La reforma de las titulaciones universitarias ha eliminado el catálogo de títulos, y lo ha sustituido por un registro, con el fin de potenciar la «iniciativa» o la «creatividad» de las universidades en el «mercado» de captación de alumnos y recursos para formación e investigación. Para más adelante se están anunciando importantes medidas para ajustar las pensiones y la jubilación. Todo se está poniendo del revés, y el mundo que se avecina parece tener como elemento definitorio una creciente pérdida de la seguridad (laboral, profesional, económica), en favor de una competitividad azuzada por la necesidad. Todos estos cambios se están dando casi simultáneamente y su alcance no siempre es completamente comprendido por quienes los impulsan o reciben.

Los psicólogos estamos siendo sacudidos por las distintas oleadas liberalizadoras, después de haber sido excluidos de la última regulación profesional en el campo sanitario, que generó la LOPS.

Dada la naturaleza del tipo de «empleo» mayoritario que tienen los psicólogos, no resulta difícil entrever en qué medida nos va a afectar la desregulación laboral que ha impulsado el Gobierno. Es bien sabido que los psicólogos trabajan fundamentalmente como profesionales liberales y autónomos, o son empleados del sector público. En el primer caso, las reformas nos afectarán poco, ya que van en el sentido de flexibilizar los contratos laborales de los empleados por cuenta ajena. Sin embargo, la creciente precarización del trabajo en la Administración pública, mediante la externalización de la gestión de servicios esenciales para los ciudadanos, hace suponer que muchos psicólogos que prestan servicios en empresas privadas concertadas con la Administración verán empeorar notablemente sus condiciones laborales así como su seguridad y estabilidad en el trabajo. Los psicólogos que se encuentran en esas condiciones trabajan en ámbitos como la salud, la seguridad vial, la atención a la infancia, la atención a la discapacidad, etc., que son extremadamente importantes en un sociedad civilizada y que no pueden estar en manos de profesionales angustiados por su supervivencia. El mercado debe tener límites.

Esos límites parecen marcados en la normativa que se está elaborando sobre servicios profesionales. Consideramos completamente absurdo que los servicios psicológicos puedan ser prestados por profesionales que no tengan la debida cualificación, ya que tales servicios afectan a la salud o la seguridad de las personas. Dos campos en los que no se puede dejar jugar a la ley de la oferta y la demanda sin la presencia de un regulador estatal que garantice un mínimo de calidad y competencia en la actuación profesional. En este sentido, no cabe duda que la actividad de los psicólogos debe estar regulada y no concebimos otra perspectiva por ser dañina para las personas más débiles de nuestra sociedad.

La desregulación de los títulos universitarios que acompaña al «Plan Bolonia» nos ha parecido improvisada y poco meditada, por las mismas razones que exponemos en el caso de la llamada liberalización de los servicios. El Estado debe garantizar la calidad de ciertos servicios profesionales que afectan a la salud o a la seguridad de las personas. En este sentido se inscribe la iniciativa del «Máster de Psicología de la Salud» que ha propuesto el Gobierno y han aceptado la totalidad de las fuerzas políticas y el conjunto de nuestra profesión. Sin embargo, ahora nos están llegando rumores de que el Ministerio de Educación se está pensando el apoyo a esta titulación, en nombre del supuesto espíritu de Bolonia. No nos podemos creer que esos rumores sean ciertos, porque de ser así indicaría que nuestro Gobierno no tiene una mínima coherencia y carece completamente de rumbo. En reuniones tenidas en el Ministerio responsable de los títulos universitarios, hace más o menos dos años, se nos dijo que la aprobación del máster dependía de que el Ministerio de Sanidad hiciera la propuesta de regular nuestro campo profesional por esa vía. Los responsables de la política universitaria nos insistieron que ellos no iban a obstaculizar esa solución. Resulta que ahora parece que no es así. No se puede decir algo por la mañana y lo contrario por la tarde. No se nos puede tener seis años esperando una solución, para en el último paso dar marcha atrás aduciendo que los fundamentos, en las que se basa la solución, no son aceptables. ¿Qué sentido tiene que el Gobierno nos diga que para trabajar en el campo sanitario los licenciados deben hacer un máster o tener la especialidad, y después de múltiples negociaciones y acuerdos, acabar diciendo que el máster no es adecuado porque resta competencias al título de Grado? Es necesario recordar que el futuro máster no quita nada al Grado, sino que le da sentido. Las competencias del ejercicio en el campo sanitario, tanto las del título de licenciado actual como las del Grado futuro, fueron recortadas por las normas que regularon la actividad sanitaria, como la LOPS, sin que el Ministerio de Educación y Ciencia, que debía salvaguardar las competencias de los títulos y nuestra profesión (es nuestro actual Ministerio de tutela), dijera esta boca es mía. Si no se aprueba pronto este máster el daño que se le va a hacer a la Psicología y al futuro Grado puede ser mortal.

Tanta incertidumbre, incoherencias, y falta de criterio en la forma en que las reformas nos afectan y en las posibles soluciones que se nos ofrecen, están minando nuestra fe en la suficiencia del discurso razonado. Somos pacientes, pero la paciencia tiene límites. Las soluciones están apuntadas, razonadas y casi unánimemente acordadas. Ha llegado la hora de poner la letra a la melodía, la hora de la verdad.