El Comité de Bioética de España -órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo, cuyo objetivo es el de emitir informes y propuestas para los poderes públicos de ámbito estatal y autonómico, sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud-, ha recomendado al Gobierno que derogue cuanto antes cualquier norma que autorice la adopción de medidas involuntarias en una persona por razón de cualquier discapacidad psicológica y social, y que no respalde los trabajos del Comité de Bioética del Consejo de Europa, dirigidos a la aprobación del Borrador del Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina, sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales respecto a ingresos y tratamientos involuntarios. |
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Tal y como señala en nota de prensa el Comité español, a pesar de que este instrumento se ha desarrollado con el fin de garantizar los derechos de las personas con problemas de salud mental, ha sido objeto de rechazo desde su publicación, tanto por los colectivos afectados, como por comités de expertos de organizaciones intergubernamentales especialmente el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas-, y organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos y de representantes de personas con discapacidad, así como desde algunos órganos del propio Consejo de Europa, tan relevantes como la Asamblea Parlamentaria o el Comisionado para los Derechos Humanos. Ante esta situación, la Secretaría General de Sanidad y Consumo solicitó en su momento al Comité de Bioética de España, dada su condicioìn de máximo órgano consultivo del Gobierno en materia de Bioética, una valoración motivada y cualificada sobre la Propuesta de Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo. En respuesta a dicha solicitud, el Comité español, emitió, en mayo de 2019, un informe, donde recomendaba no respaldar el borrador de protocolo adicional, por entender que se separa de los principios de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y consagra una discriminación de trato en función de la discapacidad psicológica y social. En línea con esta postura, proponía también una modificación de la legislación española en esta materia, por otra que garantice la no discriminación de las personas con discapacidad psicológica y social. De acuerdo con su informe, es especialmente preocupante el hecho de que, si se aprueba el protocolo adicional al Convenio de Oviedo, no se logre la elevación de unos estándares mínimos, como los que viene exigiendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de internamientos y tratamientos involuntarios de las personas con discapacidad psicológica y social, y que, por el contrario, se legitime un modo de proceder opuesto a la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad. Dado lo anterior, el Comité de Bioética de España recuerda en su nota de prensa las recomendaciones que a través de su documento dirige al Gobierno:
Fuente: Comité de Bioética de España |
La importancia de promover los Derechos Humanos en Salud Mental
Es clave impulsar el perfil de la Psicología en la atención socio-sanitaria a niños, niñas y adolescentes (ya que se aprecia una carencia evidente), así como proporcionarles una intervención temprana a través de programas psicológicos y sociales basados en la evidencia y otras intervenciones no farmacológicas fundamentadas en la comunidad, evitando la institucionalización y medicalización (…)