La Organización Panamericana de la Salud (PAHO-Panamerican Health Organization) ha publicado un documento a través del cual presenta orientaciones para mejorar la aplicación de medidas de salud pública no farmacológicas durante la respuesta a la COVID-19, así como la adherencia a dichas medidas por parte de los grupos de población en situación de vulnerabilidad. La guía, desarrollada por un panel de expertos multidisciplinar de la OPS, está dirigida a los responsables de la toma de decisiones, a los equipos técnicos y a los ejecutores de políticas a nivel de los gobiernos centrales y locales (si bien las recomendaciones deben adaptarse al contexto de cada país, territorio y comunidad). Tal y como señala el documento, la pandemia de la COVID-19 ha evidenciado que la vulnerabilidad va más allá de las características individuales y biológicas y que está determinada por el contexto social, económico, y político. A este respecto, los trabajadores y las trabajadoras informales, los/as migrantes, las personas que viven en hacinamiento, entre otros, han resultado especialmente vulnerables durante la pandemia. |
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Considerando fundamental crear las condiciones adecuadas para garantizar el cumplimiento de las medidas de salud pública, la guía establece una serie de recomendaciones y estrategias para facilitar la adaptación de las medidas para su aplicación en las diferentes fases de la pandemia, desde una perspectiva intersectorial que aborda los determinantes sociales de la salud y la equidad. Según señala la guía, algunos de los obstáculos de las medidas de salud pública son los problemas de acceso y continuidad de la atención de salud -derivados de los períodos de cuarentena que han conllevado aislamiento social, y que han agravado especialmente la situación de las personas con trastorno mental-, y los riesgos psicosociales, observándose como el confinamiento domiciliario, el aislamiento físico, el miedo y la incertidumbre producidos por la pandemia causan estrés y tensión en los casos, sus contactos y sus familias. Subraya también el impacto de las restricciones de movimiento y la distancia física social sobre los niños y niñas, limitando su derecho al juego y al ocio con otros niños y niñas, con consecuencias importantes en su desarrollo psicosocial y a nivel colectivo, donde las condiciones psicosociales negativas podrían traducirse en una pérdida de la cohesión social, incrementándose aún más las conductas discriminatorias y de exclusión, principalmente a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Además, el cierre de escuelas se traduce en una falta de estimulación en los/as menores, así como en una reducción de oportunidades para obtener apoyo social para el bienestar mental. En la misma línea, advierte de que aquellos y aquellas que enfrentan privaciones extremas pueden sufrir estrés agudo, con menoscabo en su desarrollo cognitivo y en su salud mental a largo plazo. Entre las acciones propuestas en el informe destacan el garantizar el acceso a servicios de apoyo a la salud mental y psicosocial, así como la provisión de información y recomendaciones sobre el manejo del estrés y la salud mental, adecuadas a la realidad de las poblaciones (habilitando para ello, líneas telefónicas de emergencia, canales de comunicación masivos, redes de psicólogos comunitarios y a través de servicios de atención de salud telefónica y telemedicina), facilitar la continuidad de los programas escolares de apoyo psicosocial por medio de seguimiento telefónico o virtual y establecer estrategias para prevenir el ciberacoso, o mejorar el apoyo psicológico a quienes están en los centros de larga estancia. De acuerdo con la PAHO, la aplicación de políticas sociales inclusivas permitirá limitar los obstáculos y mitigar los efectos no deseados de las medidas de salud pública que afectan de manera desigual según las condiciones de vida y de trabajo de la población destinataria. Se puede acceder a la guía a través del siguiente enlace: |
La importancia de promover los Derechos Humanos en Salud Mental
Es clave impulsar el perfil de la Psicología en la atención socio-sanitaria a niños, niñas y adolescentes (ya que se aprecia una carencia evidente), así como proporcionarles una intervención temprana a través de programas psicológicos y sociales basados en la evidencia y otras intervenciones no farmacológicas fundamentadas en la comunidad, evitando la institucionalización y medicalización (…)