La Mejora de la Salud Mental en España, conclusiones del XIII Desayuno de Infocop

Después de explicar la dinámica de los Desayunos de Infocop, concebidos como espacios para la comunicación distendida y la reflexión, anunció el interés del Desayuno en debatir una serie de asuntos que giran en torno a la salud mental, y en concreto, sobre el análisis de la situación en España y las necesidades actuales y futuras. D. José Ramón Fernández Hermida aclaró que “los temas seleccionados para este debate, por tanto, no sólo tienen que ver con la situación de la Psicología clínica y la salud mental en España, sino con cuestiones que trascienden a este ámbito y que afectan a la defensa de los intereses de la sociedad civil en lo que respecta a la mejora de la salud mental, como la Estrategia Nacional de Salud Mental, que define la política, los mecanismos de evaluación y las estrategias de atención a personas con trastorno mental”.

El director de publicaciones del COP puso, en primer lugar, el acento en una cuestión que, a su modo de ver, resulta preocupante: la dificultad en el acceso a los tratamientos psicológicos en el sistema sanitario público.

Según afirmó “casi todos los actores involucrados en el ámbito de la sanidad reconocen la necesidad de homogenizar la atención que se presta en todo el territorio, siendo una vía posible el cumplimiento de la cartera de servicios comunes”. No obstante, según apuntó, “es absolutamente ficticio pensar que aunque estén en la cartera de servicios comunes esos servicios se estén prestando. En lo que respecta a los tratamientos psicológicos, la realidad es que no se están prestando en las mejores condiciones sino en la dosis mínima”. Por este motivo, preguntó a los asistentes sobre posibles medidas para que el acceso a los tratamientos psicológicos sea un derecho real de los ciudadanos, de modo que estos tratamientos tengan la prioridad que le otorgan las principales guías de práctica clínica basadas en la evidencia.

Asimismo, quiso poner de relieve las consecuencias y perjuicios para la población que se han derivado de esta situación, entre otras, el excesivo consumo de psicofármacos (sobre todo, ansiolíticos y antidepresivos), “convirtiéndose en la actualidad en un serio problema de salud pública”, así como los perjuicios que genera el propio sistema de atención y su implicación en el aumento de la cronicidad de las enfermedades.

D. José Ramón Fernández Hermida no quiso dar por finalizado el Desayuno sin agradecer la asistencia de todos los participantes y abordar un tema de especial relevancia: la Estrategia Nacional en Salud Mental, que constituye un eje fundamental para delimitar las líneas de actuación, “pero cuyo cumplimiento no se está verificando y que presenta serios problemas en lo que respecta a los mecanismos para el control de su implementación en las diferentes comunidades autónomas”. En esta línea, señaló que “la Estrategia en Salud Mental no establece mecanismos de evaluación, entrando en contradicción con el propio texto, ya que sin esta evaluación no es posible la planificación”.

D. Jacobo Ramón Beltrán Pereira, portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid del Partido Popular

D. Jacobo Ramón Beltrán Pereira recalcó que “la salud mental ya se contempla como un derecho fundamental según la Constitución Española”. A este respecto, recordó que “la Estrategia Nacional de Salud Mental defiende un enfoque pluridisciplinar y un modelo biopsicosocial en la atención al trastorno mental, apostando por un enfoque comunitario, que tiene en cuenta la atención hospitalaria, la Atención Primaria y la atención domiciliaria”.

Por otro lado, el portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid del Partido Popular apuntó que el aumento de la demanda en salud mental no es un fenómeno que afecte exclusivamente a España sino a toda la región europea y, simultáneamente, reconoció los importantes esfuerzos que se están llevando a cabo desde los servicios de Atención Primaria y especializada y los logros alcanzados en este ámbito, ensalzando al conjunto de profesionales que conforman el sistema sanitario español, que “son básicos, necesarios y hacen una labor impagable”.

Acerca de las exigencias inmediatas que se plantean en la atención a la salud mental, D. Jacobo Ramón Beltrán reconoció la necesidad de aumentar el número de profesionales, entre ellos psicólogos clínicos, mostrándose convencido de que será una meta alcanzable una vez superados “estos tiempos difíciles”.

