El pasado 14 de marzo, el Congreso de los Diputados acogió la Jornada La Ley de Familias es urgente, un encuentro organizado por el Grupo Parlamentario Podemos, a través del cual se puso de relieve la trascendencia de aprobar de una vez por todas y de forma urgente el Proyecto de Ley de Familias, que se encuentra, desde marzo de 2024, en período de ampliación de enmiendas para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Bajo la premisa de que «la familia es una institución esencial dentro de nuestra sociedad y una de las principales protagonistas de los cambios que ha vivido la ciudadanía a lo largo de las últimas décadas», la norma busca extender los apoyos, avanzando en el cumplimiento del artículo 39 de la Constitución española, que insta a los poderes públicos a garantizar la protección social, económica y jurídica de las familias.
A través de la Ley, aún pendiente de aprobación, se pretende asegurar el pleno reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familias y su protección, ya sea legal, económica, en términos de crianza y cuidado, de apoyo a través de servicios sociales, de salud y bienestar, de educación, cultura y ocio o con respecto a las tecnologías de la información.
La normativa parte de la diversidad de familias que hay actualmente y recuerda que las políticas públicas deben reconocer esta diversidad y garantizar que todas las familias son iguales en derechos y que cada una de ellas recibe un apoyo integral, fomentando que las niñas, niños y adolescentes se encuentren igualmente protegidos/as, «con independencia del tipo de familia en el que crezcan», tal y como establece la Convención sobre los Derechos del Niño.
Fuente: freepik. Foto: freepik. Fecha: 19/03/25
Dado lo anterior, el texto recoge una serie de medidas de apoyo a determinadas situaciones familiares, como las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica, familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, tales como, las familias numerosas, las familias monoparentales, familias donde haya personas con discapacidad o en situación de dependencia. También familias formadas por personas pertenecientes a los colectivos LGTBI, familias adoptivas o acogedoras y en las que se producen nacimientos, adopciones o acogimientos múltiples, familias en las que uno o ambos miembros de la pareja tienen hijas o hijos de uniones anteriores, familias residentes en el medio rural, familias procedentes de otro Estado o territorio, o en que alguno o algunos de sus integrantes residen fuera del territorio nacional, familias que proceden de entornos culturales o étnicos diferentes u otras situaciones que requieran medidas específicas.
Tal y como afirma el texto normativo, la ausencia de un sistema de prestaciones universales dirigidas a familias con niños, niñas y adolescentes similar al de otros Estados de la Unión Europea hace que en España las prestaciones monetarias tengan un efecto insuficiente en la reducción de la pobreza infantil y en la promoción de la igualdad de oportunidades. De hecho, la alta incidencia de riesgo de pobreza infantil es anómala con respecto al nivel de renta de nuestro país, recibiendo una menor protección que el resto de población.
La Ley de Familias busca el reconocimiento de la diversidad de familias garantizando sus derechos y un apoyo integral
Con la nueva norma se pretende paliar esta falta de protección, estableciendo medidas de protección económica a las familias, mediante la adaptación del sistema de Seguridad Social a la diversidad familiar, previendo que las familias con menores de tres años tengan derecho a una prestación económica de apoyo a la crianza, ya sea en forma de deducción fiscal con posibilidad de cobro anticipado o en forma de prestación complementaria específica en el ingreso mínimo vital. Destaca aquí la recomendación de la renta crianza, una prestación cuyo propósito sería que los niños y las niñas puedan tener un nivel de vida adecuado. Igualmente, se establece un marco estatal de «apoyo a los primeros 1.000 días», que se orientará a garantizar que todos los niños y niñas tengan condiciones mínimas de bienestar y calidad de vida durante sus primeros años de vida.
En este sentido, se incluyen disposiciones orientadas a promover un entorno saludable, seguro y accesible, el acceso a un sistema sanitario y educativo universal, de calidad e inclusivo, el acceso a una alimentación saludable y sostenible, el apoyo para el desarrollo de habilidades y competencias parentales y garantía del equilibrio de la vida profesional y privada para las personas adultas responsables de la crianza. El texto contempla también la prestación de recursos materiales, sociales, psicológicos y culturales, así como apoyo y asistencia sociosanitaria, psicológica y psicoeducativa, en función de diversas circunstancias.
Durante la Jornada se insistió en la necesidad de aprobar de forma urgente la Ley
Esta ley se alinea, además, con el deber de protección de las familias recogido en numerosos tratados internacionales y europeos. De aprobarse, serviría de marco de referencia para todas las políticas familiares en todo el Estado, en favor de una mayor coordinación y coherencia normativa, pero también del establecimiento de una protección mínima en todo el territorio español.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, durante la Jornada, sus ponentes lamentaron la falta de avances en la tramitación del Proyecto de Ley, manifestando lo siguiente:
- Se puso sobre la mesa la importancia de reflexionar sobre el modelo social actual y se subrayó la necesidad de reconocer la diversidad de familias existentes en España, garantizándolas los mismos derechos que tienen las familias «tradicionales» con padre y madre e hijos/as.
