La creciente presencia de personas y entidades que ofrecen servicios de intervención psicológica sin formación reglada ni acreditación profesional se ha convertido en uno de los principales problemas para los autónomos sanitarios, en general, y más específicamente para los psicólogos clínicos y sanitarios en el ámbito privado.

Este fenómeno se ha intensificado con la proliferación de servicios sanitarios en línea y en redes sociales, donde la publicidad engañosa y la falta de regulación específica han permitido que supuestos profesionales, no habilitados, ofrezcan servicios sin garantía de calidad ni seguridad para el paciente.

La sectorial de sanidad de ATA ha mantenido una reunión con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, María del Mar Vázquez, para trasladarle esta y otras problemáticas a la que se están enfrentando los autónomos sanitarios para garantizar tanto la calidad asistencial como la seguridad del paciente.

Al encuentro han asistido el secretario general de ATA, José Luis Perea; y los representantes del Consejo General de Psicología de España (COP), Rosa Ramos; Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Alfonso Carmona y Manuel Pérez; del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, Marcos Villares, y del Consejo General de Dentistas de España, Pablo Málvarez.

Momento de la reunión en el Congreso de los Diputados con la portavoz parlamentaria del Partido Popular

Todos los sectores que conforman la sectorial de sanidad de ATA coincidieron en reivindicar la problemática relación que tienen los profesionales sanitarios autónomos con las aseguradoras de salud. También expusieron a la diputada los insuficientes baremos que cobran por su trabajo, la desactualización del IPC desde hace más de 30 años, la limitación de actos para determinados profesionales, la ausencia de contratos o los pagos capitativos que utilizan determinadas compañías.

«Hay que proteger al usuario de la mala praxis y el intrusismo»

Pero no son las únicas reivindicaciones que han puesto sobre la mesa, ya que los sanitarios autónomos también tienen que hacer frente a la problemática de las pólizas low cost, con la falta de transparencia y saturación de las consultas que conlleva, o a la desactualización del nomenclátor que provoca una exclusión de los actos médicos más avanzados, así como al intrusismo profesional.

En este sentido, Rosa Ramos, vicesecretaria del COP, pidió, para quienes practican de manera dudosa “que se les exijan los mismos requisitos que en el trabajo presencial, con una autorización sanitaria, un número de publicidad sanitaria, número de colegiado y la utilización de plataformas seguras, para proteger al paciente o usuario de malas praxis, y los consecuentes efectos perniciosos”.

Aunque la normativa vigente, como el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, regula la publicidad sanitaria, sin embargo, no contempla el ámbito digital, ni plataformas como las redes sociales, que son utilizadas por muchos “terapeutas” no cualificados para captar clientes, generando riesgos a la salud pública y competencia desleal para los profesionales acreditados.

Los autónomos sanitarios piden penas más duras en el Código Penal para combatir el intrusismo

El secretario general de ATA, José Luis Perea, insistió también en este punto: “es frecuente encontrar multitud de profesionales que ofrecen servicios sanitarios telemáticamente, sobre todo en al ámbito de la salud mental, y que se anuncian en redes sociales, pero que no pueden garantizar una cualificación profesional, lo que limita tanto las posibilidades de reclamación del usuario como la asunción de responsabilidad civil”, añadió.

Por todo ello, todos los representantes asistentes transmitieron a la portavoz popular la necesidad de mejorar la Ley de Publicidad Sanitaria para acabar con el intrusismo profesional que afecta a todos los profesionales de la sanidad.

Además, en el encuentro se plantearon otras posibles medidas e iniciativas legislativas, “como proponer una modificación del Código Penal para endurecer las penas por intrusismo profesional en el ámbito sanitario, permitiendo además la clausura de establecimientos reincidentes”, señaló Rosa Ramos, para hacer frente a estos problemas y se acordó trabajar en sucesivas reuniones para buscar soluciones y garantizar la calidad asistencial y la seguridad del paciente.