El Consejo General de la Psicología y el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales consideran esencial que se pueda regular y garantizar un sistema público de protección social, universal, eficiente, transparente y de calidad. La filosofía principal de esta normativa debería estar inspirada en el logro de una atención eficaz de los problemas de la ciudadanía.

En este sentido, ambas organizaciones solicitan que los profesionales de la Psicología y los educadores sociales queden garantizados en el nuevo modelo de Servicios Sociales que salga del anteproyecto de Ley de Condiciones Básicas para la Igualdad en el Acceso y Disfrute de los Servicios Sociales que prepara el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El Consejo General de la Psicología (COP) y el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) piden garantizar la intervención psicológica y socioeducativa en los Servicios Sociales y apostar por un modelo de Servicios Sociales más eficiente, universal y de calidad.

En una jornada celebrada, en la sede del COP, para hablar sobre el anteproyecto de ley en la que participaron el presidente del COP, Francisco Santolaya Ochando, la presidenta del CGCEES, Lourdes Menacho Vega, y Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad y Servicios Sociales del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ambas entidades presentaron un documento conjunto que recoge, entre sus puntos fundamentales, definir precisamente la profesión de la Psicología y de la Educación Social dentro de las profesiones de los Servicios Sociales.

Al respecto, y durante su exposición sobre este anteproyecto de ley aún en desarrollo, la directora general declaró que «los equipos básicos de los Servicios Sociales deberían estar conformados por trabajadores sociales, educadores y psicólogos», profesionales a los que la normativa exigirá, además, «la colegiación obligatoria», como garantía para los/as usuarios/as y pacientes.

La situación actual de los derechos sociales en nuestro país ha provocado un incremento notable de los casos de maltrato infantil; la persistencia de diferentes formas de violencia sexista; la situación de crisis, en el ámbito de la salud mental, acrecentada por las consecuencias de la pandemia y que ha provocado múltiples malestares psicológicos en la población; o los excesos en el precio del alquiler que hace que 2 de cada 3 personas que viven en alquiler está en riesgo de pobreza, exige un cambio en el modelo de atención de los Servicios Sociales.

Ese cambio pasa por la dotación de equipos que trabajen de manera interdisciplinar y que cuenten con las disciplinas de la Psicología y de la Educación Social.  

En ese sentido, y como se pone de manifiesto en el documento presentado, el COP y el CGCEES creen que la futura ley estatal de acceso y disfrute de los servicios sociales debería incorporar, entre otras, las siguientes consideraciones:

1. Definición clara de los equipos con una inequívoca especificación de las tres disciplinas que conformen la composición mínima, así como una explicitación de las funciones y la obligatoriedad de la figura de la dirección.

2. Una referencia clara a la universalidad del sistema, a la atención integral centrada en la persona en su contexto y al enfoque preventivo y comunitario, situando en el centro del Sistema de Servicios Sociales las prestaciones técnicas de carácter social, psicológico y socioeducativo.

3. Una concreción de las necesidades que van a ser objeto de atención por parte del Sistema Público de Servicios Sociales en la que se haga referencia de forma expresa a la atención psicológica y educativa como parte fundamental para el bienestar de las personas y a la garantía de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas.

4. Es necesario garantizar tanto la atención psicológica como la educativa y social en aquellas situaciones definidascomo de estrés vital y que pueden afectar a las personas en cualquier etapa a lo largo de su vida.

5. La incorporación de la atención psicológica y educativa en la atención domiciliaria.

6. En los casos de atenciones individuales o familiares en los que se considere necesario el establecimiento de una persona profesional de referencia, esta será determinada por el equipo, pudiendo ser cualquier componente de éste, dependiendo de las características del caso.

7. Erradicación del término “psicosocial” por ser un término difuso y poco pertinente a nivel técnico y científico, que provoca interpretaciones confusas. En la intervención social participan varias disciplinas. El término «social worker» incluye a todos y a todas los que trabajamos en la acción social.  

Las dos organizaciones confían en que estas y demás aportaciones realizadas al anteproyecto contribuyan a completar la norma y enriquecerla desde la visión conjunta de dos disciplinas muy importantes en la historia y el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales en España. Solo con unos servicios sociales que incluyan a los/las psicólogos/as y a los/las educadores/as sociales se podrá garantizar un sistema público de protección social, universal, eficiente, transparente y de calidad.