Dña. Susana Al-Halabí comenzó su intervención agradeciendo la asistencia a todos los participantes, dada la necesidad de este encuentro, en el que se trataba “un asunto que requiere atención urgente”. A este respecto, puso de relieve la trascendencia de contextualizar el problema del suicidio en la actualidad, para dejar claro cuál es su magnitud.

Tal y como alertó, las últimas cifras de las que disponemos, pertenecientes al año 2020, indican que este problema multifactorial “se ha cobrado la vida de casi 4.000 personas al año, eso supone una media de 11 personas al día que mueren por suicidio. Eso también supone una media de más o menos una persona cada dos horas. Es decir, en el tiempo en que transcurre esta actividad, por desgracia, podemos vaticinar que una persona morirá por suicidio”.

En esta misma línea, cuando una persona fallece por suicidio “hay, además, decenas de personas afectadas, con un coste social, sanitario y un sufrimiento personal, que se escapa del coste, que es intangible, más allá de las consecuencias económicas que pueda tener”.

Frente a estos abrumadores datos, subrayó el grave problema de inacción, tanto política como en otros ámbitos, incidiendo aquí en la repercusión de la acción política. Como bien señaló Susana Al-Halabí, “el suicidio nos informa de que tenemos una sociedad sufriendo”, un sufrimiento con una profunda raíz social, no solo mental, siendo posible intervenir mediante políticas sociales, vertebradas, de prevención, etc.

La moderadora quiso recalcar la importancia de tener en cuenta que las cifras actuales del INE son infranotificadas: “esas casi 4.000 personas fallecidas por suicidio probablemente sean muchas más y, además es una cifra que triplica los accidentes de tráfico, multiplica por 85 las muertes por violencia de género -un problema sin ninguna duda importante-, y multiplica por 14 los homicidios”. Esta menor notificación de casos es debida, seguramente “al enorme estigma y tabú que rodea al suicidio”, que constituye uno de los problemas a la hora de abordarlo, cuya solución es factible y viable mediante medidas de información, sensibilización y conciliación.

En este punto, Al-Halabí se mostró tajante al afirmar que estas muertes, en una importante proporción, pueden prevenirse: “el suicidio es prevenible y los profesionales de la Psicología tenemos mucho que hacer aquí”, comenzando por una correcta conceptualización que sitúe la conducta suicida “en el lugar que le corresponde, donde es posible abordarla”.

Y siguiendo esta línea, Al-Halabí lanzó sobre la mesa tres preguntas clave con la finalidad de articular este coloquio en torno a las mismas:

– “¿Cuál es la verdadera magnitud de este problema?”

– “¿Qué estrategias son necesarias?”

– “¿Qué se está haciendo y qué puede hacerse desde las instituciones para ayudar a disminuir las muertes por suicidio?”.

Dña. Rosa Medel, portavoz de Sanidad en el Congreso del Grupo Confederal Unidas Podemos

“Es necesario contar con recursos humanos para poder hacer frente al grave problema del suicidio”

Dña. Rosa Medel fue la primera en abrir el debate indicando que, desde hace mucho tiempo, el suicidio se ha convertido en un problema de salud pública, siendo fundamental unos planes o estrategias para hacerle frente y también, en general, “a todos los problemas de salud mental”, pero “en el marco, creo que necesario, de una Ley de Salud Mental”, una ley que contemple la cuestión del suicidio “como algo fundamental”, una afirmación avalada por el registro de una Ley en el Congreso de los diputados y una Ley autonómica en febrero en la Comunidad Valenciana.

Para Medel, a la hora de abordar esta cuestión es clave que las personas que están en situación de riesgo puedan ser atendidas, y acceder de forma fácil e inmediata, “no ya a un teléfono de contacto, sino a atención primaria, y a salud mental”.

Afirmando que el suicidio “no tiene por qué estar ligado a la salud mental”, Rosa Medel consideró comprensible y coherente que una Ley de Salud Mental “lleve dentro un articulado sobre el suicidio y un protocolo de prevención del suicidio”, si bien ese protocolo de prevención “se puede sacar de la Ley, efectivamente, no es una caja donde está todo ‘encorsetado’”.

