Ramón J. Vilalta Suárez

José Ramón Fernández Hermida

José Muñiz

Los psicólogos llevan batallando más de dos años con la Administración para que ésta reconozca su carácter sanitario. A la Administración se le unen a veces francotiradores ocasionales, por ejemplo el pasado 12 de febrero algunos psicólogos publicaron en este periódico una carta poniendo en duda que la psicología sea una profesión sanitaria. Esta postura de la Administración no es compartida por la gran mayoría de los psicólogos, ni por la sociedad en general, habiéndose pronunciado expresamente en contra todos los decanos de las facultades de Psicología españolas, el Colegio Oficial de Psicólogos y las asociaciones de estudiantes de Psicología. Merece la pena recordar aquí una vez más los argumentos que avalan la psicología como profesión sanitaria.

Lo que en síntesis viene a decir la Administración, y los firmantes de la citada carta, es que sólo los psicólogos que han seguido la vía formativa del PIR deben de ser considerados sanitarios, negando esta condición al resto de los profesionales de la psicología, que son la gran mayoría. Algo así como si alguien afirmase que sólo los médicos que han hecho el MIR pueden ser considerados personal sanitario. El endeble argumento utilizado es un eco de la posición del Gobierno actual y de ciertas organizaciones psiquiátricas empeñadas en negar el pan y la sal a los psicólogos, no se sabe muy bien por qué, o sí se sabe. Sin embargo, no se aborda el tema central de las reivindicaciones de los psicólogos: que el PSOE cumpla la promesa electoral que hizo en su día de reconocer la psicología como profesión sanitaria dentro de la ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). Es bien sencillo, lo prometido como oposición es deuda cuando se gobierna. Mediante la repetición machacona de los eslóganes ministeriales y la descalificación de las personas e instituciones que defienden la psicología como profesión sanitaria, los firmantes de la carta podrían llegar a confundir a algunas personas que no estén bien informadas de las razones de este conflicto. Son muchas, democráticas y representativas, las organizaciones que se han mostrado inequívocamente a favor de la psicología como profesión sanitaria, tales como la Organización Colegial, que agrupa a todos los Colegios de Psicólogos autonómicos de España; la Conferencia de Decanos de Psicología, que agrupa a todas las Facultades de Psicología españolas; las organizaciones estudiantiles de la Psicología, y muchas y diversas sociedades científicas y organizaciones sociales, entre las que se encuentran los sindicatos y todos los partidos políticos, incluido el PSOE cuando estaba en la oposición. Sorprende que los firmantes de la carta no hayan dado su opinión en los numerosos debates y reuniones monográficas sobre el asunto llevadas a cabo en los ámbitos más diversos de la psicología asturiana y española. Hubiese sido deseable escuchar, debatir y contrastar sus puntos de vista, así como los alternativos, mayoritarios entre los profesionales de la psicología y los estudiantes.

Hasta la aparición de la ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) en el año 2003, los licenciados en Psicología eran considerados de hecho profesionales sanitarios. No había mayores problemas, podían abrir una consulta e inscribirla en el registro sanitario, optar a una plaza asistencial en el sistema sanitario público donde no se exigiera el título de especialista y realizar funciones sanitarias en sus puestos de trabajo, sin más limitaciones que las que marcasen su mérito y capacidad y la deontología profesional. La LOPS y alguna legislación asociada, ahora en trámite de modificación, como el real decreto de Autorización de Centros (1277/2003), cambió bruscamente las reglas de juego, dejando a los licenciados en Psicología en una difícil situación laboral, y ahí radica todo el problema que nos ocupa. Una de las razones que los autores de la LOPS y los de la carta abierta aducen para perpetrar ese atraco a las competencias de los licenciados es que la Psicología es una profesión polivalente, no genuinamente sanitaria. ¿En qué se basan para decir esto? Como aducen las autoridades ministeriales, y repiten los autores de la carta, los psicólogos ejercen sus funciones en múltiples ámbitos (empresas, mundo deportivo, Justicia, Servicios Sociales, centros educativos, Universidad, etcétera) y resulta «obvio» (sic) que el desempeño profesional de los psicólogos en esos campos no es sanitario. Es chocante que un argumento tan débil sea el soporte de su postura. ¿Acaso no se dan cuenta de que siguiendo su razonamiento podríamos llegar a la absurda conclusión de que los médicos no son sanitarios, dado que también desempeñan su actividad profesional en las empresas, mundo deportivo, Justicia, centros educativos, etcétera? Como es natural, todos los profesionales sanitarios llevan a cabo en la práctica tareas sanitarias y no sanitarias, lo que define a cada profesión es su eje central y no las posibles variantes de su actividad ocasional.

