Redacción de Infocop
Actualmente, vivimos en sociedades cada vez más dinámicas y cambiantes donde las nuevas tecnologías presentan un uso prácticamente generalizado (OEDA, 2023a), formando parte, progresivamente, de la rutina diaria de niños, niñas y adolescentes (Ricci y col., 2022) y cambiando nuestra sociedad y el concepto de infancia (Roca 2015).
De acuerdo con la ONU (2023) en todo el mundo, un niño se conecta a Internet por primera vez cada medio segundo. Sus datos a nivel mundial muestran que los y las menores pasan ahora más tiempo que nunca conectados online: un 75% de los/as jóvenes de entre 15 y 24 años tienen conexión a internet, en comparación con el 65% del resto de la población mundial.
En España, concretamente, los últimos datos del INE (2023) muestran que el teléfono móvil está presente en el 99,5% de los hogares con, al menos, un miembro de 16 a 74 años. Se observa que el 93,1% de los y las menores de 10 a 15 años usa ordenador, el 94,7% navega por Internet y el 70,6% utiliza teléfono móvil. Desglosado por franjas de edad, destaca que un 23,3% de los menores de 10 años ya tiene móvil propio; el 45,7%, con 11 años; el 72,1%, con 12 años; el 88,2%, con 13 años; el 94,1%, con 14 años; y el 94,8%, con 15 años.
Fuente: freepik. Foto: freepik. Fecha: 04/06/23
Desde edades tempranas muchos menores hacen un uso intensivo del móvil y sin supervisión
Tal y como advierten Andrade y col. (2021), el uso del móvil y las Tecnologías para la Relación, la Información y la Comunicación está claramente generalizado entre los/as niños/as y adolescentes españoles desde edades tempranas, “en muchos de estos casos, se trata de un uso intensivo y sin supervisión”.
A este respecto, sus datos revelan que el 31,5% usa Internet más de 5 horas al día entre semana, el 58,4% duerme con el móvil o la Tablet en la habitación, conectándose el 21,6% de ellos/as a partir de las 12 de la noche (todos/casi todos los días), el 57,5% lleva el móvil a clase y un 6,7% lo utiliza durante las clases para fines no docentes (todos/casi todos los días). Asimismo, el 98,5% de las/los adolescentes está registrado en alguna red social y casi 2 de cada 3 cuenta con más de un perfil en una misma red social, que utilizan selectivamente para familia y conocidos o para el grupo de iguales. Esto implica que, con frecuencia, “los progenitores puedan llegar a tener una falsa sensación de control” (Andrade y col., 2021).
De hecho, en los últimos años, ha habido un aumento significativo en el uso de Internet entre los/as niños/as de 0 a 8 años, debido, en parte, porque se inician en el uso de dispositivos digitales a edades cada vez más tempranas (OECD, 2023).
WhatsApp, Instagram y TikTok son las plataformas más utilizadas por los/as adolescentes
Según se desprende de un informe sobre conectividad móvil en menores españoles/as, los niños y las niñas de 2 y 3 años de edad acceden de manera habitual a los dispositivos de sus padres, manejando varias aplicaciones, como juegos, aplicaciones para colorear y cadenas de televisión que ofrecen series infantiles. Algunos de estos niños y niñas, “ya recorren YouTube saltando de vídeo en vídeo, o repasan de una en una las fotografías que sus padres tienen en sus galerías de fotos”. Si bien esto podría constituir una oportunidad para la educación de los más pequeños, las consecuencias pueden ser graves si se produce sin la supervisión o atención de las madres y los padres (Cánovas y col., 2014).
Por su parte, el 72% de los y las adolescentes de 11 a 14 años acceden con un Smartphone a redes sociales; el 52% de ellos, reconoce que nunca pide permiso a sus padres para descargarse una aplicación y otro 29% sólo lo hace en ocasiones, cuando se trata de una app de pago, de modo que sólo un 19% de los/as menores de 11 a 14 años pide permiso a sus padres, que suelen desconocer las aplicaciones que se descargan sus hijos e hijas, así como y los permisos que conceden (Cánovas y col., 2014).
WhatsApp es el canal/red social utilizado por el 82% de los y las adolescentes, seguido de Instagram (por el 70%) y de TikTok (por el 52%) (Empantallados y GAD, 2021). Precisamente, son múltiples las voces que advierten del algoritmo de recomendación de esta última plataforma, cuya configuración genera adicción en los/as menores.
