Hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar y sensibilizar al público sobre la situación de estas personas en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Este año, el lema elegido: Participación y el liderazgo de las personas con discapacidad: Agenda de Desarrollo 2030, se focaliza en la necesidad de empoderamiento de las personas con discapacidad para alcanzar el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible contemplado en los compromisos adquiridos dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

A pesar de ser un marco adoptado por todos los Estados, la pandemia provocada por la COVID-19 ha puesto en evidencia que todavía estamos muy lejos de cumplir ese compromiso de «no dejar a nadie atrás» y de considerar la discapacidad como una cuestión transversal en la implementación de los Objetivos de Desarrollo. Los datos recogidos a nivel mundial muestran que a las personas con discapacidad se les está negando el derecho de acceso a tratamiento para la COVID-19 y están siendo objeto de numerosas violaciones de sus derechos humanos durante la pandemia. Así lo refleja el informe Derechos de las personas con discapacidad durante la pandemia, elaborado por una coalición internacional de organizaciones de defensa de las personas con discapacidad, con la finalidad de impulsar medidas de actuación frente a la situación de desprotección en la que se encuentran las personas con discapacidad y sus familias en el actual contexto de crisis sanitaria.

El documento reúne los datos aportados en una encuesta realizada a más de 2.100 personas con discapacidad y sus familiares pertenecientes a 134 países de todo el mundo.

Del análisis de datos se desprenden cuatro conclusiones clave:

• Los gobiernos no han establecido las medidas necesarias para proteger las vidas de las personas con discapacidades mentales o físicas que se encuentran institucionalizadas.  Teniendo en cuenta que las residencias se han convertido en uno de los escenarios críticos durante la pandemia, ninguno de los países ha impulsado medidas de emergencia para sustituir estos centros por servicios comunitarios y reintegrar a estas personas en la comunidad.
• La dificultad de acceso a servicios básicos y esenciales, incluida la comida o los servicios de apoyo personal, ha sido un problema de gravedad para las personas con discapacidad de todo el mundo. Las medidas restrictivas de confinamiento extremo han tenido consecuencias fatales en este colectivo, incluido el aumento de las muertes durante la pandemia.
• No se han defendido los derechos de las personas con discapacidad durante la pandemia, y menos aún, los de las mujeres y niñas con discapacidad. Los datos revelan un aumento de la violencia de género en este grupo, así como mayores dificultades de acceso a una educación online o un aumento de la situación de dependencia.
• Entre las violaciones más graves a sus derechos humanos, el informe incide en la negación de atención médica básica y de emergencia para las personas con discapacidad, de forma que muchas personas con discapacidad fueron excluidas del acceso a tratamiento para la COVID-19 por esta condición.

De esta manera, la situación de crisis sanitaria ha puesto en evidencia los elevados niveles de discriminación y estigma hacia la discapacidad presentes en todos los países, independientemente de su desarrollo económico. “Se ha producido un fracaso generalizado de todos los Estados para ofrecer respuestas que incluyan a las personas con discapacidad”, denuncia el informe.

Tal y como señalan los autores del texto, el documento reúne de manera detallada las violaciones a los derechos humanos cometidas en este grupo, así como las vías para prevenirlas, de forma que constituye un “lectura esencial” para los responsables políticos, los profesionales de la sanidad y de la atención social, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la sociedad y otras partes interesadas.

Entre las numerosas recomendaciones ofrecidas en el informe se encuentran las siguientes:

• Garantizar la participación plena y significativa de las personas con discapacidades y sus organizaciones representativas en cada en la etapa de elaboración de políticas de salud.
• Prevenir la negación de información sobre la salud, de atención médica o los servicios de salud sobre la base de la discapacidad. Proporcionar acceso a la justicia para aquellos que se les ha negado el acceso a la atención médica.
• Asegurar que las personas con discapacidad, incluidas las personas que viven en instituciones, disfrutan de la del más alto nivel de salud posible sin la discriminación por motivos de discapacidad.
• Exigir a los profesionales de la salud que proporcionen información y atención sanitarias a las personas con discapacidades en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos, incluidas las personas que se encuentran en instituciones.
• Concienciar sobre los derechos de las personas con discapacidad entre profesionales de la salud, incluyendo su derecho de acceso a la información y la necesidad de contar con su consentimiento informado y libre de coacciones para su tratamiento médico.
• Asegurar el acceso a los servicios de salud especializados incluyendo los servicios de rehabilitación.
• Garantizar una asistencia sanitaria gratuita o asequible, alimentos y medicinas, y prohibir la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud.
• Proporcionar información y servicios de salud lo más próximos posibles a sus propias comunidades, incluso aunque las personas con discapacidad vivan en comunidades remotas o zonas rurales.
• Garantizar que la información y los servicios de salud son sensibles a la edad y al género.
• Proporcionar información sobre la atención médica en múltiples formatos accesibles.

Según advierten los autores, “no podemos permitirnos dejar a nadie atrás si esperamos reconstruir un futuro mejor”.

El documento puede descargarse en el siguiente enlace:

Disability rights during the pandemic