Redacción de Infocop
Una de cada ocho personas en todo el mundo (lo que equivale a 970 millones de personas) presenta un problema de salud mental, siendo los más comunes la ansiedad y los trastornos depresivos que, en 2020, aumentaron considerablemente debido a la pandemia de la COVID-19 (OMS, 2022). En España, concretamente, la salud mental se ha convertido en una de las principales preocupaciones en la sociedad (Salud Mental España, 2024), con el 34% de la población presentando algún problema de esta índole (según los últimos datos sobre el SNS del Ministerio de Sanidad, correspondientes a 2024).
La evidencia pone de relieve el impacto significativo que tiene en la vida diaria de las personas el vivir con problemas de salud mental, contribuyendo a peores resultados educativos, mayores tasas de desempleo y peor salud física, así como sus importantes consecuencias a nivel social y económico (OECD European Commission 2024).
En este sentido, la OMS y la OIT (2022) estiman que, anualmente, se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad, lo que supone un coste de un billón de dólares anuales en pérdida de productividad para la economía mundial.
Fuente: freepik. Foto: freepik. Fecha: 07/01/25
Tal y como señala la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), los costes asociados con los problemas de salud mental son sustanciales, estimándose en el 4,2% de PIB español. De hecho, tan sólo en los trastornos depresivos, el coste supera los 6.000 millones de euros, y las bajas laborales y discapacidad derivadas de estas problemáticas suponen el 60,5% (OECD/European Observatory on Health Systems and Policies, 2023; CES, 2024; OCU, 2024). De forma específica, se ha registrado un aumento de las bajas laborales por motivos de salud mental, contabilizándose en 2023, 468.093 bajas laborales por esta causa, con una duración media 2,5 veces superior a la calculada para el resto de motivos de baja laboral (UGT, 2024).
Sin embargo, a pesar de lo expuesto, los expertos advierten de que más de la mitad de las personas con problemas de salud mental que necesitan tratamiento no lo reciben y un porcentaje significativo no recibe el adecuado (Fábregas y col., 2018).
Precisamente, con respecto al tipo de atención recibida, el último Barómetro Sanitario 2024 realizado por el Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas, muestra que, en el último año, un 17,6% de las personas entrevistadas han consultado a un profesional sanitario por un problema de salud mental o por un malestar psicológico o emocional. De éstas, el 59% ha acudido inicialmente a la sanidad pública (el 35,5% a la privada), recibiendo finalmente la atención por estos problemas el 46,4% en la sanidad pública, el 46,6% en la Sanidad privada y un 2,1% en ambas. En el caso de las personas atendidas en la pública, el 41% recibió atención principalmente por parte de su médico de familia, el 32,9% por un/a especialista en psiquiatría y el 17,6% por un/a psicólogo/a (CIS, 2024).
Hay importantes inequidades en la accesibilidad a los tratamientos psicológicos, con largas listas de espera y elevados tiempos de demora entre sesiones
En la misma línea, se han venido señalando importantes inequidades en la accesibilidad a los tratamientos psicológicos, con largas listas de espera y tiempos de demora elevados entre una sesión y otra, siendo la media de espera para ser atendidos por los/as profesionales de la Psicología Clínica, de entre uno y tres meses (Defensor del Pueblo, 2020; CIVIO, 2021; Cuéllar-Flores et al., 2024; CSIF, 2024)
Las largas listas de espera para recibir atención especializada, unidas a la falta de psicólogos clínicos en la sanidad pública, conllevan que las consultas por problemas de salud mental sean, en muchos casos, atendidas en los servicios de Atención Primaria, siendo ‘la primera puerta a la que llaman’ más del 50% de las personas que buscan ayuda por problemas de esta índole (Salud Mental España, 2023; Benach et al., 2023; Mas et al., 2024; Moreno y col. 2024; Vandoni, M., D’Avanzo, B., & Barbato, 2024).
