España está incumpliendo los tratados internacionales en lo que se refiere a sus obligaciones de combatir la violencia contra la infancia y la adolescencia con discapacidad pese a las insistentes peticiones tanto del Comité de derechos del niño como del Comité de derechos de las personas con discapacidad.

Así de tajante se muestra el Observatorio Estatal de la Discapacidad en su último estudio sobre la violencia contra las niñas y los niños con discapacidad en España 2020, un documento a través del cual se analiza la situación jurídica y social actual respecto a la violencia contra los y las menores con discapacidad en nuestro país, ofreciendo información sobre las medidas de protección de este colectivo en el ordenamiento jurídico que garantice la erradicación de la violencia. En esta línea, el informe aborda diversos aspectos, tales como la prevalencia de malos tratos, los factores de riesgo, las recomendaciones de actuación ante el maltrato, las respuestas que ha dado el Estado Español ante esta situación y los escasos datos disponibles relativos a este grave problema, las buenas prácticas en prevención, sensibilización e intervención, así como las líneas de trabajo urgente que hay que desarrollar para poner fin a esta violencia.  

Tal y como advierte el informe, si el maltrato a la infancia y adolescencia en España ha crecido mucho en los últimos años, es más que probable que en el caso de las niñas y niños con discapacidad, este preocupante fenómeno también esté ocurriendo. Sin embargo, existe una falta de datos fiables sobre el maltrato a niños y niñas con discapacidad, que podría estar determinando la invisibilidad de este colectivo en las políticas públicas de prevención y atención, algo especialmente grave.

De acuerdo con el documento, entre los grupos de niños y niñas en situación de vulnerabilidad potencial se encuentran los que tienen discapacidades físicas, sensoriales, cognitivas, psicológicas y sociales y congénitas, así como los que padecen enfermedades adquiridas y/o crónicas o presentan serios problemas de comportamiento.

Todo ello, a pesar de que el ordenamiento jurídico pone de relieve la gravedad de la violencia contra los y las menores y la necesidad de erradicarla. A modo de ejemplo, la Observación General nº 13 del Comité Internacional de Derechos del Niño que hace seguimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, hace referencia al Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, y recoge los efectos devastadores de la violencia y el maltrato contra los y las menores, señalando que esos actos “pueden causar lesiones mortales y no mortales (que pueden provocar discapacidad), problemas de salud física (como el retraso en el desarrollo físico y la aparición posterior de enfermedades pulmonares, cardíacas y hepáticas y de infecciones de transmisión sexual), dificultades de aprendizaje (incluidos problemas de rendimiento en la escuela y en el trabajo), consecuencias psicológicas y emocionales (como sensaciones de rechazo y abandono, trastornos afectivos, trauma, temores, ansiedad, inseguridad y destrucción de la autoestima), problemas de salud mental (como ansiedad y trastornos depresivos, alucinaciones, trastornos de la memoria o intentos de suicidio), y comportamientos perjudiciales para la salud (como el abuso de sustancias adictivas o la iniciación precoz en la actividad sexual)”.

Asimismo, según alerta un informe llevado a cabo por el Centro Reina Sofía sobre la situación del maltrato infantil en la familia en España -a petición del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (ahora Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social)-, los menores que presentan una enfermedad o discapacidad sufren mayores tasas de maltrato.

Las conclusiones de este estudio revelan que el 59,68% de las víctimas sufren maltrato físico, el 37,10% negligencia, el 17,74% maltrato psicológico y el 4,84% abuso sexual. El 3,33% de las víctimas de maltrato presenta una enfermedad física, el 3,33% un problema de salud mental y el 4,84% alguna discapacidad. De forma específica, entre los 8 y los 17 años destaca una mayor prevalencia del maltrato en niños y niñas que presentan alguna discapacidad física o trastorno mental.

Aquellos y aquellas que conllevan un riesgo mayor de violencia, son los y las que presentan discapacidad intelectual, los TEA (con o sin discapacidad intelectual) y la discapacidad psicológica y social, conllevan un riesgo mayor de violencia.

A pesar de la gravedad de este problema y la importancia de erradicarlo, el Observatorio Estatal de la Discapacidad lamenta que en nuestro país no se estén cumpliendo los tratados internacionales que instan a combatir la violencia contra la infancia y la adolescencia con discapacidad, por lo que establece una serie de recomendaciones para una mejor defensa y protección legales de la infancia con discapacidad ante la violencia y para proporcionar apoyos y recursos sociales suficientes para un pleno desarrollo infantil, entre ellas, las siguientes:

• La realización de un estudio exhaustivo sobre la incidencia de la violencia en la infancia con algún tipo de discapacidad, en todos los ámbitos: familiar, institucional, escolar, etc. Dicha información es imprescindible para diseñar políticas y servicios que, de manera efectiva, combatan la violencia contra los niños y niñas con discapacidad.

• Una vez que se disponga de datos a nivel estatal sobre niños con discapacidad en el sistema de protección de menores de todas las CCAA, debería hacerse un estudio sobre niños y niñas con discapacidad en situación de guarda, de tutela (ya sea en acogimiento familiar o residencial) y de menores que han sido adoptados. También debería analizarse la situación de los niños y niñas en riesgo y los factores de riesgo que se dan en la práctica para actuar en su prevención, siendo imprescindible que, en este mismo estudio, se aborde la situación de los y las menores con discapacidad que viven en instituciones y las necesidades que tienen.

• Introducir la variable de discapacidad (y desagregable por tipos de discapacidad y con enfoque de género), en todos los estudios y encuestas que realice cualquier organismo público, especialmente el INE y sus homólogos en las CCAA, en su caso. Está medida está parcialmente prevista en el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020.

• Es imprescindible la aprobación de la Ley Orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, proporcionando máxima protección a las niñas y a los niños con discapacidad, así como la promulgación de una Ley de atención temprana que garantice un abordaje integral de las necesidades de la infancia con discapacidad o riesgo de adquirirla.

• Brindar recursos especializados que permitan la adecuada atención y protección de este colectivo infantil, sin que por ello sea necesario segregar a los niños y las niñas con discapacidad.

• Acometer con decisión el problema del bullying a niños y niñas con discapacidad.

• Teniendo en cuenta que la falta de apoyo a familias, incluida su formación y la sobrecarga en los padres son el factor de riesgo más importante, es esencial emprender medidas para garantizar el apoyo necesario a las familias, creando servicios adaptados a niños con distintas discapacidades y sus familias y mejorando el nivel de ayudas y beneficios fiscales existentes.

• Fomentar la participación de los niños y las niñas con discapacidad y sus familias en todos los aspectos de la vida, especialmente, en organismos consultivos y en la formación general de la infancia para hacer frente al maltrato.

• Elaboración de programas educativos para los niños y las niñas con discapacidad especialmente diseñados, cuando sea necesaria esa especialidad, para que les ayuden a defenderse.

• La prevención debe ser prioritaria entre las actuaciones que se planifiquen.

• Formar en derechos de los y las menores con discapacidad y en detección de maltrato a los servicios sociales, personal de colegios, de sanidad, operadores jurídicos y profesionales de asociaciones, garantizando la formación especializada, tanto inicial como continua, del personal que desarrolla su labor con niños y niñas para que puedan detectar e intervenir en situaciones de maltrato de menores con discapacidad.

• Asegurar que los sistemas de denuncia resulten accesibles y adecuados para todos los niños y niñas, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, dotando al personal que recibe la denuncia y realice las actuaciones de investigación, de las habilidades que se necesitan para prestar el apoyo.

Se puede acceder al informe desde la página Web de la Confederación Salud Mental España o bien directamente a través del siguiente enlace:

La violencia contra las niñas y los niños con discapacidad en España. Situación jurídica y social. estudio integral, 2019