Otros aspectos a desarrollar, tal y como señaló durante el transcurso del Desayuno, son la lucha contra el estigma, la divulgación y la educación para la salud (incluyendo la prevención de la automedicación), así como la mejora de los modelos de atención, de tal manera que se preste más importancia a la relación profesional-paciente y a las habilidades de comunicación para lograr una atención más humana dentro del sistema sanitario. Finalmente, el portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid del Partido Popular alertó del reto para la atención sociosanitaria que supone el envejecimiento poblacional, con el consiguiente aumento de las enfermedades crónicas, reconociendo que “se trata de la asignatura inmediata del SNS”, puesto que esta inversión de la pirámide poblacional puede quebrar la sostenibilidad del sistema.

D. Guillermo Petersen Guitarte, director de la oficina de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, señaló la necesidad de “establecer una cartera de servicios con una definición de las técnicas concretas que deben implementarse”, en relación costes-beneficios, así como los profesionales que son los más cualificados para aplicarlas. A este respecto, recalcó la conveniencia de definir explícitamente los programas de intervención psicológica que están avalados por la evidencia científica (delimitando el número de sesiones, objetivos…).

En relación con el análisis de la situación de la salud mental en nuestro país y en lo concerniente a la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), trasladó los últimos resultados alcanzados en la atención a la salud mental, donde las altas hospitalarias por enfermedades y trastornos mentales no han sufrido un cambio significativo en los últimos años, “registrándose en total entre 10 mil y 11 mil altas al año, con un promedio de 15 días de hospitalización, si bien los datos no están desglosados según el tipo de unidad de hospitalización (breve, media o larga estancia)”.

A lo largo del Desayuno, el director de la oficina de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, abordó también las acciones realizadas desde 2011 en el ámbito de la prevención del suicidio liderados por la Dra. Mercedes Navío Acosta: entre otros, la implantación en los Hospitales del Servicio Madrileño de Salud del código ARSUIC (Atención al Riesgo Suicida) que los pacientes con tentativa de suicidio accedan a consulta en menos de una semana, la elaboración de una lista de comprobación de riesgo suicida en urgencias hospitalarias con criterios basados en la evidencia científica, formación a médicos y enfermeras (más de 600 participantes desde 2013) de Atención Primaria en detección y manejo del riesgo suicida, información en la web de la Consejería de Sanidad sobre la depresión y la prevención del riesgo suicida, edición de guías de prevención de la depresión y suicidio difundidas por Salud Madrid (dirigida a pacientes, profesionales sanitarios y docentes) o los programas de prevención del suicidio establecidos en algunos hospitales, como el Hospital 12 de Octubre y la Fundación Jiménez Díaz, “que cuentan con programas de atención al riesgo suicida por parte de equipos multidisciplinares, donde se integran psicólogos, y que han demostrado una reducción significativa del riesgo de suicidio”.

Estas acciones preventivas del suicidio puestas en marcha en la Comunidad de Madrid  tuvieron como punto de partida la realización de un estudio sobre la conducta suicida de 2008 en el que se puso de manifiesto la necesidad de mejorar el control de la evolución de estos pacientes con riesgo suicida, ya que “sólo el 20% de los pacientes con tentativa de suicidio había contactado con un dispositivo de Salud Mental para su seguimiento”. Existen disparidades existentes entre las CC.AA. en lo que respecta a la prevención del suicidio, aunque recientemente se ha incorporado la Prevención del Suicidio como una línea estratégica específica, en proceso de ratificación por el Consejo Interterritorial.  “La Estrategia Nacional de Salud Mental del SNS sólo establece las recomendaciones a las CCAA mínimas”, apuntó.

Finalmente, D. Guillermo Petersen manifestó la utilidad del tratamiento farmacológico en la atención a la salud mental, indicando que tampoco se debe “demonizar a los fármacos”.

Dña. María Isabel Ardid Jiménez, portavoz adjunta de Sanidad en la Asamblea de Madrid del PSOE

La portavoz adjunta de Sanidad en la Asamblea de Madrid del PSOE, Dña. María Isabel Ardid Jiménez, que agradeció la invitación al Desayuno, indicó a los asistentes que “la Comunidad de Madrid se encuentra en un momento idóneo para introducir nuevas iniciativas en salud mental, ya que por primera vez se están alcanzando acuerdos generales”.

En su análisis de la situación, Dña. María Isabel Ardid Jiménez subrayó, como uno de los problemas más graves del sistema sanitario público, “la ausencia de planificación en la adopción de medidas en materia de salud”, lo que está generando importantes perjuicios en la calidad de la atención que se presta a la población. Para ello, citó como ejemplo la situación actual de los centros de atención a drogodependencias, que han pasado de ser dependientes del área de sanidad al área de la salud pública al extinguirse la Agencia Antidroga. “Esta situación ha dado lugar a incongruencias en la aplicación de la legislación, de tal manera que los profesionales que atienden estos servicios actualmente no precisan tener una titulación especializada (a diferencia de lo que ocurría con anterioridad), degradándose la calidad de la atención que se puede prestar desde estos dispositivos”, apuntó.

