La salud mental en los centros educativos, clave para el bienestar de los niños y niñas con discapacidad

Desarrollar y poner en marcha un Plan de Inclusión Educativa a nivel estatal, fortalecer los programas de convivienda escolar y prevención del acoso escolar (con especial atención a las situaciones de vulnerabilidad que vive el alumnado con discapacidad) o desarrollar programas específicos destinados a la prevención primaria y a la promoción de la salud mental en los centros educativos dirigidos exclusivamente a población infanto-juvenil.

Estas son algunas de las medidas propuestas por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) en su informe titulado El despliegue de la Garantía Infantil en las niñas y niños con discapacidad, un documento a través del cual analiza las políticas e intervenciones estatales actuales en el ámbito de la infancia, así como la percepción de las/os niñas, niños y adolescentes con discapacidad y sus familias sobre estas. El objetivo de este informe es identificar estrategias de ámbito estatal, autonómico y local orientadas a reducir la pobreza y/o exclusión social entre los/as menores con discapacidad, recopilar buenas prácticas en el acceso a servicios básicos relativos a educación, salud, nutrición y vivienda destinados a este colectivo y conocer su percepción en relación con la pobreza y la exclusión social, detectando sus principales demandas y planteando propuestas orientadas a solventarlas.

De acuerdo con los datos del INE, actualmente hay en España 172.200 niños, niñas y adolescentes de entre 2 y 15 años, con algún tipo de limitación/discapacidad, de los cuales, 65.900 tienen entre 2 y 5 años y 106.300, entre 6-15 años.

Los datos relativos a discapacidad y dependencia en España del IMSERSO, cifran (a fecha de 31 de diciembre de 2020) en 162.559 los y las menores con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% (30.858 menores de 7 años y 131.701 con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años). 119.645 niños, niñas y adolescentes son solicitantes del reconocimiento de la dependencia (un 4,7% de ellos tienen menos de 3 años y el 95,3% tienen edades comprendidas entre los 3 y los 18 años).

Con respecto a las situaciones de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, estudios recientes indican que nuestro país es, actualmente, uno de los países europeos con mayor tasa de riesgo de pobreza infantil.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) señala que en 2020, el 9,6% de las personas con discapacidad vivían en situación de pobreza severa (1,1% más que las personas sin discapacidad), estas soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión significativamente más elevado que aquellas que no tienen discapacidad. En esta misma línea, el Eurostat advierte de que el 2,8% de los y las menores de hasta 15 años presentan algún tipo de limitación en su actividad debido a problemas de salud, un porcentaje que se eleva al 4% cuando el nivel de ingresos en el hogar es menor. A este respecto, el Barómetro Juvenil sobre Salud y bienestar 2021 de la FAD revela que el 69,7% de los adolescentes con limitaciones por discapacidad, con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años, experimentan carencia o vulnerabilidad material leve o severa.

Según indica el OED, hay una serie de sobrecostes asociados con tener una discapacidad, tanto directos (esto es, los asociados al precio que tienen los tratamientos, terapias, productos de apoyo, etc., de los que se benefician los/as y las menores, por motivo de su discapacidad), como indirectos (aquellos relacionados con el empobrecimiento de las familias que tienen algún niño/a o adolescente con discapacidad, cuando algún miembro -principalmente las mujeres-, se ve abocado a abandonar su empleo, con el fin de atender sus necesidades).

En este sentido, según datos de un estudio realizado en 2018 por FEDER los gastos por enfermedad suponen más del 20% de los ingresos para el 29,63% de las personas con una enfermedad poco frecuente. Estos gastos se destinan en su mayoría al pago de medicamentos (44,04% de los casos), a la fisioterapia (35,03% de las familias), a los tratamientos sanitarios (para el 34,45%), al transporte (para el 28,93%) y a los productos de ortopedia (el 27,60% de los casos).

Por otro lado, a la hora de acceder a los sistemas de protección, las familias de los y las menores con discapacidad manifiestan que se enfrentan con muchas barreras, tales como, dificultades para acceder a la información, barreras vinculadas al proceso de valoración de la discapacidad y/o dependencia, trámites burocráticos excesivos, listas de espera (tanto para iniciar el proceso de valoración, como para obtener el dictamen), procedimientos de baremación inadecuados (al estar basados en criterios estandarizados y homogeneizantes).

Todas estas barreras y/o conflictos, provocan que cada familia tenga que buscarse la vida para acceder a los apoyos necesario, muchas veces pagándolos. Por ejemplo, algunas personas entrevistadas por el OED, representantes del movimiento asociativo de la discapacidad, lamentan que los sistemas de protección a la infancia y adolescencia con discapacidad son, en muchos momentos, insuficientes: “en el 80% de los casos de parálisis cerebral, hay una gran necesidad de apoyo. Aunque la dotación que recibe una persona con discapacidad depende de las comunidades autónomas, una persona con parálisis cerebral [percibe], de media, entre 600 y 700 euros al mes.”

En relación con los cuidados y la atención temprana a la primera infancia, la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (GAT) advierte de la desigualdad territorial existente en la prestación de este servicio (existencia y/o tamaño de listas de espera, franja de edad de cobertura, intensidad de los apoyos y terapias…), y señala la necesidad de que la ratio de edad de cobertura de la Atención Temprana, debería ser el 10% de la población infantil de 0-6 años. De igual modo, el OED advierte de la desconexión entre los distintos sistemas de prestación del servicio (Educación, Sanidad y Servicios Sociales).

