Entre las principales conclusiones, destacamos las siguientes: Salud mental El 21% de las personas encuestadas reconoce tener o haber tenido problemas de salud mental alguna vez en su vida. Asimismo, 1 de cada 4 personas afirma que convive con alguien que presenta problemas de salud mental y un 65% conoce a una persona con esta condición. Un 96,5% indica que están dispuestos/as a hablar sobre los problemas de salud mental de otra persona, una actitud que, a juicio de los autores del informe, puede ser clave para entender mejor este tipo de problemática y su significado personal y, por tanto, un primer paso para vencer el estigma hacia las personas afectadas. Cuando se trata de una problemática de salud mental propia, los encuestados señalan que tienden, especialmente, a hablar de ello con personas en las que confían (amigos/as, compañeros/as de trabajo, etc.) y, en caso de hacerlo de forma profesional, mencionan de forma prioritaria a los/as profesionales de la Psicología. La buena disposición a compartir experiencias puede ser un factor protector fundamental ante el malestar psicológico, dado que una mayor comunicación conlleva un menor estigma y facilita intervenciones más tempranas y, por tanto, efectivas. Por otro lado, aún hoy día, el lenguaje utilizado para referirse a las personas con problemas de salud mental continúa siendo estigmatizante y poco inclusivo, y muestra la confusión entre trastorno mental y discapacidad intelectual (por ej., uso de términos como locos, enfermos, incapacitados/as mentales, retrasados/as, discapacitados/as, etc.). Más de la mitad de los participantes en la encuesta (68%) considera que los medios de comunicación deben informar del diagnóstico cuando la persona comete un delito, una práctica que, según el informe, constituye un comportamiento estigmatizante, vulnera las leyes de protección de datos y no suele aportar información relevante, más bien al contrario: incrementa la probabilidad de relacionar violencia con problemas asociados a la salud mental. A pesar de que el 78% de la muestra reconoce la necesidad de ofrecer más información sobre los problemas de salud mental, y de la, cada vez mayor, concienciación sobre la necesidad de un cuidado y conocimiento más amplio en este ámbito de la salud de cara a reducir el estigma, los autores del informe consideran paradójico que a nivel estatal se destinen importantes inversiones en campañas de sensibilización y modificaciones legislativas en otros ámbitos importantes como la seguridad vial, cuyo impacto social es evidente, pero no se destinen esos mismos esfuerzos a lo que tiene que ver con la salud mental que provoca sufrimiento personal, carga familiar, pérdidas laborales y, lo más importante, pérdida de vidas humanas similares a otros trastornos y enfermedades que tienen un mayor esfuerzo económico y social. En lo referente a la distancia social como indicador clave del estigma, los datos indican que un 44,4% muestra una intención media-baja de acercamiento a las personas con un problema de salud mental. Mientras que un 65% de las personas entrevistadas rechaza vivir con una persona diagnosticada con un trastorno mental, 1 de cada 3 no mantendría una amistad con ella, y un 40% manifiesta que no les gustaría que sus hijos/as se relacionasen con personas con problemas de salud mental. No obstante, un 55,6% sí está dispuesto a tener un contacto más cercano con estas personas. Se observa aquí una relación directamente proporcional entre la intimidad de la relación y la distancia social: a mayor intimidad, más se incrementa la distancia manifestada por los participantes. Estos resultados son, en palabras de los autores del estudio, uno de los peores del estudio que, junto a la terminología empleada, ponen de relieve las tendencias estigmatizantes presentes en la población española. Con relación a la posibilidad de contar en el barrio con recursos de residencia para personas con problemas de salud mental, sólo un 6,1% se opone a ello, mientras que al 67% le gustaría contar con ese tipo de recursos en su barrio. Estos datos son bastante positivos, evidencian una normalización de estos recursos, y suponen un paso esencial para la reducción del estigma. Los datos referentes a las actitudes de la muestra hacia el colectivo resaltan la importancia de realizar intervenciones orientadas a reducir el estigma y favorecer contextos sociales más integradores e inclusivos: un 42,32% de los/as encuestados manifiestan tendencias autoritarias hacia las personas con problemas de salud mental, y un 69,29% tendrían planteamientos restrictivos hacia ellas. Factores como la coacción para que la persona se ponga en tratamiento, la creencia de que van a necesitar ayuda de forma recurrente o la pena aparecen con puntuaciones medias/altas. Una de las mayores diferencias encontradas en el presente estudio hace referencia al hecho de que las personas que han vivido la experiencia en primera persona de los problemas de salud mental presentan un estigma más bajo que el resto de la población en todas las medidas. Del mismo modo, teniendo en cuenta el contacto con personas con problemas de salud mental, aquellas personas que conocen a alguien con esta condición tienden a estigmatizar mucho menos, con diferencias significativas cercanas al 50% con respecto a las personas que no tienen gente conocida con problemas de salud mental. En relación con el género, la mujer con un problema de salud mental parece ser vista como más necesitada de ayuda, del mismo modo que se es más autoritario hacia ellas. Mientras que, en el caso de los hombres con un problema de salud mental, parecen ser vistos como más peligrosos, generando así más miedo y culpa hacia ellos. Entre las profesiones que presentan actitudes más estigmatizantes, se encuentran aquellas vinculadas a la administración de justicia, seguidas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Los autores del informe muestran su preocupación ante el hecho de que los/as profesionales de atención al público y los sanitarios se encuentren también entre los profesionales más estigmatizantes.
