La violencia sexual hacia la infancia tiene un elevado coste económico de 4.453.873.167 euros (es decir, el 0,31% del PIB), una cifra especialmente impactante, si se tiene en cuenta que, en España, la violencia sexual detectada continúa estando muy por debajo de la real, por lo que no se conoce la verdadera magnitud del fenómeno y sus impactos.
Así lo advierte un informe realizado por EDUCO -ONG que trabaja por el bienestar y los derechos de la infancia- junto con la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas, a través del cual se analiza el impacto de estas agresiones (tanto físicas como psicológicas y sociales) a niños y niñas, así como el coste de estos hechos y sus consecuencias en las personas afectadas, pero también en toda la sociedad española.
Tal y como afirman los autores de este documento, el marco actual en España “obliga a ser parte de un cambio social, colocando el bienestar de niños y niñas en el centro de las actuaciones y en todas las decisiones. Nadie puede mirar para otro lado”. A este respecto, es clave tener en cuenta que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes no es solo un problema de salud pública y un problema social, sino también un asunto jurídico, ético y económico.
Con este informe se pretende contribuir a la prevención de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia, aportando un análisis del coste de este tipo de violencia y poniendo de manifiesto la necesidad de invertir en su erradicación. A lo largo de sus páginas se hace énfasis en el impulso de la LOPIVI y en el desarrollo de programas de prevención y sensibilización sobre la violencia sexual hacia la infancia y la adolescencia.
A través de esta investigación, se estiman los costes de la violencia sexual a los y las menores en el contexto español, utilizando los datos más recientes disponibles, y tomando como referentes y marco de análisis de este estudio la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas (CDN); la Observación General n.º 13 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas: “Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”; la Observación General n.º 19 sobre Gasto Público y los Derechos del Niño y las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Sus autores subrayan la importancia de conocer la realidad de la violencia sexual contra la infancia y disponer de datos certeros, para poder “planificar medidas adecuadas y políticas públicas que permitan abordar el problema de la forma más eficaz posible”.
Sin embargo, ponen de relieve la existencia de diversas dificultades asociadas al cálculo del coste de la violencia sexual contra los y las menores, que se derivan de la falta de datos completos y precisos relativos al número de víctimas, a la amplia tipología de costes y sus características, a su temporalidad, a su definición y clasificación, y a la complejidad en el aislamiento de los costes específicos que derivan de la violencia sexual.
Asimismo, destacan incoherencias y discrepancias entre las distintas fuentes de datos, especialmente, en lo referente a las definiciones y tipologías de violencia hacia la infancia, la falta de desagregación de los datos y de uniformidad en su registro por parte de las distintas administraciones autonómicas, la confidencialidad de algunos de los datos y el solapamiento entre las fuentes oficiales consultadas.
Consecuencias de la violencia sexual contra la infancia
Si bien las consecuencias de la violencia sexual durante la infancia no son iguales en todas las personas que la han sufrido, sí hay una serie de daños de este tipo de violencia.
Consecuencias físicas, psicológicas y sociales derivadas son: lesiones físicas y traumatismos; impacto en el desarrollo de la sexualidad; mayor probabilidad de sufrir violencia sexual en la edad adulta; baja autoestima; dificultades cognitivas e intelectuales; ansiedad y depresión; trastorno por estrés postraumático; ideación y/o conducta suicida; trastornos de personalidad; trastorno disociativo de identidad, hipocondría o trastornos psicosomáticos; desórdenes alimentarios; pérdida del control de esfínteres; problemas de sueño y/o pesadillas; carencias en habilidades sociales; problemas de adicciones y sustancias; desarrollo de enfermedades crónicas, absentismo y/o abandono escolar, etc.
Estas consecuencias no solo tienen impacto en la vida de los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia sexual, sino que también afectan a su entorno y a la sociedad en forma de elevado coste económico tanto en el corto como en el largo plazo, ya que repercuten sobre el gasto público (sanitario, de servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad, procedimientos judiciales, servicios penitenciarios, etc.). Además, el daño que sufren las víctimas supone a menudo un coste social sobre el capital humano del país, debido a las consecuencias a nivel educativo, laboral y social que puede conllevar sufrir algún tipo de violencia sexual durante la infancia.