La psicología es sanitaria porque mayoritariamente se dirige a estudiar e intervenir sobre el comportamiento humano con el fin de mejorar la salud de las personas, entendida ésta en un sentido amplio. La actividad profesional de los psicólogos, estén donde estén, se distingue por estar gobernada por esa intención o finalidad, sin que ello impida que pueda haber intervenciones psicológicas que no persigan ese objetivo. Buena prueba de que la actividad de los licenciados en Psicología es mayoritariamente sanitaria son, entre otros, los siguientes datos:

a) El Ministerio de Sanidad, en un informe de un grupo de expertos constituido para tratar las repercusiones sobre el ejercicio profesional de la LOPS y del real decreto de Autorización de Centros, reconoce que se ha creado un grave problema y que entre las competencias de los psicólogos están las que se encuentran dentro del ámbito de la salud. Ésa es la razón que mueve actualmente al Ministerio a modificar el real decreto de Centros que permitirá que los licenciados puedan abrir consulta con registro sanitario, después de que hayan pasado por una acreditación de sus estudios a cargo de las autoridades sanitarias correspondientes. Creemos que las soluciones que da el informe son insuficientes y erróneas, y constituyen una auténtica chapuza legal por muchas razones, pero pone en evidencia algo que antes se negaba: que los licenciados en Psicología deben poder ejercer en el ámbito sanitario. Los autores de la carta abierta no parecen tener noticia de este informe, pues aún siguen diciendo que no pasa nada, dando a entender que la legislación no ha creado ningún problema a la profesión. Llegan con retraso, ése era uno de los argumentos del Ministerio antes de las movilizaciones de estos dos años.

b) En múltiples estudios, más del 70% de los psicólogos ejercientes llevan a cabo su labor directamente en el campo clínico (hospitales, ambulatorios, consultas, etcétera). Eso sin contar que cuando no lo hacen, llevan a cabo igualmente una actividad sanitaria clara como se está reconociendo en la concesión de los títulos de especialista.

c) Es revelador que haya actualmente en torno a 14.000 solicitudes de título de especialista. Si tenemos en cuenta que nadie que haya empezado a ejercer después de 1998 puede acogerse a las disposiciones transitorias que dan acceso al título, eso quiere decir que una mayoría de los profesionales se consideran claramente sanitarios.

d) En las facultades de Psicología una gran mayoría de los alumnos se especializa en Psicología Clínica y de la Salud.

e) La mayoría de la población general y de los profesores y estudiantes de Psicología consideran que la profesión es sanitaria, según estudios de opinión recientemente publicados.

f) Las grandes organizaciones internacionales de la Psicología, como la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, y la Asociación de Psicología Americana apoyan que la psicología sea considerada una profesión sanitaria.

En suma, los psicólogos son sanitarios porque su actividad es mayoritariamente sanitaria, y porque así lo atestiguan las instituciones, los profesionales, los universitarios, los estudiantes de Psicología, y la propia sociedad que recibe sus servicios. No parece que sea una postura inteligente a estas alturas enfrentar a especialistas y generalistas como hacen los autores de la carta, cada cual tiene su sitio y sus funciones en la estructura sanitaria. La aplicación de los conocimientos psicológicos excede con mucho el campo sanitario de la salud mental, donde se

forman actualmente los psicólogos especialistas. ¿No limitará esa formación la posibilidad de que se abran otros campos como la psicooncología, la neuropsicología, la intervención psicológica en los cuidados paliativos, la psicogerontología, el tratamiento del dolor, etcétera, si sólo son los especialistas clínicos actuales los que pueden ejercer en el ámbito sanitario? ¿Quién abrió las puertas a la especialidad en Psicología Clínica sino el ejercicio profesional durante muchos años de los licenciados en Psicología en el ámbito de la salud mental? Un correcto abordaje del problema debe dirigirse a mejorar la formación de especialistas, hoy desvinculada de las facultades de Psicología, donde se hace la mayor parte de la investigación, o que los alumnos durante la licenciatura no reciban formación clínica y aplicada por profesores con vinculación profesional, por razones de incompatibilidad legal. Existen tantos campos de mejora en los que se necesita la colaboración y convergencia de todos lo profesionales que hacer una batallita entre clínicos y generalistas sólo se entiende como un sarpullido corporativista de corto alcance.

Ramón J. Vilalta Suárez es Presidente del Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias

José Ramón Fernández Hermida es Miembro de la junta directiva del Colegio Oficial de Psicólogos nacional

José Muñiz es Decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo