La importancia de crear nuevas especialidades en Psicología para dar respuesta a las demandas y necesidades actuales en salud mental
12 Nov 2020

No cabe duda de que, durante la última década, la Psicología ha cobrado una importancia cada vez mayor en nuestra sociedad (Comisión Europea, 2016), un reconocimiento que surge gradualmente, como resultado del incremento exponencial de los problemas de salud mental en los últimos años y una demanda creciente de atención psicológica para abordar este tipo de problemas (OMS, 2019; OCU, 2019; Defensor del Pueblo, 2020).

Sin embargo, podríamos decir que el mayor punto de inflexión en el rol conferido a la Psicología viene marcado con la incursión de la pandemia por coronavirus (Covid-19) a nivel mundial, una situación que ha causado un enorme impacto psicológico y social, y cuyos efectos en la salud mental están siendo sumamente preocupantes (Ozamiz-Etxebarria, Dosil-Santamaría, Picaza-Gorrotachegui, e Idoiaga Mondragón, 2020; OMS, 2020).

Autor: mentatdgt Fuente: pexels Fecha descarga: 10/11/2020

Aunque aún es difícil predecir con precisión (y por tanto estimar) las consecuencias psicológicas y emocionales del COVID-19 (Ozamiz-Etxebarria y col., 2020), la OMS ha puesto de relieve el papel clave que desempeña -y debe desempeñar- la Psicología, instando a estudiar las nuevas necesidades que están surgiendo en todos los sectores y a garantizar que el apoyo psicológico esté disponible como parte de los servicios esenciales (OMS, 2020).

A este respecto, en España concretamente, se ha ido detectando una mayor necesidad de atención psicológica especializada en diversos sectores, una petición que, hoy en día, no queda suficientemente cubierta, y que sumada a la incipiente demanda de servicios dotados de una mayor calidad y eficacia (Bombín y Caracuel, 2008), viene poniendo de manifiesto la relevancia de crear nuevas especialidades sanitarias de la Psicología en pro de la mejora de la calidad asistencial en el contexto actual (MSSSI, 2013).

Precisamente, en este sentido, el pasado mes de mayo, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social anunciaba, en Sesión de Control al Ejecutivo celebrada en el Congreso de los Diputados, la publicación -previsiblemente a finales de este año 2020-, del nuevo Real Decreto a través del cual se pretende regular la formación transversal en las especialidades en ciencias de la salud, las áreas de capacitación específica y el procedimiento de creación de títulos de especialista en ciencias de la salud.

La importancia y necesidad de una medida legislativa de esta índole, aún más patente en el contexto presente, ha sido puesta de relieve a lo largo de estos últimos años por numerosos expertos y organizaciones. Ya en 2013, el Libro Blanco de los Recursos Humanos de las Profesiones Sanitarias -elaborado por el Consejo Asesor de Sanidad en colaboración con numerosos expertos y representantes de las diferentes profesiones sanitarias (entre ellos, el Consejo General de la Psicología)-, recalcaba la pertinencia de incluir en el borrador del mencionado Real Decreto nuevas especialidades sanitarias de la Psicología, “tales como Especialista en Psicología Clínica Infanto-Juvenil, Especialista en Neuropsicología Clínica, entre otras muchas”, que compartiesen un tronco común de dos años junto con la actual Especialidad de Psicología Clínica. Asimismo, el texto subrayaba la relevancia del desarrollo pleno de las especialidades sanitarias, la troncalidad y la formación en su conjunto, junto con la investigación y la docencia, así como la potenciación del uso de las nuevas tecnologías entre los profesionales sanitarios, como bases firmes para una política adecuada a las necesidades del futuro de la sanidad española (MSSSI, 2013).

Si bien en Psicología el desarrollo de una especialización es un proceso que parece ser impuesto por la sociedad misma (Bombín y Caracuel, 2008), para comprender los retos a los que tiene que hacer frente la disciplina en aras de mejorar su calidad dentro de la Formación Sanitaria Especializada, no podemos sino establecer una analogía con la titulación de Medicina.

No es desconocido el intenso proceso de especialización que ha vivido la profesión médica a lo largo de estos años, y que ha supuesto la consecución de un elevado -y exponencial- número de especialidades en medicina, sin parangón en el resto de las profesiones universitarias, así como la exigencia de seguir un procedimiento reglado para adquirir la condición de especialista (MSSSI, 2013): según Asenjo (2018), hasta la aparición de la Ley de Especialidades Médicas de 20 de julio de 1955, era especialista quien así se autodenominaba. Tras el desarrollo de esta norma, y por medio de diversas medidas legislativas aprobadas a lo largo de los años, comenzó un sistema de internado y residencia y se adquirió el reconocimiento de las Comisiones Nacionales de las Especialidades. Con la promulgación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre [LOPS], las especialidades médicas pasaron a denominarse especialidades en ciencias de la salud y se introdujo el concepto de troncalidad; posteriormente, la aprobación Real decreto 183/2008, conllevó la clasificación de las especialidades en ciencias de la salud y se desarrolló el sistema de Formación Sanitaria Especializada (FSE). En este proceso se produjo una transformación de la práctica médica, partiendo de un sistema tradicional sin regulación y basado en la experiencia adquirida, hasta un sistema de formación de especialistas: el sistema MIR (Cantero-Santamaría, Alonso-Valle, Cadenas-González y Sevillano-Marcos, 2015).

El desarrollo y profunda transformación de la sanidad española, la creación y consolidación del sistema de formación MIR para la capacitación de facultativos especialistas y el proceso de reforma de la atención sanitaria a la salud mental, son señalados como los factores que posibilitaron que el colectivo profesional de la Psicología, con la importante contribución de sectores académicos, iniciara el proceso de construcción de la Psicología Clínica como especialidad sanitaria (Olabarría y Anxo García, 2011).

Desde entonces y hasta el momento presente, a diferencia de Medicina -que actualmente cuenta con 48 especialidades en FSE-, en Psicología tan solo existe una especialidad con reconocimiento oficial: la de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, reconocida desde octubre del 1993 a nivel autonómico y desde diciembre de 1998 a nivel estatal mediante el Real Decreto 2490/1998 (Jarné, Vilalta, Arch, Guardia y Pérez, 2012).

Igualmente, en contraposición con la titulación médica -que engloba el mayor número de plazas en la Convocatoria para el acceso a la FSE y una menor ratio de solicitantes por plaza-, la oferta de plazas en Psicología se mantiene escasa año tras año, por lo que la ratio de solicitantes por cada una de ellas continúa siendo la más elevada en comparación con el resto de las especialidades (ver: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7954).

Esta situación, se traduce a la larga en un insuficiente número de profesionales en el SNS, específicamente de psicólogos clínicos, y que contrasta a todas luces con las necesidades actuales que presenta nuestro Sistema Sanitario público, donde se han disparado las consultas relacionadas con motivos de malestar psicológico, especialmente, en los últimos meses, con la pandemia del Covid-19 (Salud Mental España, 2020).

A este respecto, son cada vez más las voces que señalan la trascendencia de incrementar la oferta de plazas (Defensor del Pueblo, 2020) y fortalecer el desarrollo del sistema de formación PIR (Escudero y col., 2005).

Con respecto a su programa formativo, la normativa actual pretende la formación de un especialista que cuente con competencias en casi cualquier campo de su futura actividad profesional, rotando, a lo largo del programa, por aproximadamente todos los servicios que son relevantes para el futuro especialista, con una extensión y amplitud que menoscaba la preparación intensiva en áreas específicas de la Psicología Clínica (Fernández-Hermida, Santolaya y Santolaya, 2017). Entre los inconvenientes detectados por algunos expertos en este sentido, se menciona la tendencia a formar en trastornos mentales severos en el contexto de red pública, y una menor incidencia formativa en los trastornos emocionales frecuentes y en las técnicas de abordaje de tipo psicoterapia interpersonal y otras especialidades clínicas como Neuropsicología o Psicooncología (Jarné y Pérez-González, 2020).

La actual coyuntura pone de manifiesto la relevancia de acometer un cambio, habida cuenta de la creciente complejidad de los ámbitos de actuación de la Psicología Clínica y de la Salud (Buela Casal, 2004), y una mayor necesidad de formación especializada en diversos campos tales como la Psicooncología, la Psicología Clínica Infanto-Juvenil, la Neuropsicología (MSSSI, 2013; Fernández-Hermida, Santolaya y Santolaya, 2017), e incluso la Psicología Forense, cuya principal actividad es el diagnóstico de problemas psicológicos y la evaluación de variables psicológicas con la finalidad judicial, pero siempre relacionado con la salud (Buela Casal, 2004).

Pero, ¿por qué estas especialidades concretamente? Varios son los motivos que llevan a plantear la regulación de las mismas y que resumimos a continuación:

  • En lo referente a la especialidad de Psicología Infanto-juvenil, algunos estudios señalan que más de un 20% de los y las menores de edad presentan durante la infancia algún problema de salud mental que requiere atención especializada (Paricio del Castillo y Pando Velasco, 2020); sin embargo, las necesidades actuales del Sistema Sanitario y las prestaciones establecidas por la Cartera de Servicios del sistema Nacional de Salud, hacen que los seis meses de rotación específica en los dispositivos de salud mental de niños y adolescentes del Programa Oficial de formación de especialistas en Psicología Clínica, sean totalmente insuficientes para garantizar una atención adecuada a este colectivo (BOCG, 2012).

