Es urgente promover a la mayor brevedad posible en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con todas las administraciones sanitarias competentes, la realización de una evaluación de necesidades específicas en materia de atención psicológica dirigida a incrementar progresivamente este tipo de asistencia en los servicios autonómicos de salud.

Así lo ha recomendado el Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, poniendo de manifiesto la necesidad de abordar con premura el incremento de recursos de atención psicológica, así como de extender dicha atención al ámbito de la Atención Primaria y crear más plazas de formación especializada.

Tal y como señala la Institución en nota de prensa, “hay un ámbito asistencial que están demandando y utilizando los ciudadanos, en beneficio de su salud mental, que además está previsto en la cartera del SNS pero que, sin embargo, las administraciones públicas no son capaces de ofrecer, al menos en una extensión adecuada”.

En esta misma línea, en los últimos tiempos han ido llegando quejas ciudadanas en torno a la insuficiente presencia de psicólogos clínicos en los centros especializados de salud mental, una carencia cuyas consecuencias, según señala, se traducen en una pobre respuesta a la fuerte demanda existente, con un aumento del tiempo de espera entre consultas de hasta tres meses, “para tratamientos que requerirían una periodicidad mucho mayor”.

Habituales han sido también las quejas relativas a las prescripciones farmacológicas, por parte de personas cuyo tratamiento se limitó a la medicación prescrita por su médico de Atención Primaria y que únicamente fueron derivados al psicólogo especialista cuando ya se había agravado su cuadro clínico.

Precisamente, por este motivo, el Defensor del Pueblo inició en 2018, una actuación de oficio con el Ministerio de Sanidad, con todas las Comunidades Autónomas y con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), para determinar si la actual oferta de atención psicológica clínica existente en la Sanidad Pública se adecúa a las verdaderas necesidades de la población.

En este contexto, la Institución exponía las conclusiones del informe de la Ponencia de estudio del Senado sobre las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, publicado en 2010, en las cuales ya se evidenciaba la escasez de psicólogos y psicólogas para cubrir la demanda progresiva de tratamientos psicológicos que requiere la sociedad española y se advertía de los serios desajustes en las ratios de estos profesionales con respecto a la UE, indicando textualmente que: “la ratio es de 18 psicólogos/100.000 habitantes en la Unión Europea, frente a los 4,3/100.000 hab. de España, la mayoría de ellos/as en los servicios de salud mental, quizá porque el Sistema Nacional de Salud centra sus recursos, más que en la prevención y promoción de la salud, en la curación de la enfermedad. El déficit de 7.200 psicólogos/as en el Sistema Nacional de Salud trae consigo el nulo o deficiente tratamiento -a veces, exclusivamente farmacológico- del componente psicológico de muchas patologías. Sin embargo, las necesidades de atención sanitaria de la población, en un porcentaje muy elevado, tienen componentes psicológicos”.

El Defensor subrayaba también la exigüidad de plazas ofertadas para Psicología en la Convocatoria para el acceso a la Formación Sanitaria Especializada, un hecho que la convierte en la profesión con más ratio de solicitantes por plaza.

Por todo ello, y con el fin de conocer las ratios actuales de profesionales y las necesidades de incremento de dotación de psicólogos clínicos y psicólogas clínicas para atender la demanda actual, solicitó en su momento a las diferentes Administraciones públicas que enviasen cifras actualizadas de la oferta de atención psicológica en centros públicos y concertados, tanto de Atención Primaria como especializada, manifestando también su interés en conocer la previsión de las distintas administraciones autonómicas para aumentar la oferta de asistencia psicológica en general y, concretamente, en el nivel de AP.

Tras analizar los datos enviados por todas las Administraciones implicadas, el Defensor del Pueblo ha podido comprobar las diferencias existentes entre todas las Comunidades Autónomas, en cuanto a las variaciones en la cifra de psicólogos/as en sus respectivos servicios de salud: mientras que comunidades como Madrid, Canarias o Navarra han doblado o más el número de psicólogos/as que intervienen en salud mental, en otros territorios la variación es mínima.

