Como ya informó Infocop Online en su momento, el pasado 26 de noviembre el Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, compareció ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales, para explicar las quejas recibidas por parte de los ciudadanos en los últimos meses y las actuaciones de la institución durante la pandemia de la Covid-19. A modo de ampliación y complemento de lo expresado durante su comparecencia, el Defensor ha presentado un documento a través del cual recoge su actuación a lo largo de 2020, el año de la pandemia, incluyendo también el relato de las quejas recibidas por los ciudadanos. Tal y como señala el informe, la emergencia sanitaria nacional e internacional provocada por la covid-19 ha supuesto un reto sin precedentes para toda la sociedad. La grave amenaza que ha supuesto la pandemia para la salud pública permanece aún en la segunda ola: la crisis sanitaria y de salud pública sigue generando mucho dolor, a causa de todas las personas que enferman y fallecen y, a su vez, ha convulsionado la vida social y económica hasta un punto que todavía nadie es capaz de determinar. |
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Concretamente, el Sistema Nacional de Salud, ha vivido su peor crisis desde su creación, viéndose superado en sus peores momentos. A este respecto, el Defensor del Pueblo reconoce el inmenso esfuerzo de los profesionales sanitarios, así como la enorme tarea que están desarrollando las administraciones públicas, sus responsables y sus funcionarios, en los diferentes ámbitos, para paliar el golpe recibido y las consecuencias de la situación en la que nos encontramos. En aras de proteger el derecho a la salud y los derechos a la vida y a la integridad física, el informe señala -en línea con los expertos, organismos e instituciones académicas-, aquellos aspectos que pueden mejorar, detectados a través de sus actuaciones y recogidos en sus informes. En este sentido el defensor lamenta que las propias administraciones sanitarias -tanto la central como las autonómicas-, aún siendo conscientes hace mucho tiempo de varias debilidades crónicas, no afrontasen la crisis actual con la previsión, planificación e inversión suficientes. De hecho, ya en su informe anual 2019, el Defensor del Pueblo advertía a las administraciones de numerosas consecuencias negativas de la crisis económica de 2008 sobre los presupuestos sanitarios, tales como la reducción de plantillas, paralización y contratos menos estables, reducción de salarios y peores condiciones laborales, listas de espera demasiado largas y saturación frecuente de las urgencias, presión asistencial muy elevada, escasez de profesionales en algunas especialidades y territorios (especialmente en la atención primaria), desmotivación de los profesionales, entre otros. Como ya preveía entonces el defensor, señalando que las circunstancias expuestas en el párrafo anterior podrían cronificarse y hacer temer por un deterioro de la atención sanitaria pública, el nuevo documento 2020, revela las debilidades del Sistema Nacional de Salud, que en el contexto actual de pandemia han fallado o se han quebrado:
Dado lo anterior, el informe se muestra tajante al afirmar que la sanidad española no necesita edificios más grandes o infraestructuras espectaculares, sino una gestión eficaz y coordinada de los recursos humanos y materiales, y creer en el sistema público sanitario. Para ello, es primordial dar un impulso a los servicios de salud pública, de promoción de la salud y de prevención de enfermedades, junto con la investigación sanitaria, redundando así en una mejora de los niveles asistenciales. Entre las medidas expuestas en el documento, se plantea el refuerzo específico de los centros de atención primaria, de los servicios hospitalarios y de la atención especializada directamente vinculada a la atención de la Covid-19, prestando una especial atención al incremento de demanda de asistencia en salud mental. En lo referente al ámbito de las residencias de mayores, el documento apunta como un problema en esta crisis a la falta de datos homogéneos y la dificultad en obtenerlos, lo que imposibilita su comparación y dificulta el análisis. Cabe señalar el impacto del aislamiento en los mayores residentes, pudiendo afectar a su estado de salud físico, psíquico y emocional. Las restricciones en el contacto social favorecen la aparición de trastornos afectivos como ansiedad, distimia o depresión, y las limitaciones de movilidad favorecen el sedentarismo y, consecuentemente, la pérdida de masa y función muscular, y fragilidad. Desde una perspectiva cognitiva y conductual, las restricciones de la movilidad y de relaciones sociales rompen con las rutinas habituales, pudiendo agravar los deterioros cognitivos ya presentes, aumentando la incidencia de sintomatología conductual y de delirium. A este respecto, el informe aconseja incorporar en todas las normativas autonómicas sobre residencias la presencia de profesionales de la Psicología, Enfermería, Medicina, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Trabajo Social. Por otro lado, el documento pone de relieve cómo la crisis de la covid-19, con medidas como el distanciamiento social y los toques de queda, ha dado lugar a un mayor riesgo de violencia machista, al cometerse en el entorno privado o doméstico, lo que se refleja en los datos actuales. El informe indica aquí los efectos psíquicos nocivos de la cuarentena sobre algunas personas, siendo un caldo de cultivo perfecto para que los maltratadores puedan ejercer la violencia. Es en estas crisis, cuando considera esencial reforzar la vigilancia sobre la violencia de género, para poder paliar el daño causado en las vidas de las mujeres. Con respecto a la suspensión de las actividades lectivas presenciales y la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo, el documento expone las numerosas quejas recibidas por la Institución relacionadas con las dificultades a las que tuvieron que enfrentarse los/as docentes, los/as alumnos/as y sus familias cuando, en cuestión de días, se hubo de improvisar un sistema educativo alternativo de enseñanza y aprendizaje a distancia y adaptarse al empleo de distintos recursos tecnológicos, no siempre disponibles. Estas inquietudes fueron trasladadas en abril por el Defensor del Pueblo al Ministerio de Educación y Formación Profesional, con el fin de dejar patente los perjuicios derivados de la suspensión de las clases presenciales en el desarrollo académico del alumnado y para que, una vez reanudada la actividad educativa presencial se emprendiese una serie de medidas compensatorias y apoyos específicos para aquellos/as alumnos/as que así lo necesitasen. En este contexto, el informe deplora el modo en que la crisis sanitaria causada por el coronavirus ha ampliado aún más la brecha digital y educativa en la sociedad, lo que constituye un factor de desigualdad social que compromete el acceso a la educación en condiciones de igualdad y equidad, evidenciando la necesidad de introducir mejoras en la competencia digital y a alcanzar un consenso en materia educativa para lograr un sistema educativo inclusivo y solidario que garantice la igualdad de oportunidades para todo el alumnado. Para ello considera preciso ofrecer apoyos y refuerzos específicos al alumnado en situación de vulnerabilidad por su edad, circunstancias personales y/o situación social y económica, con el propósito de no dejar a ningún/a alumno/a al margen de una enseñanza de calidad en los diferentes escenarios y modalidades que puedan implementarse en el presente curso 2020-2021. Se puede acceder al documento desde la página Web del Defensor del Pueblo, o bien directamente a través del siguiente enlace: |
La importancia de promover los Derechos Humanos en Salud Mental
Es clave impulsar el perfil de la Psicología en la atención socio-sanitaria a niños, niñas y adolescentes (ya que se aprecia una carencia evidente), así como proporcionarles una intervención temprana a través de programas psicológicos y sociales basados en la evidencia y otras intervenciones no farmacológicas fundamentadas en la comunidad, evitando la institucionalización y medicalización (…)