Fernando Chacón, vicepresidente del Consejo General de la Psicología, trasladó a los miembros de la Comisión de Justicia del Senado el pasado 30 de marzo, la necesidad de aprobar la especialización de la Psicología Forense. 

Chacón no acudió solo. Lo hizo acompañado de María Escudero, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense (SEPJF), y Ramón Arce, catedrático de Psicología Jurídica y Forense de la Universidad de Santiago y presidente de la SEPJF. Los tres presentaron a la mesa la situación actual de la Psicología Jurídica en el ámbito de la Administración de Justicia, los serios problemas que la aquejan y que redundan en un importante perjuicio en los servicios que se prestan a la ciudadanía, y le plantearon posibles vías de solución.

El grupo expuso, frente a sus señorías, una serie de propuestas, consensuadas entre el COP, la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense, la Sociedad Iberoamericana de Psicología Jurídica y Forense y la Asociación Profesional de Psicología Forense de la Administración de Justicia (APF), y que considera fundamentales para mejorar la situación de la disciplina de la Psicología Forense y de quienes la practican:

• La regulación de la actividad profesional de emisión de informes psicológicos ante los Juzgados, tanto por parte de empleados públicos como de peritos privados, para lo que es necesaria una regulación con rango de Ley, que establezca las funciones, requisitos y forma de acceso a dicha actividad.

• La creación de un cuerpo de funcionarios específico para los psicólogos dependientes del Ministerio de Justicia o la creación de una especialidad de Psicología ante la Administración de Justicia dentro del ya existente Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración, Escala Facultativa Superior, Facultativos Superiores Especialistas.

• Impulsar la funcionarización de los psicólogos adscritos a la Administración de Justicia en las CC.AA. con competencias transferidas.

La Psicología al servicio de la Administración de Justicia, de los operadores jurídicos, de los magistrados, jueces y fiscales, es la más compleja y una de las que requiere mayor nivel de especialización. Complejidad y necesidad de especialización, expuso el vicepresidente del COP, “que se derivan de la enorme responsabilidad que supone la emisión de informes psicológicos que, en ocasiones, son medios de pruebas cruciales en procedimientos de familia, violencia de género, menores o vigilancia penitenciaria, por ejemplo, y de la elevada litigiosidad que comporta que dichos informes, frecuentemente, perjudiquen a una de las partes; característica ésta que no ocurre en ningún otro campo de aplicación de la Psicología, y que provoca que la inmensa mayoría de las denuncias deontológicas que llegan a los Colegios de la Psicología, se refieran a informes psicológicos que se presentan ante los tribunales”.

Por ello, insistió Chacón, “la necesidad de especialización es imperiosa, como demuestran los Máster oficiales ya existentes, o la acreditación profesional puesta en marcha conjuntamente por las sociedades científicas y los Colegios Profesionales de la Psicología”. 

Los miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta se mostraron bastante receptivos a la exposición planteada por el COP.