El 34,8% de la población penitenciaria refiere haber sido diagnosticada, alguna vez en su vida, de un trastorno mental o emocional, siendo la prevalencia mayor entre las mujeres (42,3%) que entre los hombres (34,3%), y alcanzando el valor más elevado (46,9%) entre las mujeres de 35 a 44 años. Esta es una de las conclusiones recogidas en la Encuesta sobre Salud y Consumo de Drogas en Población Interna en Instituciones Penitenciarias, un informe presentado de forma conjunta por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, la Dirección General de Asuntos Penitenciarios del Departamento de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat de Cataluña y la Dirección de Justicia de la Consejería de Igualdad, Justicia y Asuntos Sociales a través del Programa de Análisis e Inspección de Centros Penitenciarios del Gobierno Vasco. Esta encuesta de periodicidad quinquenal se encuentra incluida en el Plan Estadístico Nacional del Instituto Nacional de Estadística y se enmarca dentro de las líneas de trabajo establecidas por las estrategias europea y española sobre drogas y adicciones. | ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E) | Autor: ron lach Fuente: pexels Fecha descarga: 30/01/2023 |
|
|
Tal y como señalan sus autores, su importancia radica en la posibilidad de disponer de información periódica y actualizada sobre salud y consumo de drogas en población penitenciaria (privada de libertad), para desarrollar y evaluar intervenciones sanitarias que les beneficien, dada la oportunidad que constituye la estancia en prisión para mejorar su salud y llevar a cabo programas de prevención y tratamiento orientados a reducir el consumo y los problemas asociados en esta población. Entre las principales conclusiones del informe destacan las siguientes: El 61,5% de la población penitenciaria privada de libertad percibe tener un estado de salud bueno o muy bueno , un dato inferior al obtenido en la encuesta EDADES del año 2022 en población general de 18 a 64 años (82,7%). El porcentaje de hombres que considera que su estado de salud es bueno o muy bueno es mayor que el de mujeres (62,0% en hombres frente a 53,0% en mujeres). Esta percepción de un buen estado de salud es más elevada entre la población penitenciaria joven y se reduce a medida que aumenta la edad. Este estado de salud ha empeorado para el 66,3% desde su ingreso en prisión, mientras que para un 20,7% su salud ha mejorado al entrar en el centro penitenciario (dato superior al 15,1% obtenido en 2016). Teniendo en cuenta la trascendencia de una buena salud mental, el informe incluye un apartado sobre problemas de salud mental y emocionales, con el fin de conocer la situación al respecto en las prisiones y obtener datos de cara a estudios posteriores. Los datos revelan que el 34,8% de la población penitenciaria han sido diagnosticados, alguna vez en su vida, de un trastorno mental o emocional, con mayor prevalencia entre las mujeres (42,3%) que entre los hombres (34,3%), y alcanzando el valor más elevado (46,9%) entre las mujeres de 35 a 44 años. El diagnóstico varía en función del género, así los hombres refieren más diagnósticos de esquizofrenia y las mujeres más diagnósticos de depresión y trastornos de personalidad, siendo similares entre ambos las prevalencias de psicosis y de trastorno bipolar. El tiempo medio en que las personas diagnosticadas de algún problema de salud mental o emocional han estado en tratamiento es de 8,7 años (9,6 años en el caso de las mujeres y 8,7 en el caso de los hombres). Según el informe, las personas diagnosticadas, reciben, en general, un menor apoyo familiar que aquellas sin problemas de salud mental. El 13,2% de quienes han sido diagnosticadas con algún problema de salud mental o emocional no tienen contacto familiar ni apoyo social, un dato que varía en función del diagnóstico recibido (por ejemplo, es mucho mayor la ausencia de contacto familiar entre los que refieren tener un diagnóstico de esquizofrenia). El 21,6% de la población penitenciaria recibe tratamiento con medicación en prisión para los problemas de salud mental o emocional (27,9% en 2016) y el 26,1% está llevando a cabo una intervención/programa de salud mental de la prisión (15,7% en 2016), de estos, el 59,8% participa en programas de deporte y el 59,1% en destinos. Con respecto al año 2016, se registra una reducción de participantes en grupos terapéuticos y en talleres ocupacionales, pero se incrementa en estudios, talleres laborales, talleres de educación para la salud, formación laboral y terapia asistida por animales. En palabras de los autores, algunos de estos resultados pueden estar relacionados con las restricciones derivadas de la pandemia por COVID-19 aún vigentes en el momento de realización de la encuesta. Los datos ponen de relieve cómo un 32,2% de la población penitenciaria manifiesta haber tenido ideas de suicidio alguna vez en la vida (38,7% en mujeres y 31,8% en hombres). Estas ideas de suicidio son más elevadas dentro de prisión que en libertad entre ambos sexos. El 19,9% de la población penitenciaria reconoce que ha intentado quitarse la vida alguna vez (25,4% en mujeres y 19,5% en hombres), un dato que asciende hasta el 61,7% de la población penitenciaria que ha tenido ideas de suicidio. En relación con el consumo de drogas, el 75,1% de la población penitenciaria manifiesta haber consumido alguna droga ilegal en la vida, el 58,9% en el último año y el 