En relación con las peticiones derivadas de las asociaciones de Psicología y del COP, la representante del PSOE, que es además Licenciada en Psicología, manifestó su acuerdo y el de su partido en defender “la presencia de psicólogos en Atención Primaria”, así como en trasladar cualquier propuesta que se quiera derivar a la Asamblea de Madrid en esta dirección. Asimismo, mostró la conformidad de su partido en respaldar el establecimiento del itinerario formativo grado-máster-PIR en Psicología, si bien con reservas en cuanto al coste económico que pueda suponer para los interesados. En este sentido, matizó que el esfuerzo económico de dicha formación “no debería suponer una barrera a su acceso”.

D. Joaquín Pardo Montero agradeció la iniciativa coordinada desde el COP de la convocatoria del Desayuno de Infocop, “y más teniendo en cuenta que me afecta doblemente como representante de Madrid Salud de Ciudadanos y como psicólogo y profesor de Psicopatología”.

El portavoz de Ciudadanos subrayó la importante lucha realizada, desde la creación de los primeros colegios profesionales de Psicología, para que “hoy en día se reconozca a la figura del psicólogo como un profesional que realiza un trabajo técnico y con resultados basados en la evidencia”.

Tal y como detalló, dentro del enfoque general que plantea Ciudadanos, la sanidad “constituye uno de los servicios básicos, junto con los servicios sociales, la educación y la dependencia”. En esta línea, manifestó el compromiso de su partido en asegurar la salud mental de la población, un objetivo que, según informó, “debería constituir una prioridad” y que “debería ser gestionado de manera diferente a como se está llevando a cabo, de tal manera que se busquen formas alternativas más rentables y eficientes”. Para D. Joaquín Pardo, un indicador claro de los problemas en la gestión de la salud mental en nuestro país es que “esta demanda se atiende mayoritariamente en el ámbito privado: en el ámbito público es imposible aplicar tratamientos psicológicos cuando sólo se puede ver al paciente una vez al mes”.

En alusión al texto de la Estrategia Nacional de Salud Mental, el representante de Madrid Salud de Ciudadanos matizó la diferencia entre suscribirse al modelo de abordaje psicosocial en salud mental e implementar este modelo en la práctica clínica: “la etiqueta psicosocial no garantiza el abordaje psicosocial”, apuntó.

D. Joaquín Pardo subrayó además los compromisos de su partido en asegurar la cobertura pública en Psicología Clínica (mediante el aumento de las plazas PIR), la inversión en estudios de evaluación coste-eficacia que respalden las decisiones en el ámbito de la salud y la defensa de la presencia de psicólogos en los niveles asistenciales de Atención Primaria. Finalmente, y en lo que respecta al itinerario formativo en Psicología Clínica, indicó la conformidad de Ciudadanos en regular el grado para que los contenidos sanitarios estén enlazados con el máster de Psicología General Sanitaria, si bien manifestó ciertas reservas en el apoyo de su partido a la secuenciación grado-máster-PIR. “Ciudadanos considera este asunto muy importante pero aún no tenemos como partido opinión formada pues estamos en eventos como este escuchando a todos los colectivos implicados”, apuntó.

D. José Andrés Llamas, representante del área de Sanidad de Izquierda Unida

D. José Andrés Llamas reconoció que “el elevado consumo de psicofármacos es un problema grave en nuestro país”, siendo una realidad que observa frecuentemente como médico de los servicios de urgencias. A este respecto, D. José Andrés Llamas planteó como modelo alternativo el sistema de atención sanitaria del Reino Unido, que cuenta con psicólogos generalistas en los niveles de Atención Primaria, subrayando la valiosa aportación que pueden brindar estos profesionales en dicho nivel asistencial y las ventajas de este modelo, donde “el tratamiento psicológico es más barato, más rentable y no tiene efectos iatrogénicos, a diferencia de los fármacos”. Asimismo, el portavoz de IU reconoció la buena disposición que tiene la población hacia los tratamientos psicológicos: “la sociedad demanda más tratamientos psicológicos, lo que ha hecho que la atención psicológica se convierta en un bien de consumo”.

