Aunque se están dando pasos relevantes por parte del Estado para abordar la violencia sexual en España, el 48% de las mujeres sigue sin contar con asistencia integral en caso de sufrir algún tipo de agresión sexual. No tienen acceso a centros a los que dirigirse para solicitar ayuda, y en los que se les pueda dar atención médica, psicológica y asesoramiento legal si quisieran presentar una denuncia.

Así lo afirma Amnistía Internacional en un comunicado a través del cual pone de relieve la falta de recursos para abordar la violencia sexual en nuestro país y la desigual atención entre Comunidades Autónomas.

Tal y como señala AI, en los últimos años se han observado mejoras en línea con las recomendaciones del Consejo de Europa: una comunidad autónoma (Principado de Asturias) y un Ayuntamiento (Madrid) cuentan ya con un centro de crisis que atiende de manera integral a las mujeres víctimas de violencia sexual, las 24 horas del día, todos los días de la semana. Otras siete comunidades (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla León, Comunidad Valenciana, y Murcia) ofrecen asistencia coordinada y permanente para víctimas de violencia de género y violencia sexual.

Por su parte, Euskadi y Castilla-La Mancha cuentan con un programa de atención psicológica para mujeres víctimas de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja, y Cataluña ha implementado una unidad contra las agresiones sexuales, poniendo a su vez en marcha protocolos de prevención de abuso sexual en programas de educación en tiempo libre y en el transporte público.

Asimismo, Amnistía Internacional aplaude que la violencia sexual haya dejado de ser invisible, como se desprende de los datos del Ministerio del Interior que apuntan a un descenso del 15,3% en las denuncias presentadas por delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, durante el primer semestre de 2020 y registran Se han registrado 6.139 denuncias por delitos sexuales entre enero y junio, 34 por día. No obstante, recuerda que, pese a esta mayor visibilidad, el Eurostat de 2018, sitúa a España a la cola de los países europeos, ocupando el puesto 25 de 32 en cuanto al número de denuncias presentadas por violencia sexual (3,64 por cada 100.000 habitantes) y afirma que “el hecho de que las mujeres no confíen en las autoridades para su protección no puede seguir siendo un obstáculo para que se garanticen sus derechos».

Por todo lo anterior, considera que la nueva ley de Libertad Sexual que está preparando el Gobierno puede ser «una oportunidad para prevenir la violencia sexual, proteger y garantizar los derechos de las mujeres víctimas de este tipo de violencia», e insta a que el Ejecutivo la acompañe de unos presupuestos específicos contra la violencia sexual, para incrementar su eficacia, estableciendo las siguientes recomendaciones al redactado de la futura Ley:

1. Garantizar la existencia de centros especializados en todo el territorio español, impulsando a largo plazo la creación de centros de emergencia multidisciplinares con atención permanente.

2. Emprender la reforma del Código Penal que prevé centrarse en el consentimiento libre y expreso dado por la mujer (de acuerdo con lo establecido por el Convenio del Consejo de Europa). Un objetivo que debe ir de la mano de la adecuada formación al personal judicial.

3. Impulsar campañas de sensibilización a nivel estatal y autonómico, basadas en la libertad sexual y seguridad de las mujeres; y de información clara para que éstas sepan cómo pueden actuar en caso de sufrir una agresión sexual.

4. Apostar por una formación con perspectiva de género de todos los y las profesionales con los que se encuentra una mujer víctima de violencia sexual para evitar su revictimización con estereotipos erróneos. Y conseguir que las mujeres puedan sentirse creídas y protegidas a la hora de presentar una denuncia.

Fuente: Amnistía Internacional