Los datos del Ministerio de Sanidad (2024) revelan que las personas con trastornos mentales y del comportamiento realizan alrededor de 1,5 veces más visitas al año a los centros de atención primaria que la población general, donde los problemas más frecuentes en las consultas son los trastornos de ansiedad (106,5 casos por cada 1.000 habitantes), seguidos de los trastornos del sueño y de los trastornos depresivos (81,6 y 47,8 por cada 1.000 habitantes, respectivamente), con una tendencia creciente en los últimos años. También aumentan este tipo de problemas en niños/as y adolescentes, con más consultas en atención primaria por trastornos de ansiedad, seguidos de las dificultades específicas del aprendizaje y los problemas hipercinéticos.
Los problemas de salud mental tienen un peso considerable en las consultas de AP, siendo atendidos, principalmente, por el médico de familia
De este modo, el acceso a los servicios de salud mental especializados se limita a la psicopatología moderada o grave, quedando el peso de los problemas de salud mental comunes en este primer nivel asistencial de la salud, donde son atendidos, principalmente, por el médico de familia (CIVIO, 2021; Moreno et al., 2024; OCU, 2024).
Esto supone una sobrecarga para los profesionales de atención primaria, que carecen de los recursos y el tiempo para brindar una atención que necesita un abordaje mucho más amplio del que pueden ofrecer. Así, ante un sistema de atención primaria saturado, la respuesta habitual suele ser la prescripción de psicofármacos, tendiéndose a sobremedicalizar los problemas de salud mental como forma de abordaje más rápido, pero menos eficiente y eficaz, al generar mayor gasto sanitario y aumentar el riesgo de cronificación (Salud Mental España, 2023; Benach et al., 2023; Moreno y col. 2024; OCU, 2024).
En este contexto, la OCU (2024) ha manifestado una especial preocupación ante el incremento en el consumo de benzodiacepinas, considerándolos medicamentos “problemáticos dado su escaso balance beneficio-riesgo”. Según una encuesta lanzada por esta Organización a finales de 2023 sobre el tipo de tratamiento recibido por problemas de salud mental, el 58% de las personas recibió apoyo psicológico, mientras que a un 68% se le prescribió medicación (antidepresivos en el 70% de los casos y ansiolíticos en algo más de la mitad) (OCU, 2024).
Se observa un crecimiento continuo en el consumo de antidepresivos y de hipnóticos y sedantes en España
La preocupación por el elevado consumo de este tipo de medicación viene avalada por los datos actuales, en los que se observa un crecimiento continuo a nivel nacional en el consumo de antidepresivos y de hipnóticos y sedantes, alcanzando en los primeros la cantidad de 98,8 dosis diarias por cada 1.000 habitantes (DHD) (con un máximo de 146,8 DHD y un consumo mínimo de 54,2 DHD) y en los segundos, un consumo de 35,2 dosis al día por cada 1.000 habitantes (con un máximo de 64,3 DHD y un mínimo de 19,1 DHD). De hecho, España se sitúa como el tercer país de la UE (por detrás de Portugal y Suecia) con mayor consumo de antidepresivos, situándose en quinta posición en cuanto a consumo de sustancias hipnóticas y sedantes (Ministerio de Sanidad, 2024).
Para evitar la sobremedicación, la OCU (2024) considera necesario promover la implementación de programas de ‘deprescripción de benzodiacepinas’ (medicamentos ansiolíticos e hipnóticos), tanto desde los servicios de atención primaria como en las oficinas de farmacia comunitaria, exigiendo, a su vez, los tratamientos más pertinentes, según la evidencia científica disponible, esto es, los tratamientos psicológicos, cuya eficacia está ampliamente demostrada (Cuéllar-Flores et al., 2024; OCU, 2024).
En esta misma línea, son muchas las voces que destacan la falta de medios y recursos apropiados en este primer nivel asistencial para brindar una atención psicológica eficaz (según el Ministerio de Sanidad (2024), sólo 419 psicólogos trabajan actualmente en AP), y lamentan el predominio del paradigma biomédico a la hora de atender las necesidades psicológicas, recordando que no se puede pretender que los médicos de familia posean el conocimiento y las habilidades correspondientes a otras profesiones sanitarias, como la Psicología Clínica (Benach et al., 2023; Elbin et al., 2024).
