“Tener derecho a la autonomía corporal significa tener el poder y la capacidad de actuación necesarios para tomar decisiones sin temor a la violencia y sin que alguien decida por nosotros. Significa poder decidir si queremos tener relaciones sexuales, cuándo y con quién. Significa que las mujeres puedan decidir si quieren quedarse embarazadas y cuándo. Significa la libertad de acudir a un médico cuando sea necesario.”

Con esta introducción, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), presenta la guía titulada Mi cuerpo me pertenece: reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación, un documento a través del cual pone de relieve la trascendencia de la autonomía como derecho universal que debe respetarse, y revela numerosas lagunas en materia de autonomía corporal, muchas de ellas, agravadas como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Tal y como advierte la UNFPA en su informe, la vida de muchas personas, especialmente la de las mujeres y las niñas, está marcada por una carencia de integridad y autonomía corporales vinculada a la falta de capacidad para tomar decisiones.

Esta falta de integridad y autonomía se hace patente en la falta de opciones anticonceptivas que dan lugar a embarazos no deseados, cuando se llevan a cabo terribles negociaciones en las que se intercambian relaciones sexuales no deseadas por un hogar y comida, y cuando existen diversas violaciones de la integridad física, como la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil. Se observa también cuando las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diferentes no pueden caminar por la calle sin temor a ser víctimas de agresiones o humillaciones, y cuando las personas con discapacidad se ven privadas de su derecho a la autodeterminación, y de disfrutar de una vida sexual segura y satisfactoria.

De hecho, las niñas y las jóvenes con discapacidad son quienes tienen más probabilidades de sufrir violencia que cualquiera de sus iguales varones con discapacidad o que las niñas y las jóvenes sin discapacidad. Las niñas y los niños con discapacidad tienen casi tres veces más probabilidades de sufrir violencia sexual, y las niñas son las que corren el mayor riesgo.

Dado lo anterior, el informe advierte de que, aunque en numerosos países existen garantías constitucionales en materia de igualdad de género, en el plano mundial las mujeres tienen, en promedio, solo el 75% de los derechos jurídicos de los hombres.

Una de las causas subyacentes expuestas en el documento es la discriminación de género, “que refleja y sostiene los sistemas patriarcales de poder y da lugar a la desigualdad de género y el desempoderamiento”.

La UNFPA lamenta que ningún país del mundo puede afirmar que ha alcanzado plenamente la igualdad de género. Una meta cuya consecución conllevaría la erradicación de “la violencia contra las mujeres y las niñas, las brechas salariales o desigualdad en la distribución de los puestos directivos, cargas injustas de trabajo doméstico no remunerado, falta de servicios de salud reproductiva integrales y de calidad, y atentados contra la autonomía corporal”.

El documento recoge una serie de soluciones, poniendo de relieve en la importancia de eliminar la desigualdad de género y todas las formas de discriminación, así como la trasformación de las estructuras económicas y sociales que las mantienen, con el fin de alcanzar avances reales. En este propósito, recuerda que la “complacencia equivale a la complicidad”, e insta a actuar para luchar contra la discriminación, apelando específicamente a los hombres a apartarse de los patrones de privilegio y dominancia que “socavan profundamente la autonomía corporal”, adoptando formas de vida más justas y armoniosas que beneficien a todos.

Se puede acceder directamente al informe a través del siguiente enlace:

Mi cuerpo me pertenece: reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación