Así, por ejemplo, las Cortes y el Gobierno deciden sobre cómo deben estar configurados los estudios de Psicología, sobre el reconocimiento de la Psicología como profesión sanitaria, sobre la regulación del ejercicio privado de la profesión, y sobre la mayor o menor implicación de los psicólogos en la sanidad, la educación, la justicia, los servicios sociales, las empresas, las instituciones penitenciarias o los cuerpos de seguridad del Estado, por citar algunos ámbitos profesionales. La intervención de los profesionales de la Psicología resulta vital para mejorar la salud y la calidad de vida de numerosos ciudadanos, afrontando problemas como la violencia de género, la dependencia, el acoso laboral y escolar, la adicción al juego, los accidentes de tráfico y de trabajo, el fracaso escolar, las drogodependencias, la delincuencia, el cáncer, las cardiopatías, la depresión, la ansiedad, la anorexia o la bulimia, entre otros muchos.

Infocop Online remitió a los tres partidos de ámbito nacional una pequeña entrevista en la que se preguntaba por la opinión de cada partido sobre la situación de la Psicología desde la aprobación de la LOPS y se les facilitaba que dieran a conocer directamente sus propuestas. Sólo Gaspar Llamazares, de IU, ha respondido a esta publicación, y el texto de su entrevista se publicó en Infocop Online en fechas recientes. Ni el PP ni el PSOE han considerado importante dar a conocer a los casi cien mil colegiados y estudiantes de Psicología la postura que sus formaciones políticas adoptarán en un futuro cercano en caso de llegar al Gobierno. Este dato debería hacernos pensar sobre la calidad del sistema democrático de nuestro país.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos viene informando a los principales partidos de las medidas que estima más necesarias y, desgraciadamente, sus programas electorales apenas recogen referencias expresas acerca de medidas concretas referidas a la Psicología. Izquierda Unida habla genéricamente de incrementar los medios sanitarios para una atención integral a la salud mental y señala que se facilite atención psicológica a los menores que tengan que abandonar su hogar debido al rechazo de su homosexualidad o transexualidad. El PSOE sólo hace referencia a la atención psicológica en relación a las víctimas del terrorismo, y el PP propone que todos los partidos judiciales tengan oficinas de atención a víctimas, que se preste asistencia psicológica a las víctimas de accidentes de tráfico y que se agilicen «los procesos de acreditación y formación para los psicólogos«, sin concretar qué quieren decir exactamente con esta última propuesta. PNV y CiU no han incluido ninguna propuesta expresa referida a la asistencia psicológica en los programas electorales que han dado a conocer. ICV incluye bastantes propuestas referidas al acoso psicológico, pero no señala al psicólogo como el principal profesional que debe tratar sus consecuencias y ayudar a prevenirlo. ERC plantea que se incremente la plantilla de médicos forenses para que puedan hacer las valoraciones integrales de las agresiones físicas y psicológicas, omitiendo que sea el psicólogo el que deba valorar las agresiones psicológicas, aunque sí propone que se facilite asistencia psicológica a las personas transexuales. Por último, el BNG sólo hace referencia a que se debe facilitar asistencia psicológica a las víctimas de los accidentes de tráfico.