), sino también de intervenciones públicas de Salud Mental que puedan proteger a las poblaciones de factores de riesgo clave para los problemas en este ámbito. Requiere acciones fuera del sector de la salud en hogares, escuelas, lugares de trabajo y comunidades. También incluye facilitar el mejor comienzo posible en la vida para los niños a través del apoyo familiar basado en la evidencia, como el permiso parental y las condiciones para una maternidad segura, las intervenciones de apoyo parental y la educación infantil. Los Estados deben proporcionar un personal laboral adecuado para apoyar estos esfuerzos y replantearse cómo crear recursos para el fortalecimiento de la comunidad y la promoción de una sociedad saludable, formulando políticas nacionales dirigidas a reducir o eliminar la toxicidad del entorno físico, psicológico y social. Para cumplir con el Derecho a la Salud, los determinantes de la salud mental siempre deben estar disponibles, ser accesibles, aceptables y de buena calidad. Estos determinantes de la salud mental y la acción para promover la salud mental deben estar disponibles en cantidad suficiente y adecuada. Disponibilidad significa la presencia de determinantes sociales y subyacentes, que son esenciales para la promoción del bienestar de las personas y la sociedad, incluido el acceso a información y educación relacionadas con la salud, y relaciones saludables y positivas entre las personas, basadas en la confianza, el respeto y la tolerancia. Tomar medidas inmediatas para desarrollar una estrategia intersectorial con el propósito de promover la salud mental, y que incluya una revisión de las políticas públicas con miras a las reformas sociales, laborales y económicas que eviten la desigualdad, la discriminación y la violencia en todos los entornos, promuevan relaciones no violentas y respetuosas entre los miembros de las sociedades y comunidades, y aumenten la confianza mutua entre las autoridades y la sociedad civil. Con respecto a la cooperación y asistencia internacional, equilibrar los esfuerzos de desarrollo para cerrar la brecha de tratamiento, invirtiendo equitativamente en actividades de promoción que están libres de enfoques discriminatorios y respetando tanto la evidencia, como los enfoques globales basados en los Derechos que construyen el bienestar en las sociedades, no solo en los sectores de atención de la salud. Concretamente, en relación con la promoción de relaciones sanas y no violentas, el Relator Especial recomienda implementar políticas y medidas de recursos que promuevan intervenciones eficaces para promover relaciones positivas a lo largo de la vida, particularmente ampliando dichas medidas para apoyar un desarrollo global saludable en la infancia y la adolescencia. El desarrollo de la primera infancia se puede proteger apoyando a los niños, los padres y las familias. Empero, la detección de diferentes categorías diagnósticas sin implementar programas de apoyo familiar pueden llevar a la exclusión, la institucionalización y la medicación excesiva. Los enfoques de este tipo no pueden considerarse conformes con las obligaciones del Derecho a la Salud. En cambio, la detección temprana debe considerarse complementaria al apoyo comunitario para padres e hijos. El apoyo social en la familia y la comunidad en general, y las creencias positivas relacionadas con el optimismo, la autoestima y un sentido de control, pueden contrarrestar los efectos del estrés y el trauma cuando los niños pasan a la edad adulta. En palabras del Relator Especial, la medicación excesiva es especialmente dañina para los niños, y las tendencias globales para medicalizar los complejos problemas psicológicos y sociales, y de salud pública en la infancia, deben abordarse con una voluntad política más fuerte. Apoyar el acceso a la Educación Secundaria gratuita y de calidad para todos los adolescentes es una de las inversiones más eficaces. A este respecto, las escuelas desempeñan un papel crucial en el fomento del desarrollo de los adolescentes y son especialmente importantes para mitigar los efectos de la violencia y los conflictos. Existe evidencia considerable de la eficacia de un enfoque de toda la escuela para promover la salud mental y abordar problemas como el acoso escolar. El acoso escolar en los centros educativos y otros contextos afecta negativamente el Derecho a la Salud de los niños y puede tener un impacto duradero en el bienestar. La prevención del acoso escolar mediante la promoción de relaciones respetuosas y no violentas desde una edad temprana, es vital para promover el Derecho a la Salud Mental. El enfoque más eficaz para abordar y prevenir el acoso escolar requiere una lente ecológica y de salud pública que valore y fomente las relaciones no violentas e involucre a los niños, las escuelas, las familias y las comunidades para poner fin a esta práctica dañina. Desarrollar una infraestructura eficaz para la protección infantil y el apoyo familiar, en aras de mejorar la calidad de las relaciones entre padres e hijos, protegiendo así a los niños de cualquier forma de violencia en la familia y evitando el uso de la atención institucional como una forma de criar a los niños. Tomar medidas orientadas a la eliminación total del cuidado institucional para niños, con un enfoque especial en la eliminación de la institucionalización de niños pequeños, con o sin discapacidades. En lo que se refiere a las personas mayores, el informe subraya los riesgos a los que enfrenta el bienestar mental del envejecimiento de las poblaciones; algunos pueden atribuirse a la prevalencia de afecciones degenerativas relacionadas con la edad, como la demencia y la enfermedad de Alzheimer, que afectan tanto a la prevalencia biomédica como a la social del problema de bienestar mental. Sin embargo, muchos de los problemas de salud mental que enfrentan las poblaciones que envejecen tienen factores de riesgo compartidos, como la disminución de la capacidad funcional, las experiencias de duelo, el aislamiento o la pérdida del estado socioeconómico que a menudo acompaña a la jubilación. El riesgo de abuso, como en el suministro excesivo de medicamentos psicotrópicos a personas mayores, tanto dentro como fuera de los entornos de atención residencial institucional, también es significativo. Los riesgos de este tipo también revelan el efecto positivo que pueden tener las intervenciones para promover condiciones de vida saludables, como trabajar para garantizar que las personas mayores tengan los recursos para lograr el bienestar, incluida la seguridad y las libertades, vivienda adecuada, apoyo social, programas de inclusión y programas de desarrollo comunitario. Esto también incluye los cuidados paliativos y el Derecho a llegar al final de la vida con dignidad. El Relator Especial acoge con satisfacción el debate sobre el tratamiento de la depresión, como un factor de riesgo para el comportamiento suicida, pero está preocupado por la tendencia mundial restante de medicalizar la depresión y la conducta suicida, y por la mayor promoción de la teoría refutada de los desequilibrios químicos. Ante esto, pide que todas las principales partes interesadas nacionales e internacionales deben hacer más para abordar los determinantes de la depresión y el suicidio. Si bien las formas graves de depresión pueden requerir tratamiento con intervenciones biomédicas, las personas con una forma más leve de depresión y afecciones relacionadas, pueden beneficiarse de otras formas de atención y apoyo que evitan la medicación excesiva y se basan en la evidencia, y son culturalmente apropiadas. Así, recomienda adoptar estrategias de prevención en relación con la depresión y el suicidio a través de un enfoque moderno de salud pública que se centre en abordar los determinantes, mejorar las habilidades para la vida y la resiliencia, promover la conexión social y las relaciones sanas, y evitar la medicalización excesiva. Conceder una alta prioridad al desarrollo de intervenciones de salud pública accesibles para prevenir o reducir la violencia en todas sus formas, incluso como parte de un paquete básico de servicios provistos dentro de la cobertura de salud universal. Tener en cuenta el hecho de que la violencia, la institucionalización y otras formas de coerción están inaceptablemente difundidas en los sistemas de atención de salud mental, a menudo en nombre del tratamiento, en el caso de personas diagnosticadas con problemas de salud mental, y que hacen más mal que bien. Abstenerse y prevenir la acción xenófoba y la retórica que incita a la intolerancia contra las personas en situaciones vulnerables. Con respecto a la promoción de estas recomendaciones y la valoración del progreso de implementación de las mismas, el Relator Especial pide que los Estados desarrollen un conjunto de indicadores más global para medir el progreso hacia la plena realización del Derecho a la Salud Mental, incluyendo, indicadores sobre la reducción de la coerción, la institucionalización y la medicalización excesiva, y sobre la financiación sostenible de alternativas a un marco biomédico y al uso de la coerción, basadas en Derechos, e indicadores intersectoriales relacionados con la coordinación e integración de la promoción de la Salud Mental en la educación, la vivienda y el empleo.
Para acceder al informe completo, pincha el siguiente enlace: Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health |
