El pasado 27 de noviembre, CC.OO. Enseñanza de la Comunidad de Madrid destacó la necesidad de abordar la salud mental en el contexto escolar, durante la presentación de un informe. En dicho informe, titulado La salud mental en la educación, se realiza una radiografía de la salud mental del alumnado y profesorado y se proponen recomendaciones para hacer frente a este problema tan presente en los centros educativos.
Durante el acto de presentación del informe, el sindicato calificó la situación de “emergencia sanitaria”, proponiendo un plan integral para el abordaje de la salud mental en el contexto educativo, cuyo coste estima en 23,6 millones de euros. Tal y como informaron en la rueda de prensa, ese plan integral debería incluir la contratación psicólogos educativos en todo el país. Sólo en la Comunidad de Madrid el sindicato propone incorporar 150 psicólogos educativos para poder hacer frente a este problema. Esta inclusión, según la organización sindical, supondría un beneficio en la salud mental y emocional para 160.000 alumnos y alumnas de secundaria y algo más de 57.000 en bachillerato de esta comunidad.
El informe presentado durante la rueda de prensa recoge la valoración y análisis del impacto de los problemas de salud mental en el contexto educativo, y ha sido elaborado por un amplio grupo de expertos de diferentes ámbitos, incluido la psicología. Estos expertos son: Aitor Albizu Intxausti, Mónica Domínguez García, Alexander Elu Terán, Jaume Funes Artiaga, Luis Fernando López Martínez, Carmen Mancheño Potenciano, José Motoso Poncela, Ana Isabel Sanz García y Carmen Viñas.
El amplio documento, incluye una introducción junto a una serie de capítulos que abordan en detalle los siguientes contenidos:
- La visión profesional. Enfermedad mental infanto-juvenil tras la COVID-19.
- La visión adolescente. Contribución del enfoque salutogénico a la prevención del suicidio en el ámbito escolar.
- La visión actual. La letalidad del suicidio: retos y desafíos futuros de la autolesión y la conducta suicida en la era digital.
- La visión del profesorado. Cuidar la salud de quien ayuda a comprender la vida.
- La visión familiar. La atención a la infancia y la adolescencia con problemas de salud mental en el ámbito escolar.
- La visión sindical. Género como determinante de la salud mental también en el profesorado.
- La visión institucional.
En la introducción del informe se destaca la importancia de garantizar la salud mental en la infancia y adolescencia como un derecho fundamental. El texto subraya que el desarrollo cognitivo y emocional durante estas etapas impacta en la formación de la personalidad y en la capacidad de manejar situaciones emocionalmente complejas. La mala salud mental puede afectar el desempeño académico y tener consecuencias a largo plazo en la realización profesional y en las posibilidades de desarrollo en la etapa adulta.
A lo largo del documento, se menciona que la pandemia ha puesto de manifiesto la urgencia de abordar los problemas de salud mental en estas etapas de la vida. Asimismo, la pandemia ha evidenciado que existen obstáculos para el acceso a una atención de calidad en salud mental en este rango de edad.
En el texto se recogen los últimos datos sobre la prevalencia de problemas de salud mental en el alumnado. Así, por ejemplo, se menciona el informe de Save the Children que revela el aumento de los problemas de salud mental en la infancia. Según el estudio, los trastornos mentales como depresión, ansiedad y trastornos alimentarios afectan al 4,0% de niños entre 4 y 14 años (frente al 1,1% en 2017). Los trastornos de conducta aumentaron al 6,9% (frente al 2,5% en 2017).
La pandemia también ha afectado al estado de ánimo de los niños y niñas. Se ha evidenciado un aumento del 30% en el porcentaje de padres que informan de preocupaciones en sus hijos e hijas, según el documento. La detección y acceso al tratamiento a menudo ocurren de manera tardía. Este dato se refleja en un aumento del 57,1% en los casos de suicidio en menores de 15 años en 2021, según señalan los expertos.
