Sin embargo, esta creciente demanda no se ha visto acompañada de una respuesta eficaz por parte de las entidades sociales. Esta situación ha llevado a que cada vez estén más presionadas por sus donantes y por la sociedad en su conjunto para que, al igual que la Administración, rindan cuentas de su actuación. Por ello, es necesario introducir mecanismos para evaluar con objetividad e independencia estas organizaciones en el marco de su colaboración con la Administración para la prestación de servicios sociales, lo que, sin duda, exige desarrollar modelos que nos permitan valorarlas para facilitar la toma de decisiones y elaborar propuestas de cara a ofrecerles una asistencia técnica y formativa ajustada a sus necesidades.

Con este fin, se ha seguido la Teoría de la Evaluación desarrollada por Shadish, Cook y Leviton (1991). Su teoría nos parece apropiada puesto que obliga a los evaluadores a ser explícitos sobre las teorías y asunciones que ellos, de forma implícita, usan en su trabajo. En particular, en un trabajo de investigación publicado recientemente, tomamos como referencia la revisión posterior de Shadish (1994) que, siguiendo los argumentos de Scriven (1980), considera que la mejor evaluación debe ser aquella que responda a las necesidades a que se enfrenta. En concreto, estas necesidades se refieren a:

A su vez, los profesionales van a requerir conceptos prácticos que orienten las estrategias generales que deben adoptar para conducir una evaluación. Por lo tanto, la teoría de la práctica es un elemento central en la teoría de la evaluación, ya que ayuda a clarificar las prioridades del contexto y las negociaciones que se llevan a cabo para la toma de decisiones de la tarea evaluativa, dados unos recursos, un tiempo disponible y unas destrezas determinadas.

Todo esto nos sirve para ilustrar una serie de líneas prácticas que orientan la evaluación de las organizaciones sociales, considerando que la elección de las mejores estrategias y tácticas en el trabajo profesional del evaluador dependerá de los contextos específicos donde tiene lugar y, sobre todo, de los propósitos de evaluación que, siguiendo a Chelimsky (1997), constituyen: a) la rendición de cuentas o responsabilidad, b) la obtención de conocimiento acerca del evaluando y c) la evaluación para el desarrollo y aprendizaje. En función de estos propósitos, un plan de evaluación de las organizaciones sociales que colaboran con la Administración supondría:

De este modo, pueden plantearse diversas cuestiones de evaluación relacionadas con los procesos que tienen lugar en la prestación del servicio (tanto de la organización responsable del servicio como de la propia prestación del servicio) y los resultados (bien considerándose el efecto del apoyo gubernamental a estas organizaciones o bien los beneficios alcanzados por los beneficiarios más directos, los servicios que prestan tales entidades), siendo la negociación un medio necesario para articular y compatibilizar estas prioridades.

2. El establecimiento de los criterios de valor, respetando los principios que sustentan la colaboración de las organizaciones sociales desde un punto de vista prescriptivo. Entre tales criterios se podrían considerar los siguientes: pertinencia (adecuación de los resultados y objetivos de la organización al contexto en el que opera), capacidad institucional (capacidad de gestión de las instituciones receptoras de apoyo financiero), sostenibilidad (grado en que las organizaciones pueden continuar su acción una vez que se ha retirado la ayuda externa) eficacia (relación entre los resultados alcanzados y los objetivos previstos por la organización responsable del servicio); eficiencia (logros alcanzados en función de los recursos empleados), impacto (contribución de la organización en un contexto más amplio).

Hay que tener presente que estos criterios quedarán sujetos a la particular visión que cada uno de los implicados pueda tener acerca de ellos. Por ejemplo, para la Administración una organización será pertinente si su actuación responde a las necesidades sociales establecidas con criterios normativos, en cambio desde la perspectiva de los miembros de las organizaciones o incluso de sus beneficiarios lo será en la medida en que ofrece respuestas alternativas a las deficiencias que, bajo su punto de vista, muestra el Estado en la resolución de los problemas que les afectan de forma directa. Por esta razón, desde una aproximación descriptiva deben considerarse las múltiples percepciones de valor de los grupos implicados. De este modo, y de cara a la valoración y propuestas de mejora, éstos participarían en la designación de los criterios de valoración y en el análisis de los datos recogidos.

Al igual que ocurre con la selección de los criterios de valor, deben establecerse, además, las medidas de desempeño de forma que se recojan aquellos aspectos que son de mayor interés para los diversos grupos de implicados. Por lo general, éstas pueden quedar representadas, desde un marco lógico, en términos de contexto (aspectos históricos, políticos, jurídicos, económicos, etc.), insumos (función social de la organización, recursos, dispositivos de comunicación dentro de la organización y fuera de ella, diseño de las actuaciones, etc.), actividades (movilización de la comunidad, reestructuración de los servicios, etc.), productos (contabilidad financiera, servicios prestados, adherencia a estándares de calidad, etc.) y resultados (los cambios sobre los individuos, familias, organizaciones, instituciones o la comunidad). La recogida de información, siguiendo este modelo lógico, servirá para la interpretación y asignación de significado de tales medidas, de tal modo que medir insumos-actividades-productos puede ser indicativo de la capacidad de la organización para conseguir con mayor probabilidad resultados (Wholey y Newcomer, 1997).

3. La selección de los métodos y técnicas de recogida y análisis de la información en función criterios de valoración y medidas de desempeño especificadas. Así, por ejemplo, ante el interés por realizar un seguimiento del gasto público en la financiación de las entidades sociales colaboradoras, el evaluador puede optar por realizar un análisis comparativo de tales entidades en el contexto específico de la colaboración con la Administración Pública con la finalidad de explicar las fuentes de variación inter-organizacional en ese contexto. O bien, realizar estudios de casos para analizar con detenimiento una organización e identificar ciertas características y procesos sociales que ocurren dentro de ella, evaluando de forma constante sus fortalezas y debilidades. Sin embargo, ambas alternativas presentan limitaciones debidas, en el primer caso, a las dificultades para el establecimiento de dimensiones generales relevantes que hagan posible una explicación adecuada de la variabilidad entre las organizaciones, y, en el segundo, a la imposibilidad de establecer relaciones entre variables (Peiró, 1991). Quizás, por ello, la utilización de diferentes clases de métodos y técnicas de recogida de información pueden ayudar en la obtención y generación de conocimiento válido y fiable. Por ejemplo, la combinación de estudios de casos con métodos cuantitativos, permitiendo obtener un conocimiento comprehensivo a la vez que analítico (véase Datta, 1997).