Algunas de ellas se producen de forma inmediata, mientras que otras se aprecian tiempo después. Estos daños no desaparecen automáticamente en el momento en el que cesa la violencia, sino que, en muchas ocasiones pueden acompañar a la víctima a lo largo de su vida adulta. Por ello, es trascendental hacer seguimiento de todo niño o niña víctima de violencia sexual, incluso cuando no presente sintomatología, dado que pueden desarrollar problemas en una etapa posterior.
Asimismo, las consecuencias pueden ser más intensas cuando la violencia sexual se produce en edades tempranas, cuando ocurre de forma frecuente o se prolonga en el tiempo y cuando el/la agresor/a es cercano al niño o niña. De no intervenir adecuadamente con premura, la víctima podría presentar consecuencias más graves a largo plazo. Si, por el contrario, la violencia sexual se detecta de forma precoz y el/la menor que la sufre recibe una respuesta protectora apropiada, las consecuencias pueden reducirse. De hecho, cuando desde el entorno familiar creen el relato del niño o niña y le apoyan, su recuperación es mejor.
Estimaciones de fuentes oficiales sobre la violencia sexual en la infancia y la adolescencia
Los datos del Registro Unificado de Maltrato Infantil ( (RUMI) del Observatorio de Infancia (Ministerio de Juventud e Infancia), cifran en 5.449 (2.433 niños y 3.016 niñas) las notificaciones de abuso sexual en la infancia y adolescencia (72,6% de cada 100.000 menores de 18 años).
Según cifras del Ministerio del Interior, las victimizaciones por delitos sexuales en Internet, en personas menores de 18 años, han pasado de 736 en 2015, a 1.318 en 2023 (440 niños y 873 niñas).
El total de denuncias interpuestas por delitos contra la libertad sexual de personas menores de edad es de 9.185 en 2023.
El último informe anual de la Fiscalía General del Estado sobre infracciones por violencia sexual en personas menores de edad, indica que, en 2022, se registraron 2.947 delitos de esta índole, 1.973 por abuso sexual y 974 por agresión sexual.
De acuerdo con el INE, entre 2018 y 2022, 1.738 personas han sido condenadas por violencia sexual: 762 por abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años; 377 por exhibicionismo y provocación sexual y 599 por prostitución y corrupción de menores.
Por su parte, el Consejo de Europa estima que el 20% de los niños, niñas y adolescentes en Europa es víctima de violencia sexual.
Teniendo en cuenta la literatura sobre el análisis de los costes en la infancia, los autores de este informe han clasificado los costes de la violencia sexual en cuatro grandes grupos: costes sanitarios, educativos, judiciales y sociales
1. Costes sanitarios de las consecuencias en la salud física y psicológica
Las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes tienen un elevado nivel de repercusión en su salud, traduciéndose en costes sanitarios tanto a corto como a largo plazo.
– A corto plazo
Primera visita a urgencias: de las cerca de 50.000 notificaciones de maltrato a menores, las de abuso sexual grave suponen el 49% (2.662 sobre 5.449, proporción que asumimos se mantiene dentro de nuestro grupo de estudio). Según indica la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, se considera que el 49% de los casos acuden a urgencias pediátricas. El coste de dicha visita a urgencias se estima en 248 € y el coste anual en 1.112.813 €.
Intervención médico-forense: el coste de la intervención médico-forense a víctimas que han sufrido agresiones sexuales en 2023, se estima en 12.157.365 €.
Evaluación psicológica y psiquiátrica: se estima un coste para un diagnóstico ordinario de 450€ y un incremento de 150€ por cada víctima para un diagnóstico no ordinario. Se considera que estas sesiones se producen en el plazo de menos de un año. Los autores calculan el coste de la evaluación psiquiátrica y psicológica en 4.133.250 € y 994.500 €, respectivamente.
Los costes asociados a la atención psicológica de las víctimas en la infancia y la adolescencia se estiman en 2.209.340 €
Terapia psicológica: de acuerdo con el “Estudio sobre sentencias del Tribunal Supremo dictadas en 2020 por delitos contra la libertad sexual”, del Consejo General del Poder Judicial, las consecuencias más frecuentes de sufrir violencia sexual se reflejan sobre la salud mental de la niña, niño o adolescente (el 84,1% de las víctimas presentan consecuencias psicológicas), frente al 15,9% de las víctimas que desarrollan problemas clínicos de naturaleza física. Los costes asociados a la atención psicológica de las víctimas en la infancia y la adolescencia se estiman en 2.209.340 €.