53,5% en el último mes estando en situación de libertad, mientras el 16,8% lo ha hecho en los últimos 30 días dentro de prisión. La prevalencia de consumo de drogas tanto legales como ilegales tanto en libertad como en prisión es superior en los hombres, con mayores diferencias de consumo registradas en prisión porque las mujeres reducen en mayor medida su consumo al entrar en el centro penitenciario, excepto en el caso del tabaco, que al igual que los hombres, aumenta su consumo en prisión. La población penitenciaria afirma haber consumido las siguientes sustancias dentro del centro durante los últimos 30 días: Tabaco: es la sustancia legal psicoactiva más consumida tanto en libertad como en prisión (actualmente, en los centros penitenciarios se permite fumar en las zonas exteriores de sus edificios al aire libre, o en las salas cerradas habilitadas al efecto). El 74,0% ha fumado en prisión en el último mes. Este consumo está más extendido entre los hombres y en los menores de 25 años. Para los autores, destaca que el 80,2% de la población penitenciaria con 24 años o menos haya fumado en prisión en los últimos 30 días, siendo una prevalencia muy superior a la población general no institucionalizada. Alcohol: es la sustancia psicoactiva legal más consumida por la población penitenciaria antes de su ingreso y la que muestra la mayor reducción al entrar en prisión. Un 2,0% lo ha consumido en el centro en los últimos 30 días. Este consumo es más elevado entre los hombres y en los menores de 35 años. Tranquilizantes sin receta: se registra un descenso en su consumo hasta casi la mitad al entrar en prisión. No obstante, el 7,8% de la población penitenciaria afirma haberlos tomado en el último mes y el 26,0% revela haberse iniciado en su consumo al ingresar en el centro. Este consumo en prisión se duplica entre los hombres en comparación con las mujeres. Cannabis: es la droga ilegal más consumida por la población penitenciaria tanto dentro como fuera de la prisión, si bien se reduce un tercio una vez se ingresa. El 11,2% la ha consumido en el último mes dentro de prisión (más del doble que en mujeres y entre la población penitenciaria menor de 25 años). El 1,6% reconoce haber empezado a tomar cannabis dentro de la prisión. Cocaína en polvo: consumida en el centro por el 1,3% de la población penitenciaria en los últimos 30 días. El 77,7% por la vía esnifada, el 14,8% fumada y el 6,0% inyectada. Con un mayor consumo entre los hombres y en los menores de 35 años. El 1% revela haberse iniciado en su consumo dentro de la prisión. Heroína (sola): el 1,4% de la población penitenciaria refiere haberla tomado dentro del centro en el último mes. De ellos, el 78,5% fumándola, el 16,8% por la vía esnifada y el 4,7% inyectada. El consumo está más extendido entre los hombres. Su inicio dentro de prisión se da en el 14,7% de los consumidores de heroína, un porcentaje que supone el 3,7% del total de población penitenciaria.
La mayoría de las sobredosis no mortales se producen estando en libertad y, mayoritariamente, antes del primer ingreso en prisión. Entre quienes han sufrido una sobredosis o intoxicación aguda no mortal en libertad (18,9% de la población penitenciaria), las sustancias implicadas son la cocaína y el alcohol, seguidas de la heroína. Sin embargo, dentro de prisión, son los tranquilizantes las sustancias que más intoxicaciones agudas no mortales provocan (4,1% de la población penitenciaria afectada). En lo referente al tratamiento por consumo de drogas, el 31,2% de la población penitenciaria ha recibido alguna vez un tratamiento en libertad para dejar o controlar este consumo (31,5% hombres y 26,1% mujeres), y el 24,1% lo ha recibido alguna vez dentro de la prisión en cualquier ingreso (24,6% hombres y 17,1% mujeres). Concretamente, con relación al tratamiento por consumo de alcohol, el 58,6% ha recibido terapia psicológica y/o grupos de apoyo estando en libertad y el 81,8% ha recibido terapia psicológica y/o grupos de apoyo dentro del centro penitenciario. Con respecto a las enfermedades infecciosas, entre la población penitenciaria que se ha realizado una prueba diagnóstica y conoce el resultado, el 4,6% son VIH positivos, el 13,6% presenta hepatitis C y el 1,1% hepatitis B. El porcentaje de positivos es superior en los hombres en todas las enfermedades infecciosas. La prevalencia de infección es claramente superior (llegando a superar el triple) en el caso de los usuarios de drogas por vía inyectada. Aunque entre la población penitenciaria es conocida la transmisión del VIH y VHC a través de las relaciones sexuales sin protección y por compartir jeringuillas, se detecta cierto desconocimiento sobre otros mecanismos de transmisión, especialmente de la hepatitis C.
El documento concluye recordando la importancia de seguir orientando las medidas preventivas y de tratamiento a las características y perfil de esta población de riesgo, dado que requiere un abordaje multidisciplinar, así como la necesidad de coordinación y estrecha colaboración entre los diferentes agentes e instituciones implicadas, en aras de mejorar la salud de la población penitenciaria, lo que redundará en un beneficio tanto para este colectivo como para sus familias y la población en general. Se puede acceder al documento desde la página de la DGPNSD o bien directamente aquí: ESDIP 2022. Encuesta sobre Salud y Consumo de Drogas en Población Interna en Instituciones Penitenciarias |