En el contexto educativo, según se desprende de la base de datos de las Estadísticas de las Enseñanzas no Universitarias, de los Ministerio de Educación y Formación Profesional y Ministerio de Universidades (MEFP/MU, 2022), hay 189.072 alumnos/as con discapacidad escolarizados e integrados en centros ordinarios de enseñanza no universitaria. Los trastornos generalizados del desarrollo (trastorno del espectro del autismo y otros trastornos del neurodesarrollo), son las discapacidades que predominan en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, mientras que los trastornos de conducta o personalidad son los más frecuentes a partir de la Educación Secundaria Obligatoria, incluyendo el Bachillerato y la Formación Profesional Básica y de Grado Medio.

Por otro lado, con respecto a “otras categorías de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”, tan solo en Educación Infantil se recogen los datos correspondientes al retraso madurativo. Las cifras correspondientes a los trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación son similares para Educación Infantil y Educación Primaria, pero van perdiendo representatividad en los ciclos formativos superiores, mientras que los trastornos del aprendizaje constituyen más de 90% de los problemas que presenta el alumnado -clasificado en esta categoría-, durante la ESO, el Bachillerato y la FP, tanto Básica, como de Grado Medio.

Las Estadísticas del MEFP/MU cifran en 38.907 los/as alumnos/as con discapacidad segregados, lo que supone el 17,1% sobre el total del alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias. La tasa de segregación va incrementando a medida que aumenta la edad del alumnado. A este respecto, el informe advierte de que la segregación educativa, «en la medida que fomenta una composición desigual del alumnado, reproduce, legitima y potencia las desigualdades, vulnerando el derecho a la educación inclusiva».

En la misma línea, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ya realizó una serie de observaciones en 2019, en las que mostraba su preocupación ante el escaso grado de cumplimiento con respecto a la educación inclusiva, en nuestro país, donde “no existe una política ni un plan de acción claros para promover ese tipo de educación”, y persisten todas las disposiciones reglamentarias sobre la educación especial, aplicándose todavía “un enfoque médico de la discapacidad”. Igual de preocupante para el CDPD es el elevado número de niños y niñas con discapacidad -especialmente, con autismo, discapacidad intelectual o psicológica y social, y discapacidades múltiples-, que aún siguen recibiendo educación especial segregada.

El OED señala que, en el ámbito sanitario, la detección precoz y el diagnóstico temprano de las problemáticas que pueden derivar en discapacidad -o están asociadas a ella-, y que, en función de las patologías, se pueden – realizar mediante pruebas de cribado neonatal, constituyen procesos determinantes para la evolución de los y las menores y que, de no llevarse a cabo atiempo, “pueden implicar problemas irreversibles en su desarrollo”. De hecho, realizar un diagnóstico precoz supone un beneficio a largo plazo, no solo para los/as niños, niñas y adolescentes con discapacidad, sino para los propios sistemas de protección.

Dado lo anterior, el Observatorio recoge en su informe una serie de buenas prácticas, que constituyen ejemplos a seguir para que el despliegue de la Garantía Infantil en las/os NNA con discapacidad se lleve a cabo de la forma más adecuada posible, en cada uno de sus ámbitos de actuación, así como diversos retos de futuro planteados a modo de programa de acción, entre ellos, los siguientes:

• Garantizar la presencia de equipos multidisciplinares de profesionales especializados, en los centros de valoración de la discapacidad y/o dependencia, incorporando, entre ellos, a psicólogos/as.

• Universalizar el servicio de Atención Temprana, y reconocerlo como derecho subjetivo.

• Mejorar la arquitectura de coordinación intersectorial de los servicios de Atención Temprana (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) y la interoperatividad de los datos, y reforzar el papel del sistema educativo aquí.

• Prestar un servicio de Atención Temprana ad hoc, que se adapte a las necesidades que presenta cada niño/a, y fomentar la participación de las familias en estos servicios, como una forma de dar continuidad a trabajo realizado en ellos.

• Hacer extensibles los recursos de apoyo ofertados en Educación Primaria a la etapa de Educación Infantil de primer y segundo ciclo

• Desarrollar e implementar un Plan de Inclusión Educativa a nivel estatal, promoviendo políticas de actuación contra la segregación escolar, brindando mayor apoyo a los centros educativos, de forma que se garantice el acceso de todo el alumnado a la educación ordinaria, en igualdad de condiciones y oportunidades.

• Garantizar la accesibilidad universal de los entornos, sistemas y contenidos de aprendizaje del sistema educativo, así como la presencia de las adaptaciones, recursos de apoyo y/o ayudas técnicas necesarias, para asegurar la inclusión educativa de todos los alumnos y todas las alumnas. Que se hagan planteamientos concretos en cuanto a accesibilidad psicológica y social: diseñar los espacios de manera que se favorezca el bienestar mental, evitar las medidas de contención, etc.

• Fortalecer los programas de convivencia escolar y prevención del acoso escolar, prestando una especial atención a las situaciones de vulnerabilidad que vive el alumnado con discapacidad.

• Desarrollar programas específicos destinados a la prevención primaria y a la promoción de la salud mental en los centros educativos “dirigidos exclusivamente a población infantojuvenil […], donde se pudieran abordar factores de riesgo, tanto psicológicos como sociales”.

Con respecto a estas últimas, una medida que puede ser eficaz, y que ha venido señalando numerosas organizaciones -entre ellas, el Consejo General de la Psicología-, es la incorporación de psicólogos educativos en los centros escolares, al ser los profesionales adecuados para llevar a cabo este tipo de programas, dar respuesta a los problemas de índole psicológica que puedan surgir en la comunidad educativa, y, en general, para el desarrollo funcional y equilibrado del centro educativo en todos los niveles.

Se puede acceder al documento completo desde la página Web del Observatorio Estatal de la Discapacidad o bien directamente aquí:

El despliegue de la garantía infantil en las niñas y niños con discapacidad