Discapacidad intelectual 1 de cada 10 personas encuestadas convive con una persona con discapacidad intelectual, y la mayoría (64%) conocen a una persona con esta condición. Esto pone de relieve un conocimiento relativamente elevado de la discapacidad intelectual en primera persona o a través de una persona conocida o conviviente. El 95,2% se muestra dispuesto a hablar sobre la discapacidad intelectual y su significado personal, siendo este un paso esencial para eliminar el estigma hacia el colectivo. Una muestra del grave estigma que sufren las personas con discapacidad intelectual es el modo de referirse a ellos, con un lenguaje despectivo y poco inclusivo que está presente todavía en nuestra sociedad al utilizar términos como, deficientes, retrasados o disminuidos. Asimismo, advierte, si bien con menor frecuencia, continúan utilizándose términos como subnormales o mongolos que denotan, no solo estigma, si no situaciones de discriminación extrema. El 65% de los/as encuestados/as considera que, ante la comisión de un delito, los medios de comunicación deben informar de la condición de persona con discapacidad intelectual, un hecho que, lejos de aportar información relevante, vulnera las leyes de protección de datos e incrementa el riesgo de asociarse esta característica de la persona con peligrosidad o impredecibilidad. En este punto, es imprescindible educar a los medios para que utilicen adecuadamente los términos y las atribuciones de las personas, con el fin de cambiar la tendencia y conseguir generar un impacto positivo. Un 36% de las personas entrevistadas muestra una intención media-baja de acercamiento a las personas con discapacidad intelectual, mientras que el 64% sí que estaría dispuesto a tener algún tipo de contacto con estas personas. Sin embargo, se observa que a mayor nivel de intimidad parece que hay un mayor nivel de rechazo: casi la mitad de la muestra preferiría no convivir con alguien con discapacidad intelectual. Con respecto a contar con servicios para personas con discapacidad intelectual en el barrio, sólo un 2,7% muestra su oposición. Para los autores, esto sugiere una mejor aceptación de este tipo de recursos, especialmente para este grupo de población, al contrario de lo que sucede con las personas con problemas de salud mental y en situación de sinhogarismo. El 94% de la muestra percibe que existen actitudes discriminatorias dirigidas a las personas con discapacidad intelectual, y para el 82%, esta condición no suele tener aspectos positivos. No obstante, se observan actitudes paternalistas atravesadas por emociones como la pena, y creencias de que el cuidado y la ayuda son obligatorios, limitando la capacidad de obrar de las personas con estas características. En la misma línea, el informe destaca que, una de cada cuatro personas cree que estas personas son peligrosas, las perciben con miedo, tienden a evitarlas y consideran que habría que apartarlas de la sociedad. En cuanto al género, las mujeres son percibidas con más necesidad de ayuda, y los hombres son más estigmatizados en actitudes de culpa, enfado, evitación y coacción. El documento destaca que una de las mayores diferencias encontradas es la constatación de que las personas que han vivido la experiencia en primera persona de la discapacidad intelectual presentan un estigma más elevado que el resto de la población en atribuciones estigmatizantes, con un tamaño del efecto, significativo que llega a estar por encima del 50%. La tendencia se observa en variables como la peligrosidad y la evitación, que aumentan para aquellas personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Entre las posibles explicaciones esgrimidas en el informe, se encuentra una mayor conciencia del estigma real fruto de la vivencia de la discriminación y la exclusión en su propia persona, y la internalización del estigma. Las personas que han tenido contacto con la discapacidad intelectual ofrecen atribuciones negativas mínimas hacia estas personas en términos generales, muestran menos miedo, necesidad de evitación y sensación de peligro hacia las personas con discapacidad, y mayor convicción de que necesitan ayuda. Las profesiones que manifiestan una mayor intención de distancia social y mayor estigma son los/as profesores/as universitarios/as y profesionales de los cuerpos de seguridad del estado. Destaca aquí el hecho de que los profesionales sanitarios muestran también una intención de distancia social más elevada que otras profesiones o que el voluntariado social.
