Incrementar de forma inmediata el número de plazas de Formación Sanitaria Especializada PIR hasta un mínimo de 400 anuales y reconocer las nuevas especialidades de la Psicología, en concreto y de manera urgente, crear la especialidad en Psicología Clínica de la Infancia y de la Adolescencia, son algunas de las peticiones recogidas en una Proposición No de Ley (PNL) presentada el pasado mes de diciembre, por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la mejora en la financiación y refuerzo en la contratación de profesionales en el ámbito de la salud mental en el sistema público de salud, para su debate en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
En su exposición de motivos, la propuesta recoge una serie de datos preocupantes (extraídos del informe sobre La Situación de la Salud Mental en España, publicado en abril de 2023 por la Confederación Salud Mental España junto a la Fundación Mutua Madrileña), que evidencian cómo la salud mental se ha convertido en un problema de primer orden en la actualidad. Entre ellos, el Grupo Parlamentario señala que cuatro de cada diez personas en España valoran de forma negativa el estado de su salud mental, destacando que un 42% de las personas ha tenido depresión en su vida, cerca de la mitad ha sufrido ataques de ansiedad y/o pánico y el 14,5% reconoce haber tenido ideas de suicidio e incluso haberlo intentado.
Fuente: freepik. Foto: freepik. Fecha descarga: 28/12/2003
Un 20% de la población consume psicofármacos prescritos por el médico de Atención Primaria y un 60% no puede permitirse económicamente la Psicoterapia
Los datos muestran también que las dos causas más comunes en la aparición de los problemas de esta índole son la autoexigencia y las relaciones familiares, y ponen de relieve la brecha de género en este campo (el 61% de las personas con problemas de salud mental son mujeres y el 38% hombres), así como la mayor vulnerabilidad de las personas jóvenes de entre 18 y 34 años.
La Proposición No de Ley se hace eco también de las cifras relativas al tipo de intervención recibida, señalando que, “casi un 20% de la población, consume psicofármacos prescritos mayormente por los profesionales de Atención Primaria” y que, un 60% “no puede permitirse económicamente la psicoterapia”. A este respecto, recuerda que, mientras que la Unión Europea cuenta con una media de 18 profesionales por cada 10.000 habitantes, “en España es de unos 8, según el INE”, calculándose un menor porcentaje de profesionales de la Psicología Clínica desde el año 1998 (“un 35% menos”).
A esto se añade una problemática que, en palabras del Grupo Parlamentario, “viene arrastrándose durante décadas”, esto es, la situación de los denominados PESTOS, Psicólogos especialistas sin titulación oficial, quienes desempeñan las mismas tareas y labores profesionales que aquellos/as que están en posesión del título en Psicología Clínica. Tal y como explica, los PESTOS “ocupan plaza en el sistema sanitario público y concertado y gozan de la misma actualización formativa que los demás profesionales sí titularmente reconocidos”. De hecho, numerosos psicólogos/as de este colectivo participan en la formación de los Psicólogos Internos Residentes.
La propuesta aborda la situación actual de los PESTOS, que no cuentan con una vía de acceso al título de la especialidad
Sin embargo, a pesar de lo expuesto, el Grupo Parlamentario lamenta que no cuenten con una vía de acceso al mismo título que van a obtener esos residentes a los que ellos mismos forman. Aunque se han realizado “regulaciones parciales que han supuesto un reconocimiento de facto” de algunos de sus derechos (por ej., garantizar su continuidad en el ejercicio dentro del sistema sanitario, a través de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), aún hoy día, existe “un agravio comparativo para con los integrantes del colectivo de PESTOS”.
Así, la imposibilidad de poder obtener el título de la especialidad clínica conlleva una serie de consecuencias negativas, entre ellas, “la movilidad, la imposibilidad de acceder a plazas fijas por parte de interinos, la falta de equiparación salarial, la restricción de los sistemas de incentivación y promoción profesional o la dificultad de acreditar los estudios y, por ejemplo, puedan publicar trabajos en revistas científicas, etc.”
Estos problemas, en opinión del Grupo Parlamentario, impactan en el Sistema Sanitario y su eficacia, al generar conflicto en las instituciones sanitarias y confusión entre usuarios de la sanidad pública, implicando una “clara pérdida de capital humano en un contexto de déficit de especialistas”.
El déficit de profesionales en la red de salud pública redunda en un incremento de las prescripciones farmacológicas por parte del médico de Atención Primaria
La misma Asociación PESTOS propuso en su momento cambios legislativos, tales como, la modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, a través de la introducción de una Disposición Transitoria, “Vías de acceso al título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica”, para incorporar su reivindicación o bien establecer “un nuevo marco regulatorio, compatible con las directivas europeas, adecuado, simple y que no perjudicase a otros profesionales”.
No obstante, pese a que las Comunidades Autónomas cuentan competencias exclusivas en materia de salud, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública de ámbito estatal impone una serie de límites y restricciones a las administraciones competentes, con respecto a las titulaciones y la contratación de profesionales del sector sanitario de diferente índole. De forma específica, en el segundo apartado de su disposición adicional séptima, restringe a los titulados como ‘Especialista en Psicología Clínica’ a los profesionales que pueden desarrollar su actividad en centros, establecimientos y Servicios del Sistema Nacional de Salud.
Como bien indica el Grupo Parlamentario en su PNL, el déficit de profesionales en la red de salud pública redunda en un incremento de prescripciones farmacológicas por parte del médico de familia, “que ven prácticamente imposible la derivación a especialistas o bien impracticable una psicoterapia con mínimas garantías de seguimiento y periodicidad que esta requiere”.
La propuesta pide, entre otros aspectos, aumentar inmediatamente el número de plazas PIR a un mínimo de 400 al año
Atendiendo a todo lo expuesto, insta al Gobierno a:
“1. Modificar, de acuerdo con las CCAA y respetando el principio de subsidiariedad y cogobernanza, la normativa vigente para facilitar el ejercicio de los profesionales titulados en psicología General en el sistema de salud pública y en particular a la red de atención primaria y que ahora está restringido a los PEPC. En concreto, eliminar el apartado cuarto de la disposición adicional séptima de Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
2. Homologar los titulados PESTOS como PEPC vía modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, mediante la introducción de una Disposición Transitoria, «Vías de acceso al título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica».
3. Aumentar inmediatamente el número de plazas de formación sanitaria especializada PIR hasta un mínimo de 400 anuales.
4. Reconocer las nuevas especialidades de la psicología, en concreto y de manera urgente la especialidad en psicología Clínica de la Infancia y de la Adolescencia.
5. Establecer fondos de compensación para la financiación de la red de atención en ámbito de salud mental de las CCAA con partidas consignadas anualmente por ley en los Presupuestos Generales del Estado y aumentar las plazas.”
Se puede acceder a la Proposición No de Ley desde la página Web del BOCG o bien directamente aquí: