La nueva pandemia psicológica

Avanzado el plan de vacunación frente a la COVID-19, los expertos advierten que una nueva pandemia se avecina: la pandemia “psicológica”, derivada de los estragos que ha causado en la salud mental de la población esta emergencia sanitaria mundial sin precedentes. Así, algunos estudios publicados confirman la existencia de una ola o curva epidémica de malestar emocional, que anuncia una alta probabilidad de que la carga de problemas de salud mental aumente en la era pospandémica (Ransing 2020; Ren, 2020; Vadivel, 2021).

En relación con las anteriores experiencias con grandes emergencias de salud pública los estudios han demostrado que más de la mitad de la población afectada desarrolló problemas de salud mental y requirió una intervención en salud mental (Ren y Guo, 2020; Taylor y Asmundson, 2020). Actualmente, con la reciente epidemia de COVID-19, sabemos ya con certeza que ha aumentado considerablemente la prevalencia de problemas de ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático y malestar psicológico en la población general (Jia et al., 2020; Moreno et al., 2020, Pierce et al., 2020; Xiong et al., 2020).

Según los últimos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los niveles de depresión y ansiedad se han duplicado en algunos países como Bélgica, Francia, Reino Unido o los Estados Unidos a consecuencia de la COVID-19 con respecto a años anteriores y, aunque en dicho informe no se dispone de los casos de ansiedad o depresión “pre-COVID” en España para poder comparar las diferencias, nuestro país registró en el año 2020 con el inicio de la pandemia unas prevalencias nada desdeñables del 21.6% de problemas de ansiedad y del 18.7% de depresión (OECD, 2021).

Los episodios repetidos de confinamiento, los periodos de autoaislamiento tras el contacto con personas con COVID-19, el distanciamiento social y el miedo a contraer la enfermedad, junto con la crisis económica asociada, son fuentes de estrés que han afectado a personas de todas las edades (Brooks et al., 2020; Rossi et al., 2020).

Otros de factores de riesgo han sido también identificados, tales como convivir con niños pequeños, presentar una enfermedad crónica o mental preexistente o la exposición frecuente a noticias sobre la COVID-19 (Pierce et al., 2020; Xiong et al., 2020). Precisamente la magnitud del impacto de la sobreabundancia de información y de la exposición a noticias contradictorias y bulos está generando un desconcierto, una frustración y un malestar tan intenso entre la población que ha sido considerado un factor de riesgo crítico añadido a este contexto de emergencia. Este fenómeno, calificado como “infodemia”, propicia el aumento del estigma, el odio y la violencia entre los miembros de la comunidad, así como acrecienta el estrés, la desconfianza social hacia las autoridades y responsables políticos y el rechazo a la adopción de las medidas de salud pública, como la vacunación, lo que tiene un impacto negativo en la salud física y mental de la población (Rathore y Farooq, 2020; Su et al., 2021; WHO, 2021).

Entre los grupos más afectados por el impacto psicológico de la pandemia se encuentran los jóvenes, que han tenido que sobrellevar el aislamiento durante un periodo vital en el que las relaciones sociales y el grupo de pares ocupan un lugar esencial para el desarrollo de su identidad personal, las mujeres (más expuestas a situaciones de violencia) y los profesionales sanitarios, los técnicos, los miembros de las fuerzas de seguridad y los trabajadores de los servicios esenciales, que han estado ofreciendo una primera línea de respuesta con altos niveles de estrés, sobrecarga laboral y de amenaza para su integridad física (Moitra et al., 2021; O’Connor et al., 2021; Pierce et al., 2020; Xiong et al., 2020).

A estos grupos, se suman ahora los nuevos pacientes con “COVID persistente” (“long COVID”), un síndrome que se caracteriza por la presencia de síntomas persistentes semanas o meses después de la infección inicial o por la aparición recurrente de síntomas después de un tiempo sin ellos, y que se estima que está presente en una de cada 10 personas a las 12 semanas tras la infección (Oronsky et al., 2021). Estos pacientes se quejan de que la presencia recurrente de síntomas asociados a la COVID, muchos de ellos de tipo psicológico o neurológico, tales como cansancio, malestar general, “niebla mental”, dificultad para concentrarse, alteraciones del estado de ánimo y un largo etcétera, les genera un miedo intenso y una gran incertidumbre y desesperación, por lo que reclaman que el tratamiento en salud mental se considere como un aspecto clave para su recuperación (Kingstone, et al., 2020).

Más allá, durante los próximos meses los nuevos casos positivos de COVID y las personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos y sus familiares seguirán expuestas a un alto nivel de preocupación e incertidumbre y sometidas a un enorme sufrimiento psicológico, que también requerirá una respuesta por parte del sistema sanitario (Mughal et al., 2021).