Además del consumo excesivo de psicofármacos, el proceso de privatización y la falta de universalidad, el representante del área de Sanidad de Izquierda Unida planteó como otro de los grandes problemas en la atención sanitaria de nuestro país la carencia de una adecuada planificación estratégica. “No se están realizando análisis de las necesidades y de los recursos necesarios y, por lo tanto, la planificación no puede llevarse a cabo (…) Las intervenciones incluidas en los planes estratégicos no han ido precedidas de un análisis de impacto”, apuntó.

De esta manera, y si bien confirmó el compromiso de su partido en  “equiparar la ratio de psicólogos con la media europea”, para el portavoz de IU, “además de aumentar los recursos es necesario evaluar el impacto de las medidas que se están llevando a cabo partiendo de un análisis de las necesidades, para lo que hace falta un sistema de información sanitaria y una agencia de evaluación (no sólo de tecnologías sino también de intervenciones sociosanitarias y tratamientos psicológicos)”.

En relación con el itinerario formativo en Psicología Clínica, D. José Andrés Llamas señaló que “la obligatoriedad del máster, con el establecimiento de un itinerario grado-máster-PIR, puede suponer una discriminación”, por lo que desde su partido “se considera necesario tener en cuenta otras alternativas, como la posibilidad de que el Máster se integre dentro de la formación PIR”.

Durante su intervención, D. José Andrés Llamas mencionó otros problemas que presenta el sistema sanitario para hacer una atención de calidad, relacionados,  no sólo con factores estructurales (como el limitado tiempo por consulta), sino también con otros aspectos, como la necesidad de formación en Psicología por parte de los médicos de familia.

Finalmente, el portavoz de IU apuntó, como reflexión, la necesidad de intervenir a nivel estructural (política de empleo, mercado laboral…) para disminuir el impacto de las políticas de desigualdad en la salud psicológica de la población. En este sentido, indicó, “hace falta un enfoque de salud en todas las políticas, ya que esta elevada demanda en atención en salud mental podría ser evitable”.

Según la responsable de Sanidad del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, el planteamiento que defiende su partido parte de que “la salud es un derecho constitucional cuya atención debe abordarse desde un modelo sociocomunitario, con atención integrada y coordinada”, aplicable tanto a la atención especializada en salud mental como a la Atención Primaria. A este respecto, Dña. Ana Castaño Romero advirtió que la atención a la salud mental en el SNS se encuentra “en estado de agonía”, ya que el modelo de atención que impera no tiene en cuenta esta visión comunitaria y está limitado por la falta de tiempo en la atención, la ausencia de recursos para cubrir las bajas y el aumento de la demanda, así como por otras limitaciones marcadas por la gestión, como la penalización a los profesionales médicos ante el aumento de consultas sucesivas que impide un seguimiento adecuado a los pacientes que requieren este tipo de control.

Respecto a la Atención Primaria, y desde su experiencia como responsable de un servicio de salud mental comunitaria, manifestó “la necesidad de que se preste atención psicológica en este nivel asistencial”, ya que “constituye el capitán del barco en esta atención integrada y coordinada”. Según Dña. Ana Castaño Romero, su partido plantea dos líneas de actuación: por un lado, en el nivel clínico de atención psicológica sería necesario ampliar la convocatoria de plazas PIR y además establecer “mecanismos de obligado cumplimiento para exigir a las Comunidades Autónomas que se cubran todas las plazas que se ofertan” y, por otro lado, en el nivel preventivo, la necesidad de implementar programas de actuación y de invertir más esfuerzos en recursos humanos, al menos hasta alcanzar la media europea en la tasa de psicólogos por cada 100 mil habitantes. Asimismo, Dña. Ana Castaño subrayó las enormes carencias y deficiencias en la atención a la salud mental infanto-juvenil, ya que “no existe dicha especialidad”, por lo que su partido reivindica la presencia de psicólogos para la atención de niños y adolescentes, de tal manera que “se eviten los riesgos derivados de la medicalización o de la “psicologización” de los problemas cotidianos”.

Para la consejera estatal de Podemos, existen dos factores que dificultan enormemente la mejora de la atención en salud: la transferencia de las competencias en materia de sanidad a las CC.AA. -para lo que plantea como una posible solución el establecimiento de un Pacto de Salud-, y el fallo en el cumplimiento de los planes estratégicos, para lo que “sería necesario llevar a cabo un seguimiento serio de los mismos y específicamente de los realizados en el ámbito de la salud mental”.

En relación con el problema derivado de la ausencia de mecanismos de evaluación de la Estrategia Nacional de Salud Mental, Dña. Ana Castaño remarcó la necesidad de implementar “agencias de evaluación independientes y serias”, siendo esta una de las propuestas que su partido ha incluido en el programa.

Finalmente, quiso subrayar la necesidad de dignificar la profesión del psicólogo y mejorar la cultura pública que se tiene de este profesional, cuya labor es muy importante en el área de la Atención Primaria, pero también en cuidados paliativos, en prevención del suicidio, etc.

D. Jorge Barraca Mairal, presidente de la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud (SEPCyS)

El presidente de la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud (SEPCyS) informó que recientemente las sociedades científicas se han reunido para establecer un frente común con el objetivo de reivindicar la posición de los psicólogos en el sistema sanitario, siendo una de sus peticiones que se garantice el acceso a los tratamientos psicológicos en el sistema sanitario público, de tal manera que “los pacientes tengan el mismo derecho y oportunidades para acceder a estos tratamientos que a los tratamientos farmacológicos recomendados para otras enfermedades físicas”. En estos momentos, dichas sociedades están trabajando en una declaración conjunta para que se garantice que los pacientes acceden a los tratamientos psicológicos que hayan demostrado su eficacia en el SNS, como un eje principal de actuación, tal y como informó a los asistentes. Además, recalcó que existe actualmente un consenso entre las distintas asociaciones de forma que se ha conformado un frente común para trabajar en pos de la mejor atención a los ciudadanos y no se da ya una imagen de desunión o desacuerdos en el seno de la profesión que lleven a justificar por parte de otros estamentos la ausencia de respuesta a las reivindicaciones sanitarias de los psicólogos.

En respuesta a la sugerencia de D. Guillermo Petersen Guitarte sobre la necesidad de delimitar los tratamientos psicológicos que se pueden llevar a cabo, D. Jorge Barraca Mairal destacó que este aspecto está ya desarrollado y “hoy en día se dispone de una amplia y contundente información sobre técnicas psicológicas y programas de tratamiento manualizados y delimitados con respecto al número de sesiones y contenidos específicos que han demostrado su eficacia, eficiencia y efectividad, y que además se pueden implementar fácilmente en los servicios de Atención Primaria”. Tal y como subrayó el presidente de la SEPCyS, “la única barrera al acceso a estas terapias es la ausencia de un compromiso político en la implementación de medidas legislativas para sacar adelante estos proyectos”.

D. César González-Blanch Bosch inició su participación en el debate reclamando la necesidad de ampliar las plazas de formación PIR, apoyando esta petición en la elevada demanda que suponen los trastornos mentales en el sistema sanitario público. De esta manera, trasladó a los asistentes los resultados de un reciente estudio que evidencia que los trastornos de salud mental constituyen la tercera causa de internamiento hospitalario (lo que implica el 10% de los casos), siendo la primera causa de las estancias más prolongadas y el motivo de internamiento que ha registrado un mayor aumento. Según D. César González-Blanch Bosch “estos datos nos dan una pista de que quizá no se estén haciendo bien las cosas en el terreno comunitario”.

Para el presidente de ANPIR la configuración actual de los servicios de Atención Primaria es el principal obstáculo para una adecuada atención a los problemas de salud mental. Estos servicios, compuestos por médicos, enfermeras y trabajadores sociales no cuentan con la presencia de especialistas en salud mental, lo que implica que la atención a la salud mental se establece a través de un “complejo sistema de derivación”. Mediante este sistema “se obliga a los pacientes a realizar una verdadera yincana para acceder al tratamiento psicológico: hay que pasar no sólo por el médico de familia, y probablemente un tratamiento farmacológico inicial, sino después, en algunos lugares, la derivación a especializada supone ser previamente consultado por un médico psiquiatra, con posiblemente nuevas prescripciones farmacológicas, antes de poder acceder, tras varios meses de espera, al psicólogo clínico y el tratamiento psicológico adecuado”.

Según remarcó D. César González-Blanch Bosch este mecanismo de derivación dificulta enormemente el acceso al tratamiento psicológico y, como consecuencia, el 90% de los problemas de salud mental son tratados por los médicos de familia mediante tratamientos farmacológicos. Prueba de ello, es que “desde el año 2000 al 2013 se ha triplicado el consumo de antidepresivos en nuestro país”. Para el presidente de ANPIR esta situación es “muy grave”, ya que contradice las recomendaciones de las guías de práctica clínica, que reconocen que el tratamiento psicológico debe ser el tratamiento de elección para la mayoría de estos casos.

