El jueves 29 de abril de 2010, el Pleno del Parlamento andaluz aprobó por unanimidad una proposición de Ley del PSOE relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo en dicha comunidad. Esta propuesta garantiza una cobertura asistencial integral a las víctimas de una acción terrorista, entre las que se incluye la atención psicológica.
La propuesta ha contado con el apoyo de representantes de las asociaciones de víctimas. En concreto, el presidente de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, Joaquín Vidal, ha destacado en diversos medios, que esta proposición de Ley «supone un gran paso», al ofrecer medidas asistenciales que cubren «realmente» las necesidades de las víctimas, así como un sistema para prestar ayuda psicológica. |
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La Ley presentada por el PSOE se compone de seis capítulos, donde se establecen las disposiciones de carácter general (el objeto, clases de medidas, beneficiarios, requisitos para la concesión de las ayudas, naturaleza de las medidas y organización y principios del procedimiento), las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos, las prestaciones asistenciales propias de la Administración de la comunidad (en los ámbitos sanitario, psicológico, psicosocial, psicopedagógico, educativo, de empleo y de vivienda), el reconocimiento de honores y distinciones por la comunidad a las víctimas del terrorismo y a las instituciones, la regulación de las medidas a implementar en materia de empleo público y la concesión de subvenciones.
Tal y como se recoge en Europa Press, la portavoz de Justicia del PSOE, Pilar Navarro, declaró que la sociedad y las instituciones andaluzas tienen el deber moral y jurídico de reconocer públicamente a las víctimas de tales actos, de velar por su protección y bienestar, y de asistirlas en aquellas necesidades que hayan podido verse agravadas por los mismos.
Por su parte, Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, señaló hace unas semanas al conocer dicha propuesta, que uno de los aspectos novedosos que incluye esta Ley es el hecho de que las ayudas psicológicas sean «sine die», es decir, sin plazo de finalización, y no durante un año, como viene siendo habitual.
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