A mayor tiempo conectados en Internet, mayor es su exposición, tanto a las oportunidades y beneficios como a los posibles riesgos
Palabras como “binge watching”, “live tweeting” e “hiperconectado” son un reflejo de nuestro mundo, cada vez más virtual, y que impacta en la forma en que los niños y las niñas y los/as adolescentes crecen, aprenden, juegan e interactúan. De este modo, cuanto más tiempo pasan conectados en Internet, mayor es su exposición, tanto a las oportunidades y beneficios que conlleva, como a los posibles riesgos que entraña (OECD, 2023).
Entre los beneficios, diversos estudios destacan los siguientes: una mejora de la educación; una mayor oportunidad de aprendizaje y acceso a diversos materiales y fuentes de información; fomento del intercambio de información e ideas; una mejor expresión y potenciación del lado creativo; una mayor aceptación y socialización o estar más conectados con lo que sucede en la vida de sus amigos/as ((APA, 2023b; ONTSI, 2023; Muppalla y col., 2023; OECD, 2023).
En el espacio digital, el videojuego constituye uno de los pasatiempos más utilizados por niños/as y los adolescentes. Un consumo adecuado de algunos de estos juegos interactivos puede resultar muy beneficioso para los y las menores, contribuyendo al desarrollo y al aprendizaje, a la mejora de la capacidad resolutiva, a una mayor rapidez en los actos reflejos y a la estimulación de la lógica y la agudeza visual (Roca, 2015).
No obstante, pese al aporte, tanto a nivel social como emocional, que conlleva el uso de las nuevas tecnologías para los/as menores (les ayuda a socializar, son una fuente de diversión, apoyo, comprensión, bienestar emocional, etc.), la evidencia señala que el uso globalizado de la Red implica una serie de riesgos que no se pueden obviar (Andrade y col., 2021).
El uso globalizado de Internet en menores implica una serie de riesgos que no se pueden obviar
Los principales riesgos señalados abarcan desde el miedo a perderse algo en las redes (FOMO), hasta la exposición a determinados cánones estéticos; reducción de relaciones sociales; robo y difusión de información personal; acceso a información errónea (fake news); contacto con extraños; exposición a imágenes y contenido sexual explícito; exposición a contenidos de odio y/o violencia; ciberacoso; acoso sexual; grooming; chantaje y sextorsión; mensajes que incitan a autolesionarse e incluso a cometer suicidio, etc. (Andrade y col., 2021; ONTSI; 2023; Muppalla y col., 2023; OECD, 2023; UNICEF, 2023; ONU, 2023; Li y col., 2023). Según el último Informe de Seguridad Online de Microsoft, el 74% de los y las adolescentes reconoce haber experimentado alguno de estos riesgos en Internet.
Concretamente, las cifras relativas al acoso escolar continúan siendo preocupantes: 1 de cada 3 adolescentes podría estar siendo víctima de acoso escolar y 2 de cada 10 adolescentes podría estar siendo víctima de ciberacoso. Estas graves conductas se relacionan con otras conductas de riesgo online, como el sexting o el contacto con desconocidos, lo que evidencia la necesidad de mejorar la labor de prevención y priorizar la lucha contra el acoso escolar y el ciberacoso (Andrade y col., 2021).
El uso problemático de redes sociales en niños, niñas y adolescentes se relaciona con múltiples consecuencias negativas
No se puede dejar de mencionar aquí el rol de los medios y la difusión de publicidad, estando los niños, niñas y adolescentes más expuestos a publicidad de todo tipo, principalmente, relacionada con los juegos de azar y de apuestas (Megías, 2020; Lloret Irles y col., 2020), con el uso y consumo de tabaco y nuevos productos de tabaco emergentes (Azagba y col., 2024), con el consumo de alcohol y de bebidas energéticas (Prieto-Ursúa y col., 2020; OEDA, 2023b), con estereotipos de imagen corporal y cánones de belleza (Aparicio-Martínez y col., 2017), con prácticas negativas relacionadas con la alimentación, autolesiones e ideación suicida (CCDH, 2022), con peligrosos desafíos virales (APA, 2023), con material pornográfico (Ballester y col., 2019), etc.