La portavoz de UP insistió, una vez más, en la necesidad de contar con recursos humanos para poder acometer el grave problema del suicidio, insistiendo en la necesidad de invertir en el Sistema Sanitario, especialmente, en Atención Primaria “que está absolutamente colapsada y se está hundiendo” y recordó la importancia de una total implicación entre este primer nivel asistencial de la salud y las unidades de salud mental.

Dña. Pilar Aparicio comenzó su intervención subrayando la compleja situación que estamos viviendo en la actualidad, con la mayor crisis sanitaria acontecida hasta la fecha y todas sus repercusiones directas, “no solamente en la salud de las personas y sus familiares, sino también a nivel económico y social, y en el bienestar emocional y en la salud mental, especialmente, de aquellas más vulnerables”.

Según explicó, la nueva Estrategia de Salud Mental del SNS para el periodo 2022-2026 ha sido una prioridad para el Ministerio, siendo elaborada en colaboración con todos los actores, Comunidades Autónomas, sociedades científicas, profesionales, sociedad civil, etc. Durante su desarrollo, se acordó incluir una línea estratégica para abordar el suicidio.

En este punto, Dña. Pilar Aparicio indicó que era clave debatir qué contenidos debe tener ese abordaje, y resaltó la importancia de las medidas para la detección precoz y la atención integral de la conducta suicida.

Tal y como señaló la directora general de Salud Pública, las tasas de suicidio reflejan un sufrimiento importante de la sociedad. Por ello, es fundamental visibilizar el suicidio y hablar de ello, “que deje de ser un problema tabú, que se hable se comente y se discuta en la calle, que las personas que presentan esa angustia vital sientan la comprensión de las personas que les rodean y, evidentemente, reciban una respuesta apropiada por parte de las instituciones”.

Asimismo, refutó la idea de que la línea 024 es una operación estética o un anuncio como se ha criticado, recordando que un servicio de esta naturaleza no se puede montar de un día para otro con las características que ha de tener, sino que debe contar con todo un respaldo profesional para dar respuesta, unas conexiones y unas garantías, dado que “su objetivo es evitar muertes y atender a todas aquellas personas con ideación suicida, para que puedan encontrar de forma directa y anónima, una atención que les ayude a solucionar la situación de angustia que están viviendo de forma inmediata, y también obtener una respuesta a corto y largo plazo”.

En este sentido, insistió en la base multidisciplinar que debe subyacer en la respuesta al suicidio, siendo esencial abordarlo “desde el punto de vista de la salud mental, social, familiar, educativo, etc., contando para tal fin con todos los actores que participan”.

Dña. Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular

“El suicidio es un problema grave de salud pública que debe abordarse en todos los ámbitos de actuación y en todas las edades”

Dña. Elvira Velasco señaló que “el suicidio es un problema grave de salud pública que debe abordarse en todos los ámbitos de actuación y en todas las edades”, a la vez que comentó la trascendencia de la participación de los psicólogos en este tema.

Subrayó la necesidad de dar una respuesta coordinada en relación con el suicidio, contando con un Plan estratégico específico y multinivel que detalle cuáles son las pautas a seguir, que incluya medidas concretas “y, por supuesto, un equipo multiprofesional» -con psicólogos, entre otros profesionales-, cuya formación en conducta suicida, en prevención y en abordaje del suicidio esté muy pormenorizada dentro de su contenido curricular.

En este sentido, valoró positivamente la posibilidad de que en el Plan formativo de los psicólogos se recoja “una parte específica de contenidos y acción en conducta suicida”, que tenga en cuenta múltiples aspectos, entre ellos, “cómo abordar la conducta suicida o qué habilidades deben tener los profesionales dentro de un equipo multiprofesional”.

De acuerdo con la representante de Sanidad por el PP “hay un tejido muy rico para poder elaborar un plan de prevención que sea a nivel nacional y de todas las Comunidades Autónomas, que establezca unos indicadores, unas estrategias y unas líneas claras, y que se realice con la colaboración de los y las profesionales sanitarios/as y de todos aquellos y aquellas pacientes, familias, asociaciones de afectados, etc.; un uso a nivel nacional potente, con vías estratégicas claras y que luego, a través del Consejo Interterritorial, dicho Plan sea abordado por las diferentes CCAA”. Mencionó también la importancia de tener sistemas de registro en tiempo real -que reporten datos sobre suicidio totalmente actualizados-, de crear unidades específicas de atención al suicidio que contemplen todos los niveles, y de mejorar el sistema de selección de los y las profesionales -abordándolo desde las mesas sectoriales-, teniendo en cuenta su formación y experiencia en este ámbito.

Consideró también el rol fundamental del psicólogo educativo para emprender medidas de prevención en el contexto escolar (donde los y las menores pasan la mayor parte de su tiempo) y el esencial papel de los medios de comunicación en el tratamiento que hacen del suicidio, un tema de suma gravedad, que afecta a todas las edades, especialmente entre los más jóvenes, “eso es muy preocupante”.

D. Miguel Guerrero Díaz inició su intervención recordando que, si bien la mortalidad de la conducta suicida es el indicador que suele llamar la atención, “no debemos mirar únicamente la magnitud de la conducta suicida con los datos de la mortalidad”. Utilizando la analogía de la punta de un iceberg, advirtió de que, bajo esas tasas, “hay una morbilidad de la conducta suicida que nunca se tiene en cuenta”.

Para fundamentar su afirmación, expuso una serie de datos, entre ellos los siguientes:

• Debajo de esa mortalidad, en España hay, actualmente, 70.000 personas que realizan intentos de suicidio, “eso supone una urgencia psiquiátrica cada 7 minutos y medio”.

• Los últimos metaanálisis publicados revelan que la tasa de ideación suicida, “de aquellas personas que están planificando o ideando el suicidio”, ha pasado de un 5,4% en la etapa pre-pandémica a más de un 11,84% tras la irrupción de la pandemia de la COVID-19. A este respecto, hay un mayor número de personas que están pensando en quitarse la vida, la mayoría de las cuales “está mandando señales de alarma que desde el sistema no somos capaces de captar”.

• La tasa de autolesiones es de un 9%.

• El impacto en supervivientes es considerable: hay aproximadamente 90.000 supervivientes al año, “que se convierte en población de riesgo de ideación suicida o de intento de suicidio”.

• Los años de vida potenciales que se pierden, que también se unifica, “suponen un impacto en la salud, en lo económico en lo social y en lo laboral”.

Para el experto, incluir la prevención de suicidio como una línea dentro de una Estrategia de Salud Mental “constituye un error conceptual primario de lo que es el fenómeno suicida, al dar a entender que sólo está ligado a la salud mental y a los trastornos mentales y eso sabemos que no es cierto”. A su juicio, consecuentemente, esta decisión reduce las estrategias de prevención porque “todo lo que esté dentro de una Ley de salud mental, ni siquiera de salud pública, está trabajando, -podemos decirlo sin miedo a equivocarnos- un tercio de todo lo que se debe hacer en la prevención del suicidio, que es la prevención indicada, esto es, la prevención en personas que ya manifiestan ideas suicidas bien por intentos, bien por ideación”.

Asimismo, lamentó que “no hacer un Plan nacional de prevención del suicidio, una Estrategia nacional, está dejando fuera a muchos colectivos de profesionales y muchos ámbitos que deben implicarse en este problema social de primer orden”.

D. Miguel Guerrero señaló que, pese a la importancia de la prevención indicada (“la que tiene que ver a la salud mental, la salud pública”), “no deja de ser la última medida que se pone en marcha, el último eslabón, cuando fracasan otras medidas de estrategias que están en la comunidad, en el ámbito social, que son la prevención selectiva y sobre todo las de prevención universal, y estas son muchísimo más coste eficientes: se invierte mucho dinero y también se recaba mucho”.  A modo de ejemplo, observó que, en la formación de los profesionales, por cada 1 € invertido en formación, retornan 20 € de ahorro para el Estado. En su opinión de experto, señaló que teniendo en cuenta que una mayor inversión en prevención universal se traduce en un ahorro considerable en el Sistema de Salud, son medidas que habría que tener en cuenta a la hora de poner en marcha acciones, sabiendo que los recursos son limitados.