Prueba pericial en el proceso judicial: se considera un coste sanitario la realización de la prueba pericial en el proceso judicial en el caso de lesiones, a cargo del Instituto de Medicina Legal. Tomando como referencia los datos de victimizaciones de agresiones sexuales a personas menores de edad del Ministerio del Interior para el año 2023, que son un total de 6.630, el precio de las pruebas periciales en el caso de lesiones se estima en un precio mínimo de 450€, siendo el coste total de 2.983.500 €.
Otras posibles visitas a urgencias: estas suelen ser visitas hospitalarias posteriores a la primera visita que realiza la víctima por urgencias, debido a problemas que pueden ir surgiendo en los días o semanas posteriores. Los y las menores que sufren agresiones sexuales tienen una tasa de visitas a servicios de urgencia superior en 8,2 visitas, lo que llevaría a contabilizar 7,2 nuevas visitas para este grupo, estimándose un coste de 1.882.326 €. Paralelamente, el informe contabiliza los gastos incurridos por este concepto en relación con niños, niñas y adolescentes que acuden al servicio de urgencia, pero cuya de violencia sexual no es detectada, siendo el coste estimado de 13.981.161 €.
– Costes sanitarios a largo plazo
Visitas al psicólogo y/o psiquiatra por cronicidad: las víctimas de abuso sexual infantil pueden experimentar en su vida adulta una tasa de trastornos mentales 2,4 veces mayor que las personas no expuestas. Del total de visitas al psicólogo y/o psiquiatra de manera crónica, aquellas con historia de violencia sexual en la infancia constituyen el 50,63%. El coste de tales visitas es de 613.307.067 €.
Por dependencia a alcohol y otras sustancias: este tipo de adicciones es mayor en la población de personas que ha sufrido violencia sexual en la infancia y precisa tratamientos específicos. El coste estimado es de 61.626.270 €.
Por trastornos de la alimentación: se considera la incidencia de los trastornos alimentarios en la población adulta que ha sido víctima de violencia sexual en su infancia, por precisar estos de un tratamiento específico que puede requerir hospitalización. Este coste estimado es de 93.910.567 €.
Atendiendo a lo anterior, el informe recoge un conjunto de costes a corto plazo de 39.454.255 € , que, sumado al conjunto de los costes a largo plazo (768.843.903 €), supondría un total de 808.298.159 € en gastos sanitarios.
2. Costes educativos de las consecuencias de la violencia
La violencia sexual durante la infancia tiene un impacto en el desarrollo cognitivo de las niñas y niños víctimas, que se refleja en su esfera educativa y laboral. Los conflictos emocionales y psicológicos de los niños, niñas y adolescentes que sufren esta grave situación, afectan negativamente a su rendimiento académico y sus actividades escolares.
A este respecto, según advierte la National Survey of Child and Adolescent Well-Being, más de la mitad de las víctimas de situaciones de violencia están en riesgo de repetir algún curso escolar.
Los autores cifran en 7.483.938 € los costes derivados de la pérdida de un curso académico. Contabilizan también los gastos incurridos, correspondientes a casos no detectados de menores que pudieran haber sufrido violencia sexual y que se estima que pierden un curso académico, siendo de 55.587.687 €. Así, el total de gastos educativos sería de 63.071.625 €.
3. Costes de servicios y prestaciones de Servicios Sociales
Las altas de niños, niñas y adolescentes en acogimiento residencial en España en el año 2022 es de 17.061 (datos del Observatorio de Infancia). Partiendo de que el precio plaza/niño/día en España es de 112,70 euros media, y que se destinan una media de 41.135 € anualmente a cada plaza en los centros de protección a la infancia, el coste del acogimiento residencial de las niñas y niños víctimas de violencia sexual sería de 255.634.819 €.
Con respecto al acogimiento familiar, si se tiene en cuenta que el coste medio anual por hijo en nuestro país asciende a 672 € al mes (8.064 € anuales) -si bien el tramo de edad entre 0 y 3 años, el coste medio es superior y se sitúa en 884 € al mes (10.610 € anuales)-, y que, según datos de 2022, hay 18.177 menores en acogimiento familiar, el coste del acogimiento familiar de las niñas y niños y niñas víctimas de violencia sexual se estima en 56.285.979 €.