Respecto al itinerario formativo grado-máster-PIR en Psicología Clínica, D. César González Blanch remarcó la importancia de asegurar que los profesionales que acceden al sistema de formación PIR sean los profesionales mejor formados y preparados, señalando la necesidad de un cambio en esta línea, puesto que “la situación actual no lo garantiza”.

D. Gualberto Buela-Casal, presidente de la Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)

D. Gualberto Buela-Casal abordó la necesidad de la precisión en los datos y los términos utilizados, ya que “se trata de una cuestión que ha generado graves perjuicios a la práctica profesional de la Psicología”. Así, citó, como ejemplo ilustrativo, el uso del término “psicoterapia” en vez de “tratamientos psicológicos” en la legislación actual, cuya “ambigüedad ha posibilitado que profesionales ajenos al grado de Psicología, puedan tener acceso a la formación PIR, solicitando su admisión en el colegio profesional de psicólogos correspondiente”.

En relación con la formación en Psicología sanitaria, el presidente de la AEPC trasladó el acuerdo conjunto y mayoritario de las sociedades científicas en Psicología y del COP en la necesidad de establecer el itinerario formativo grado-máster-PIR, “para garantizar la mejor formación de los graduados que eligen este ámbito de intervención”.

Como representante de una sociedad científica y profesor universitario, reconoció la responsabilidad que tiene cada agente implicado: la Universidad en garantizar una formación adecuada, las sociedades científicas en mantener la formación de posgrado y la actualización de los profesionales a través de los congresos científicos y el papel de los partidos políticos, “que se tienen que comprometer a realizar las acciones necesarias para aumentar el número de psicólogos en el sistema sanitario, al menos hasta alcanzar la media europea”.

De esta manera, instó a los representantes políticos presentes en el Desayuno de Infocop a manifestar su compromiso a este respecto, puesto que el número de psicólogos en nuestro país es “escandalosamente bajo si se compara con la media de la Unión Europea”. Esta falta de profesionales de la Psicología en el sistema de salud contrasta, según apuntó, con el hecho de que la mayoría de los pacientes de salud mental “prefieren el tratamiento psicológico frente al farmacológico y están más satisfechos con la atención psicológica que con la psiquiátrica”.

Finalmente, D. Gualberto Buela-Casal coincidió con la mayor parte de los asistentes en la necesidad de aumentar las plazas de formación PIR, pero también enfatizó “la necesidad de cambiar el modelo de transferencia a las Comunidades Autónomas».

Para Dña. Mª Dolores Gómez Castillo, “la atención en salud mental debería establecer como meta la mejora del bienestar psicológico de la población y ajustarse a las necesidades que se plantean actualmente”. La coordinadora de la División de Psicología Clínica repasó la evolución de los servicios de Atención Primaria en los últimos 25 años en nuestro país, reconociendo el retroceso que supuso la eliminación de los servicios de Psicología del nivel de Atención Primaria en el año 1992 y su desplazamiento a los servicios especializados en salud mental.

Según planteó a los asistentes, una buena estructura para dar respuesta a las necesidades de la población en materia de salud mental requiere que se posibilite la atención psicológica en tres niveles: un primer nivel, desde Atención Primaria, con equipos multidisciplinares “donde los psicólogos se encuentren plenamente integrados con otros profesionales sanitarios”, un segundo nivel de atención en salud mental especializada, tal y como está configurada actualmente, y un tercer nivel que tenga en cuenta la presencia de psicólogos en los hospitales para el apoyo y adaptación a enfermedades físicas crónicas, “las cuales suponen una importante carga al sistema sanitario”.

Dña. Mª Dolores Gómez Castillo manifestó su acuerdo con el reconocimiento y prestigio que goza la figura del psicólogo, como profesional científico, en la sociedad actual. Asimismo, coincidió con algunos de los participantes en la urgencia de mejorar la salud mental infanto-juvenil, que se encuentra “desatendida”, mediante la implantación de programas de prevención y la incorporación de abordaje psicológico, para contrarrestar la tendencia hacia la medicalización, que supone la línea imperante de actuación en nuestro sistema sanitario para abordar este tipo de problemas, a pesar de los riesgos que supone para la salud infanto-juvenil y de las recomendaciones de las principales guías de práctica clínica basadas en la evidencia.