¿Qué rol desempeña la Psicología Comunitaria y de la intervención social en el ámbito de los Servicios Sociales? ¿Cuál es su valor añadido en este ámbito? ¿Cómo pueden regularse de forma adecuada las profesiones en los Servicios Sociales -incluida la Psicología- para garantizar el necesario trabajo interdisciplinar? 

Para conocer las respuestas a estas y otras preguntas, Infocop ha querido entrevistar a Santiago Boira Sarto y María Fuster Martínez, secretario técnico y vocal, respectivamente, de la División de Psicología e Intervención Social (PISoc) del Consejo General de la Psicología, quienes nos hablarán en detalle sobre el papel esencial de la disciplina, sus competencias y la importancia de regularla dentro un modelo de Servicios Sociales más eficiente, universal y de calidad.

Santiago Boira es licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca y en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza. Psicólogo especialista en Psicología Clínica, es doctor por la Universidad de Zaragoza y profesor Titular de Universidad del Departamento de Psicología y Sociología de dicha Universidad. Actualmente ocupa el cargo de presidente del Colegio Profesional de Psicología de Aragón y de coordinador de la División de Psicología de la Intervención Social del Consejo General de la Psicología, del que también es vocal. Ha sido miembro y representante de España en la red Femicide Across Europe, Cost Action IS-1206. Ha sido también Investigador PROMETEO del Gobierno de Ecuador en la Universidad Técnica del Norte, Ibarra (Ecuador) (2014-2015). Asimismo, es investigador del Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector (GESES). Desde 2016 a 2022 dirigió el Máster Universitario de Relaciones de Género de la Universidad de Zaragoza.  Sus líneas de investigación se centran en las cuestiones de género, violencia dentro de pareja y servicios sociales. Ha publicado más de 60 artículos, capítulos y libros en diversas revistas y editoriales.

María Fuster es Licenciada en Psicología por la Universidad de Murcia. Premio Extraordinario de Carrera, Especialista en Psicología Clínica y Psicoterapeuta Familiar Sistémico y acreditada como Psicóloga Experta en Psicología de la Intervención Social y certificación específica en el ámbito profesional de Familia, Infancia y Adolescencia. Vinculada a la actividad colegial desde hace más de 14 años, actualmente ostenta el cargo de decana del Colegio oficial de Psicología de la Región de Murcia. Ponente en numerosas jornadas y congresos en torno a la práctica profesional desarrollada en los servicios sociales de atención primaria a nivel comunitario, en los últimos años ha desempeñado su labor como funcionaria y psicóloga de la intervención social adscrita a un Centro municipal de Servicios Sociales de Atención Primaria, así como coordinadora de programas dirigidos a la intervención y atención a la Infancia, Adolescencia y Familia, en especial, en el ámbito de la protección y la vulnerabilidad en riesgo social, el absentismo escolar y el desarrollo comunitario.

ENTREVISTA

A modo de introducción, como secretario técnico y vocal de la División de Psicología de la Intervención Social del COP, ¿podrían explicarnos por qué es importante la Psicología en el ámbito de los Servicios Sociales? ¿Cuál es su valor añadido?

La Psicología de la Intervención Social ha sido en las últimas décadas un referente teórico, metodológico y profesional que ha realizado aportes fundamentales para la comprensión de los problemas humanos en sus contextos sociales específicos, desarrollando estrategias de intervención para mejorar el bienestar psicológico y social de personas, grupos y comunidades. La disciplina se ha centrado especialmente en las situaciones más frágiles y vulnerables y tiene como objetivo promover cambios personales y sociales a través de modelos y metodologías propias de la Psicología. 

El conjunto de técnicas, métodos y estrategias científicas de la Psicología de la Intervención Social aportan un valor añadido tanto para la Psicología en su conjunto, como para otras disciplinas que desarrollan su actividad el ámbito social. Su carácter aplicado y la vinculación del funcionamiento psicológico con el contexto social específico en el que las personas se desenvuelven son dos elementos cruciales.

