Los formuladores de políticas que se enfrentan a estos desafíos necesitan datos y análisis de salud fiables para facilitar sus decisiones. Con esta introducción se presenta el informe complementario al Estado de la salud en la Unión Europea (State of Health in the EU: Companion Report 2021), un documento desarrollado por la Comisión Europea, el Observatorio Europeo de políticas y sistemas sanitarios y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el objetivo de complementar los resultados clave del proyecto Health at a Glance: Europe and the Country Health Profiles (Panorama de la salud: Europa y los perfiles de salud de los países). En este sentido, el informe aborda el impacto de la pandemia de la COVID-19 y el modo en que los sistemas sanitarios de los distintos países -entre ellos, España-, respondieron a diversos desafíos de resiliencia, y extrae una serie de conclusiones clave basadas en los hallazgos de los perfiles de salud de los países. A continuación, recogemos las 3 conclusiones principales en las que se estructura el informe: 1.- Comprensión de los impactos a largo plazo de la pandemia de la COVID-19 en la salud La pandemia de COVID-19 ha eliminado años de esperanza de vida en la mayoría de los países europeos. Antes de la pandemia, la esperanza de vida al nacer en la UE había seguido una trayectoria ascendente durante la última década. El análisis de los Perfiles Sanitarios de los Países de la UE 2021 muestra que, en países como España, Italia, Bélgica, Francia, los Países Bajos y Suecia, no se había registrado una reducción en la esperanza de vida de esta magnitud desde la Segunda Guerra Mundial. La pandemia ha tenido un impacto sanitario significativo en Europa, provocando la muerte prematura de casi 800.000 personas a finales de octubre de 2021 en la UE. Si bien todos los países europeos se han visto afectados de forma negativa por el virus, su impacto en la mortalidad ha sido desigual entre ellos y a lo largo del tiempo. Los efectos de morbilidad de la COVID-19 son graves y las estadísticas disponibles no los recogen completamente. Además de haber causado cientos de miles de muertes prematuras en toda Europa, la enfermedad ha tenido un grave impacto en la salud de los pacientes recuperados que requirieron hospitalización, así como en aquellos que contrajeron el virus pero experimentaron un curso agudo de la enfermedad relativamente leve. Por otro lado, hay una parte significativa de las personas hospitalizadas y no hospitalizadas que han experimentado una variedad de síntomas persistentes, fluctuantes y, a menudo, debilitantes, posteriores a la enfermedad: la COVID persistente (también llamada COVID prolongado). Esta condición ocurre en personas con antecedentes de infección por SARS CoV-2 probable o confirmada, generalmente 3 meses desde su inicio, con síntomas que duran al menos 2 meses y no pueden explicarse con un diagnóstico alternativo. Los síntomas comunes a la misma incluyen fatiga, dificultad para respirar y disfunción cognitiva, entre otros, que, generalmente tienen un gran impacto en el funcionamiento diario de quienes los padecen. La pandemia interrumpió el acceso a la atención no relacionada con el coronavirus para muchos pacientes, incluyendo aquellos con necesidades de atención urgentes, como el cáncer y la atención a la salud mental. A este respecto, los sistemas sanitarios de toda Europa tuvieron que adaptar y reconfigurar sus recursos para satisfacer el aumento sin precedentes de la demanda de atención de la COVID-19. Las medidas para incrementar la capacidad para atender a los pacientes con coronavirus fueron acompañadas de una ralentización o suspensión temporal de la atención hospitalaria no urgente, no relacionada con la enfermedad. Lo mismo sucedió con la actividad ambulatoria: en la mayoría de los sistemas sanitarios europeos, los servicios de atención primaria intensificaron el uso de los servicios de telesalud para hacer frente a la disminución de las consultas presenciales al tiempo que protegían a los pacientes y trabajadores de la infección. La COVID-19 ha incrementado las desigualdades socioeconómicas en salud. El análisis europeo de países pone de relieve cómo las diferencias en el estado de salud reflejan en gran medida la distribución desigual de sus principales determinantes socioeconómicos, conductuales y ambientales. Esto genera importantes disparidades en salud entre la población que, a su vez, reducen la capacidad de los grupos más desfavorecidos para acceder a los servicios sanitarios y mantener una buena salud. La pandemia ha pasado factura al bienestar mental de las personas. Antes de su irrupción, se estimaba que los problemas de salud mental afectaban a más de una de cada seis personas en la UE; la situación de pandemia ha exacerbado varios determinantes clave de la mala salud mental: además del miedo, la aflicción y el estrés generados por el impacto directo en la salud de la infección por coronavirus (que afectó a los/as pacientes, sus familias así como a los/as trabajadores/as de la salud), también las medidas sanitarias destinadas a frenar la propagación del virus -como los confinamientos generales y el cierre de escuelas-, incrementaron exponencialmente los riesgos para la salud mental. A esto se añaden los efectos colaterales en la economía de todos los países europeos, lo que ha elevado la amenaza de pérdida de empleo y/o inestabilidad de ingresos, ambos, factores clave asociados con el deterioro del bienestar mental. Los datos actuales indican que en el contexto actual se han incrementado significativamente los niveles de ansiedad y depresión en la población, en la mayoría de los países europeos: según un estudio reciente, la prevalencia de los trastornos depresivos y de ansiedad aumentó, respectivamente, una media del 23% y el 24% en los países de la UE en 2020. El desafío de salud mental planteado está teniendo consecuencias tanto inmediatas como a largo plazo, y ha ido variando a medida que pasa el tiempo. De hecho, el análisis de los distintos países muestra que el impacto de esta situación en la salud mental ha cambiado considerablemente a lo largo de los meses: por ejemplo, a principios de 2020, la prevalencia estimada de síntomas depresivos se duplicó con creces en comparación con el nivel de referencia anterior a la pandemia en al menos siete países de la UE. Los datos disponibles sugieren que el impacto de la COVID-19 en la salud mental ha sido especialmente importante en los y las jóvenes y en los grupos vulnerables como las personas mayores y aquellas con problemas de salud subyacentes o con discapacidad. Concretamente, los/as niños/as, los/as adolescentes y los/as jóvenes informan de niveles significativamente más altos de ansiedad y depresión, en comparación con la población general. Para los autores del informe, esto puede reflejar el efecto del cierre de escuelas en su experiencia social y educativa, así como su posición relativamente más frágil en el mercado laboral. Las cifras evidencian también un impacto desproporcionado sobre el bienestar mental de las mujeres, que, en general, han estado más expuestas a las consecuencias económicas/laborales negativas de la pandemia, presentando más probabilidades de soportar la carga de las responsabilidades como cuidadoras vinculadas al cierre de escuelas y (en algunos casos) enfrentando un mayor riesgo de violencia doméstica. Para aliviar el aumento de la carga de salud mental en los grupos vulnerables, varios países europeos, como Bélgica, Letonia, Lituania e Islandia, han emprendido una serie de medidas específicas para reducir las barreras de acceso a la atención de la salud mental, incluso promoviendo un mayor uso de consultas a distancia; a pesar de ello, es más que evidente que la COVID-19 ha obstaculizado la atención de la salud mental en toda la región europea, aumentando, a su vez, la demanda de servicios en este ámbito de la salud. Si no se satisfacen estas necesidades de atención adicionales, se corre el riesgo de agravar los efectos a largo plazo sobre la salud mental, cuya magnitud total no se puede cuantificar mientras nos encontremos todavía en situación de pandemia. Las vacunas se han convertido en un elemento clave para aliviar el impacto sobre la salud de la COVID-19, al debilitar significativamente el vínculo entre los casos y las muertes. Muchos países de Europa están abordando el desafío de reanudar los servicios de atención no relacionados con el coronavirus mientras se enfrentan a números persistentemente altos de infecciones por COVID-19. En este contexto, el informe afirma que una mejor medición de los impactos de morbilidad total de la enfermedad es fundamental para una mejor respuesta en políticas de salud.