Hay un enorme desajuste entre la escasez de psicólogos clínicos y la alta demanda de consultas por problemas de salud mental en el SNS
Esta falta de profesionales de la Psicología Clínica viene siendo puesta de relieve en los últimos años, especialmente por el Consejo General de la Psicología (COP), que el pasado año 2023, ya informó al Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de esta situación y del enorme desajuste entre la escasez de especialistas en Psicología Clínica y la alta demanda de problemas de salud mental de la población que requieren atención psicológica en nuestro sistema sanitario.
Tal y como advierten diversas investigaciones, las ratios globales de Psicología Clínica en el Sistema Nacional de Salud se encuentran muy por debajo de las recomendadas y óptimas (Cuéllar-Flores et al., 2022, 2024; Fernández-García, 2021; Duro, 2022). A este respecto, se calcula que en España, el número total de Psicólogos Especialistas en Psicología clínica, más los ‘PESTOS’ que trabajan en el SNS (centros privados y concertados), podría estar en torno a 2.600-2.800, estimándose una media de cerca de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes (Duro, 2021; Benach et al., 2023; Cuéllar-Flores et al., 2024; CSIF, 2024), una cantidad bastante inferior a la media europea, que se cifraría en 12,19 psicólogos/as por cada 100.000 habitantes, si se tienen en cuenta los últimos datos de los países europeos de los que dispone la OMS (Vandoni et al., 2024).
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística indica que hay 40.417 psicólogos/as de la rama sanitaria colegiados en España, con una tasa de 83,17 por cada 1.000 habitantes. De forma específica, los datos proporcionados por los distintos Colegios de Psicología autonómicos, muestran que, de estos 40.417 psicólogos/as, 4.438 (aproximadamente un 11%) son psicólogos especialistas en Psicología Clínica, mientras que 35.979 (un 89%) son psicólogos generales sanitarios (INE, 2024).
A pesar del aumento gradual de psicólogos de la rama sanitaria que se colegian en nuestro país, los datos del INE evidencian de nuevo la baja cifra de estos y estas profesionales, especialmente, de psicólogos/as clínicos/as.
Se considera, por tanto, una medida imprescindible el aumentar la ratio de psicólogos/as clínicos/as para alcanzar los estándares recomendados, sugiriendo algunos expertos, una ratio mínima de 12 profesionales por 100.000 habitantes (Fernández-García, 2021; Duro, 2021; Cuéllar-Flores y col., 2022).
Este incremento de profesionales de la Psicología Clínica, debe venir de la mano también de un aumento en la oferta de plazas para Psicología en la Convocatoria para el acceso a la Formación Sanitaria Especializada, cuya exigüidad la convierte en la profesión con más ratio de solicitantes por plaza.
Para este año 2025, la oferta final de plazas es de 274 (253 plazas de titularidad pública y 21 pertenecientes a centros de titularidad privada, distribuidas por comunidades autónomas en los centros y unidades docentes, aumentando un 10,9% con respecto a la convocatoria anterior (27 plazas más).
A pesar de la tendencia ascendente en el número de plazas PIR, la oferta sigue siendo insuficiente
Si bien en esta edición se registran 113 solicitantes más en toda España, llama poderosamente la atención, la reducción progresiva que se viene detectando en los últimos cuatro años, con relación al número de psicólogos/as que aspiran a conseguir una plaza en el sistema público mediante esta oposición.
De igual modo, aunque Psicología parece ser junto con Física, la especialidad que presenta un mayor porcentaje de aumento de plazas, la ratio entre éstas y el número de aspirantes continúa siendo elevada (11,3 solicitantes por plaza), situándose en segundo lugar por detrás de Biología (18 aspirantes a plaza).
| Año de la convocatoria | N.º plazas ofertadas | N.º de solicitantes | Ratio solicitantes/plaza |
| 2024/2025 | 274 | 3.864 | 14,1 |
| 2023/2024 | 247 | 3.751 | 15,2 |
| 2022/2023 | 231 | 4.079 | 17,7 |
| 2021/2022 | 204 | 4.435 | 21,7 |
Tabla 2. Relación de solicitantes por plaza desde el año 2021
Aunque es una buena noticia la tendencia ascendente en la oferta de plazas de Psicología Clínica, esta oferta aún sigue siendo bastante escasa e insuficiente (especialmente, si se compara con Medicina, con 9.007 plazas convocadas), lo que se traducirá, a la larga, también en un insuficiente número de profesionales en el SNS, específicamente de psicólogos clínicos, perpetuando así esta situación de falta de especialistas en contraposición con la demanda, cada vez mayor, de personas que consultan por problemas de salud mental y solicitan servicios psicológicos. Algunos estudios realizados al respecto, sugieren que serían necesarias entre 400 y 600 plazas PIR anuales (Cuéllar Flores, 2022).