Por otra parte, el aporte de la Psicología de la Intervención Social es también fundamental en el desarrollo de prestaciones y servicios que satisfagan algunas de las necesidades sociales principales, que son objeto de atención en las leyes de servicios sociales de las diferentes autonomías del Estado. En concreto, nos referimos a las necesidades que tienen que ver con la autonomía personal, la convivencia adecuada o su la integración y participación social.  En este sentido, la Psicología de la Intervención Social puede y debe realizar propuestas que ayuden a mejorar el diseño, implementación y evaluación de las políticas sociales.

De forma específica, ¿cuáles son las funciones y áreas de intervención del Psicólogo comunitario y de la intervención social en este ámbito?

Como se recoge en el documento ”Reflexiones en torno a la Psicología de la Intervención Social y el Sistema de Servicios Sociales”, elaborado desde la División de Psicología de la Intervención Social (Pisoc) del Consejo de la Psicología de España, el rol y el desempeño del psicólogo/a en este ámbito se basan en un conjunto de competencias profesionales que se pueden desglosar en los siguientes grupos.

El primer grupo de competencias implica especificar las necesidades y definir unos objetivos aceptables y realizables a través de la interacción con la persona usuaria, utilizando para ello metodologías y estrategias psicológicas. El segundo requiere el desarrollo de tareas de evaluación psicológica individual, grupal y organizacional a través de entrevistas, test, observación o realización de encuestas. El tercero de los grupos se relaciona con el desarrollo de productos y servicios, lo que requiere su diseño, construcción y la determinación de su fiabilidad y validez, evaluando su utilidad y satisfacción de la persona usuaria. El cuarto supone la planificación y diseño de la intervención psicológica directa o indirecta. El quinto grupo tiene como objetivo la valoración de las intervenciones psicológicas para establecer la adecuación de las intervenciones en términos de cumplimiento del plan de intervención y el logro del conjunto de objetivos. El último de los grupos se centra en la comunicación tanto en lo referente a proporcionar un feedback adecuado a las personas o grupos de interés como a la elaboración de informes para las personas usuarias.

En cuanto a los ámbitos de actuación, como también se recoge en el documento citado, estos son múltiples. Algunos de los más importantes serían los siguientes: la intervención con la comunidad que implica el desarrollo de trabajos de investigación y la planificación, el diseño, ejecución y evaluación de programas; la intervención con poblaciones específicas (infancia y juventud, familia, mayores y envejecimiento, diversidad funcional, dependencia y promoción de la autonomía personal); igualdad de género tanto en lo referido a lo relacionado con la prevención, la promoción o la formación como al asesoramiento y atención psicológica de víctimas y agresores; inmigrantes. La intervención en este caso se dirige a las personas inmigrantes, a las organizaciones y a las instituciones, con el objetivo poner en marcha medidas para una positiva e integradora gestión de la diversidad humana a través de la mejora de la competencia cultural de inmigrantes, ciudadanía, profesionales y organizaciones; adicciones, en la coordinación con la red de centros y asociaciones que se dedican a la prevención y en el tratamiento de las personas con adicciones, mediante la realización de un trabajo individual y grupal en relación con la mejora de habilidades personales que faciliten su integración social; cooperación para el desarrollo en tareas como detección de necesidades, realización de estudios, implementación de planes o aplicación de técnicas en situaciones bélicas y de catástrofes; Psicología ambiental fomentando conductas ecológicamente responsables, educando a la ciudadanía, adaptando el medio ambiente las características de las personas y considerando el territorio como objeto de la intervención social.

Sabemos que el pasado mes de noviembre, se celebró una jornada en la sede del COP, donde se abordó el anteproyecto de Ley de Condiciones Básicas para la Igualdad en el Acceso y Disfrute de los Servicios Sociales que prepara el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y en la que, junto con el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), el COP expuso una serie de consideraciones que deberían incorporarse en la futura Ley en pro de un modelo de Servicios Sociales más eficiente, universal y de calidad. ¿Podrían explicarnos cuáles son dichas propuestas?   