Personas sin hogar El 1,3 % de la población española ha estado en situación de sin hogar (esto es, unas 600.000 personas). Para los autores, estos datos son indicativos de la invisibilización del problema, pudiendo ser más elevada de lo que parece la cifra de personas que se encuentran en esta situación. Asimismo, un 3,7% ha convivido con una persona que ha vivido en situación sin hogar y un 18,1% dice conocer a alguien en esa situación. El 91,7% de la muestra se encuentra dispuesto a hablar del tema y a entender mejor la situación de las personas sin hogar y su significado personal, un dato muy positivo según el informe, y que supone un primer paso para vencer el estigma hacia las personas afectadas. El lenguaje utilizado para referirse a las personas en esta situación, con términos como indigente, vagabundo o mendigo, ponen de relieve el estigma existente en torno al colectivo. Un 50,7% de la muestra considera que habría que informar de su situación sin hogar cuando la persona comete un delito, a pesar de que ello vulneraría las leyes de protección de datos y, en la mayoría de los casos no aporta información relevante a la explicación del delito. Al contrario: aumentaría el riesgo de que se relacione violencia con exclusión social. En este punto, el informe resalta la importancia de educar a los medios de comunicación en el uso adecuado de términos y atribuciones a las personas, «para cambiar la tendencia y conseguir generar un impacto positivo». Con respecto al distanciamiento social, un 47,5% de los/as encuestados/as admite no tener intención de mantener relaciones personales con personas que pasan por la situación de sin hogar, y 2 de cada 3 prefieren no convivir con ellas, siendo este, según los autores del informe, uno de los peores resultados que, unido a la terminología empleada, identifican las tendencias estigmatizantes presentes en la población. En cuanto al hecho de disponer de servicios y recursos destinados a este colectivo en el barrio, sólo un 11,5% muestra su oposición a ello. Este porcentaje, contrasta con los movimientos de rechazo vecinales cada vez que se propone la ubicación de un nuevo servicio para personas sin hogar, siendo probable el papel de la deseabilidad social aquí. Entre las falsas etiquetas atribuidas a las personas sin hogar y que son estigmatizantes, el informe indica que, cerca de un 16% de la muestra total está de acuerdo con que a las personas sin hogar se aprovechan del sistema, un 26,5% cree que las personas sin hogar tienen valores muy distintos a los suyos, cerca de un 23% está de acuerdo con que infectan los espacios públicos y un 17% creen que han cometido delitos, y que son personas vagas. Una de las mayores diferencias encontradas en el presente estudio hace referencia a la constatación de que las personas que han vivido la experiencia en primera persona de la situación sin hogar presentan un estigma mucho más elevado que el resto de la población en todas las medidas empleadas y con un tamaño del efecto muy significativo que llega a situarse por encima del 80%. La tendencia se observa en diversas variables, tales como la peligrosidad, el miedo, la evitación y la culpa, que aumenta para aquellas personas que han estado en situación sin hogar, debido, según los autores, a una mayor conciencia del estigma real al vivir la discriminación y la exclusión en su propia persona, o porque «las experiencias de primera persona pueden fomentar un deseo de distanciarse del problema, como si el caso personal fuera distinto frente a las otras personas que viven esa situación». La influencia de la convivencia y el conocimiento personal de personas que hayan vivido la situación sin hogar se refleja en que tanto la intención de distancia social, como el estigma, disminuyen de forma general y aparece una mayor intención de ayuda a las personas que viven en esa situación. En relación con las profesiones, son los profesionales de los cuerpos de seguridad del estado y el personal de la administración de justicia quienes revelan mayores intenciones de distancia social y mayor estigma hacia las personas en situación sin hogar. El informe destaca que los profesionales de recursos humanos muestran un estigma elevado ante esta población y los profesionales sanitarios expresan un deseo de distancia social más elevado que otras profesiones o que el voluntariado social.
Dadas las conclusiones del estudio, sus autores incluyen una serie de recomendaciones orientadas a la acción, que podrían ayudar a reducir el estigma que sufren las personas con trastornos de salud mental, discapacidad intelectual o que se encuentran en situación sin hogar, poniendo de relieve aquí la necesidad de una acción coordinada entre los servicios de salud y los servicios sociales, y el rol de los medios de comunicación y de la sociedad civil. Se puede acceder al informe desde la página Web de Grupo 5 o bien directamente aquí: El estigma en la población española. Una mirada hacia las personas con problemas de salud mental, sin hogar o con discapacidad intelectual |