La inaccesibilidad a la salud mental por motivos económicos es, junto con las listas de espera, uno de los problemas más mencionados por los usuarios
Ante toda esta situación, la persona con problemas de salud mental solo puede esperar consumir psicofármacos recetados por su médico de cabecera, o bien recurrir a la sanidad privada, eso, si tiene medios económicos para hacer frente a su coste, que, de acuerdo con un análisis realizado por la Fundación CIVIO, oscilaría entre 50 € y 100 €, con un precio medio de 75€ por sesión, de modo que, “cobrando el salario mínimo de 1.108€ mensuales, habría que trabajar 9 horas y 41 min para poder pagarlo” (CIVIO, 2021).
Lamentablemente, muchas personas no pueden hacer frente al tratamiento psicológico privado, por lo que, con bastante frecuencia, estas problemáticas se quedan sin el correspondiente tratamiento (CIVIO, 2021; Salud Mental España, 2023; OCU, 2024). De hecho, la inaccesibilidad a la salud mental por motivos económicos es, junto con las listas de espera, uno de los problemas más mencionados por los usuarios, siendo nuestro país el segundo de la UE que declara este problema de accesibilidad (OECD/European Commission, 2023; Ministerio de Sanidad, 2024).
Como bien afirma la OMS (2023), la salud mental es un derecho humano básico, de modo que todas las personas, sin importar quiénes sean ni dónde estén, tienen derecho a gozar del grado más alto posible de salud mental, lo que incluye la protección de los riesgos para la salud mental; el derecho a una atención disponible, accesible, digna y de calidad; y el derecho a la libertad, la independencia y la integración en su entorno social. Por lo tanto, la salud mental es un derecho y no debería ser un privilegio solo para quienes puedan permitirse pagar un tratamiento.
La incorporación de psicólogos clínicos en atención primaria, una medida clave
Teniendo en cuenta que la salud mental es una de las áreas más débiles del sistema nacional de salud y que constituye aún una asignatura pendiente que requiere reformas importantes, es crucial, que, lejos de una mera declaración de intenciones, se lleven a cabo una serie de acciones clave, entre ellas, invertir y destinar recursos, así como ampliar el acceso a servicios de salud mental oportunos y de calidad, especialmente, desde los servicios de atención primaria (Cuéllar-Flores y col., 2022; CES, 2024; OECD European Commission 2024; OCU, 2024).
Con el fin de cubrir las necesidades actuales del SNS, numerosos expertos, entidades y organizaciones -entre ellas, el Consejo General de la Psicología, el Defensor del Pueblo o la OCU-, han venido resaltando en reiteradas ocasiones la trascendencia, no sólo de incrementar el número de plazas PIR y de Psicólogos clínicos en los servicios de atención especializada, sino también, de incorporar a estos y estas profesionales en los equipos de Atención Primaria, un cambio que, de implementarse, redundaría en una mejora de este primer nivel de atención, aliviando la importante carga asistencial que suponen los problemas de salud mental para el Sistema Sanitario.
Esta medida supondría un importante ahorro en términos de costes económicos y sociales, y facilitaría, entre otros aspectos, la detección precoz y la intervención temprana de los trastornos mentales, así como la reducción de la hiperfrecuentación y de los tiempos de espera para recibir el tratamiento adecuado, evitando, a su vez, complicaciones en la sintomatología del paciente y la consiguiente cronificación, y eliminando las barreras que impiden a todas las personas recibir una atención de calidad en salud mental (OCU, 2024; Elbin et al. 2024; Caspi et al., 2024; Moreno et al., 2024).
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