2.- Garantizar las ventajas de la innovación digital en la prestación de atención médica y la salud pública La pandemia ha conllevado un aumento masivo en el uso de herramientas de salud digital y ha desencadenado cambios significativos en la forma en que se brindan los servicios de atención sanitaria. Lograr un mayor uso de herramientas digitales en la prestación de atención médica en aras de mejorar la calidad, la accesibilidad y la eficiencia de la atención ha sido un objetivo a largo plazo de la Comisión Europea y de muchos sistemas sanitarios europeos. Empero, la adopción de herramientas de salud digital ya era lenta y desigual en los países de la UE antes de la aparición del coronavirus, y los desafíos técnicos previos limitaban el uso generalizado de estas herramientas. Desde la aparición de la COVID-19, el número de consultas a distancia (online o telefónicas) ha aumentado en todos los países de la UE. El mayor uso de esta modalidad de consulta se observa en España, donde el 71,6 % de la población revela haber tenido una consulta a distancia en febrero/marzo de 2021. Asimismo, las tecnologías de salud digital se han utilizado para impulsar las medidas de salud pública. Muchos países europeos han aprobado nuevas políticas para incentivar el uso de herramientas de salud digital. Cabe señalar que la rapidez con la que se ampliaron algunas tecnologías de salud digital fue esencial para garantizar la prestación de servicios de salud en un contexto en el que minimizar el contacto cara a cara entre pacientes y proveedores de atención médica era una prioridad. A medida que los sistemas de salud van emergiendo de la pandemia, algunos aspectos de su implementación deberán recalibrarse al contexto «normal» de la prestación de atención médica, de modo que puedan servir a un conjunto más amplio de objetivos, como la eficacia del sistema sanitario, la calidad de la atención y la accesibilidad. A este respecto, es trascendental detectar los posibles riesgos de aumento de las desigualdades en salud a través de la exclusión digital, especialmente, para determinados pacientes (por ejemplo, los afectados y las afectadas por déficits cognitivos), y también para una gran parte de la población que nunca ha tenido acceso a Internet (un 10% de la población de la UE en 2019) o carece de las habilidades digitales básicas para utilizarlo (un 29%).
3.- Reformular las estrategias y la planificación del personal sanitario después de la pandemia de la COVID-19 La COVID-19 ha evidenciado la escasez de personal sanitario. Además, la demanda y la complejidad de la atención brindada ha crecido a un ritmo comparativamente más rápido, debido al envejecimiento de la población y la creciente carga de enfermedades crónicas, lo que ha agravado las carencias preexistentes. Un personal laboral bien capacitado y motivado, y un equipo sanitario con un número de profesionales apropiado es una condición previa crucial para construir sistemas de salud resilientes. Esto ha sido más evidente que nunca durante la fase crítica temprana de la pandemia, cuando los países comenzaron a organizar una capacidad de atención adicional para satisfacer el ingente aumento de pacientes infectados por coronavirus, que requerían hospitalización mientras debían mantener los servicios esenciales. Casi todos los países lograron superar los obstáculos asociados con la ampliación de su capacidad de equipos y camas de hospital. Sin embargo, los países que ya estaban lidiando con la escasez crónica de trabajadores de la salud antes de la pandemia, tuvieron que emprender acciones para dotar adecuadamente a las nuevas instalaciones de atención con personal calificado, aumentando la disponibilidad, el número y la flexibilidad de su personal clínico. La COVID-19 ha puesto a prueba y ha llevado al límite a un personal laboral sanitario ya sobrecargado. El informe destaca aquí el compromiso y la capacidad de los trabajadores de la salud desde el inicio de la pandemia, para soportar turnos de trabajo prolongados y niveles persistentemente altos de estrés en el trabajo. Si bien estas medidas lograron evitar el colapso de los sistemas sanitarios durante la fase aguda del brote (en que aumentó de forma desmedida la demanda de atención), la carga insostenible de trabajo generada ha cobrado un precio sin precedentes sobre el bienestar físico y mental de los trabajadores de la salud. El impacto