Según recoge en su Nota de prensa la Institución, la información recibida expone que Andalucía habría pasado de 259 psicólogos clínicos en 2009, a 271 (2017); Asturias, de 34 a 41 (2018); Baleares, de 53 a 65 (2018); Canarias, de 51 a 105 (2018); Cantabria, de 12 a 37 (2018); Castilla y León, de 89 a 93 (2018); Comunidad Valenciana, de 165 a 218 (2019); Extremadura, de 66 a 89 (2018); Madrid, de 144 a 295 (2018); Murcia, de 76 a 91 (2016); La Rioja, de 14 a 17 (2018); Navarra, de 30,5 a 66,25 (2018); Ceuta y Melilla, de 4 a 5 (2018).

Por otro lado, si bien todas las administraciones coinciden en la trascendencia de ofrecer una atención a la salud mental, integrada y coordinada entre los niveles de Atención Primaria y especializada, el Defensor lamenta que “las experiencias de atención psicológica en el primer nivel asistencial de la salud son muy limitadas”.

Como ya informó Infocop en su momento, en la Comunidad de Madrid y en el Principado de Asturias, por ejemplo, se ha implantado la figura del psicólogo clínico en AP, que viene atendiendo desde hace un año los casos leves y moderados de depresión y trastornos de ansiedad. En el caso de la Comunidad de Madrid, los 21 psicólogos clínicos aplican el protocolo del ensayo clínico PsicAP (Psicología en Atención Primaria) de detección y tratamiento en formato transdiagnóstico grupal y basado en las técnicas cognitivo-conductuales. Este protocolo estaría alcanzando los resultados esperados, obteniendo una tasa de remisión, tanto para los trastornos de ansiedad como para la depresión, en torno al 70%, frente a poco más de un 20% alcanzado por el tratamiento habitual en Atención Primaria (Psicofarmacológico), también para ambos. En el Principado de Asturias, se cuenta con una memoria oficial que evidencia también los buenos resultados de incorporar psicólogos clínicos en las plantillas de algunos centros de salud.

En Cataluña, por su parte, la atención a los trastornos mentales en el primer nivel asistencial de la salud se venía abordando con psicólogos clínicos de salud mental que se desplazaban a los APs. Pero en 2018 se aprobó la incorporación de un importante número de psicólogos clínicos en este ámbito de la salud, tanto la atención de los trastornos mentales comunes como la atención psicológica infanto-juvenil.

Por su parte, con respecto a la información solicitada en su momento sobre las plazas de formación en la especialidad de Psicología Clínica disponibles en las CCAA y sus perspectivas de incremento, el Defensor del Pueblo ha contrastado la información recibida de las administraciones en el primer semestre de 2019 con la convocatoria de plazas para el año 2020. En esta última convocatoria se observa un incremento global del 34% en oferta de plazas de Psicología Clínica.

Asimismo, si bien la oferta de formación PIR aún dista mucho de la ratio de profesionales especialistas en el SNS de los países más desarrollados, la Institución detecta un grupo de Comunidades Autónomas que anualmente van elevando su oferta, frente a otro grupo “que mantiene más o menos congelado el número de plazas”. Destacan especialmente Cataluña y la Comunitat Valenciana, que registran el mayor incremento en su oferta, pasando, respectivamente, de 26 plazas a 41, y de 15 a 21.

La Recomendación del Defensor del Pueblo, coincide con la argumentación que ha venido defendiendo el Consejo General de la Psicología en los últimos años, relativa a la importancia de incluir la figura del psicólogo clínico en AP en todas las CCAA, un cambio que, de implementarse, redundaría en una mejora del Sistema de Atención Primaria (al ser el que soporta la mayor parte de esta carga), suponiendo un ahorro en términos de costes económicos y sociales, dado que facilitaría la identificación precoz y la intervención temprana de trastornos mentales, y reduciría la hiperfrecuentación y los tiempos de espera para recibir tratamiento adecuado, evitando, a su vez, complicaciones en la sintomatología del paciente y la consiguiente cronificación.

El texto completo se encuentra disponible tanto en la página Web del Defensor del Pueblo, como a través del siguiente enlace:

Atención psicológica en el Sistema Nacional de Salud