Tal y como se indica en el documento, aunque España tiene niveles bajos de depresión y tasas de suicidio comparativamente bajas, el incremento postpandémico de estos problemas requiere acción y esfuerzos adicionales. Frente a este aumento, los expertos señalan con preocupación el déficit sanitario en el acceso a servicios de salud mental. A este respecto, se observan numerosas deficiencias en la atención a la salud mental, especialmente tras la pandemia, así como la desigualdad en el impacto de los problemas de salud mental infanto-juvenil.
Según indica el informe, los niños, niñas y adolescentes en hogares pobres tienen casi 4 veces más probabilidades de experimentar trastornos mentales y de conducta que aquellos en hogares de renta alta. Factores como el desempleo de los progenitores o el origen extranjero, vinculados a menores ingresos, aumentan la incidencia de problemas de salud mental en la infancia. Asimismo, dificultan el acceso a la atención psicológica o de salud mental.
En España, donde el 32,2% de los niños viven en situación de pobreza o exclusión social, la correlación entre ingresos bajos y salud mental deficiente es motivo de preocupación. Además, otros factores de riesgo, como el acoso escolar y el consumo de sustancias, también están asociados a menudo con la vulnerabilidad económica. El acceso a la salud mental para niños y adolescentes en España a menudo se enfrenta a obstáculos significativos. Entre dichos problemas se encuentran los diagnósticos tardíos y las listas de espera. Esta circunstancia dificulta un acceso equitativo y oportuno a los servicios de salud mental, tal y como se subraya en el documento.
Debido a la creciente demanda y la escasez de recursos, en España se atienden principalmente los casos graves de salud mental en niños y adolescentes. No obstante, como remarca el informe, se deja sin atención a muchos menores que experimentan problemas agravados. La situación se ha intensificado tras la pandemia, con el aumento de conductas de riesgo, expulsiones escolares y conflictos familiares. A este respecto, en el informe se señala que solo el 60% de los hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) ofrece atención psicológica. Se trata de una cifra insuficiente, de acuerdo con la valoración de los expertos.
El documento señala que la inversión pública en salud mental es baja, representando el 5% del gasto sanitario. Asimismo, gran parte de este presupuesto se destina a psicofármacos, de forma que España lidera el consumo mundial de ansiolíticos y sedantes. Para paliar esta situación, el informe sugiere la necesidad del aumento del número de profesionales en salud mental y la consolidación de las especialidades de psiquiatría y psicología infanto-juvenil.
No obstante, y tal como se señala en el texto, el abordaje de la salud mental en la infancia va más allá del ámbito sanitario. En este sentido, se destaca la importancia de los centros educativos como actores fundamentales para la prevención, detección temprana y promoción de la salud mental.
En esta línea, el informe destaca que se requiere un salto cualitativo en el ámbito educativo en términos de tiempo, recursos y perfiles profesionales dedicados. La colaboración estrecha con profesionales sanitarios y el refuerzo de los contenidos educativos son esenciales. Esto es así, especialmente después de la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia (LOPIVI). Dicha ley obliga a los centros educativos a elaborar protocolos de prevención de la violencia. Así, según los expertos, dotar a los centros y equipos docentes con formación y herramientas adecuadas es fundamental. Este paso es necesario para crear entornos educativos libres de violencia y promover el bienestar del alumnado.
En definitiva, el informe reconoce la necesidad de dotar a los centros educativos de los perfiles profesionales necesarios para abordar los desafíos a los que se enfrenta el alumnado hoy en día. En lo que respecta a la Psicología, el documento recoge su papel fundamental en la prevención, promoción y atención de la salud mental.
Asimismo, y entre otras cuestiones, el informe aborda el problema del suicidio y la autolesión entre los jóvenes A este respecto, destaca la importancia de tratar el suicidio como un problema de salud pública. Esta medida requiere adoptar enfoques multifacéticos basados en la investigación y la evidencia. Además, se destaca la educación, el apoyo a la salud mental y la desestigmatización como estrategias efectivas de prevención del suicidio. El texto también aborda el impacto de las nuevas tecnologías, destacando su doble papel como fuente de apoyo y riesgo de difusión de información perjudicial. Por este motivo, los expertos también enfatizan la necesidad de utilizar las TIC de manera ética para abordar el suicidio y el duelo en la era digital.
Se puede acceder a la noticia de la rueda de prensa y el informe en la Web de CCOO y aquí.