Por estas razones, y contrariamente a lo que se podría suponer, la demanda de atención en salud mental va a ir en aumento conforme nos alejemos de la fase crítica de la pandemia (Ren y Guo, 2020). Debemos tener presente que numerosas personas con problemas de salud mental han paralizado su tratamiento o no han sido diagnosticadas debido a la interrupción de los servicios de salud mental, por lo que la vuelta a la “normalidad” traerá consigo este aluvión de nuevos pacientes. Por otro lado, la retirada de los apoyos para la protección de la salud mental de los gobiernos una vez finalizado el estado de alarma (como las líneas telefónicas de atención psicológica) y la reducción de las ayudas ofrecidas por numerosas ONGs debido a la crisis económica, van a acrecentar aún más el malestar psicológico y el estrés de las personas afectadas, sobre todo, de los grupos más desfavorecidos. De esta manera, diferentes autores alertan que, tras el aparente parón de consultas de salud mental en las primeras fases de la pandemia, se espera un efecto rebote de pacientes con problemas de salud mental, autolesiones y riesgo de suicidio en los próximos meses y años (Carr et al., 2021), algo que ya se está evidenciando en algunos países como Reino Unido, donde los estudios longitudinales a lo largo de las diferentes olas revelan un incremento progresivo de la ideación suicida (O’Connor et al., 2021) y las estimaciones señalan que la COVID-19 ha afectado o puede afectar a la salud mental de alrededor de 10 millones de británicos por motivo de las medidas restrictivas, la pérdida de empleo, las dificultades económicas, el miedo por la seguridad personal o la seguridad de otros y el duelo complicado derivado de la pérdida de seres queridos (Centre for Mental Health, 2020; Park et al., 2020). Como consecuencia, el sistema sanitario de este país ha hecho una previsión de la demanda de atención psicológica de la población en los próximos años, advirtiendo que las consultas de servicios de salud mental para niños y jóvenes podrían aumentar hasta un 60%, la atención a niñas y niños con dificultades de aprendizaje con necesidades complejas un 10% y la demanda de atención psicológica de adultos entre un 11 y un 33%, en comparación con los niveles anteriores a la pandemia (Discombe, 2020; Lennon, 2021).

En este contexto, la preocupación en el mundo científico y profesional sobre las posibles consecuencias del aumento de la demanda de atención psicológica en los sistemas sanitarios es patente (Jia et al., 2020; Moreno et al., 2020), así como las voces que reclaman propuestas para reforzar el apoyo a la salud mental antes de que esta nueva ola “psicológica” nos ahogue de nuevo. “Existe una necesidad urgente de reorganizar los servicios de salud mental existentes para hacer frente a las necesidades actuales no satisfechas en materia de salud mental y prepararse para los retos futuros en la era pospandémica en términos de prevención y gestión”, afirman Vadivel et al. (2021, p.1).

Dada la complejidad de la situación y tal y como han señalado diferentes organismos mundiales y expertos, la única opción para crear sistemas sanitarios que puedan responder a las necesidades psicológicas de la población es adoptar un enfoque multinivel (Mughal et al., 2021; OECD, 2021; IASC, 2021). A este respecto, la OCDE ha publicado recientemente un documento, titulado Abordar el impacto de la crisis del COVID-19 en la salud mental: Una respuesta integrada de toda la sociedad, en el que proporciona recomendaciones para la adecuada gestión en los próximos años de la demanda de atención a la salud mental. En dicha publicación, la OCDE señala que la magnitud del malestar psicológico es tan notable que se requiere una respuesta de apoyo a la salud mental más integrada y que tenga en cuenta a toda la sociedad “para que no se produzca una cicatriz permanente” (OECD, 2021, p.1). El texto continúa señalando que “debe garantizarse el acceso a los servicios de salud mental existentes (…) y debe ser prioritario aumentar el acceso a los servicios basados en la evidencia, incluidas las alternativas a los programas de promoción de la salud mental en los centros educativos o en los lugares de trabajo” (OECD, 2021, p.2).

Por su parte, el Grupo de Referencia sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Situaciones de Emergencia del Comité Permanente entre Organismos (IASC MHPSS RG), que es el mecanismo principal para la coordinación y asistencia humanitaria de las agencias clave de Naciones Unidas y otros países asociados, ha elaborado un documento en el que se proporcionan las líneas estratégicas para abordar este inminente aumento de problemas de salud mental derivado del brote de la COVID-19. Según la IASC, el plan de actuación debe contemplar diferentes niveles de intervención en salud mental, incluyendo la integración de la atención a la salud mental en los servicios de Atención Primaria y en otras infraestructuras comunitarias, como los centros educativos, los centros sociales, los centros juveniles y las residencias de mayores (Inter-Agency Standing Committee, 2020).

Entre las diferentes propuestas mencionadas, los servicios de Atención Primaria ofrecen una oportunidad única para atender la demanda de esta ola de salud mental que se aproxima, teniendo en cuenta que ya antes de la pandemia los problemas de salud mental comunes estaban presentes en la mitad de los pacientes que acuden a dichos servicios (Roca et al., 2009; Gili et al., 2013) y que se estima que alrededor del 70% de los casos se gestionan íntegramente en este nivel asistencial (Kovess-Masfety et al., 2007). Ofrecer una respuesta eficaz a los problemas de salud mental desde los servicios de Atención Primaria permite, además, reducir el estigma (al integrar la atención de estos pacientes en dispositivos de atención general, sin necesidad de recurrir a servicios especializados y segregados) y mejora y facilita el acceso al tratamiento para las personas que lo necesitan, eliminando el problema de manera temprana y evitando, así, su cronificación y la consiguiente derivación a los servicios de atención especializada, por lo que se trata de una estrategia eficaz y rentable (van’t Veer-Tazelaar et al., 2010; WHO, 2013).

En esta línea de acción y en lo que respecta a nuestro país, hemos conocido recientemente los últimos resultados de la aplicación del programa PsicAP (Psicología en Atención Primaria), un proyecto pionero que ha supuesto la aplicación de un programa protocolizado de terapia psicológica grupal para los pacientes con trastornos emocionales que acuden a este nivel asistencial. Dicho proyecto se ha implantado de manera piloto en 22 centros de Atención Primaria repartidos por el territorio español, aplicándose a una muestra de más de 1.600 pacientes. El programa PsicAP, dado el contexto de emergencia sanitaria en que nos encontramos, merece una especial consideración, puesto que se trata de una de las escasas iniciativas que, de implantarse a nivel nacional, permitiría ofrecer una respuesta viable a las demandas de salud mental de la población que se avecina para los próximos meses.