Ayer, 1 de diciembre, se conmemoró el Día Mundial del sida, una fecha instaurada por la OMS, a través de la cual se pretende concienciar a la población sobre este problema de salud pública mundial y apoyar a las personas que viven con VIH/sida, poniendo de relieve, a su vez, la importancia de combatir la epidemia mediante la prevención, la mejora del acceso a tratamientos y la reducción del estigma.

Según los últimos datos de ONUSIDA, en 2023, se produjeron en todo el mundo 1,3 millones de nuevas infecciones por el VIH, el 44% de todas ellas se dieron en mujeres y niñas, señalando que, semanalmente durante ese año, 4.000 chicas adolescentes y mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contrajeron el VIH en todo el mundo; 630 mil personas fallecieron debido a enfermedades relacionadas con el sida y de las 39,9 millones de personas que ya convivían con el VIH, 38,6 millones eran adultos (15 años o más) y 1,4 millones, niños (hasta 14 años).  

En este año 2024, bajo el lema “Emprendamos la senda de los Derechos: Mi salud, mi derecho”, se pone de relieve la importancia de acabar con el sida como amenaza para la salud pública para 2030, siendo clave, para tal fin, proteger los Derechos Humanos de todas las personas que viven con el VIH o corren el riesgo de contraerlo, garantizando servicios de atención equitativos, accesibles y de alta calidad.

Fuente: freepik. Foto: freepik. Fecha: 29/11/24

Con motivo de este día, ONUSIDA ha publicado un nuevo informe a través del cual destaca la trascendencia de los Derechos Humanos para una respuesta al VIH sólida, centrada en la persona y sostenible, así como el papel esencial que éstos deben desempeñar si el mundo espera poner fin al sida como amenaza para la salud pública.

Tal y como indica en su documento, el acceso a los servicios de prevención y tratamiento del VIH está “inextricablemente vinculado a la defensa de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH o están afectadas por él”. Sin embargo, advierte de que la cobertura de los servicios de prevención entre las poblaciones con mayor riesgo de contraer el virus es demasiado baja: normalmente, menos del 50%. En, al menos, 28 países, el número de nuevas infecciones está aumentando, y una brecha cada vez mayor de recursos “pone en peligro los importantes avances logrados hasta la fecha en la respuesta mundial al VIH”.

A este respecto, para que los servicios de VIH lleguen a las personas necesitadas deben respetarse sus derechos humanos, eliminando las leyes discriminatorias y perjudiciales y abordando eficazmente el estigma, la discriminación y la violencia.

Cómo hacer frente a las violaciones de los derechos humanos que amenazan el acceso a servicios de VIH

La armonización total de la respuesta al VIH a nivel mundial, regional y nacional con los Derechos Humanos “no sólo es lo correcto, sino que también es esencial para poner fin al sida como amenaza para la salud pública”. La evidencia muestra que los países con marcos políticos que promueven, protegen y respetan los Derechos Humanos, tienden a lograr resultados notablemente mejores en materia de VIH que aquellos países con enfoques coercitivos y punitivos hacia el VIH y las poblaciones más afectadas por él.

Es fundamental que todos los actores relacionados con el VIH (personal sanitario, directores de programas, proveedores de servicios, investigadores, encargados de la formulación de políticas y comunidades) apliquen un enfoque basado en los derechos humanos a la prestación de servicios relacionados con el VIH, promoviendo la igualdad de género y el derecho universal a la salud, fomentando la equidad y la inclusión, y tomando medidas para abordar los factores sociales y estructurales que resultan de las violaciones de los derechos humanos en el contexto del VIH y que, a su vez, pueden dar lugar a ellas.

El derecho a la igualdad y a la no discriminación

El derecho a no ser objeto de discriminación y a disfrutar en condiciones de igualdad de los derechos humanos es un principio fundamental. Las personas suelen recibir un trato discriminativo por motivos de raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento, el estado de salud (incluido el VIH), la orientación sexual y la identidad de género, entre otros.

El estigma es la raíz de muchas violaciones de los derechos humanos, causando desatención y exclusión en el disfrute de los derechos humanos. El estigma y la discriminación están estrechamente entrelazados, se refuerzan y legitiman mutuamente: “puede conducir a la discriminación y utilizarse para justificarla”. Por ello, el informe apela a los Estados a abordar el estigma, en sus formas múltiples e interrelacionadas, como parte de sus obligaciones de proteger los derechos humanos, incluido, entre otros, el derecho a la salud.

¿Qué impacto tienen el estigma y la discriminación?