En este sentido, el experto reprobó la desigualdad existente entre Comunidades Autónomas en relación con la atención al suicidio, citando como paradigma la única Unidad de Prevención e Intervención Intensiva en Conducta Suicida en Andalucía, desarrollada por él mismo, un recurso que sólo está disponible para quienes pertenecen al distrito sanitario Costa del Sol, pero no para quienes les corresponde otro distrito distinto. Esta situación podría transformarse con “un Plan nacional de suicidio que obligaría a que todos tuviéramos los mismos recursos”.

D. Guillermo Díaz, portavoz de Sanidad en el Congreso del Grupo Parlamentario Ciudadanos

“Debemos comprometernos a tratar este tema en la misma medida en que se tratan otros problemas de igual o menor magnitud»

D. Guillermo Díaz, comenzó su intervención lanzando un “reproche a la actitud de las instituciones ante la inercia que mantienen con este tema”.

Asimismo, expresó su incomprensión frente al hecho de que el suicidio, “que mata 85 veces más que la violencia de género se incluya como un epígrafe dentro de algo más amplio”.

Como ejemplo a su afirmación, instó a los asistentes a plantearse qué sucedería si se tratase la violencia de género como un epígrafe dentro de las lesiones cuando no tienen resultado de muerte o dentro del homicidio común, cuando el resultado es la muerte; o que los accidentes de tráfico se incluyesen de los accidentes domésticos que le suceden a una persona en su vida diaria.

A su juicio, formamos parte de una cultura que oculta el suicidio “por incomodidad, por desconocimiento, por miedo, etc.”. En este sentido, afirmó que “los medios de comunicación no quieren hablar de este tema, porque genera controversia”.

D. Guillermo Díaz destacó el tema de la formación como una cuestión clave, subrayando que en el currículum formativo de Psicología se enseña el abordaje del suicidio “de forma muy superficial”, y poniendo de relieve la falta de instrucciones y pautas en los cuerpos y fuerzas de seguridad para saber cómo actuar ante un caso de intento de suicidio, así como el rol fundamental de los psicólogos en la formación de éstos y otros agentes sociales para un correcto abordaje.

Dado lo anterior, manifestó que un aspecto crucial es comprometerse a tratar el suicidio en la misma medida en que se hace con otros problemas de igual o menor magnitud. Para ello, incidió en la relevancia de informar y concienciar sobre este grave y complejo problema, porque “no hacerlo es proteger a la sociedad de la verdad, y es la sociedad la que decide qué hacer con esa verdad”.

De hecho, consideró que con los recursos que tenemos actualmente “podemos avanzar muchísimo. Sólo hay que ejecutar lo que ya podemos hacer”. Por ello, insistió en la trascendencia de hablar sobre esta problemática y medirla desde las instituciones públicas.

Para el portavoz de Sanidad de ciudadanos, del mismo modo en que se invierte en costosos equipos de vanguardia para el tratamiento del cáncer, deberían considerarse las ventajas de invertir en recursos humanos como una medida clave, mucho más barata y coste eficaz.

Añadió, además, para evitar desigualdades y brechas en el acceso a la atención, la necesidad de plantear una estrategia estatal,de modo que “la vida o la muerte no dependan nunca de un código postal”.

“El tema de la salud mental, de ninguna de las maneras, levanta motivaciones estéticas, sino que hay un compromiso fuerte por parte de todas las fuerzas políticas para sacar adelante todas las medidas necesarias para abordarlo y, en especial, el suicidio”.

Con esta tajante afirmación, Dña. Carmen Andrés Añón, quiso poner de relieve su interés en hacer frente al problema del suicidio -una situación que calificó de “gravísima y crítica, la peor que se puede encontrar la persona que decide sobre su vida”-, dejando en claro el motivo final de este espacio de encuentro: atender de la mejor manera posible ese “sufrimiento, ese dolor, muchas veces no detectable ni siquiera por los más próximos a la persona que lo siente”.