4. Costes judiciales
El informe indica en este punto que los costes de investigación policial, del proceso judicial, y de las penas impuestas a los victimarios, son un coste directo por calcular en el caso de la violencia sexual en la infancia y la adolescencia. Vinculados al proceso judicial se identifican también una serie de costes directos como los peritajes, sus correspondientes informes, las costas del proceso, y los costes de responsabilidad civil, entre otros. A estos se añaden los costes vinculados a las penas, costes del encarcelamiento, etc. Los costes que se calculan en este documento son de carácter directo, vinculados al proceso judicial y las penas de prisión.
Según datos del INE sobre penas de prisión por delitos sexuales en el año 2022 se impusieron 739 penas por abusos y agresiones sexuales a personas menores de 16 años.
Partiendo de que el 88,3% de los casos de juicios por abuso y agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes en los que hubo condena, son 739 penas, se estima que el total de juicios por delitos de abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años en España fue de 837 en el año 2022.
Además, considerando que el coste medio de un proceso judicial es de unos 3.000€, se calcula el dato actualizado de ese valor de acuerdo con el IPC correspondiente, resultando una cantidad de 3.100€. En base a lo anterior, el coste total de los juicios por abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años sería de 2.594.700 €.
Por su parte, el coste de la responsabilidad civil en los 739 juicios con condena por abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años en 2023 se estima en 11.085.000 €.
De los 739 procesos judiciales, en el 39,3 % de los casos, la pena principal impuesta es prisión de 2 a 5 años. Las penas de prisión de más de 5 años representan el 36,6%, mientras que las de menos de 2 años representan el 13,2 %.
El coste mensual que conlleva el encarcelamiento de una persona en España es de 21.299 € al año (1.775 € mensuales), por lo que el coste de las penas de prisión derivadas de sentencias condenatorias por abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años sería de 78.699.805 €.
Valoración de las consecuencias de la violencia sexual: costes económicos
Las conclusiones de este informe advierten de que, en España, cada año las consecuencias de este tipo de agresiones tienen un coste económico de 1.275.670.086 euros. Esta altísima cifra es, en opinión de sus autores, la punta del iceberg, dado que únicamente se refiere a casos denunciados y a determinados costes derivados de casos no detectados (por ejemplo, atención psicológica a una niña que no lo ha contado), pero que se han cuantificado a partir de la prevalencia (porcentaje de la población general que ha sufrido violencia sexual durante su infancia y que los autores estiman en 17,29%).
Esto último supone, en palabras de los autores, “una novedad respecto a estudios anteriores, ya que la investigación ha llegado más lejos al sondear la parte oculta del iceberg de la violencia sexual”. Además de determinar la cifra de gasto anterior, se ha puesto valor económico a daños de difícil monetización, como la pérdida de productividad, la destrucción de riqueza, los daños emocionales de la víctima y su familia, etc.; estimándose determinados costes en los que no se incurre cuando no se detectan los casos, pero que son cuantificables y podrían haber reducido el daño si la detección hubiese sido temprana y la intervención, eficaz. Estos costes invisibilizados por daños mitigables se estiman en 3.178.203.081 €.
Tal y como afirman, este dato “no se había calculado antes y estaba completamente invisibilizado”. En total, sumando ambas cifras, la violencia sexual hacia la infancia tiene un elevado coste económico de 4.453.873.167 euros, es decir, el 0,31% del PIB. Esta cifra, “es el coste económico mínimo de lo que nos cuesta al año la violencia sexual contra la infancia”.
Considerando que en España la violencia sexual detectada continúa estando muy por debajo de la real, el documento pone de relieve la necesidad de seguir avanzando en una recogida de datos que sea sistemática y de calidad, así como a multiplicar los esfuerzos y los recursos en el ámbito de la prevención. En la misma línea, “el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de todas las personas es el mejor antídoto contra cualquier tipo de violencia y sus enormes costes”.
El documento finaliza con una serie de recomendaciones para abordar eficazmente el problema de la violencia sexual contra la infancia, entre ellas, aumentar el número de profesionales especializados en salud mental infanto-juvenil en el Sistema Nacional de Salud, para reducir las listas de espera, incrementando la frecuencia de las visitas cuando sea necesario, y en definitiva, garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual reciban la atención psicológica que necesiten en tiempo y forma.
Se puede acceder al informe completo desde la página Web de EDUCO o bien directamente aquí: