Las iniciativas clave del documento, se establecen en torno a tres temas fundamentales:
1. Los Derechos en la UE: las personas con discapacidad tienen el mismo derecho que los/as demás ciudadanos/as a trasladarse a otro país o a participar en la vida política. A este respecto, la Comisión Europea propondrá para finales de 2023 una Tarjeta Europea de Discapacidad para todos los países de la Unión Europea, que facilitará el reconocimiento mutuo de la condición de discapacidad entre los Estados miembros, y ayudará a las personas con discapacidad a disfrutar de su derecho a la libre circulación.
De igual modo, la Comisión colaborará estrechamente con los Estados miembros para garantizar la participación de las personas con discapacidad en el proceso electoral de ese mismo año.
2. Vida independiente y autonomía: las personas con discapacidad, tanto jóvenes como mayores, tienen el mismo derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad, en las mismas condiciones de igualdad que los demás, decidiendo sobre su lugar de residencia y con quién y cómo viven.
Tal y como indica la Estrategia, la vida independiente requiere un panorama diferenciado de servicios de calidad, accesibles, centrados en la persona y asequibles, basados en la comunidad y la familia, que integran asistencia personal, atención médica e intervenciones de trabajadores sociales, lo que facilita las actividades diarias y brinda opciones a las personas con discapacidades y sus familias.
Es fundamental que los servicios de apoyo generales sean inclusivos y accesibles para los niños y las niñas con discapacidad y las personas mayores, teniendo en cuenta, a su vez, el género y la cultura. Sin embargo, muchas personas con discapacidad, adultos y menores, están segregadas de la vida comunitaria y no tienen control sobre su vida diaria, concretamente, las que viven en instituciones. A juicio de la Comisión Europea, esto se debe principalmente a la insuficiente prestación de servicios comunitarios adecuados, vivienda y ayudas técnicas, así como a la limitada disponibilidad de apoyo para las familias y de asistencia personal, incluso en el ámbito de la salud mental. Esta situación es especialmente difícil en las zonas rurales y remotas. Además, todos estos desafíos que enfrentan las personas que viven en instituciones, se han visto intensificados por la pandemia del COVID-19.
Con el propósito de apoyar la vida independiente y la inclusión en la comunidad, la Comisión elaborará orientaciones y pondrá en marcha una iniciativa para mejorar los servicios sociales para las personas con discapacidad. En esta misma línea, insta a sus Estados Miembros a Implementar buenas prácticas de desinstitucionalización en el ámbito de la salud mental y con respecto a todas las personas con discapacidad, incluidos los y las menores, para fortalecer la transición de la atención institucional a los servicios de apoyo en la comunidad, así como a promover y asegurar la financiación de viviendas sociales accesibles e inclusivas para personas discapacitadas, incluidas las personas mayores con discapacidad, y abordar los desafíos de las personas sin hogar con discapacidad.
3. No discriminación e igualdad de oportunidades: de acuerdo con los datos que ofrece, el 52% de las personas con discapacidad se han sentido discriminadas y un 20,3% de los y las jóvenes con discapacidad abandonan los estudios de forma temprana frente a un 9,8% de jóvenes sin discapacidad. Asimismo, 4 veces más personas con discapacidad afirman que sus necesidades sanitarias están siendo desatendidas, que aquellas sin discapacidad.
Atendiendo a lo anterior, la Estrategia pretende proteger a las personas con discapacidad contra cualquier forma de discriminación y violencia. Su objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a la Justicia, la Educación, la Cultura, el Deporte y el Turismo. También debe garantizarse la igualdad de acceso a todos los servicios sanitarios y al empleo.
Tras la publicación de la Estrategia, organizaciones como Mental Health Europe (MHE) han manifestado su beneplácito ante el hecho de que se preste especial atención a los derechos de las personas con discapacidades psicológicas y sociales y a las personas con problemas de salud mental.