La portavoz adjunta de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista celebró el trabajo conjunto que se está llevando a cabo entre el PSOE, junto con el Gobierno y el resto de los grupos parlamentarios, en dos líneas muy importantes: la primera, la dimensión social que debe atenderse “para evitar situaciones que nos lleven a problemas psicológicos y a trastornos mentales”, teniendo en cuenta que muchos aspectos sociales están influyendo en la conducta suicida.

Precisamente, según explicó, con motivo de la pandemia de la COVID-19, se ha incrementado la atención desde el Gobierno a factores sociales y a la salud mental, realizando un trabajo ingente en esta dimensión social, que ha sido posible “con el consenso de los distintos grupos políticos” y que ha permitido sacar adelante una gran cantidad de medidas: leyes como la de Protección de la Infancia y la Adolescencia para atender problemas graves como el acoso, el bullying…, el Plan Nacional sobre Adicciones, la Ley de Eutanasia, la Ley de Vivienda -que se está debatiendo-, la futura Reforma Laboral, etc., todo un “paraguas social que intenta acompañar a las personas para conseguir ese bienestar en la vida que en definitiva es la salud mental, como bien dice la OMS”.

La otra línea de trabajo es la atención de las problemáticas y los trastornos de salud mental. De ahí la Estrategia, que no se había actualizado desde 2009, y que va acompañada de 30 millones de euros en el Presupuesto General de este año, así como el Plan de Acción de la salud mental con 100 millones de euros en el presupuesto. Según adelantó, esto será adoptado por las Comunidades Autónomas, que tienen competencias sanitarias.

De acuerdo con Dña. Carmen Andrés, una parte en la que debe invertirse un mayor esfuerzo es en la intervención comunitaria, “donde los psicólogos y las psicólogas tengan un papel clave”. Concretamente, en el contexto educativo, consideró imprescindible detectar precozmente las posibles problemáticas de salud mental -incluso cuando el o la menor ya presenta un trastorno-, y que requieren de esa atención comunitaria “donde la Psicología tiene mucho que hacer”.

Remarcó aquí la necesidad de facilitar el acceso a la atención psicológica en el Sistema Sanitario apelando a la situación actual, en que “las familias cuando tenemos un problema en primera instancia no acudimos a AP, seguramente, buscamos un psicólogo en el ámbito privado; sin embargo, no todo el mundo se lo puede pagar”.

D. Diego Figuera, portavoz de Discapacidad y Salud Mental de Más Madrid, psiquiatra en el hospital de día de salud mental Clínico San Carlos de Madrid y diputado de la Asamblea regional

“Es absolutamente rentable invertir en políticas de prevención de suicidio”

Aportando su punto de vista como experto en salud mental, D. Diego Figuera trazó como medida clave la necesidad de que el suicidio pase de hablarse a nivel individual, en la intimidad, a tener una dimensión social, y puso sobre la mesa de debate la importancia de emprender acciones para hacer frente a este grave problema, con el mismo interés en que se lucha por otros asuntos de igual relevancia, como los derechos LGTBI+, la violencia de género, etc.

El diputado de Más Madrid en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, incidió en la relevancia de concienciar a toda la sociedad sobre esta problemática, contando para ello, “con todas las armas”: desde la salud mental, “como algo ya absolutamente específico, porque, tal y como indican las estadísticas, la mayoría de las personas que tiene ideación o conducta suicida o han cometido suicidio, tienen o han sido diagnosticadas -o van a ser diagnosticadas- con un problema de salud mental”, hasta los determinantes sociales, cuyo impacto en la salud y, de forma específica en la salud mental, es más que evidente.

Siguiendo esta línea, Diego Figuera adelantó la próxima presentación por parte de su grupo parlamentario, de una nueva Proposición No de Ley en la Asamblea de Madrid.

