Los trastornos de salud mental suponen una carga elevada y creciente para la salud pública y el bienestar socioeconómico, y la cobertura de los servicios e intervenciones esenciales de atención a la salud mental sigue siendo inadecuada en los países. Así lo advierte el Grupo de trabajo interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, en el informe que lleva por título Mental Health investmentent case: a guidance note. En dicho texto, elaborado en colaboración con la OMS y el PNUD, se proporciona una hoja de ruta para guiar a los gobiernos de todo el mundo a implementar o fortalecer las respuestas sanitarias frente a los problemas de salud mental en la actual situación de pandemia sanitaria.

Tal y como se informa en el documento, la inversión actual en la prevención y atención en salud mental es muy baja y, como consecuencia de esta escasa inversión en salud mental pública, existe una enorme brecha entre la necesidad de tratamiento y su disponibilidad.

“Esta brecha no sólo afecta a la salud y el bienestar de las personas con problemas de salud mental y sus familias, sino que tiene consecuencias inevitables para los empresarios y los gobiernos debido a la menor productividad en el trabajo, la reducción de las tasas de participación en el mercado laboral, la pérdida de ingresos fiscales y el aumento de las prestaciones sociales” añade el texto. Asimismo, esta falta de cobertura tiene las siguientes consecuencias negativas:

• La escasa concienciación, comprensión y conocimiento del público sobre las causas y efectos de tener una mejor o peor salud mental, lo que da lugar a la estigmatización y discriminación de las personas con problemas de salud mental.

• El desaprovechamiento de la oportunidad de reforzar y proteger las capacidades cognitivas, emocionales y sociales de las personas y el rendimiento escolar de los niños y adolescentes.

• Las bajas tasas de detección, diagnóstico, tratamiento y atención a las personas con problemas de salud mental.

• Los altos costes para las empresas y las economías nacionales debido a la menor productividad.

En contraposición, la inversión en recursos para la prevención y atención a la salud mental supone una serie de beneficios, tales como:

• La protección de los derechos humanos. Las personas con problemas de salud mental (y sus familias) suelen ser objeto de estigmatización, discriminación y victimización, por lo que el reconocimiento de estos procesos de victimización y la protección de estas personas a través de políticas y leyes bien formuladas y aplicadas adecuadamente, basadas en los derechos humanos, incluso en la prestación de servicios, evitan los abusos y protegen los derechos.
• La protección de la salud pública y la reducción de la carga económica. En esta línea, los problemas de salud mental constituyen la principal causa de años vividos con discapacidad en todo el mundo (más de una cuarta parte de toda la discapacidad) y representan el 10% de la carga mundial de la enfermedad (tanto de las muertes como de la discapacidad). El texto de la ONU advierte que, si no se abordan estos problemas de salud mental, la pérdida de producción económica aumentará significativamente con respecto a los niveles ya elevados, de forma que se ha estimado que el efecto global anual de los trastornos de salud mental comunes en términos de producción económica perdida es de 1 billón de dólares.
• La mejora de la relación entre coste y rentabilidad. A este respecto, el informe recuerda que existen medidas factibles, asequibles y rentables para prevenir y tratar los trastornos mentales.
• El acceso equitativo a la salud y la cobertura sanitaria universal. A este respecto, según se señala en el documento, la integración de la atención a la salud mental en la atención primaria financiada con fondos públicos es una estrategia adecuada y viable para mejorar el acceso.

El informe analiza las razones para invertir en salud mental y los riesgos que implica no contemplar esta línea de actuación, así como proporciona las claves para realizar una evaluación y selección de las mejores intervenciones en salud mental en relación con el análisis de sus costes-beneficios, a través de la metodología del análisis de retorno de la inversión (ROI), de cara a establecer prioridades en la inversión en programas de salud mental.

Aplicando este análisis, el informe ofrece los resultados de los efectos de diferentes intervenciones de salud mental en términos de incidencia, remisión, fatalidad, funcionamiento y adherencia, mostrando las ventajas de la inclusión de intervenciones psicológicas para el abordaje de una amplia variedad de problemas de salud mental y neurológicos, tales como depresión, psicosis, trastorno bipolar, epilepsia y abuso de alcohol (véase Tabla 1).

Más allá de estos datos, el documento de la ONU muestra otros ejemplos de aplicación de este análisis a diferentes programas, señalando que la actuación frente a los trastornos mentales debe realizarse no sólo desde los servicios sanitarios, sino también desde otros contextos como los centros educativos, los lugares de trabajo y las comunidades.

Puedes acceder al informe en el siguiente enlace:

Mental Health investmentent case: a guidance note