Las prácticas coercitivas en salud mental, tales como el aislamiento, la restricción física o la administración forzada de psicofármacos, son ineficaces, poco éticas, anti-terapéuticas y violan los derechos humanos. Así lo concluye una revisión de la literatura científica, publicada en la revista Epidemiology and Psychiatric Sciences.

Tal y como reflexionan los autores del artículo, a pesar de que socialmente se reconoce que se deben respetar los derechos humanos en salud mental “se presta poca atención dentro de las políticas y programas actuales en salud mental a reducir la coerción en la práctica clínica”. Asimismo, los autores critican la falta de estudios rigurosos dedicados a analizar los efectos de estas prácticas tan extendidas. Las investigaciones disponibles sugieren que provocan un efecto contrario al que se pretende, produciendo un impacto negativo en la salud y en el bienestar de las personas. En la mayoría de los casos, los pacientes describen estas experiencias en sí mismas como “traumáticas”, generando un intenso malestar y serias dificultades en su proceso de recuperación.

Según establecen los autores del artículo, existen otros métodos alternativos a este trato coercitivo que logran salvaguardar la seguridad del paciente sin atentar contra sus derechos humanos. Por ejemplo, los autores mencionan las prácticas clínicas en las que se involucra a los seres queridos del cliente y se establecen planes de acción junto con el cliente y en defensa de sus derechos humanos. No obstante, los autores insisten en la necesidad de que se produzca un cambio en el paradigma de atención en salud mental para que estos otros modelos de acción puedan llegar a implantarse y a extenderse a lo largo del mundo. Así, los autores sugieren que la psiquiatría en sí misma “debe redefinirse por completo hacia un tratamiento basado en la rehabilitación”, en oposición al enfoque vigente centrado en la protección de la seguridad pública frente al trato digno a las personas.

Teniendo en cuenta que las prácticas coercitivas son perjudiciales y generan un impacto negativo en los clientes, este dato supone un argumento suficientemente sólido para reducir el uso de estas prácticas en la atención de la salud mental. A su vez, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (UNCRPD) describe la legislación actual en salud mental como «fundamentalmente discriminatoria e inconsistente con los principios de los derechos humanos”. Por estos motivos, los autores del artículo solicitan a los profesionales de la salud mental un compromiso firme hacia este cambio.

Fuente:

Sashidharan, S. P., Mezzina, R., & Puras, D. (2019). Reducing coercion in mental healthcare. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 1-8