Esta nueva PNL insta a que se incorporen psicólogos educativos en todos los centros educativos, de todos los niveles de escolarización tanto pública como privada, para que puedan detectar los determinantes sociales, el bullying, sensibilizar a los y las menores, llevar a cabo medidas psicoeducativas, etc.

Si no se actúa, advirtió, “al final los chavales van a acabar normalizando el suicidio, aceptándolo como algo inherente al ser humano, en la misma medida en que ya está normalizada la pobreza en la sociedad”.

Afirmando la necesidad de contar con leyes y estrategias, aludió al “cortoplacismo” como el gran problema de la política, y recordó la importancia de que este tipo de leyes cuenten con un consenso total, así como la trascendencia de contar con una estrategia de concienciación: “sabemos qué se puede hacer, cómo prevenir el suicidio, conocemos los determinantes sociales, hereditarios, biológicos, psicológicos, que subyacen en este modelo biopsicosocial, pero es un compromiso de todos y cada uno tiene que desempeñar su papel”.

En esta línea, recalcó la responsabilidad política en el propósito de ayudar a que “la Psicología esté mucho más en el centro de todas las medidas”, una meta para cuyo alcance, consideró también esencial unir fuerzas entre psicólogos y psiquiatras, dado que estos últimos pueden hacer mucho en pro de este objetivo.

Es prioritario hacer estrategias “que luego se puedan cumplir”: contar con una estrategia de prevención del suicidio que se articule a nivel nacional y comunitario pero, sobre todo, autonómico (“que es donde están las competencias sociales de sanidad, de vivienda, de transporte, etc.”), tomar como paradigma las buenas prácticas de otros países e incluso de ayuntamientos en nuestro país y ampliar las experiencias que están funcionando bien, que haya un seguimiento de las medidas que se desarrollen y de la inversión realizada para tal fin, a través de consejos, observatorios independientes, donde esté la Psicología y la sociedad civil, de modo que “no se quede luego en buenas palabras o sólo en fechas determinadas”.

D. Daniel J. López Vega, durante su intervención, analizó brevemente las últimas acciones que se han ido llevando a cabo, entre ellas, la actualización tardía del Plan de Salud Mental desde su última vigencia, las críticas en algunos puntos de su redactado por parte de algunas sociedades científicas que han participado en el mismo, o la puesta en marcha del teléfono de suicidio, adjetivándolo de “medida estética” al quedar en un mero anuncio que conlleva que la demanda de las expectativas que se han creado en torno al mismo sean recibidas por asociaciones pequeñas que no cuentan con los recursos necesarios para afrontarla.

Subrayó también la incongruencia entre la necesidad de superar el modelo biomédico de salud mental y el hecho de denominar el nuevo plan como “Plan salud mental y COVID 19”.

Durante la presentación de dicho Plan, el presidente del Gobierno destacó la ingente cantidad de psicofármacos que se consume en España, siendo el país que lidera la lista mundial de consumo de benzodiacepinas (con y sin prescripción médica). A juicio de D. Daniel J. López, esto constata el mayor peso que se concede actualmente a los psicofármacos en este modelo biomédico imperante, antes que a la necesidad de contratar profesionales o de intervenir en contextos educativos.

A este respecto, se cuestionó si en nuestro país se estaba invirtiendo en medidas realmente prioritarias y lamentó que, pese a que desde el movimiento asociativo “no paramos de hablar de salud, seguimos con la misma problemática de hace 20 años”. En este sentido, determinó la necesidad de unificar criterios y articular un Plan de Prevención de suicidio.

Señaló el problema de la salud mental y la falta de recursos, como un problema estructural en España, que llevan demandando los psicólogos desde hace muchos años. Frente a esto, y con cierta inquietud ante la posibilidad de que “solo se convierta en una reivindicación profesional”, insistió en la necesidad de incorporar más psicólogos y psiquiatras, puntualizando que “el número de psicólogos en comparación con otros países es irrisorio”. La finalidad es clara: reducir la elevada demanda de atención psicológica.

No obstante, si bien es evidente que hacen falta más psicólogos, matizó que la solución del problema del suicidio debe abordarse desde una perspectiva muchísimo más global, donde los psicólogos “no debemos tener las miras cortas, tenemos un papel muy importante, también fuera de las consultas”.

