El perfil profesional de Atención Primaria, que es la primera puerta a la que llaman las personas que tienen problemas de salud mental, carece de recursos y tiempo para ofrecer una atención que necesita un abordaje mucho más amplio del que ahora mismo se puede ofrecer, y la derivación a la atención especializada psicológica y psiquiátrica se dilata en el tiempo. Ante esta situación, la persona solo puede esperar, consumir psicofármacos recetados por el médico o la médica de cabecera, o recurrir a la sanidad privada, si tiene medios económicos para hacer frente a su coste

Así lo advierte la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA en su último informe anual sobre el estado de los Derechos Humanos correspondiente a 2022, un documento mediante el cual se exponen las vulneraciones que existen en la actualidad en torno a los derechos de las personas con problemas de salud mental y discapacidad psicológica y social en diversos ámbitos (sanitario, educativo, laboral, etc.).

Los datos del informe, obtenidos a través del Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación con la colaboración de su Comisión de Defensa, hacen referencia también a los logros, avances y recomendaciones en materia de salud mental, incluyendo ejemplos concretos y buenas prácticas, con alusiones específicas a los artículos incluidos en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Fuente: freepik. Autor: freepik. Fecha: 05/10/23

A continuación, recogemos las principales conclusiones del informe en base al articulado de la Convención:

– Obligaciones generales

El informe destaca la desprotección que enfrentan las personas con problemas de salud mental cuando salen de España. En este sentido, subraya el alto grado de desconocimiento sobre los problemas de salud mental y la necesidades de atención y protección específicas del colectivo. Sus derechos se ven afectados ante la falta de protocolos de actuación en circunstancias concretas, junto con un tratamiento absolutamente desigual en función de cada embajada o consulado.

A este respecto, SALUD MENTAL ESPAÑA considera crucial que las embajadas y consulados españoles se sientan concernidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, CDPD) y actúen en consecuencia.

– Derecho de las mujeres a la igualdad y no discriminación

De acuerdo con el documento, si bien el estigma de la salud mental no entiende de géneros, sí se puede observar que sus efectos impactan de manera diferente dependiendo del sexo, en función del contexto social y cultural en el que las personas estén inmersas.

Las mujeres con problemas de salud mental sufren una múltiple discriminación (ser mujer, tener una discapacidad y la imagen social estigmatizada de la salud mental) y son especialmente vulnerables, sufriendo el riesgo de rechazo, aislamiento y exclusión social. De forma específica, en el entorno rural, las mujeres con problemas de salud mental suelen hacer frente a mitos “profundamente arraigados, como el de ‘la loca del pueblo’”, con un gran impacto negativo para ellas, inhabilitándolas para desarrollar sus capacidades y diseñar su proyecto de vida.

– Derechos de los niños y las niñas

Concretamente, los niños/as, adolescentes y jóvenes son colectivos “cuya salud mental es más vulnerable”, por lo que requieren de una especial atención, siendo esta “una de las principales asignaturas pendientes de la sanidad española”. La Confederación alerta de cómo la pandemia de la COVID-19 ha acrecentado las vulnerabilidades de los y las menores, registrándose un crecimiento exponencial de problemas de salud mental en esta población y duplicándose los casos en urgencias psiquiátricas infanto-juveniles.

Entre los principales problemas detectados destacan: los trastornos alimentarios (que se triplicaron durante el confinamiento, especialmente entre mujeres adolescentes y jóvenes); problemas en el control de los impulsos y de pérdida de autocontrol (aumento de problemas relacionados con la impulsividad y de pensamientos relacionados con la autolesión e incluso el suicidio); incremento de casos de estrés postraumático, ansiedad y/o depresión; mayor abuso de pantallas (televisión, videojuegos, ordenador) durante y tras el confinamiento, y aislamiento social.

Con la pandemia se ha evidenciado también la falta de recursos preexistente, que “ya es insostenible”, así como la escasez de presupuestos públicos destinados a la salud mental, especialmente en lo que atañe a la salud mental infanto-juvenil, lo que “provoca la proliferación de graves vulneraciones de derechos humanos en este sector de la población” .

Es necesario aumentar la disponibilidad de apoyo psicológico para la población infanto-juvenil

Ante esto, la Confederación considera prioritario incrementar los recursos para la salud mental infanto-juvenil y ampliar la dotación de presupuestos públicos destinados a estos grupos, así como la formación de profesionales especializados/as y la creación de equipos dedicados al diagnóstico y la detección precoz.

Los y las menores con problemas de salud mental necesitan contar con una orientación e intervención psicoterapéutica integral “que funcione de forma preventiva, atenuando los síntomas del problema de salud mental, posibles recaídas y favoreciendo su inclusión en la sociedad”. Es clave aquí que se lleven a cabo intervenciones que contemplen las necesidades sanitarias y sociales al mismo tiempo y no como parte de dos sistemas desconectados. En esta línea, es necesario más apoyo psicológico (intervenciones terapéuticas) “del que está disponible actualmente”.

Para SALUD MENTAL ESPAÑA, la inclusión de personas con problemas de salud mental representa aún un reto en el ámbito educativo, siendo fundamental fomentar en este contexto la sensibilidad, la empatía, la cercanía y el respeto, en relación con estas problemáticas en el entorno educativo. Es esencial, por lo tanto, un apoyo educativo especializado, con el fin de apoyar el rendimiento durante la realización de tareas escolares, extraescolares, actividades comunes, etc., así como en caso de conductas disruptivas.

De igual modo, considera crucial atender los posibles casos de aislamiento, burlas, y rechazo hacia los y las menores con problemas de salud mental, siendo la educación emocional una de las piezas clave de prevención primaria en este contexto escolar, para cuidar la salud mental desde las primeras etapas de vida y su bienestar psicológico y social.

– Toma de conciencia

En línea con la OMS, el informe pone de relieve la trascendencia de una “verdadera toma de conciencia” en torno a la importancia de la Salud Mental, para poder hacer frente de forma eficaz a los estereotipos y prejuicios. En este sentido, es fundamental “un fuerte impulso institucional” y contar con una estrategia, que acabe de raíz con el estigma social existente relacionado con los problemas de esta índole.

– Accesibilidad

El informe destaca que, aún hoy día, continúan ignorándose las necesidades específicas del colectivo de personas con problemas de salud mental, “que siguen enfrentándose solas a los obstáculos que les impiden una plena inserción social”. La accesibilidad psicológica y social continúa siendo la gran desconocida e ignorada, de modo que no se adopta ningún tipo de medida individual ni estructural que elimine las barreras que la dificultan o impiden, incluidas las actitudinales, administrativas y sistémicas o simbólicas, a fin de contribuir a erradicar el estigma y los prejuicios que conducen a la discriminación, la violencia, el abuso, la exclusión social y la segregación.

– Derecho a la vida

Lamentablemente, siguen “viviendo y muriendo muchas personas con problemas de salud mental”, a quienes se ofrece la institucionalización como única solución de futuro, un recurso que, en lugar de ser excepcional y transitorio, se brinda como algo permanente “y, desde luego, involuntario”.

El informe urge a promover modelos de apoyo centrados en las personas y basados en un marco de derechos, donde se tengan en cuenta de forma prioritaria tanto las preferencias y elecciones de la persona, como el desarrollo de proyectos de vida dignos y en igualdad de condiciones que el resto de la población.

Partiendo de la premisa de que el “Derecho más básico y fundamental de todos ellos es la vida”, la Confederación lamenta en su informe las cifras de muertes por suicidio que, en nuestro país, “son dramáticas y casi triplican los fallecimientos por accidente de tráfico” (cifrándose, según datos de 2021 del INE, en 4.003 personas, un 1,6% más que en 2020). Por cada persona que se suicida, advierte, “al menos otras seis se ven íntima y profundamente afectadas”.

Concretamente, entre los/as adolescentes y jóvenes, este problema ha empeorado, constituyendo ya la segunda causa de fallecimiento, por lo que urge a implementar medidas preventivas y una transformación de las condiciones de vida.

SALUD MENTAL ESPAÑA insta a implementar medidas para prevenir el suicidio en la población en general y, específicamente, en la infancia y la adolescencia

Prevenir el suicidio en la población general y, específicamente, en la población infanto-juvenil. En este sentido, el informe considera urgente dotar de recursos públicos, “para que la línea tres de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, de prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida, cumpla con éxito sus objetivos”. Sugiere igualmente fomentar campañas de sensibilización orientadas a erradicar mitos e ideas erróneas, para que aquellas personas con ideaciones suicidas “rompan su silencio y pidan ayuda”. En este sentido, los medios desempeñan un rol esencial informando sobre el suicidio de manera clara y responsable.

Con respecto a los y las más jóvenes, considera importante informarse y hablar abiertamente y con conocimiento sobre el suicidio, la salud mental y los autocuidados físicos y psicológicos. Para que se dé esta comunicación, es también clave fomentar las habilidades sociales y de resolución de problemas “para poder pedir y recibir la ayuda que toda persona merece.”

Los centros educativos deben convertirse en espacios seguros y de prevención y no constituir otro factor de riesgo asociado a las ideas suicidas. La familia supone otro gran punto de apoyo: padres y madres “no deben banalizar, despreciar o infravalorar el sufrimiento de su hija o hijo, ni culpabilizarle o compararle con otras personas”. Por el contrario, se aconseja potenciar la comunicación y prestar atención a señales como autolesiones, pérdida de contacto con sus amistades, abandono de aficiones, cambios bruscos en los patrones de sueño o en las conductas alimentarias, etc.

– Acceso a la Justicia

SALUD MENTAL ESPAÑA recuerda que, para superar el modelo biomédico se requiere “la incorporación de nuevas figuras como agentes de apoyo mutuo, profesionales de la psicología o cualquier otra que contribuya a prevenir situaciones límite y el recurso abusivo a los psicofármacos”

En esta línea, aboga por que se establezca un cuerpo de personas facilitadoras en el ámbito policial y judicial, “que constituyan un referente adecuado y que respondan a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, en general, y con problemas de salud mental (discapacidad psicológica y social), en particular”; estas personas han de ser diferentes de los profesionales que ofrecen la asistencia técnico-jurídica.

Entre esas figuras, se encuentra la de la persona facilitadora, cuya función debe ser favorecer la autonomía de la persona y discapacidad, para que comprenda y tome decisiones informadas durante todas las fases de los procedimientos judiciales, incluidos aquellos extrajudiciales que interfieran en su derecho de acceso a la justicia como son los policiales y notariales.

El/la profesional Psicología, clave para evaluar las necesidades de las personas con problemas de salud mental en el contexto del equipo multidisciplinar

Para efectuar una intervención adecuada, eficiente y eficaz, a la hora de diseñar esta figura se ha de tener en cuenta que su configuración debe ir acompañada de la creación de equipos multidisciplinares capacitados para efectuar un apoyo cualificado y de calidad en materia de salud mental.

En el caso de la discapacidad psicológica y social, recomienda promover, entre otras, la metodología de apoyo de pares y para la concreta función de evaluación de necesidades, se requiere la coordinación con un/a profesional de la psicología en el contexto del equipo multidisciplinar. De acuerdo con el informe, las necesidades de apoyo las debe determinar un/a psicólogo/a forense “que, tras examinar a la persona afectada y en coordinación con el correspondiente equipo multidisciplinar dispuesto a tal efecto, realizará un informe al respecto”.

– Derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad

El coste de la exclusión social es elevado, perpetúa la dependencia, estigmatiza, segrega y discrimina, lo que, consecuentemente, deriva en el establecimiento de estereotipos negativos que alimentan el ciclo de la marginación.

A este respecto, SALUD MENTAL ESPAÑA advierte que las personas con discapacidad psicológica y social y/o aquellas con problemas de salud mental “siguen encontrando barreras que les impiden participar en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad y se siguen vulnerando sus derechos humanos”. Ante esto, es crucial fomentar su autonomía e independencia, tanto individual como colectiva, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones y su participación plena en la comunidad, contando, para ello, con formas de apoyo “que potencien el pleno ejercicio de sus derechos, como la asistencia personal”.

– Salud

Aunque la pandemia ha puesto la salud mental en el foco, la Confederación lamenta que “esto no se ha traducido en una apuesta fuerte por invertir en los recursos necesarios para paliar o eliminar los efectos que su pérdida producen en las personas”. Los datos en torno al incremento de los problemas de salud mental de los últimos años son, a su juicio, “demoledores”.

De acuerdo con la OMS, 300 millones de personas sufren depresión en el mundo, lo que representa un 4,4% de la población mundial, y se prevé que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en 2030, ya que 1 de cada 4 personas de todo el mundo sufrirán un trastorno mental en algún momento de su vida.

En España, concretamente, el aumento de consultas por problemas de salud mental (principalmente, depresión y ansiedad), y el incremento paulatino de fallecimientos por suicidio, dan cuenta de la gravedad de la situación.

El informe advierte de la carencia en el SNS de especialistas en Salud Mental y del aumento en el uso y abuso de psicofármacos para paliar los síntomas de problemas psicológicos

A pesar de lo anterior, según señala el informe, los servicios de Atención Primaria -que son el primer lugar donde acuden las personas que tienen un problema de salud mental-, no cuentan con los recursos y el tiempo necesarios para brindar “una atención que necesita un abordaje mucho más amplio”, y “la derivación a la atención especializada psicológica y psiquiátrica se dilata en el tiempo”, existiendo amplias listas de espera de hasta más de cuatro meses para acceder a estos servicios.

La Confederación advierte de la carencia de especialistas en el área pública de Salud Mental y del aumento en el uso y abuso de psicofármacos para paliar los síntomas de problemas “que requerirían una intervención inmediata para evitar su evolución”. A este respecto, afirma: “la persona solo puede esperar, consumir psicofármacos recetados por el médico o la médica de cabecera, o recurrir a la sanidad privada, si tiene medios económicos para hacer frente a su coste”.

– Derecho al trabajo y empleo

En una sociedad cada vez más competitiva y demandante, un ambiente laboral tóxico puede perjudicar gravemente la salud mental, lo que se traduce en un aumento de personas que acuden a consultas psicológicas por problemas de trabajo. De forma específica, en el caso de las mujeres, la situación puede complicarse aún más en los procesos de embarazo y maternidad, “cuando la falta de adopción de medidas en el lugar de trabajo puede terminar por apartarlas del entorno laboral”.

De no implementarse medidas, puede haber consecuencias negativas tanto para el personal como para las empresas (a nivel económico y organizativo), “generando, a su vez, un coste a la Seguridad Social que se podría haber prevenido”.

El colectivo de personas con problemas de salud mental es el que registra la tasa de empleo más baja de todas las discapacidades. El estigma constituye uno de los mayores obstáculos que enfrentan estas personas en el contexto laboral, una barrera invisible “prácticamente imposible de sortear”. A su vez, su baja inserción laboral es una de las principales barreras para la inclusión social, debida, en gran medida, a los prejuicios que todavía muchas empresas y Administraciones públicas mantienen en torno a los problemas de esta índole.

Es esencial incorporar la salud mental en la cultura de las empresas y romper los tabúes en torno a este ámbito de la salud en el contexto laboral

Entre sus recomendaciones, el documento considera crucial contar con un sistema de apoyo para empleados/as que regresen al trabajo después de haber experimentado una baja por problemas de salud mental. Asimismo, es esencial promover una cultura de trabajo que favorezca una buena salud mental, evaluando los riesgos de problemas psicológicos y sociales, involucrando a los servicios de salud ocupacional y a profesionales de la salud mental, abriendo un canal de diálogo adecuado entre empleados/as y empresa y rompiendo los tabúes en torno a la salud mental, a la vez que se fomenta la accesibilidad psicológica y social y se eliminan las barreras que enfrentan estas personas.

Se puede acceder al informe completo desde la página Web de SALUD MENTAL ESPAÑA o bien directamente aquí:

Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental 2022