El estigma y la discriminación conllevan profundos costes emocionales, psicológicos, físicos y sociales para las personas que los experimentan. Junto con las leyes punitivas, dan lugar a importantes violaciones de los DD. HH., y socavan la respuesta al VIH en cada paso, reduciendo la capacidad de las personas para protegerse de contraer el virus.

Asimismo, el estigma y la discriminación reducen la eficacia y el impacto en la salud pública del tratamiento del VIH y el acceso a la prevención. En este sentido, la experiencia previa de discriminación o trato injusto al buscar atención sanitaria disminuye notablemente la probabilidad de que una persona busque atención en estos servicios en un futuro.

El temor a un trato discriminatorio o a la divulgación no autorizada del estado serológico son razones clave para que muchas personas no quieran hacerse la prueba del VIH o interrumpan la atención después de comenzar el tratamiento o para que muchas mujeres que viven con el VIH se desvinculen de la atención posparto.

Es urgente eliminar el estigma, la discriminación y la violencia relacionados con el VIH

Las personas con más probabilidades de sufrir discriminación en el acceso a los servicios de salud son, por lo general, las más vulnerables al VIH y las que más necesitan esos servicios. La experiencia del estigma y la discriminación relacionados con la enfermedad más allá del ámbito de la atención a la salud, puede generar aislamiento y exclusión social, violencia, sentimientos de vergüenza y otros abusos de los Derechos Humanos, lo que puede disuadir a quienes lo sufren de descubrir su estado serológico.

La probabilidad de sufrir los efectos nocivos del estigma y la discriminación es aún más alta en aquellas personas pertenecientes a poblaciones clave, tales como, las mujeres, las personas que viven en zonas rurales, los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los/as trabajadores/as sexuales, las personas que se inyectan drogas, las personas transgénero y las personas recluidas en prisiones y otros entornos institucionalizados cerrados.

El clima social y legal al que se enfrentan las personas de poblaciones clave y las mujeres en algunos países puede ser letal

Según alerta ONUSIDA, la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras sexuales y las personas pertenecientes a minorías sexuales y de género a la violencia y otras formas de abuso es especialmente pronunciada en entornos frágiles afectados por conflictos. Si bien los programas y políticas de protección social pueden ayudar a reducir las desigualdades asociadas con el estigma, la discriminación, la violencia y las leyes punitivas, muchas personas de poblaciones clave tienen dificultades para acceder a la protección social, especialmente en entornos donde las poblaciones clave están criminalizadas.

Los datos muestran que casi una de cada siete personas que viven con el VIH (13,0%) han experimentado estigma y discriminación por parte del personal de los centros de salud al acceder a los servicios de atención y tratamiento de la enfermedad, y casi el doble (24,9%) lo han sufrido también al intentar obtener servicios de salud no relacionados con el VIH.

Algunos estudios revelan que la discriminación, la coerción, el maltrato y el abuso que experimentan las mujeres que viven con VIH en los servicios de salud, incluidas las mujeres de poblaciones clave, tienen considerables efectos negativos inmediatos, a medio y largo plazo en su bienestar.

Entre las experiencias sufridas en estos contextos, aquellas mujeres que conviven con el VIH informan de falta de confidencialidad y atención consensuada; intervenciones médicas inapropiadas; comentarios e insultos estigmatizantes; y abuso verbal, emocional, físico y sexual, etc.

¿Qué medidas pueden ayudar a reducir el estigma y la discriminación relacionados con el VIH?

Hay un conjunto sustancial y creciente de evidencia sobre las medidas que son eficaces para mitigar el estigma relacionado con el VIH. Entre las medidas que han demostrado reducir el estigma y la discriminación relacionados con el VIH en los entornos de atención sanitaria se incluyen la integración de asistentes jurídicos en los centros de salud; la capacitación sobre Derechos Humanos y reducción del estigma para el personal de los centros de salud; los protocolos y directrices y los mecanismos de rendición de cuentas para la no discriminación, así como el apoyo entre pares y la asistencia psicológica y social para las personas que reciben estos servicios.

De hecho, el apoyo psicológico es esencial en todas las fases de la afección, desde el momento del diagnóstico y durante todo el proceso, contribuyendo a la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas con VIH/sida (más información aquí).

El VIH y las personas con discapacidad

Una de cada seis personas en todo el mundo (unos 1.300 millones de personas) tiene alguna discapacidad. Estas personas sufren numerosas desigualdades en materia de salud, incluso en relación con el VIH. Diversos estudios han descubierto que las personas con discapacidad pueden correr más riesgo de contraer el VIH, siendo este riesgo mayor para las mujeres con discapacidad.

Además, las personas con discapacidad que ya conviven con el VIH, enfrentan obstáculos para acceder a la atención médica. Los centros clínicos pueden no estar preparados para permitir el acceso o para abordar las necesidades de las personas con discapacidad. La capacidad inadecuada para abordar, por ejemplo, las necesidades de salud mental es una barrera para muchas personas con discapacidad.

Las actitudes y prácticas estigmatizadoras y discriminatorias dentro de los centros de servicios de atención médica impiden a estas personas acceder a una atención de buena calidad y centrada en la persona. Algunos trabajadores de la salud suelen infantilizarlas, dirigiéndose al cuidador/a en lugar de al/la cliente o no reconociendo su autonomía. Concretamente, las niñas y mujeres jóvenes con discapacidad a menudo enfrentan barreras abrumadoras en el acceso a los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el desempoderamiento y la esterilización forzada, así como actitudes, normas y comportamientos discriminatorios que las hacen invisibles. La violencia representa una fuente importante de vulnerabilidad para las personas con discapacidad que viven con VIH.

El derecho a la igualdad de género

El informe recuerda que, aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos prohíbe la discriminación por motivos de sexo, las desigualdades de género siguen siendo un factor clave del VIH. Entre las mujeres y niñas de 15 a 49 años que están casadas o en pareja, solo el 56% puede tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, con disparidades sustanciales entre diversos países y regiones.

Las mujeres y las niñas en toda su diversidad, incluidas las mujeres de poblaciones clave, se ven afectadas por la violencia de género. Este grave problema sigue siendo “una de las violaciones más atroces de múltiples derechos humanos”. Según el informe, la violencia de género incrementa la vulnerabilidad a la adquisición del VIH, reduce la aceptación de los servicios esenciales para tratarlo, y socava los resultados de dichos servicios: se ha descubierto que las mujeres que han sufrido violencia de pareja tienen un 9% menos de probabilidad de tener una carga viral suprimida, en comparación con aquellas que no han sufrido violencia.

Asimismo, impacta significativamente en los esfuerzos por poner fin al sida como amenaza para la salud pública. La violencia de género es generalizada en entornos de conflicto, frágiles y humanitarios, lo que exacerba aún más el riesgo de VIH y amenaza a la salud y el bienestar de quienes ya se ven gravemente afectadas por conflictos y crisis, incluidas las personas que viven con VIH.

Es prioritario proteger a los niños y las niñas

La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a todos los países a actuar en el interés superior del menor y a garantizar “la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar”, obligaciones que cobran especial importancia en el contexto del VIH. Los niños de 0 a 14 años que viven con el VIH tienen considerablemente menos probabilidades que los adultos de ser diagnosticados y, por lo tanto, de recibir tratamiento. Del total mundial de 1,4 millones de niños y niñas que viven con el VIH, alrededor del 43% no estaban recibiendo tratamiento en 2023, y los/as niños/as representaron el 12% de todas las muertes relacionadas con el sida, a pesar de que constituyen solo el 3% de las personas que viven con el VIH.

Políticas de drogas, Derechos Humanos y VIH

Se estima que 292 millones de personas consumen drogas cada año, siendo mayor esta probabilidad de consumo para los hombres que para las mujeres, pero aquellas que consumen drogas tienen menos probabilidades de acceder a servicios de tratamiento por consumo de sustancias. Los datos de 58 países indican que las mujeres que se inyectan drogas tienen un 20% más de probabilidades que los hombres de vivir con VIH. Para ONUSIDA, la ​​forma más humana, eficaz y sostenible de mitigar los daños asociados al consumo de drogas es mediante un enfoque basado en la salud pública y los Derechos Humanos, en lugar de la coerción y el encarcelamiento.

A este respecto, se ha demostrado que las leyes, políticas y prácticas de aplicación de la ley punitivas de control de drogas son uno de los mayores obstáculos para la atención de la salud en muchos países, haciendo que muchas personas no estén dispuestas a buscar servicios de prevención y fomentando prácticas inseguras. Estas políticas punitivas en materia de drogas tienen efectos desproporcionados en determinadas poblaciones, como los/as jóvenes, los afrodescendientes y los/as extranjeros/as.

Las violaciones de los Derechos Humanos contra las personas migrantes socavan los esfuerzos para poner fin al sida como amenaza para la salud pública

En 2024 hubo 281 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, con 117 millones de desplazamientos forzosos, debido a la persecución, los conflictos, la violencia, las violaciones de los Derechos Humanos o los acontecimientos que alteraron gravemente el orden público. La migración en sí no es una vulnerabilidad para la adquisición del VIH, pero puede poner a las personas en situaciones que aumentan su vulnerabilidad a contraerlo, incluida la violencia sexual y de género y la falta de acceso a los servicios.

Hay múltiples factores que contribuyen a esta vulnerabilidad al VIH entre las personas migrantes, incluida la interrupción de las redes sociales, las dificultades lingüísticas y culturales para obtener información esencial sobre la salud o el aumento de las conductas de riesgo, siendo un factor principal las violaciones de sus derechos humanos. A este respecto, ONUSIDA lamenta que “los llamamientos xenófobos populistas de las figuras políticas han empeorado el estigma y la hostilidad hacia las personas nacidas fuera del país donde viven actualmente”.

 El estigma contra los inmigrantes conduce a un mayor estrés y trastornos de salud mental entre ellos, que se vincula con peores resultados de los servicios de VIH. La ​​discriminación estructural puede conllevar violaciones significativas de los DD. HH. de los migrantes que viven con el VIH o están en riesgo de infección.

A pesar de ello, las estrategias nacionales contra el VIH, con frecuencia, no abordan las necesidades de los/as trabajadores/as migrantes que conviven con el virus, siendo especialmente pronunciadas las barreras para acceder a la atención sanitaria en el caso de aquellos/as cuyo estatus migratorio es indocumentado.

De forma específica, los hombres homosexuales migrantes y otros hombres que tienen sexo con hombres “representan uno de los muchos grupos de migrantes que enfrentan una mayor vulnerabilidad al VIH”. Dado el aumento del odio anti-LGBTQ+ en muchas partes del mundo, a menudo, huyen de la persecución, la violencia, el estigma y otras formas de abuso en sus comunidades de origen. Según el informe, esta población corre un alto riesgo de contraer el VIH después de llegar a su país de destino, y la probabilidad de que ello suceda, está fuertemente asociada con las desventajas sociales.

Debido al estigma generalizado del VIH y la homofobia en sus países de origen, muchos migran con escasos conocimientos sobre el VIH. La falta de conocimiento sobre su prevención, combinada con el estigma estructural hacia las personas inmigrantes y los hombres homosexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, está asociada con un aumento de las conductas sexuales de riesgo y una cobertura de servicios de VIH subóptima.

Las personas recluidas en centros penitenciarios y otros entornos cerrados y el VIH son una prioridad desatendida

Las personas que se encuentran recluidas en centros penitenciarios y en otros entornos institucionalizados tienen el mismo derecho humano fundamental de ser tratadas con respeto y dignidad, recibiendo el mismo nivel de servicios de atención médica disponible en la comunidad. Datos de 2023 muestran que, a nivel mundial, la prevalencia media del VIH entre las personas recluidas en prisiones y otros entornos cerrados (1,3 % en 70 países que informaron datos) es de, aproximadamente, el doble de la prevalencia estimada (0,7%) de la población mundial de adultos de 15 a 49 años.

De acuerdo con ONUSIDA, es fundamental un enfoque sólido basado en los derechos humanos para el VIH en los centros penitenciarios y otros entornos cerrados, para garantizar la salud y el bienestar de más del 4% de las personas en prisiones y otros entornos cerrados a nivel mundial que viven con el VIH.

Promoción de los derechos a la salud y la educación mediante la impartición de una educación sexual integral

El informe recuerda que “la educación sexual integral es un pilar de una educación sólida y un elemento fundamental de la prevención combinada del VIH”.

Es clave una educación sexual y reproductiva integral, basada en pruebas científicas y apropiada para cada edad, pertinente a los contextos culturales, para empoderar a la juventud a tomar decisiones saludables e informadas para protegerse del VIH.

Poner fin al sida como amenaza para la salud pública exige que se preste mucha más atención a la participación de los y las jóvenes, especialmente los jóvenes de las poblaciones clave, en los procesos de toma de decisiones y los programas que afectan sus vidas.

La educación sexual integral promueve además la igualdad de género al involucrar a los/as jóvenes en relación con la dinámica de género y poder, ayudando a transformar los roles de género y aumentando su capacidad para servir como agentes de cambio.

Disponibilidad de servicios de prevención del VIH accesibles, aceptables y de buena calidad

ONUSIDA deplora que muchas personas que necesitan servicios de prevención del VIH no pueden acceder a ellos debido a la falta de disponibilidad, lo que contraviene su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

A este respecto, manifiesta que, para alcanzar el máximo nivel posible de salud física y mental es necesario que las personas con alto riesgo de contraer el VIH tengan acceso significativo a herramientas y servicios de prevención aceptables, asequibles y eficaces basados en la evidencia.