EDITORIAL AGOSTO – OCTUBRE 2011

Hagamos un poco de memoria. La LOPS reconoce sólo una profesión sanitaria para los psicólogos, la de psicólogo especialista en Psicología Clínica. La consecuencia más inmediata fue que los psicólogos no especialistas no podían registrar sus consultas como centros sanitarios, ni podían ejercer como psicólogos en centros sanitarios. En los primeros meses de aplicación de la ley se llegaron a denunciar a algunas consultas por este motivo. Ante las reivindicaciones del Consejo y de los profesionales de la Psicología, el impacto de la medida se amortiguó primero con una Orden Ministerial, que los tribunales consideraron no ajustada a derecho y anulada, y después con una disposición transitoria en la Ley de Economía Social. Ninguna de esas disposiciones reconocía explícitamente la existencia de una nueva profesión sanitaria y las dos eran medidas a la espera de la creación de una nueva profesión sanitaria. Ahora, en la Ley de Salud Pública en tramitación, se crea específicamente la profesión de Psicólogo General Sanitario de nivel de licenciado de acuerdo con el artículo 2 de la LOPS, con unas competencias reguladas por Ley, y con un acceso normal a través de la obtención de un título de Máster oficial con directrices propias de próxima creación. Así que ahora, dentro de la Psicología, hay dos tipos de profesionales sanitarios, los especialistas en Psicología Clínica y los psicólogos generales sanitarios.

Esta creación de una nueva profesión regulada sanitaria es un hecho de singular importancia en un momento en el que se avanza a pasos agigantados hacia la desregulación profesional. Sólo las profesiones sanitarias, y algunas más como la abogacía, la arquitectura o el profesorado de secundaria, tienen una formación, competencias y titulación reguladas por Ley. Las demás no tienen competencias propias y su formación se deja al arbitrio de cada Universidad. Es decir, su única forma de regulación es el mercado. A los que veíamos avanzar al proceso de desregulación iniciado con la llamada Ley Ómnibus nos daba miedo que la Psicología se viera inmersa en esta dinámica (a pesar de que el ámbito de la salud está expresamente excluido de la misma), ya que creemos firmemente que la sociedad debe defenderse y tener garantías frente a una mala praxis profesional en temas tan sensibles como la atención a la salud psicológica, la protección de la infancia, la seguridad vial o con el manejo de armas, la intervención con personas discapacitadas y otros muchos campos en los que intervenimos los psicólogos. ¿Quién no exigiría que su hijo fuera evaluado por un profesional con garantías si tuviera un problema psicológico? La Ley de Salud Pública, con su regulación del Grado y el Máster aleja este temor, y sitúa a la Psicología dentro de las profesiones que gozan de una protección legal que garantiza una calidad que demandan los ciudadanos.

Cuando tuvimos conocimiento del texto que se proponía, preparamos de forma inmediata diversas enmiendas o recomendaciones de modificación que, junto con sus correspondientes justificaciones, se enviaron al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios. Sólo nos hicieron caso en una de ellas, el establecimiento de un período transitorio para que los psicólogos no especialistas puedan ejercer, durante un período de tres años, la profesión en el ámbito sanitario, prorrogando las vías que propone la Ley de Economía Social. Esta es una medida de sentido común, ya que, por muy rápido que se vaya, es difícil que el Máster previsto pueda tener sus primeros titulados antes de ese tiempo. Si no se hubiera establecido ese plazo, todos los actuales y futuros ejercientes sin los títulos de máster o de especialista habrían quedado en la más absoluta ilegalidad a la entrada en vigor de la Ley. Así que hay tres años para preparar todo lo necesario para que el nuevo máster saque sus primeros titulados.

Lamentablemente, desoyeron nuestra recomendación de que la norma recogiese una disposición que estableciera una vía de acceso a la nueva profesión mediante el reconocimiento de los méritos profesionales o académicos que se acordaran. La creación de una nueva profesión debe llevar siempre aparejada una regulación que incorpore a los que ya la han estado ejerciendo durante un cierto número de años. Es algo completamente lógico por lo general, pero en el caso nuestro lo es más aún. ¿Qué sentido tiene que quiénes han venido siendo considerados aptos para ejercer una profesión durante todos estos años atrás, por sucesivas normas gubernamentales y legales cada vez más exigentes, se encuentren obligados a cursar un máster que les va a dar unas competencias que ya han demostrado sobradamente? En nuestras conversaciones con el Gobierno y con los grupos parlamentarios, nuestros interlocutores han sido, por lo general, sensibles a reconocer la justicia de nuestra demanda. Sin embargo, al final no se incluyó ninguna previsión en la Ley por motivos que desconocemos. Entendemos que simplemente se ha pospuesto la solución. Y nos comprometemos a trabajar para alcanzar un acuerdo que cierre definitivamente este asunto. Ahora ya tenemos una nueva profesión sanitaria a la que debemos incorporar a los psicólogos que, de manera ejemplar, la han mantenido viva con su trabajo y esfuerzo. El periodo de transitoriedad de tres años nos da un plazo aceptable para negociar con la Administración el reconocimiento de estos profesionales, sin que su actividad se vea interferida. Tenemos que hacerlo cuanto antes y bien, reconociendo sus conocimientos, competencias y valía.

El otro asunto importante, que se ha dejado aparcado, ha sido la necesidad de establecer una carrera profesional sanitaria clara, que garantice un adecuado progreso de formación y competencias, desde el Grado o Licenciatura hasta la Especialidad. Creemos, en este sentido, muy importante, que se establezca legalmente la necesidad de que sea necesario ser Psicólogo General Sanitario para poder presentarse al examen PIR. Esta es, por otra parte, una consecuencia lógica de que la nueva profesión se enmarque entre las de nivel de licenciado de la LOPS. Todas las otras profesiones sanitarias de ese nivel tienen como siguiente escalón la especialidad. Nosotros no podemos, ni queremos, ser diferentes. Estamos seguros de que podremos convencer al Gobierno para que dé este paso lógico.

No querría terminar este editorial sin dar las gracias a los protagonistas de este importante logro para la profesión. Quiero expresar nuestro agradecimiento al Gobierno y al Grupo Entesa Catalana de Progrés por haber hecho realidad la iniciativa legislativa. También quiero mostrar nuestro reconocimiento a todos los grupos parlamentarios que la apoyaron con una gran generosidad. Sin lugar a dudas, nada de esto hubiera sido posible sin el concurso y el firme apoyo mostrado por las Facultades de Psicología, coordinadas por la Conferencia de Decanos, y sin la participación del colectivo de estudiantes de Psicología, siempre entusiastas y convencidos de la justicia de nuestras reivindicaciones. Sin su intervención nuestra voz no hubiera llegado tan lejos, ni se nos hubiera escuchado con claridad, en este mundo «lleno de ruido y furia». También nos han dado su apoyo y aliento miles de ciudadanos y organizaciones que, a través de la Lista de Psicología Sanitaria, se han mostrado interesados y comprometidos en la consecución de nuestras reivindicaciones. Por último, quiero mandar un saludo afectuoso a todos los colegiados que nos han dado su respaldo continuado y han apoyado activamente el trabajo de la Organización Colegial. Sabemos que aún queda mucho por hacer y que habrá que ponerse a ello inmediatamente. Pero ahora, debemos felicitarnos por lo conseguido y reconocer que ha merecido la pena la lucha.