Tal y como señalan Fernández Liria y Gómez Beneyto (2009) una de las mayores debilidades del Sistema Sanitario español es no disponer de un sistema oficial de formación de psiquiatras y psicólogos clínicos infantiles al no existir las especialidades de Psiquiatría y Psicología Clínica de niños y adolescentes, una situación que, de no solventarse, dificulta el poder llevar a cabo un plan de salud mental. Este pensamiento es compartido por el 97% de los Psicólogos Clínicos que trabajan en el ámbito infanto-juvenil, y que valorarían como bastante o muy importante la creación de la especialidad, de acuerdo con un estudio publicado en 2019 (Flores, Izquierdo y Padilla, 2019).

A diferencia de otros países europeos -como Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido o Suiza-, que cuentan con especializaciones en Psicología Clínica infanto-juvenil (si bien esta formación no es homogénea o equivalente) (Fernández Liria y Gómez Beneyto, 2009), España, junto con Bulgaria, son los dos únicos países de la Unión Europea sin las especialidades de Psicología de la Infancia y la Adolescencia ni de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, con el impacto negativo que esta situación tiene sobre la salud mental de los menores: malos diagnósticos y tratamientos inadecuados, que desembocan en niños y niñas con depresión, ansiedad y otros problemas añadidos (rechazo social, fracaso escolar, etc.) (Salud Mental España, 2020). Esto evidencia la necesidad de incrementar en nuestro país la visibilidad y reconocimiento de la Psicología Clínica Infanto-Juvenil, de cara a equiparar su desarrollo a los niveles observados en los países con un sistema sanitario avanzado (Fernández Liria y Gómez Beneyto, 2009), suponiendo un paso más en la mejora de la atención clínica de niños y adolescentes (Flores, Izquierdo y Padilla, 2019).

Este problema, así como la intención de darle solución, ya ha sido señalado por el Gobierno, manifestando, en respuesta por escrito a una cuestión planteada a la Mesa del Congreso de los Diputados, que cuenta con información documentada sobre la creación de ocho especialidades, entre ellas, la Psicología de la Infancia y de la Adolescencia y la Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia, dentro del proceso de elaboración de la normativa referida a las especialidades de nueva creación (BOCG, 2019).

  • Con respecto a la Neuropsicología, la Asociación Americana de Psicología la define como una especialidad dentro de la Psicología Clínica dedicada a comprender las relaciones entre el cerebro y la conducta, en particular, porque estas relaciones se pueden aplicar al diagnóstico de trastornos cerebrales, la evaluación del funcionamiento cognitivo y conductual y el diseño de un tratamiento eficaz (APA, 2008).

La Neuropsicología Clínica está reconocida como especialidad en muchos países (como EE.UU, Reino Unido, Canadá o Alemania) (Bombín y Caracuel, 2008) y su formación es tan compleja y exige tanta dedicación y tiempo que no puede ser contemplada -y de hecho no lo es-, ni en la formación del psicólogo especialista ni en la del psicólogo general sanitario. A pesar de ello, no existe en España el título oficial de neuropsicólogo/a (Jarné y Pérez-González, 2020).

No obstante, en nuestro país hay un consenso cada vez mayor en la importancia de reconocer oficialmente la Neuropsicología como una especialidad, en iguales condiciones con las especialidades médicas. Tal y como afirman Bombín y Caracuel (2008), su regulación oficial en España como especialidad sólo puede conllevar una mayor calidad asistencial y una mayor presencia en los recursos asistenciales, sin perjuicio para otras especialidades de la Psicología.

  • Por otro lado, durante las dos últimas décadas ha ido aumentando progresivamente el interés y la investigación centrada en los aspectos psicológicos y sociales asociados al cáncer, surgiendo la subespecialidad de la Psicooncología (Prat, 2003).

Es bien sabido que a lo largo del proceso que abarca desde la recepción de un diagnóstico de cáncer hasta el final de los tratamientos y durante el período de supervivencia, se genera un importante sufrimiento psicológico que, en la mitad de las personas que lo padecen, se traduce en una elevada prevalencia de síntomas de ansiedad, depresión y de malestar emocional, acompañándose de trastornos psicopatológicos en más del 30% de los casos (Hernández y Cruzado, 2013; Instituto Max Weber 2018; AECC, 2019).