Dña. Mercedes Jara Moreno, portavoz adjunto de Sanidad en el Congreso del Grupo Parlamentario VOX

“Claramente, si tenemos 4.000 suicidios al año, bien no lo estamos haciendo”

Dña. Mercedes Jara quiso ofrecer desde su trayectoria profesional “un baño de realidad de lo que es el día a día de un médico que atiende intentos de autólisis”.

Según expuso, en un hospital comarcal como el que trabajaba, de las 180 a 220 atenciones diarias (según la estación del año) que llegaban al servicio de urgencias, se podían atender diariamente de 2 a 5 intentos de autólisis.

En el momento en que llegaba una persona con un intento de autolisis, “el médico de urgencias llamaba al psiquiatra porque no disponíamos de psicólogo en ese momento. Su discurso habitualmente siempre era el mismo: ‘descarta organicidad’, ‘déjalo pensar X horas’, ‘habla después con el/la paciente’, etc. Si manifestaba cualquier intento de arrepentimiento, verbalizaba que se había equivocado, no lo iba a volver a hacer, etc., era, por orden del psiquiatra, motivo de alta inmediata».

«Teníamos pacientes reincidentes; yo he tenido personas de las que conoces sus nombres y apellidos porque venían habitualmente, con lo cual no se les había solucionado su problema”.

Un tema que la portavoz de Sanidad del Grupo VOX consideró también fundamental es la atención a las familias: “los familiares, sólo hacíamos uso de ellos para explicar por qué la persona ha llegado a este punto, pero no les atendíamos desde su grado de desesperación cuando hay personas que una y otra vez acudían a urgencias por los mismos motivos”.

Esta anécdota, concluyó, “nos hace pensar que, hasta ahora, los proyectos que tenemos de mejora de la salud mental, las distintas estrategias, todas las buenas voluntades que hemos expresado aquí, quizá no lleguen al día a día de la realidad que estamos viviendo, tanto los sanitarios como los pacientes”.

A este respecto, puso de relieve la trascendencia de “replantearnos desde la clase política desde las sociedades científicas desde las asociaciones, qué estamos haciendo cuando, claramente, si tenemos 4.000 suicidios al año, bien no lo estamos haciendo”. Para ello, instó a realizar un proceso de autocrítica, dejando de lado grupos parlamentarios y orientaciones políticas, para trabajar por el usuario y “conseguir que una de las maravillosas estrategias que todos planteamos sea realmente eficaz”.

Como presidenta de una asociación de familiares, amigos y supervivientes del suicidio, Dña. Francisca Morell expresó que “falta considerar el suicidio como algo muy complejo, muy poliédrico y que va más allá de la intervención en crisis que, evidentemente, se tiene que mejorar, porque cuando alguien está en crisis no nos podemos permitir que se marque al 024 y salte un contestador, dado que aumentamos muchísimo la desesperanza de esa persona”.

Asimismo, puso de relieve la importancia de contar con sistemas de monitorización y registro detallado de datos actuales, así como la necesidad de las familias de contar con información, explicando que “en nuestro proceso de duelo y recuperación nos gusta implicarnos y hacemos preguntas y nos encontramos con que muchas preguntas que hacemos no tienen respuestas”. Ante esto, un requisito esencial es comenzar a trabajar el empoderamiento y la participación activa de las personas en su proceso.

Según describió, en la situación actual, cuando alguien requiere atención psicológica se la tiene que pagar, y la otra opción es acudir al médico de familia y que le recete una medicación (un antidepresivo), para superar su duelo, de modo que tenemos gente que lleva en duelo 20 años y siguen sin resolverlo, mientras continúan tomando ansiolíticos o antidepresivos.