más trágico de la pandemia en los trabajadores de la salud es la cantidad de muertes por coronavirus entre ellos. Si bien estos datos no se han rastreado exhaustivamente a nivel europeo, un estudio reciente estima que más de 49.000 profesionales sanitarios en la región europea de la OMS han perdido la vida a causa de la enfermedad. Varios factores han afectado severamente el bienestar psicológico de los y las profesionales de la salud: además del agotamiento mental fruto de largas horas de trabajo en condiciones peligrosas, el personal médico y de enfermería experimentó una ansiedad prolongada debido a los riesgos de contraer el virus e infectar potencialmente a sus familias. Asimismo, ser testigo de una cifra elevada y constante de pacientes que mueren sin poder brindar atención de alta calidad -debido a limitaciones tales como una reducida proporción de personal laboral-, provocó mucha angustia emocional (conocida como «daño moral») entre el personal clínico. En este sentido, diversas investigaciones llevadas a cabo tras la primera ola de la COVID-19 hallaron un porcentaje consistentemente elevado de trabajadores que informaron de síntomas de agotamiento y/o trastorno de estrés postraumático (TEPT); de forma específica, en España, el 57% de los trabajadores de la salud informaron de síntomas de TEPT en abril de 2020. Para aliviar esta carga sobre la salud y el bienestar de los trabajadores sanitarios, la mayoría de los países europeos implementaron una serie de soluciones de apoyo ad-hoc, consistentes, principalmente, en servicios de apoyo a la salud mental (líneas telefónicas de ayuda las 24 horas y pautas reforzadas para apoyar el bienestar de los/as trabajadores/as), planes especiales de cuidado de niños para el personal y/o incrementos salariales temporales. Aunque aún queda por evaluar la eficacia de dichas intervenciones, está claro que recopilar información más detallada sobre el impacto de la pandemia en el bienestar de los trabajadores sanitarios es clave para diseñar mejores medidas de apoyo, mantener la capacidad actual del personal laboral y valorar planes futuros al respecto. A este respecto, el informe resalta la trascendencia de que los países continúen apoyando al personal sanitario durante la fase de recuperación posterior a la pandemia y más allá, para minimizar las consecuencias sobre la salud a largo plazo de esta experiencia traumática en el personal que ha trabajado en primera línea. El análisis de los sistemas sanitarios de los distintos países sugiere la relevancia de emprender acciones para resolver esta vulnerabilidad y contar con un personal sanitario más resiliente, entre ellas, mejorar las condiciones de trabajo (tanto las salariales como las no salariales), medidas para aumentar la retención del personal laboral y atraer nuevos talentos, reevaluar las necesidades futuras de los sanitarios, o impulsar su formación y capacitación.
Si bien el impacto inmediato de la pandemia ha sido el incremento de la mortalidad y la morbilidad en toda Europa, se prevé que, a medio y largo plazo, los sistemas de salud tendrán que atender a muchas personas que padecen una condición posterior a la infección por coronavirus y a aquellas cuya salud empeoró debido a la atención no relacionada con la COVID-19 y a la angustia mental derivada de esta situación. Pese a que, desde el inicio, los países han realizado esfuerzos significativos para desarrollar sistemas más sólidos de recopilación y análisis de datos de salud pública, aún persisten brechas al respecto, lo que dificulta la comparabilidad de datos entre países. Ante esto, el informe se muestra tajante: los formuladores de políticas sanitarias únicamente podrán diseñar estrategias y políticas efectivas para mitigar los efectos negativos de la pandemia si tienen a mano evidencia de alta calidad. En este sentido, fortalecer los esfuerzos de recopilación y análisis de datos de salud será fundamental para respaldar una formulación de políticas sanitarias basada en la evidencia y diseñar sistemas de salud más eficaces, accesibles y resilientes después de una pandemia. De igual modo, la pandemia ha evidenciado la importancia de los sistemas de salud resilientes y los beneficios a largo plazo de invertir en salud pública. El aumento de la demanda de servicios sanitarios y una mejor preparación para las emergencias de salud, incluidas las derivadas del cambio climático, requerirán una inversión continua y adecuada para permitir que los sistemas y el personal sanitario puedan hacer frente a ello. Dado que las presiones presupuestarias podrían aumentar como consecuencia de la pandemia, los autores del informe consideran esencial mantener niveles adecuados y estables de gasto público en salud. La financiación estable permitirá una planificación de inversiones eficaz y una continuidad fluida de los servicios en la organización y gestión de la prestación de atención. Del análisis detallado de los distintos países europeos, recogemos a continuación las conclusiones específicas para España: Antes de la irrupción de la pandemia, el 75% de los españoles y las españolas afirmaban que gozaban de buena salud, una proporción superior a la media de la UE (69%). La esperanza de vida en nuestro país fue la más alta de la UE en 2019, pero disminuyó sustancialmente en 2020 debido a la pandemia de la COVID-19. Existe una brecha creciente entre España y los países de la UE en el gasto sanitario total, lo que indica un crecimiento más lento durante la última década. El informe advierte de que, pese al aumento en los últimos años del gasto sanitario en España, éste sigue siendo inferior en nuestro país en comparación con la media de la UE. Así, tras la crisis económica de 2008, el gasto sanitario disminuyó durante varios años, pero volvió a aumentar a partir de 2014, hasta ascender a 2.488 EUR en 2019, un 30 % por debajo de la media de la UE de 3.523 EUR. Esto equivale al 9,1 % del PIB, también por debajo de la media de la UE del 9,9%. Asimismo, las cifras evidencian que la atención farmacéutica en nuestro país supone más gasto sanitario que en toda la UE. El documento alerta también de los niveles de gasto de bolsillo en España, situándose muy por encima de la media de la UE (21,8 % frente al 15,4 % del gasto sanitario total en 2019), y consistiendo, principalmente, en copagos de medicamentos, atención sanitaria fuera de los hospitales y atención dental. A pesar de lo expuesto en este punto, la Comisión Europea se muestra optimista, y espera que España aumente aún más el gasto per cápita debido, en parte, a los fondos de la UE. Si bien las tasas de ingresos hospitalarios potencialmente evitables por algunas enfermedades crónicas como la diabetes son relativamente bajas en España, se acercan a la media de la UE para el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una mayor inversión en atención primaria de los fondos nacionales ayudaría a estimular la mejora, ya que, tal y como afirma el informe España no ha priorizado esta área en los programas financiados por la UE. El documento manifiesta que la atención primaria sigue siendo un elemento central del sistema de salud español, con personal sanitario que brinda atención y promoción de la salud y servicios preventivos. Este primer nivel asistencial de la salud ha sido clave durante la pandemia de COVID-19 para reforzar la atención domiciliaria y facilitar la detección temprana a través de pruebas y rastreo de contactos, así como en el seguimiento de los pacientes con COVID-19 y la implementación de la estrategia de vacunación. Los factores de riesgo para la salud son los principales impulsores de la mortalidad en España. Aunque el consumo de tabaco ha disminuido en las últimas dos décadas, uno de cada cinco adultos todavía fumaba a diario en 2019, y la tasa de adultos que fuma diariamente sigue siendo más alta que en la mayoría de los países de la UE. El consumo de alcohol ha aumentado y fue ligeramente superior a la media de la UE en 2019. Alrededor del 18% de los y las jóvenes de 15 años tenían sobrepeso o eran obesos en 2018: ligeramente por debajo de la media de los países de la UE. Actualmente, las tasas de obesidad entre adolescentes y adultos se han incrementado. Los datos señalan que, alrededor de un tercio de todas las muertes en España en 2019, pueden atribuirse a factores de riesgo conductuales, una proporción inferior a la media de la UE. Los factores ambientales como la contaminación del aire también representan un número considerable de muertes (más de 11.000 muertes en 2019), aunque también fue inferior a la media de la UE.
Se puede acceder a los informes desde la página Web del Observatorio europeo o bien directamente directamente al mismo a través del siguiente enlace: State of Health in the EU Companion Report 2021 |