Esto pone de manifiesto la necesidad de ofrecer atención psicológica especializada, que implique la puesta en marcha de procesos de evaluación psicológica y tratamientos específicos por parte de profesionales especialistas (Hernández y Cruzado, 2013; AECC, 2019), como base fundamental de una adecuada atención integral en cáncer (Galindo-Vázquez y Costas-Muñiz, 2019; Steven, Lange, Schulz y Bleich, 2019).

Sin embargo, a pesar de los efectos adversos del diagnóstico y el tratamiento sobre la salud mental y, aun cuando hay evidencia sobre el rol esencial de la figura del psicooncólogo dentro de los equipos multidisciplinares que abordan el cáncer y los beneficios de las intervenciones psicooncológicas en todo el proceso (Steven y col., 2019), la Asociación Española contra el Cáncer (2019) advierte de que el Sistema Sanitario Público no satisface las necesidades de atención psicológica de las personas afectadas por el cáncer ni de sus familias y/o cuidadores, una situación que se extiende a la mayoría de las Comunidades Autónomas españolas, en las que la atención que se brinda “no es especializada ni suficiente”.

En esta misma línea, los expertos lamentan la escasez de profesionales psicooncólogos dentro de nuestro SNS (Steven y col., 2019; AECC, 2019), una figura profesional que se percibe todavía como poco conocida y escasamente implantada, detectándose un cierto déficit de profesionalización y especialización en este tipo de atención (Instituto Max Weber, 2018), todo ello un contrasentido, cuya solución vendría con la creación de una especialidad en Psicooncología.

  • Por su parte, la Psicología Forense constituye por sí misma un ámbito especialmente significativo tanto por su delicada particularidad como por su desarrollo y por la propia demanda social (Cayuela, Jarné y Molina, 2005). La creciente petición por parte de los jueces, abogados y médicos, de acceder a un tipo de información que únicamente proviene de los peritajes psicológico-forenses, hace que, en la actualidad, sean cada vez más necesarios profesionales especializados en esa materia jurídica (Filipe y Santos, 2005). Así, aunque otros psicólogos especialistas pertenecientes a otras áreas de la Psicología aplicada (Clínica, Neuropsicología, Educativa, etc.) pueden actuar en la sala de justicia como peritos o expertos a requerimiento de los distintos operadores jurídicos, es el psicólogo forense, por su formación específica, el psicólogo especialista en la realización de valoraciones psico-legales (Muñoz y col., 2011). De hecho, diversas investigaciones ponen de manifiesto que los jueces solicitan de sus asesores en Psicología una formación especializada en Psicología Forense (Catalán et al., 2013).

En el caso de los psicólogos forenses adscritos a la Administración de justicia, numerosos expertos llevan tiempo reclamando el reconocimiento oficial del especialista psicólogo forense para no tener que refugiarse en otras áreas de intervención que no sean las exclusivamente jurídicas i/o forenses, solicitando que se implementen los instrumentos legales que permitan configurar la Psicología Forense como especialidad, con un estatuto orgánico propio (tal y como ya sucede con la Medicina Forense), así como la creación de procesos selectivos específicos para este perfil profesional y la acreditación de una formación especializada y propia para el ejercicio de sus funciones, que le aporte un profundo conocimiento de casos de los que extraer tanto criterios técnicos como éticos, para poder asumir correctamente el rol que se le demanda en sus intervenciones, tanto públicas como privadas (Adán y col., 2005; Cayuela, Jarné y Molina, 2005; Muñoz y col., 2011; DSCD, 2017).

Así pues, dado lo anterior, parece plausible que la creación de nuevas especialidades dentro del sistema sanitario conllevaría no sólo un incremento en la oferta de trabajo para psicólogos sino también un reconocimiento oficial a nivel profesional (Buela Casal, 2004), garantizando, a su vez, la calidad del Sistema Nacional de Salud.

Para analizar en detalle todo lo expuesto y comprender sus implicaciones, Infocop ha querido conocer la opinión de cuatro expertos cuya trayectoria profesional está vinculada con el campo de la Psicooncología, la Psicología Forense, la Neuropsicología y la Psicología Infanto-juvenil, respectivamente: Juan Antonio Cruzado, Mª José Catalán, Óscar Pino López y José Pedro Espada, a través de la entrevista conjunta que publicaremos en los próximos días.

Las referencias bibliográficas de este artículo se encuentran disponibles a través del siguiente enlace:

www.infocoponline.es/pdf/REFERENCIAS-90.pdf 

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