El pasado 13 de febrero de 2025, en el seno del Pleno de la Asamblea de Madrid, se abordó una Proposición No de Ley (PNL) para lograr que se considere delito realizar terapias de conversión sexual. Si bien la proposición no ha salido adelante, sí es relevante, por una parte, que este tipo de prácticas formen parte del debate político y, por otra, que todavía sea necesario hablar de los daños psicológicos que generan en quienes acceden a ellas.
Se le llama “terapias de conversión” a cualquier práctica que pretenda cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. En Europa ya han quedado restringidas estas intervenciones en países como Francia, Alemania, Bélgica, Noruega e Islandia. En España están prohibidas desde 2023, como infracción administrativa; de ahí que la PNL abogara por ir más allá y considerarla delito (que se incluya en el Código Penal).
Fuente: Pexels. Foto: Jan van der Wolf. Fecha: 21/02/25.
La evidencia científica considera ineficaces y dañinas las terapias de conversión sexual
Las terapias de conversión no solo son ineficaces para cambiar la orientación sexual o identidad de género, sino que, además, tienen consecuencias graves para el bienestar psicológico de las personas afectadas. Naciones Unidas considera las prácticas de conversión “inherentemente humillantes, degradantes y discriminatorias”. La homosexualidad no forma parte de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) desde 1990 y, en la nueva revisión (CIE-11), ya no figuran las personas transgénero en el capítulo de trastornos mentales y del comportamiento. La propia OMS aconseja a los Estados que inviertan esfuerzos en “terminar con las terapias de conversión y con otros procedimientos médicos coercitivos impuestos a las personas trans y de género diverso”.
La APA (American Psychological Association-La Asociación Americana de Psicología) considera todo intento de querer cambiar la identidad de género o la orientación sexual como un refuerzo del estigma y la discriminación que padecen los colectivos no heterosexuales ni cisgénero. Aparte del aislamiento social y la vergüenza hacia uno mismo o una misma, entre los efectos peligrosos de estas prácticas, la evidencia científica señala la ideación suicida e intentos de suicidio, síntomas de trastorno de estrés postraumático, ansiedad, síntomas depresivos, daños significativos a la autoestima, disfunción sexual. Esto nos da una idea de las consecuencias devastadoras que pueden imponer estas prácticas en la salud mental de una persona.
¿Es suficiente una sanción administrativa o de formar parte del Código Penal?: ese es el debate
Teniendo en cuenta la gravedad de los efectos adversos, el profundo daño que pueden generar en una persona, la pregunta que queda en el aire es si la ley vigente es disuasoria de que se perpetúen estas prácticas en la clandestinidad o si, por el contrario, no es suficiente para “terminar con las terapias de conversión” (como aconseja la OMS). ¿Puede una pena administrativa ser fácilmente sufragada por colectivos a favor de estas prácticas ilegales? ¿Cambiaría las cosas una pena de cárcel? ¿Ayuda el cambio de consideración legal a que las víctimas cuenten con mayores recursos para reparar el terrible daño que han sufrido?
Es cierto que resulta difícil saber cuántas prácticas de conversión se están llevando a cabo. Tal y como afirma en su informe Naciones Unidas, “el término terapia denota curación”, y conlleva que la terapia de conversión se basa en “la idea médicamente falsa de que personas LGTBIQ+ están enfermas”. Esta creencia, ya sea en la persona o en el entorno de la persona que accede a estas prácticas ilegales, indica que están motivadas por la vergüenza social y familiar. Y la vergüenza entraña el querer mantener el asunto oculto, por miedo a que una denuncia implique la oposición y exclusión familiar, del círculo social…
También cabe preguntarse qué ocurre cuando las prácticas de conversión sexual no se presentan de manera explícita (por ejemplo, como un servicio terapéutico, o unas intervenciones guiadas, etc.), sino que son prácticas informales que se basan en la continua presión social del entorno cercano.
Es evidente que, desde la salud mental, no puede obviarse el daño que supone a quiénes se ven sometidos o sometidas a cualquier práctica de este tipo. Que siga formando parte del debate social, que se hable y se reflexione sobre ello, que se recuerde cuál es la literatura científica al respecto es necesario para apoyar la toma de decisiones o posiciones informadas, que tengan en cuenta la realidad de las víctimas y sus necesidades y que, en último término, permitan amortiguar el grave impacto emocional.