Madrid, 12 de noviembre de 2004
Excma. Sra. Doña Elena Salgado
Ministra de Sanidad y Consumo
Excma. Sra.,
En mi calidad de Decano-Presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de España le dirijo la presente para reiterarle nuestra posición ante la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).
Esta norma ha supuesto un atropello injustificado de la situación legal en la que se venia desempeñando el ejercicio profesional de los licenciados en Psicología y constituyendo un grave obstáculo para ejercer y para prestar la atención psicológica a los ciudadanos de este país. Los máximos representantes académicos y los estudiantes de las facultades de Psicología así lo consideran también.
Esta percepción del problema fue compartida por el PSOE durante la tramitación de dicha Ley planteando una enmienda que recoge nuestra petición de ser reconocidos profesionales sanitarios y proponiendo el veto a la Ley en el Senado, entre otras razones, por la exclusión de los Licenciados en Psicología. Posteriormente el PSOE prometió explícitamente durante la pasada campaña electoral que en el caso de llegar al Gobierno modificaría la LOPS para dar cabida a nuestras reivindicaciones, afirmaba refiriéndose a los psicólogos, … su indudable aportación profesional a la salud y bienestar de los pacientes y ciudadanos españoles.
A pesar de estos antecedentes, desde la llegada del PSOE al poder, no hemos sido recibidos por ningún alto responsable de su Ministerio y los contactos que se han producido han venido a contradecir las promesas y el posicionamiento del partido que sustenta al Gobierno del que Ud. forma parte.
Las graves repercusiones que tiene la LOPS para el ejercicio profesional de los psicólogos ya se han empezado a producir, pese a las instrucciones que, según nos indican, se han dado desde su Ministerio a las Comunidades Autónomas. Así, la autoridad sanitaria de Baleares ha requerido el título de especialista a un licenciado en Psicología que trabaja en un centro sanitario, ya que se considera requisito indispensable para poder ejercer en dicho centro. En Galicia, no se acepta el cambio de titularidad de un centro, debido a que la psicóloga solicitante no acredita estar en posesión del título de especialista en Psicología Clínica. En Madrid, los psicólogos educativos que trabajan en los equipos multiprofesionales no pueden realizar ciertos diagnósticos de carácter psicopatológico sin asistencia médica o de salud mental, aún cuando lo estaban haciendo hasta ese momento sin ningún problema. En el País Vasco, se deniega la renovación de la inscripción de un centro en el registro sanitario, por cuanto las consultas de Psicología no son centros sanitarios. En la Rioja y el País Vasco, los gabinetes psicológicos no pueden anunciar tratamientos psicológicos que puedan ser considerados como sanitarios, tal y como venían haciendo desde la creación de la profesión en nuestro país.
A raíz de estos hechos y a partir de las indagaciones realizadas por los Colegios de Psicólogos autonómicos, es completamente necesario concluir que las autoridades sanitarias de las distintas Comunidades Autónomas de nuestro país realizan una interpretación coincidente en las implicaciones de la LOPS y del desarrollo del Real Decreto 1277/2003 para el ejercicio de la Psicología. En la actualidad si aún no se ha producido un problema mucho mayor del existente, se debe fundamentalmente al buen criterio de la mayoría de ellas, ya que limitan las consecuencias necesarias de la aplicación de las leyes, a la espera de una resolución del problema que depende, sin lugar a dudas, de la legislación estatal.
Así pues, resulta meridianamente claro que existe un problema de incertidumbre legal para el ejercicio profesional de la Psicología. A esta misma conclusión llega el Defensor del Pueblo, que, en su Memoria del 2003, recomienda reabrir el debate sobre la conveniencia de que la ley reconozca a los psicólogos como profesionales sanitarios.
El diagnóstico del problema es claro y la solución, también, reconocer lo que somos: profesionales sanitarios.
Negar la existencia de este problema no va a hacer que desaparezca. Los profesionales de la Psicología van a seguir trabajando en una situación de incertidumbre legal, y los estudiantes van a seguir licenciándose, incorporándose al trabajo de atender la salud y el bienestar psicológico de los ciudadanos sin un respaldo legal que va a imposibilitar o dificultar nuestra labor.
Ante esta injusta situación, los psicólogos hemos respondido con una extraordinaria unidad, no tanto por afán corporativista, como por la intensa sensación de que nos han arrebatado el sentido más profundo de nuestra disciplina y nuestra profesión. Puede que un ínfimo grupo de psicólogos, cercanos a ese Ministerio, le diga lo contrario. Sin embargo, esa disensión particular, completamente insignificante en su representatividad, no puede servir de excusa para ignorar que las instituciones más importantes de la Psicología que representan a los estudiantes y a los psicólogos (Conferencia de Decanos y Colegios Oficiales de Psicólogos) tienen un completo acuerdo sobre lo que decimos ser y hacemos.
Por todo lo expuesto, le reiteramos nuevamente la necesidad de que este problema sea abordado y se inicien conversaciones que permitan llegar lo más pronto posible a una solución satisfactoria.
En espera de recibir su pronta respuesta, con el fin de comunicarlo a nuestros colegiados.
De mi mayor consideración,
Francisco Santolaya Ochando
Decano-Presidente Colegio Oficial de Psicólogos