Según ha informado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), las personas con discapacidad intelectual límite quedan excluidas de los incentivos para los procesos de contratación laboral, al no alcanzar el reconocimiento del 33% de grado de discapacidad. Esta situación redunda en un grave perjuicio para sus posibilidades de promoción laboral y de desarrollo personal, por lo que CERMI ha urgido al Ministerio de Trabajo y Economía Social a que apruebe “sin demora” una regulación que contemple estas medidas para este colectivo de personas, a través de un real decreto.

De esta manera, el CERMI espera poder concienciar al Ejecutivo sobre la necesidad urgente de modificar la legislación, puesto que se trata de una solicitud que realizó este colectivo hace casi 10 años y que por fin puede materializarse al presentarse recientemente al Consejo de Estado el denominado “proyecto de real decreto de medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite”, que será analizado antes de ser elevado a aprobación por parte del Consejo de Ministros.

Dicho proyecto de real decreto se hizo eco de la petición inicial de CERMI y constituye un desarrollo de la disposición adicional sexta de la Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con Discapacidad, en la que se insta al Gobierno a establecer medidas de acción positiva dirigidas a promover el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite, que tengan reconocida oficialmente esta situación, aunque no alcancen un grado de discapacidad del 33%.

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