La organización Mental Health Europe, junto con otras 20 asociaciones y organizaciones europeas -entre ellas, Alzheimer Europe, el Foro Europeo de la Discapacidad o Autism Europe-, han emitido una declaración a través de la cual instan a la nueva Comisión Europea a «ampliar sus ambiciones» en materia de cuidados de larga duración más allá de la escasez de personal, así como a implementar reformas sistémicas basadas en los Derechos.

Tal y como señalan sus firmantes, en diciembre de 2022, la Unión Europea dio un paso decisivo para abordar la crisis de los cuidados de larga duración (un problema crítico «que determinará la calidad de vida de una parte cada vez mayor de su población»), adoptando la Recomendación del Consejo de la UE sobre los cuidados de larga duración, donde se insta a los Estados miembros a mejorar la asequibilidad, la protección social, la accesibilidad y la calidad de los servicios de cuidados de larga duración para todas las personas que los necesiten.

Además, dicha Recomendación destaca la importancia de apoyar a los/as cuidadores/as informales, mejorar las condiciones laborales de los/as cuidadores/as profesionales, incluidos/as los/as cuidadores/as internos/as y los/as trabajadores/as domésticos/as, y abordar la escasez de personal en el ámbito de los cuidados de larga duración. Desde entonces, todos los Estados miembros han presentado informes nacionales sobre sus propuestas para la aplicación de la Recomendación en septiembre de 2024, demostrando así su continuo apoyo a los objetivos adoptados por el Consejo.

La declaración pide una atención basada en los derechos y centrada en la persona

Sin embargo, para las organizaciones firmantes de esta declaración conjunta, «los objetivos de la nueva Comisión Europea no reflejan plenamente esta ambición». Los cuidados de larga duración solo se mencionan desde la perspectiva de la escasez de personal: una dimensión crítica, »pero solo un aspecto de un problema mucho más complejo».

En este sentido, consideran crucial aumentar la disponibilidad y la asequibilidad de una atención de calidad, basada en los derechos, centrada en la persona, en particular, la atención domiciliaria y la atención comunitaria. La necesidad de atención y apoyo, afirman, «debe reconocerse firmemente como una responsabilidad social -más que privada-», ya que impacta a la sociedad en su conjunto e influye y se ve influida por factores como el género, el empleo, la exposición a riesgos para la salud física y mental, la pobreza y la exclusión social, y el medio ambiente.

Ante esto, piden que la prestación de cuidados de larga duración, a lo largo de la vida de una persona, se establezca como un pilar de la protección social en todos los Estados miembros.

A este respecto, recuerdan, los/as cuidadores/as informales (entre los cuales, millones son mujeres), deben ser identificados/as, reconocidos/as y apoyados/as en todos los Estados miembros para mitigar el impacto negativo de las responsabilidades de cuidado en su inclusión social, situación económica, salud y bienestar. Su trabajo no remunerado y subestimado impacta significativamente sobre su participación laboral, contribuyendo a la brecha de género, al acceso limitado a la protección social y a la reducción de los ingresos, lo que, consecuentemente, influye en la pobreza en la vejez.

Los firmantes recogen una serie de demandas clave para la nueva Comisión Europea

Teniendo en cuenta lo expuesto, los firmantes -como organizaciones de la sociedad civil y sindicatos que representan a las personas con discapacidad, a quienes reciben apoyo de los servicios de atención y a sus familias, a los cuidadores formales e informales, a las cooperativas y a los proveedores de servicios de atención y servicios para personas con discapacidad dentro de la economía social-, instan a la nueva Comisión Europea a que incorpore todas las ambiciones de la Estrategia Europea de Atención en su planificación para el mandato actual, recogiendo las siguientes demandas clave:

• Fortalecer y apoyar la promoción y prevención de la salud para reducir el aumento de las necesidades de cuidados.

• Ayudar a los Estados miembros a desarrollar servicios de atención a largo plazo basados ​​en derechos y centrados en la persona en todos los territorios.

• Fomentar el desarrollo de servicios de apoyo de alta calidad y medidas para los/as cuidadores/as informales (en su mayoría mujeres), adaptadas a sus necesidades. La legislación debe mejorar el derecho a la baja por cuidados y el acceso a la protección social. Se debe proporcionar apoyo cualitativo personalizado y la prestación de servicios de apoyo, como guarderías y servicios de respiro. Esto debería conducir a la mejora del bienestar de los cuidadores informales, su participación en el mercado laboral y a la reducción del impacto negativo del cuidado en los aspectos sociales y sanitarios.

• Apoyar a los proveedores de servicios de atención para que presten una atención de alta calidad, accesible y asequible, basada en derechos, al tiempo que les permite, a ellos y a los empleadores domésticos, contratar y retener a trabajadores cualificados.

• Revisar las Directivas sobre Contratación Pública para garantizar que el precio por sí solo no sea decisivo, sino que priorice el valor sobre el coste para promover realmente la calidad, las consideraciones sociales y ambientales.

• Investigar y prevenir las causas del abuso y la negligencia en los centros de atención a largo plazo.

• En línea con la misión del Vicepresidente Ejecutivo Mînzatu de abordar la escasez de mano de obra, mejorar las condiciones laborales de las personas cuidadoras mediante la promoción de salarios justos, el reconocimiento de competencias y el diálogo social en el sector asistencial, la mejora de la salud mental de los trabajadores y la plena inclusión de los grupos vulnerables, como los trabajadores domésticos y los trabajadores migrantes, promoviendo la protección contra la explotación laboral.

• Capacitación y reciclaje profesional del personal de atención a largo plazo para la prestación de servicios de atención centrados en la persona. Es necesario fortalecer iniciativas como la colaboración en el desarrollo de competencias en atención a largo plazo.

• Abordar el trabajo no declarado y la explotación en el sector asistencial mediante el fortalecimiento de la supervisión y el acceso a recursos, la promoción del empleo formal, incluyendo vías para la obtención de permisos de trabajo que promuevan el trabajo decente, y la garantía de una protección social adecuada.

• Combatir la especulación financiera en el sector asistencial para priorizar a las personas sobre los beneficios. Según advierten, en el sector de la atención a largo plazo, empresas con ánimo de lucro que se benefician de grandes inversiones y, a menudo, de financiación pública, reducen la calidad para obtener beneficios indebidos, dejando fuera a los proveedores de servicios que realmente se esfuerzan por brindar una atención centrada en la persona y de calidad. Estos incluyen proveedores públicos, proveedores de servicios de la economía social y cooperativas de atención.

• Animar a los Estados miembros a apoyar una atención de alta calidad reconociendo la importancia de los diferentes servicios de atención y apoyo, valorando el interés de las organizaciones sin ánimo de lucro viables junto con los proveedores con ánimo de lucro.

La coalición reitera su propuesta de establecer una Plataforma Europea de Cuidados de Larga Duración para supervisar los avances y garantizar la transparencia, con la participación de todas las partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil.

Con todo ello en mente, los firmantes manifiestan su disposición a apoyar a la nueva Comisión Europea en sus esfuerzos por satisfacer las necesidades de más de 30 millones de personas en Europa que requieren cuidados de larga duración por edad, discapacidad o enfermedad, así como las de sus empleados, proveedores de servicios y familias.

Se puede acceder a la declaración desde la página web de MHE o bien directamente aquí:

The new EU Commission must give space to its ambitions on long-term care