Expuso, a modo de ejemplo, la realidad en los grupos de ayuda mutua de personas en duelo por suicidio -algunas de ellas, con tentativas-, donde “se ve claramente la diferencia entre aquellas personas que se han podido pagar un psicólogo, han tenido acceso a Psicoterapia y el cambio de la persona cuando se empieza a empoderar (llegan con conocimiento de sus emociones, pudiendo hablar con facilidad del dolor sin desbordarse, sino comprendiéndolo), en contraposición con aquellas que no han logrado atención psicológica y han llamado a Atención Primaria y se les ha recetado un fármaco”.

Dña. Francisca Morell expresó su preocupación ante el hecho de que la ayuda se pida a asociaciones que están dotadas de voluntariado (“personas que estamos regalando nuestro tiempo porque hemos vivido esa realidad en primera persona”), una ayuda absolutamente necesaria, pero que debería ofrecerse también y de forma prioritaria desde la administración pública: “en nuestra asociación se percibe muy bien esa falta de acceso a la Psicología, a tener un o una profesional de la Psicología que te brinda la atención que necesitas cuando tienes a tu persona en riesgo y no sabes si va a sobrevivir a ese intento”.

***

Dña. Pilar Aparicio puso el punto final al debate agradeciendo, una vez más, el poder participar durante el mismo, y aseverando que su realización “va a favorecer el seguir hablando de este grave problema que necesita solución”. En este contexto, reconoció que el abordaje del suicidio es un tema fundamental.

Evocó el Plan de acción que se comprende en la Estrategia en Salud Mental para aclarar que considera de forma particular la mejora de los mecanismos de registro y seguimiento de los casos de suicidio (tentativas y consumados), dado que “el INE hace un esfuerzo esencial, pero hay un reto importante de mejora”. El código de suicidio está planteado en la Estrategia, y se prevé que esté implementado en todas las CCAA, “recogiendo no sólo las tentativas sino también el abordaje preventivo”. Asimismo, contempla la atención a familiares y supervivientes, “ese entorno tan importante y que sufre tanto en esos casos”.

La directora general de Salud Pública se despidió proclamando que “es el momento de pasar a la acción”.

D. José Ramón Fernández Hermida, director de publicaciones del Consejo General de la Psicología

«El suicidio es un problema multifacético, no solo de salud mental, sino mucho más complejo”

D. José Ramón Fernández Hermida cerró el desayuno reiterando de nuevo su agradecimiento a todos y todas los/as asistentes, y manifestando su beneplácito por poder escuchar de primera mano la opinión de todos los representantes políticos, con cierto consenso entre ellos, ante un tema “que trasciende los debates ideológicos, que hay que resolver a medio y largo plazo, y que no debe atenerse a medidas ‘cortoplacistas’ y ‘corto mentalistas’, porque el ‘cortoplacismo’ es debido muchas veces a una pobreza a la hora de generar objetivos e ideas”.

El director de Publicaciones del COP manifestó su deseo de que el consenso expresado por todos y todas a lo largo del encuentro -relativo a la gravedad del problema y la necesidad de planificar-, pueda ponerse en marcha, especialmente, la incorporación de psicólogos y psicólogas en ámbitos en los que antes no estaban, lo que “supondría, en cierta medida, acercar la atención psicológica a la población”.

Reconociendo la clara intención por parte de la Dirección General de Salud Pública de mejorar el acceso a las intervenciones psicológicas desde el ámbito sanitario, D. José Ramón Fdez. Hermida insistió en que el suicidio es un problema multifacético, «no solo de salud mental, sino mucho más complejo”.

Un tema al que, según admitió, todos los participantes “han aportado mucha luz”, a través de recomendaciones y propuestas, tales como, la necesidad de la asistencia psicológica, de la prevención indicada, de la posvención, del apoyo a las familias o la de poner en marcha la acción social, entre otras.

Como bien indicó, en nuestro país quedan aún muchos escollos “por la inexistencia de psicólogos en atención primaria, de psicólogos y asistencia psicológica en la escuela, por las carencias con las que se encuentran los psicólogos en servicios sociales”, y hay mucho que avanzar para resolver la problemática abordada en este debate. No obstante, mostró su optimismo al señalar que “la posición del Ministerio es favorable y el hecho de que haya estado aquí su representante ha sido un claro ejemplo de ello”.