- En relación con el contexto actual, se expusieron diversos problemas como el aumento paulatino de la pobreza, especialmente en la infancia, y que genera una situación de desigualdad e impacta significativamente en la salud mental de niños, niñas y adolescentes, en su calidad de vida y en todos los ámbitos de su vida diaria (por ejemplo, en el rendimiento académico). Se expusieron datos del INE, alertando de que, «en un período de supuesto crecimiento económico, los menores son la única población que sigue aumentando en pobreza infantil, pasando del 28,9% al 29,2%, creciendo, a su vez, la brecha con respecto a la población total (índice de pobreza del 21%)»
- La conciliación familiar destacó como un tema clave que debe ponerse en la agenda política. A este respecto, se recordó que, si bien hay familias que pueden permitirse los cuidados de sus hijos e hijas, contando con una red de apoyo comunitario para ello, otras en cambio, no tienen ayuda de ningún tipo, lo que «produce sesgos en los cuidados». En la misma línea, se recordó el impacto que pueden tener las pantallas, especialmente, en aquellos casos en los que los/as menores se encuentran solos en el hogar y hacen uso de los dispositivos sin ningún tipo de control ni supervisión parental.
La conciliación familiar, un tema clave que debe ponerse en la agenda política
- Los ponentes subrayaron la importancia de una prestación por crianza, al ser «una de las grandes carencias en comparación con el resto de países europeos». A este respecto, insistieron en la importancia de que España transponga de una vez la Directiva de Conciliación Europea 2019/1158, que establece un mínimo de medidas desde la UE (entre ellas, permisos parentales remunerados), siendo el único país, junto con Irlanda y Bélgica que sigue incumpliendo la Directiva, aún a riesgo de infracción por parte de la Comisión Europea.
- De forma concreta, se consideró esencial reconocer la realidad de las familias monoparentales, encabezadas mayoritariamente (en más de un 80%) por mujeres (monomarentales). Los hogares monomarentales sufren una mayor situación de vulnerabilidad en comparación con el resto, suponiendo dificultades añadidas en relación con el mercado laboral, la conciliación entre la crianza y el trabajo.
- A la falta de tiempo y la mayor necesidad de apoyo de redes sociales y/o profesionales para poder conciliar en estos casos, se suma la discriminación por sexo que pueden sufrir las mujeres, sobre todo, cuando se añaden otras dificultades como la discapacidad (de un hijo/a o de la propia madre), la condición de familia numerosa, o las dificultades económicas (el riesgo de pobreza en hogares monomarentales es mayor que el riesgo medio en España, y especialmente alto en menores, que pueden llegar a sufrir una privación material severa).
- Algunas de las discriminaciones que se señalaron fueron los permisos por nacimiento para el cuidado del menor, dado que en familias monoparentales solo hay un progenitor encargado de los cuidados; una petición aquí fue la de contar con el mismo período de tiempo con el que se cuenta cuando son dos los progenitores, algo que todavía no está reconocido legislativamente. Otro obstáculo mencionado por las familias monoparentales es el acceso a becas comedor para colegios, en las que la firma de ambos progenitores es un requisito imprescindible en los formularios, sin incluir la casilla de «monoparental», por lo que, según afirmaron «las familias de un solo progenitor se quedan sin esas becas por no cumplir ese requisito».
- Para dicho colectivo, el Proyecto de Ley establecería un marco de protección para asegurar que no queden en situación de desventaja, reconociendo su derecho a contar con un título acreditativo de validez estatal, denominado título de familia monoparental, cuyo régimen jurídico se desarrolla en esta norma, junto con una acción protectora específica.
Desde el público se recordó la importancia de contar con psicólogos educativos en los centros de educación primaria y secundaria
La jornada finalizó con un turno de preguntas e intervenciones por parte del público. Destacó la intervención por parte de una madre que, además de señalar la importancia de aprobar la Ley de Familias, incidió en «hacer mucho hincapié» en el contexto educativo, concretamente, en colegios de educación primaria e institutos de educación secundaria, donde resaltó la trascendencia de contar con psicólogos/as que puedan ayudar a niños/as y adolescentes desde estos contextos. En este sentido, señaló algunos obstáculos para acceder a los servicios psicológicos desde el sistema sanitario, principalmente, las largas listas de espera y las dificultades para asumir el coste de las consultas psicológicas: «media hora son 50€, no todo el mundo se lo puede permitir».
En la misma línea, desde el público se preguntó nuevamente por la medida fundamental de incorporar psicólogos educativos en los centros escolares, de cara a brindar un apoyo eficaz a familias diversas y menores, y se invitó a todos los ponentes y asistentes a conocer y suscribirse al Manifiesto por la comunidad educativa, firmado por el Consejo General de la Psicología, junto con otras organizaciones del mundo educativo.
A este respecto, los intervinientes de la mesa de debate respondieron, en general, que eran partidarios de reforzar la ayuda profesional de las familias, mejorando también la inversión en educación y apostando por una mejor calidad educativo, incluyendo la asistencia psicológica en contextos educativos.
Se puede acceder al video completo de la Jornada a través del siguiente enlace: