“Aunque España se encuentra entre los países en los que la violencia contra las mujeres forma parte de los ámbitos de intervención de las políticas públicas, es evidente que las necesidades y los derechos de las víctimas de agresiones sexuales no se abordan de manera integral, ni se da cobertura de apoyo en todo el territorio nacional”.

Así lo advierte el Grupo Parlamentario Socialista en una Proposición No de Ley, presentada a la Mesa del Congreso de los Diputados el pasado mes de noviembre, con el fin de solventar esta situación, implementando para ello, diferentes medidas para conocer detalladamente la situación española y avanzar en el diseño legislativo de los derechos de las mujeres víctimas de agresiones sexuales y/o acoso sexual.

En su exposición de motivos, pone de relieve los resultados presentados por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), sobre encuestas relativas a las experiencias personales de las mujeres y diversas formas de violencia, que revelan el temor de la mitad de todas las mujeres de la UE (53%) a ser víctimas de agresiones físicas o sexuales, procurando evitar ciertos lugares o situaciones, en contraposición con el reducido número de hombres que actúan de este modo.

Por ende, los resultados de dicho trabajo estadístico indican también que, en la UE, el 18% de las mujeres ha sido objeto de acoso a partir de los quince años de edad, y un 5% lo habían experimentado en los doce meses previos a la encuesta.

En este punto, apela al Informe de la Subcomisión creada en el seno de la Comisión de Igualdad para un Pacto de Estado en materia de violencia de género (aprobado el pasado mes de julio de 2017), para recordar que la puesta en marcha de una estrategia para fomentar la denuncia, mejorar las respuestas a las mujeres como víctimas, y garantizar que haya suficientes recursos para ofrecer apoyo en este ámbito específico, es una de las cuestiones esenciales en el marco de los acuerdos alcanzados a través de dicho informe de la Subcomisión.

Tal y como indica el PSOE, la encuesta europea mencionada en párrafos anteriores, subraya la necesidad de que cada Estado miembro examine los patrones de las agresiones y abusos sexuales como un elemento de base para “desarrollar respuestas políticas basadas en pruebas”, y de conocer aspectos relacionados con la denuncia de estos abusos, y las razones para que las mujeres no lleguen a denunciarlos.

El Grupo Parlamentario considera fundamental –de cara a una atención especializada-, promover un mejor conocimiento del impacto de esta forma de violencia, y una mayor sensibilización social, que pueda fomentar la denuncia de este tipo de actos violentos.

Por ello, y ante la gravedad de este problema, ha presentado su Proposición No de Ley, por la cual insta al Gobierno a:

«1. Constituir de manera urgente la Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual en la que se incluyan todos los agentes implicados, administraciones y asociaciones especializadas como recoge el acuerdo 183 del Pacto contra la violencia.

2. Para avanzar en la coordinación de los agentes y servicios públicos que intervienen en la producción estadística, acordar con las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, las planillas de indicadores susceptibles de ser incorporados a la elaboración de un informe estatal anual que permita identificar perfiles y conocer la situación, evolución y tendencias, en materia de agresiones y/o abusos sexuales.

3. Hacer un mapa de victimización delictiva por violencia sexual.

4. Hacer un mapa recursos de atención a mujeres víctimas de violencia sexual e incorporarlo a las guías de recursos en materia de violencia de género.

5. Ampliar el número de campañas del ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad, para extender los contenidos e incorporar mensajes preventivos, de rechazo social y pautas de acción ante las agresiones sexuales.

6. Realizar, en colaboración con el CGPJ y organizaciones de juristas, una investigación sobre la respuesta de la administración de justicia ante los delitos relacionados con violaciones, acoso sexual en el trabajo y otras agresiones sexuales.

7. Acordar con el CGPJ la ampliación de la información judicial que ofrece el Observatorio del CGPJ en materia de violencia de género para que incorpore el número de denuncias, sentido de las sentencias, y otros indicadores de interés relacionados con la violencia sexual. Este informe ha de incluir datos para conocer la aplicación del catálogo general de los derechos procesales de las víctimas recogidos en la Ley 4/15 del Estatuto de la Víctima del Delito.

8. Incorporar al Plan Estadístico Nacional datos relacionados con la violencia sexual para poner a disposición de la sociedad los datos que reflejan esta realidad, reflejar el estado de la realidad, su pasado y sus tendencias futuras y que dichas informaciones sirvan para favorecer la toma de conciencia frente al problema y ayuden a las administraciones en la planificación de una respuesta, adecuada y adaptada.

9. Dar cumplimiento a los acuerdos del Pacto que reclama realizar estudios, sobre el alcance y tipología de la violencia sexual:

a) Planificar para la próxima macro encuesta la ampliación de las preguntas relacionadas con violencia sexual de cara a identificar la respuesta de las victimas frente a las agresiones, así como otras circunstancias que ayuden al diseño de la respuesta institucional de prevención de agresiones sexuales, incluyendo de manera expresa preguntas sobre acoso sexual en el trabajo.

b) Ampliar en la macro-encuesta la horquilla de edad para conocer si las personas agredidas fueron víctimas de abuso infantil.

c) Realizar a lo largo de 2018 investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre las usuarias de los servicios de Información Jurídica, Asistencia Legal y Atención Psicológica que tengan las diferentes administraciones para atender a mujeres víctimas de violencia sexual y/o abuso Sexual.

10. Incorporar un capítulo especifico en el boletín estadístico de la Delegación del Gobierno y el Informe anual del Observatorio Estatal de Violencia de Género relacionado con esta problemática».

La iniciativa, que ha quedado pendiente de debate en la para su debate en la Comisión de Igualdad, puede descargarse desde la página Web del Congreso, o bien directamente a través del siguiente enlace:

Proposición no de Ley relativa a implementar diferentes medidas para conocer detalladamente la situación española y avanzar en el diseño legislativo de los derechos de las mujeres víctimas de agresiones sexuales y/o acoso sexual