La transexualidad consiste en una disociación entre el sexo genético, gonadal y fenotípico, y el sexo psicológico o identidad de género, siendo considerada todavía un trastorno mental y enfermedad, algo a lo que se oponen las organizaciones de transexuales y numerosos profesionales de la salud mental, entre los que se encuentran psicólogos y sociedades científicas de sexología. En cuanto a los datos epidemiológicos, según un estudio holandés, la prevalencia de la transexualidad es de 1 por cada 11.900 hombres y de 1 por cada 30.000 mujeres. Respecto a la razón de sexos, el estudio establece la prevalencia en 2,5 de hombre a mujer, por 1 de mujer a hombre.

La Asociación Española de Transexuales (AET) considera que este acuerdo político es insuficiente, y en un comunicado al que se puede acceder pinchando aquí, informan detalladamente de la evolución histórica de esta reivindicación y afirman que realmente se va a seguir sin prestar adecuadamente la atención que es necesaria.

El problema principal reside en que si la atención se presta en unos pocos centros, que están lejanos geográficamente de la mayoría de las personas transexuales, en la práctica va a ser inviable la atención, ya que resulta muy difícil que se pueda acudir periódicamente a los mismos por los costes económicos y de tiempo que supone. Consideran que «si bien las cirugías de reasignación de sexo, por su elevada complejidad, especialización y cualificación científico-técnica, requieren de la concentración de los recursos disponibles en unas pocas unidades de referencia estatal, el resto de los procedimientos previstos para atender el tratamiento clínico integral de reasignación de sexo (atención psicológica en la fase de diagnóstico de la transexualidad, controles endocrinológicos de las terapias hormonales sustitutivas, etc.) necesita, por su carácter periódico en el tiempo, de la cercanía y la proximidad geográfica para garantizar el adecuado seguimiento de cada paciente. ¿Por qué? Porque lo contrario sólo conduce al abandono voluntario del tratamiento médico reglado por parte del paciente (con los consiguientes riesgos derivados de la auto-administración de hormonas) e incentiva –indirectamente- la búsqueda de las intervenciones médico-quirúrgicas a través de los recursos ya disponibles en la sanidad privada«. Por esta razón han propuesto «que las primeras fases del proceso de reasignación de sexo (todas aquellas en las que no interviene la especialidad quirúrgica) fueran atendidas en unidades creadas a tal efecto en cada Comunidad Autónoma y, en consecuencia, la concentración de recursos económicos, técnicos y humanos propia de los centros, servicios o unidades de referencia se destinara, única y exclusivamente, a atender las intervenciones plástico-quirúrgicas propias del proceso de reasignación de sexo«.