Efectivamente, en dicha jornada se presentó un documento fruto de la colaboración entre los dos colegios profesionales que incluye propuestas al anteproyecto de Ley de Condiciones Básicas para la Igualdad en el Acceso y Disfrute de los Servicios Sociales. Además de las propuestas, se incluyen algunos aspectos relevantes de la situación actual de los derechos sociales de la ciudadanía en nuestro país y una serie de constataciones sobre la situación actual del Sistema Público del Sistema de Servicios Sociales en España. Así, en estos momentos nos encontramos con un Sistema Público de Servicios Sociales fraccionado entre las diferentes Comunidades Autónomas, que produce una inequidad entre la ciudadanía, dependiendo del lugar en el que se viva y una normativa autonómica muy diferente de unas comunidades a otras.

Por otra parte, se identifica una composición desigual de los equipos en cuanto a las disciplinas consideradas como mínimos imprescindibles para la intervención, y una falta de clarificación de las competencias profesionales de cada una de las disciplinas que conforman el Sistema. De mismo modo, se sigue constatando un exceso de burocracia, una actuación que todavía sigue siendo excesivamente asistencialista, un limitado desarrollo de la intervención comunitaria, fundamental en términos de prevención y una escasa participación de las personas usuarias en el diseño de las intervenciones.

Frente a esto, el documento explicita una serie de propuestas que inciden en la consideración de los Servicios Sociales de interés general y esenciales, donde se expliciten claramente los niveles funcionales, territoriales y competenciales y que definan como derecho subjetivo al conjunto de servicios, prestaciones y programas del Sistema.

En relación al profesional de la Psicología de la Intervención Social se propone una definición clara de los equipos, con especificación de las funciones de los profesionales que los componen, así como una definición sobre la toma de decisiones en los procesos de atención y acompañamiento que implique un verdadero abordaje interdisciplinar. Esta cuestión incluye que, en los casos de atenciones individuales o familiares en los que se considere necesario el establecimiento de una persona profesional de referencia, esta será determinada por el equipo, pudiendo ser cualquier componente de éste, dependiendo de las características del caso, e incidiendo en que nunca se debe hacer una reserva de actividad para una profesión determinada en el caso de la determinación de esta persona profesional de referencia.

En su opinión de expertos, ¿cómo se pueden regular de forma adecuada las profesiones en los Servicios Sociales para garantizar el necesario trabajo interdisciplinar? 

Regular supone ordenar, y el ámbito de los servicios sociales es complejo y vasto. Supone un ejercicio de confluencias colaborativas, siempre garantista con los fines y objetivos que tiene asignado el sistema de protección social.

Si el sistema quiere evolucionar ante los grandes y graves retos actuales ha de superar su planteamiento asistencialista, virando hacia enfoques comunitarios y preventivos, de proximidad, donde la promoción social y el apoyo a la vulnerabilidad supongan derechos subjetivos asociados a la garantía de las prestaciones técnicas que han de responder a las necesidades tanto psicológicas, socioeducativas como sociales. Esto es poner a las personas en el centro de las políticas. Los equipos interprofesionales suponen en sí mismos una base ordenada para la estructura del sistema, configurando sus respuestas ante la naturaleza multidimensional de las problemáticas sociales.

La desigualdad territorial en la que estamos inmersos requiere asentar las bases de una efectiva gobernanza desde el poder legislativo que garantice el modelo y el ejercicio ordenado de las profesiones de la intervención social: psicólogos/as de la intervención social, educadores sociales y trabajadores sociales, aumentando las sinergias de las tres profesiones en beneficio de las personas y de la comunidad.

Para ello, se han de garantizar los principios de transparencia y participación desde un ejercicio basado en la competencia y capacitación de sus profesionales, tal y como exige la función pública. Necesitamos que el poder ejecutivo y legislativo tomen conciencia de ello. No somos iguales unas y otras profesiones, ni sustituibles o intercambiables, somos complementarias y transversales pero, también específicas en nuestros conocimientos.

