Los autónomos de la sanidad de ATA exponen sus demandas a los representantes del grupo socialista de la comisión de Sanidad del Congreso

Los portavoces de la sectorial de sanidad de ATA y el secretario general de la Federación han mantenido una reunión con el vicepresidente primero de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, Julio Navalpotro y con la portavoz de sanidad del grupo socialista, Ana Prieto. Los profesionales de la sanidad han expuesto las grandes dificultades que están atravesando los más de 400.000 autónomos sanitarios que además de enfrentarse al contexto económico actual sufren, entre otros problemas, las ridículas tarifas que les abonan las compañías aseguradoras por sus servicios, el intrusismo profesional, competencia desleal, exclusión de sus servicios en el  Sistema Nacional de Salud, publicidad sanitaria, la expansión de la telepsicología y medicina “on-line”, acentuándose considerablemente durante la crisis sanitaria que aún atravesamos.

La deontología de estos profesionales ha garantizado hasta ahora una atención adecuada, pero se ha mermado enormemente la sostenibilidad de muchos autónomos que priorizan garantizar la salud del paciente ante la dificultad que conlleva hacerlo con estos honorarios y condiciones. “Operar una fimosis o extirpar un tumor de mama están tarifados por las compañías en 22 y 45 respectivamente. ¿Cómo puede un fisioterapeuta o un podólogo cubrir costes y garantizar una calidad asistencial cuando solo reciben 5 € por sesión? ¿Se puede obligar a un dentista a hacer de forma gratuita la primera extracción dental de un asegurado? exponía el secretario general de ATA, José Luis Perea, en la reunión.

En 2021, el seguro de salud superó los 9.849 millones de euros de facturación y en 2020, a pesar de la pandemia, alcanzó los once millones de clientes en nuestro país. A pesar de estos datos, y según un informe del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, las tarifas que abonan a los profesionales llevan más de 30 años sin actualizarse, ni siquiera al IPC. En el 64% de los casos no existe contrato personal con la compañía que son sustituidos por cláusulas de adhesión en los que el profesional que no acepte las condiciones se queda sin trabajar perdiendo toda capacidad de negociación. A lo que hay que sumar el incremento de costes generales como los derivados de los altos precios de las energías (luz, carburante), la incertidumbre sobre las subidas de cuotas anunciadas, etc.

Por otro lado, existe una preocupación importante por el creciente intrusismo profesional que está haciendo que muchas personas dejen su salud en manos de personas no cualificadas, más aún a raíz de la pandemia. Se han disparado, por ejemplo, las peticiones de ayuda psicológica y a su vez han aparecido falsos psicólogos o psicoterapeutas que proporcionan servicios a través de webs, apps de telepsicología, o en el caso de médicos, ha ocurrido de manera similar la aparición de plataformas de medicina online que, en muchos casos, se ejerce sin contrastar ni verificar la capacidad profesional por parte de la autoridad pública o la identificación de un número de colegiado como garante de una buena actuación deontológica para la protección de los usuarios. Así como el lastre de la competencia desleal que afecta a estos profesionales.

También se han expuesto en la reunión los problemas derivados de la exclusión de determinados profesionales sanitarios de la cartera de servicios del sistema nacional de salud como son listas de espera y exclusión de asistencia a grupos vulnerables. Por ejemplo, los ópticos-optometristas, quienes prestan asistencia en establecimientos privados en su mayoría y cuya presencia en atención primaria garantizaría no sólo la reducción de listas de espera para las consultas de oftalmología, sino que supondría un ahorro para el sistema público, una vez descontados los gastos de implantación del modelo, de entre 52 y 58 millones de euros.

En la reunión se han planteado posibles iniciativas legislativas a estos problemas. Entre ellas, que los poderes públicos del ámbito sanitario retomen el papel regulador de honorarios en la sanidad privada, al menos orientativo, sobre el precio de los distintos actos médicos, que asumieron hasta finales de los ochenta. Además, se ha hecho hincapié en la necesidad de la creación de una guía de buenas prácticas, la adaptación del Real Decreto de publicidad sanitaria del año 1996 a los tiempos actuales, o la creación de una ley estatal que reserve el ejercicio de terapias y psicoterapias a los profesionales sanitarios con competencias en salud mental. Por otro lado, se ha acordado trabajar en la búsqueda de soluciones en aras de garantizar la calidad asistencial y la seguridad del paciente.

La sectorial de Sanidad de ATA la componen más de 225.000 los profesionales autónomos de la rama sanitaria. A la reunión han asistido los representantes de los consejos generales de psicólogos, fisioterapeutas, podólogos, y ópticos-optometristas y consejo andaluz de colegios de médicos andaluces, junto al secretario general de ATA.