Declaración institucional de la Abogacía Española

La Abogacía Española, en el actual contexto internacional, quiere reafirmar su compromiso con la defensa del Estado de derecho, la dignidad humana, la libertad, la igualdad y el respeto a los derechos fundamentales, como valores esenciales de la Unión Europea y de la Abogacía. Estos valores constituyen el pilar de nuestras democracias y la base sobre la que se asienta el orden internacional establecido consensuadamente tras la II Guerra Mundial.

Desde un ejercicio de lealtad democrática y de responsabilidad institucional ante los tiempos de incertidumbre y de vértigo que vivimos, volvemos a recordar la importancia capital de cuanto suponga respetar y fortalecer la independencia judicial, la separación de poderes y la protección de los derechos humanos, convencidos de su legitimidad para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, preservar la confianza ciudadana en el orden jurídico y salvaguardar los principios de la buena gobernanza y del Estado de derecho, asegurando la paz social de la que el Derecho es garante. En esta misma línea y en defensa de nuestra profesión en el mundo, condenamos toda orden o decisión que se dirija a identificar, amenazar o perseguir a abogados y abogadas en el ejercicio de sus deberes profesionales y del derecho defensa.

Asimismo, la Abogacía Española manifiesta su absoluto respeto institucional hacia la labor y la necesaria cooperación con organismos internacionales de justicia, como la Corte Penal Internacional, que desempeña un papel fundamental en la investigación y persecución de crímenes internacionales, en la lucha contra la impunidad y en la protección de las víctimas frente a los peores crímenes contra la humanidad. También en el respeto y apoyo al esencial trabajo de la Corte Internacional de Justicia. Recordamos que la integridad territorial de países europeos y de otras regiones del planeta, así como la paz y la estabilidad mundiales, debe estar sujeta al derecho internacional y a la jurisprudencia de las instituciones judiciales de las que la comunidad de países soberanos se ha dotado voluntariamente.

Autor: Sunguk Kim – Fuente: Unsplash – Fecha: 26/03/2025

En materia de derechos humanos, resulta decisivo avanzar y multiplicar los esfuerzos orientados a fortalecer la protección de derechos de colectivos vulnerables, a la corrección de desequilibrios y a garantizar la no discriminación en sociedades verdaderamente igualitarias, seguras, sostenibles y libres, objetivos irrenunciables de la Europa solidaria y sensibilizada en la que creemos.

Del mismo modo, reiteramos que el respeto al derecho internacional humanitario es innegociable. La posible reintroducción de prácticas de interrogatorio consideradas tortura por organismos internacionales resulta inadmisible y contraria a los compromisos internacionales más básicos en materia de derechos humanos. Se trata de un principio absoluto sin excepciones, tal y como consagra la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Asimismo, expresamos nuestra preocupación por la aplicación extraterritorial de medidas adoptadas bajo el prisma de la seguridad nacional que puedan vulnerar los derechos de la ciudadanía europea, en especial en el ámbito de la protección de datos, uso de la Inteligencia Artificial y la privacidad. Un concepto unilateral y desproporcionado de seguridad no puede servir de pretexto para limitar derechos fundamentales, ni justificar abusos de hecho o de derecho.

En relación con el derecho de asilo, condenamos la vulneración de las obligaciones internacionales de asilo y del principio de no devolución en frontera que suponen riesgos especialmente importantes para los derechos humanos de personas vulnerables y de la infancia.

Y en defensa de la libertad de expresión y de prensa, rechazamos los ataques a medios de comunicación o a periodistas y profesionales de la información por el desempeño de su labor. La pluralidad informativa y el acceso a una prensa libre y veraz constituyen pilares esenciales de la democracia.

Por todo ello, instamos a las instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros a:

• Reforzar su compromiso con la defensa del Estado de derecho y la independencia judicial, adoptando medidas para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.
• Fortalecer la cooperación internacional en materia de justicia, respaldando la labor de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia.
• Proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía europea ante la aplicación extraterritorial de normativas que puedan vulnerar sus garantías.
• Garantizar la protección de colectivos vulnerables y el impulso de la igualdad real, evitando cualquier retroceso en materia de derechos humanos.
• Condenar de manera firme cualquier intento de legitimación de la tortura o tratos degradantes, asegurando el respeto absoluto al derecho internacional humanitario.
• Impulsar un diálogo diplomático y jurídico con sus socios internacionales estratégicos para preservar el multilateralismo y el orden basado en normas.
• Alertar, en línea con la próxima Conferencia de Presidencias de las Abogacías Europeas, sobre los riesgos de la desregulación.

Manifestando nuestra solidaridad con las Abogacías internacionales afectadas y los defensores de Derechos Humanos y del Estado de derecho en todo el mundo, la Abogacía Española mantiene su firme compromiso con la defensa de un sistema internacional basado en el respeto a la justicia, la democracia y los derechos humanos. La preservación de estos valores resulta esencial para la paz, la estabilidad global y la protección de las generaciones presentes y futuras.