De acuerdo con la literatura, el uso problemático de redes sociales en niños, niñas y adolescentes, se relaciona con una serie de consecuencias negativas, tales como: bajo rendimiento académico; menor capacidad de concentración; dificultades en el desarrollo del lenguaje; problemas de sueño; problemas relacionados con la alimentación; insatisfacción con la imagen corporal; problemas de conducta; menores niveles de autoestima; mayores niveles de depresión; ansiedad; sensación de soledad y problemas de salud mental en general e incluso ideación suicida (Ricci y col., 2022; Muppalla y col., 2022; ONTSI, 2023; APA, 2023a).
Algunos estudios han encontrado también relación entre el uso frecuente de redes sociales entre los 10 y los 19 años, con un mayor consumo de alcohol, de drogas y de tabaco, con conductas sexuales de riesgo, con conducta antisocial, con múltiples conductas de riesgo y juegos de azar (Purba y col., 2023).
Por su parte, los últimos datos del OEDA (2023) sobre adicciones comportamentales y otros trastornos adictivos son bastantes preocupantes, revelando que la edad media de juego online es de 14,7 años, siendo la prevalencia de este tipo de juego entre los y las estudiantes, muy superior a la del juego presencial, llegando a gastar, en el último año, el 28,8% de los estudiantes, más de 30 euros en un solo día. Este tipo de juego, además, presenta mayor riesgo de juego problemático para el 23,5%.
Es importante recordar que, aunque los niños y las niñas de hoy en día han nacido en la era digital y el acceso a Internet está prácticamente generalizado entre ellos/as, eso no significa que sepan hacer un buen uso de todo lo digital de forma efectiva y sin exponerse a riesgos, siendo importante aquí el papel que pueden desempeñar padres y educadores al facilitarles una incorporación positiva de la tecnología y el buen uso de la misma (Roca 2015; Casado y col, 2018).
Es clave el papel de las familias, los centros educativos y los profesionales de la salud para empoderar a los/as menores en el mundo digital
Sin embargo, a pesar de todo lo expuesto, una reciente encuesta revela que el 24,5% de los padres y madres españoles afirma no haber hablado nunca con sus hijos/as sobre los peligros y riesgos de Internet y que, tan solo un 36% de los y las menores, ha recibido formación sobre ciberseguridad en sus centros educativos (Kapersky, 2023).
Destaca en la actualidad el escaso nivel de supervisión que parecen ejercer madres y padres, “no del todo conscientes de su papel como modelo en el uso de las pantallas, de la necesidad de acompañamiento y de establecer una buena higiene digital en el hogar”: sólo el 29,1% de las familias ponen a sus hijos/as adolescentes algún tipo de normas o límites sobre el uso de Internet y/o las pantallas; sólo el 23,9% limitan las horas de uso y el 13,2% los contenidos a los que pueden acceder (Andrade y col., 2021)
Los expertos consideran que impedir el uso de Internet a los y las menores es una medida utópica desde que la sociedad hace uso de las tecnologías, por lo que subrayan la importancia de que tanto las familias, como los centros educativos y los profesionales de la salud comprendan y conozcan los riesgos potenciales de su uso excesivo e implementen estrategias para empoderarlos en el mundo digital y promover su desarrollo saludable, incluidas actividades alternativas, que estimulen las habilidades cognitivas, lingüísticas y socioemocionales (Roca, 2015; Ricci y col., 2022; Muppalla y col., 2023; OECD, 2023).
A lo largo de este año, se ha generado un amplio debate en torno a la conveniencia o no de restringir el uso de móviles en niños/as menores
Asimismo, dada la asociación entre la salud mental con el uso precoz y no tutelado de la tecnología y la falta de regulación de las redes sociales así como la presión social que ejercen, ponen de relieve la necesidad de tomar precauciones en los sectores académico, gubernamental, sanitario y educativo, antes de que se comprendan plenamente los riesgos del uso de las redes sociales por parte de los adolescentes (Purba y col., 2023; APA, 2023a).
En este contexto, se ha hecho más que patente la creciente preocupación por los riesgos potenciales del uso de Internet, los medios digitales y las redes sociales (OEDA, 2023a), desembocando, a lo largo de este año, en un amplio debate en torno a la conveniencia de restringir el uso de móviles en niños y niñas menores, que se ha extendido a diversas comunidades autónomas y ha trascendido a diferentes sectores sociales, educativos e incluso sanitarios.
Por un lado, se han llevado a cabo iniciativas, como la recogida de firmas a través de la plataforma Change.org, para prohibir por Ley el uso de móviles a menores de 16 años, que culminó con el registro en el Congreso de más de 63.000 firmas solicitando esta medida.
Con relación a ello, la Asociación Española de Pediatría (2023) ha publicado una serie de consideraciones, recordando que “los estudios científicos no han demostrado, por el momento, que las prohibiciones indiscriminadas en el uso de los dispositivos móviles supongan un beneficio para la salud de los niños y adolescentes”, y abogando por “aprender a hacer un uso saludable de los dispositivos digitales a cualquier edad”, de modo que, para proteger a los/as menores de los potenciales riesgos, destaca la trascendencia de una acción colectiva y consensuada entre familias, centros escolares, las instituciones encargadas de la protección a la infancia, las empresas tecnológicas y la sociedad en general, siendo preciso brindarles educación y formación, “basada en la evidencia científica más actualizada”. Una postura avalada también por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
De forma específica, en el caso de las personas con discapacidad intelectual y, especialmente, de niños/as y adolescentes, no se pueden ignorar los múltiples beneficios que brinda el acceso a Internet, entre ellos, el aprendizaje, la interacción social o el acceso a información y la comunicación. Empero, es necesario tener también en cuenta los riesgos potenciales, al ser un colectivo vulnerable al abuso en contextos cibernéticos (ej., grooming, el acoso sexual, el ciberbullying, o el abuso sobre la información personal y privada). En estos casos, los expertos destacan la trascendencia de formar tanto a las personas cuidadoras como a familiares, dotándoles de un mayor conocimiento en torno a los beneficios de Internet y proporcionándoles las estrategias adecuadas para poder detectar, prevenir y hacer frente a estos riesgos potenciales, promoviendo un uso responsable de la Red (Chiner y col., 2017).
La APA recuerda la importancia de formar a niños/as y adolescentes sobre los riesgos y beneficios de las redes antes de usarlas
Por su parte, la Asociación Americana de Psicología (APA, 2023b) reconoce que las redes sociales “no son intrínsecamente perjudiciales ni beneficiosas” para los y las menores. Dado que niños, niñas y adolescentes maduran a diferentes ritmos, esto hace que algunos sean más vulnerables que otros al contenido y características de muchas de estas plataformas, lo que puede interferir en su desarrollo. Ante esto, la APA subraya la importancia de que los y las menores reciban formación y conocimiento sobre los riesgos y beneficios de las redes antes de utilizarlas.
Atendiendo a todo lo expuesto, en junio de 2023, seis entidades de la sociedad civil (a saber, la Asociación Europea para la Transición Digital, promotora de la iniciativa, Save the Children, Fundación ANAR, iCMedia, Dale la Vuelta y Unicef) presentaron, con el apoyo institucional de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) una propuesta de Pacto de Estado relativa a la protección de los y las menores de edad en Internet y las redes sociales.
Esta iniciativa es fruto de la preocupación compartida sobre los riesgos que encaran niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales, al utilizar servicios diseñados por y para personas adultas, que pueden afectar a su socialización y potenciar posibles problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, además de facilitar situaciones de violencia, como el acoso escolar y sexual”. Las medidas propuestas resaltan la necesidad de abordar esta problemática, formar a profesionales para acometerla, y desarrollar la legislación vigente para que todos los actores implicados asuman su responsabilidad ante una población vulnerable como es la infanto-juvenil.
En esta misma línea, en noviembre de 2023, España firmó, junto con otros ocho países (Australia, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido), una declaración para impulsar iniciativas globales destinadas a reforzar la protección de los y las menores en Internet.
Los países firmantes manifestaron su determinación de reforzar de forma eficaz la protección online de niños, niñas y adolescentes, promoviendo una privacidad altamente efectiva que garantice la verificación online y la evaluación de la edad de los menores, sobre todo, “para prevenir la exposición temprana de los menores a contenidos pornográficos”.
Todos los países firmantes coinciden en la relevancia de fomentar la protección de datos de los y las menores online, ante la creciente exposición de estos/as a contenidos nocivos, en particular, contenidos pornográficos ‘solo para adultos’, contenidos que conducen a las autolesiones o a conductas violentas o el ciberbullying. Destacan también la importancia de prevenir contenidos relacionados con áreas de mayor exposición entre los niños y las niñas, relacionadas con problemas sociales y psicológicos, abuso sexual online, recopilación excesiva de datos en el uso de servicios y aplicaciones digitales, así como el uso excesivo de las pantallas.