El fundamento ha de descansar en el aval del conocimiento y la investigación, condiciones a garantizar en las planificaciones y en sus propuestas programáticas, asegurando la integralidad de la intervenciones, evitando el tradicional sesgo de modelos basados en la gestión de prestaciones, que genera prácticas fragmentadas con efectos adversos en personas y grupos, muy poco efectivas. Para ello, los instrumentos de los que se vale la administración, entre otros, son los planes estratégicos y los catálogos de prestaciones. Es preciso asegurar la presencia en los mismos de las tres profesiones. Solo cuando se afiancen los espacios en los servicios públicos para los equipos interprofesionales, garantizando ratios adecuadas, conseguiremos que la interdisciplinariedad sea una realidad en la estructura del sistema y los responsables institucionales podrán hablar de un sistema de calidad. Mientras, seguiremos en las políticas que sustituyen lo urgente por lo importante.

En relación con lo anterior, actualmente, el término “psicosocial” se ha extendido de forma notable, siendo ampliamente utilizado por diferentes disciplinas al margen de la Psicología. En este sentido, ¿qué desventajas tiene el uso de este término para el ámbito profesional y académico de la Psicología?

El término “psicosocial” es y ha supuesto uno de los grandes anclajes de la Psicología de la intervención social. Pero venimos reflexionando sobre su uso indiscriminado en distintos niveles. Uno especialmente importante, son las normativas con rango de ley que adscriben funciones como valoraciones o diagnósticos ‘psicosociales’ a perfiles que no son profesionales de la Psicología. Igualmente, presente en la definición de funciones expresadas como “apoyo psicosocial” atribuido a otros perfiles profesionales distintos del psicólogo/a en las relaciones de puestos de trabajo (RPT), donde participan actores desconocedores de esta terminología que validan los que les aportan ‘terceros’ como definición de sus tareas o funciones, sin más profundidad. También es muy frecuente encontrar, tanto en la literatura poco especializada, como en contrataciones laborales, guías, protocolos u orientaciones de buenas prácticas, etc. la asociación imprecisa de capacidades y competencias “psicosociales”, no definidas ni referenciadas, en espacios carentes de un profesional de la Psicología, generando el efecto confuso de estar trabajando implícitamente la dimensión psicológica por la sola mención de “lo psicosocial”.

Así, creemos, ha terminado por convertirse en una importante problemática para toda la Psicología por sus confusos usos, igualmente extendidos a otros ámbitos.

La resulta es un merma de sentido y significado de la sustantivación del término, un ‘como si’ que parece conferir donde se usa o a quien lo usa, la garantía de saber o de ejercer ‘implícitos’ impactos y efectos sobre la dimensión psicológica de la persona en relación al contexto o territorio; o más grave aún, de estar en posesión de habilidades, infiriendo y atribuyendo competencias y capacidades, más allá de las adscritas a una titulación universitaria como la de la Psicología, como si su simple mención supusiera, sin más, “un supuesto saber” pero sin referente en modelo comprensivo alguno, ni de la investigación.

Esto tiene repercusiones en la práctica profesional, generando efectos en las intervenciones desde la falta de aval y rigor, probablemente calificables de “mala praxis”, con resultados sobre poblaciones altamente vulnerables que, por definición, la administración y la función pública han de proteger y reservar al ejercicio de profesiones que se manejan con alto nivel de complejidad (subescala especial A1). Nuestros profesionales definen su criterio facultativo en torno a la dimensión psicológica y esta, per se, es de gran complejidad, y para ello se preparan, por lo que requiere un nivel específico que solo garantiza la adscripción a nuestra titulación (capacidad) y su ejercicio experimentado (competencia).

Referenciando a Martínez, M.F. & Col.(2018): “Lo ‘psicosocial’ implica un acercamiento comprensivo a personas, grupos, organizaciones y comunidades (y a los problemas asociados), desde las distintas teorías o modelos que la Psicología, como ciencia, ha ido sustanciando y validando a través de la evidencia y de los resultados de la investigación, contemplando siempre la importancia de la interacción dialéctica entre sujeto y contexto”.

Desde el ámbito académico, es de resaltar los importantes movimientos que se están produciendo en algunos másteres de Psicología de la Intervención Social ya que, cada vez más, se suman a la restricción de acceso con la consiguiente reserva exclusiva a nuestros titulados. Felicitar, por ello, a estas universidades que en tal sentido están tomando conciencia de la importancia de proteger y garantizar la coherencia entre lo académico y la práctica profesional de la Psicología.