En la formulación de leyes y políticas digitales es crucial un enfoque basado en los derechos del niño/a y el principio de interés superior del menor
A la hora de formular políticas, son muchos los expertos que señalan la trascendencia de aplicar siempre el principio del interés superior del niño, para todas las decisiones que afectan a los y las menores, incluidas las empresariales y legislativas. Esto incluye políticas sobre servicios digitales, protección de datos y privacidad, seguridad de la información, inteligencia artificial y medios audiovisuales, así como servicios digitales como los que prestan o inciden en servicios públicos, comercio electrónico, educación, justicia, salud y otras áreas de la vida pública y privada (Livingstone y col., 2024).
A este respecto, la red de organizaciones y personas que trabajan con y para los niños y niñas europeos/as, EUROCHILD (2024), en su último informe sobre necesidades de los y las menores en toda Europa, insta a los responsables políticos a nivel nacional y de la UE a incorporar un enfoque basado en los derechos del niño en la legislación y las políticas digitales, garantizando una legislación sólida adicional que obligue a las plataformas a rendir cuentas por la protección de los niños frente a los daños online, así como a aumentar la inversión en educación y servicios sociales en materia de alfabetización digital y bienestar, tanto para los niños, niñas y adolescentes, como para los propios profesionales.
El informe pide también asegurarse de que las políticas nacionales y la prestación de servicios que apoyan el bienestar de niños, niñas y adolescentes, cuenten con los recursos adecuados para abordar los daños online y apoyar los efectos de las tecnologías digitales en la salud mental infanto-juvenil. Así, proporcionando servicios de educación y apoyo en materia de salud mental de calidad a los niños, sus cuidadores y sus profesionales, “pueden promoverse los derechos y la autonomía de los niños en Internet”.
La Comisión Europea investiga a TikTok, Facebook e Instagram al sospechar que estimulan un comportamiento adictivo en menores
Como una muestra más de la creciente concienciación en torno a los riesgos del uso de redes sociales en la infancia y la adolescencia, la Comisión Europea ha anunciado la incoación de procedimientos formales para evaluar si la red social TikTok puede haber infringido la Ley de Servicios Digitales en ámbitos relacionados con la falta de trasparencia, la protección de los y las menores, así como las insuficientes medidas para protegerlos de contenidos nocivos y de un diseño que genera conductas adictivas.
De la misma manera y también ante la duda de que la multinacional Meta pueda estar infringiendo la Ley de Servicios Digitales, al fomentar y estimular un comportamiento adictivo en los/as menores europeos/as mediante algoritmos en Facebook e Instagram, la Comisión ha abierto un expediente sancionador contra ambas plataformas, a fin de determinar si incumplen las exigencias de la directiva que regula las plataformas digitales.
La AEPD evidencia el rol clave de la Psicología en su Estrategia para promover la protección de la infancia y adolescencia en Internet
Más recientemente, en mayo de 2024, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD, 2024) ha presentado sus líneas de actuación prioritarias para promover la protección efectiva de la infancia y adolescencia en Internet. Dicha Estrategia recoge de forma muy destacada la colaboración con organismos internacionales y nacionales competentes en la materia. Se pone de manifiesto el papel clave que juega aquí la Psicología, al contar en su Estrategia con la colaboración del Consejo General de la Psicología, en el marco del protocolo de colaboración suscrito para analizar propuestas que contribuyan a proteger el bienestar de los y las menores en el entorno digital.
La AEPD incide tanto en las múltiples ventajas y beneficios que, indudablemente, ofrece el mundo digital, como en la diversidad de riesgos con potenciales riesgos que pueden afectar a la salud física y mental de los y las menores “convertidos en grandes consumidores activos de las tecnologías digitales en continuo desarrollo”.
Ante ello, insta a una urgente y rápida actuación para facilitar que niños, niñas y adolescentes aprovechen las oportunidades que ofrecen las TIC en todos los ámbitos: educativo, social, ocio, etc. A su vez, resalta la urgencia de contribuir a evitar situaciones de riesgo que pueden suponer el aumento de su consumo por parte de los y las menores.
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