Mental Health Europe (MHE) y la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (ENNHRI) han publicado un informe conjunto sobre la toma de decisiones con apoyo para las personas con discapacidad y sus implicaciones a nivel teórico y práctico. El informe ofrece vías para que las personas con discapacidad, sobre todo, con discapacidad por causas de salud mental, puedan ejercer su capacidad jurídica en vez de tener que recurrir a restricciones a este derecho debido a la falta de apoyos.

El documento ofrece una panorámica del estado de la cuestión en Europa, describiendo los recientes avances que se han realizado hacia este nuevo modelo que favorece que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones por sí mismas en todos los aspectos de su vida. Asimismo, establece una serie de pautas para comprender cómo trasladar este nuevo modelo a la práctica clínica de forma que se garantice el respeto a los derechos humanos fundamentales en este grupo.

De esta manera, el documento se fundamenta en el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD de las Naciones Unidas), que establece el reconocimiento universal de la capacidad jurídica de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de sus vidas. A pesar de que esta Convención lleva en vigor más de diez años y que ha sido ratificada por todos los Estados miembros de la Unión Europea, la realidad en Europa refleja todavía graves carencias en el cumplimiento de este derecho, de forma que en muchas ocasiones las personas con discapacidad son privadas de esta oportunidad de formar parte en las decisiones sobre su vida.

Según establece MHE, algunas conclusiones más relevantes del informe son las siguientes:

• Se observa que se han iniciado diferentes prácticas para implementar la transición hacia la toma de decisiones con apoyo en las personas con discapacidad psicosocial en Europa, relacionadas con cambios en la legislación o iniciativas procedentes de organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones de personas con discapacidad (OPD) y otros actores implicados.
• Si bien se han logrado avances en materia de legislación, la mayoría de los marcos legales nacionales todavía trazan una línea muy fina entre la toma de decisiones con apoyo y la toma de decisiones sustitutivas. Algunos países continúan negando la capacidad legal de estas personas y permiten la toma de decisiones sustitutivas bajo ciertas circunstancias.
• Las iniciativas de las propias personas con discapacidad son clave para garantizar la implementación adecuada de la toma de decisiones con apoyo. Entre dichas iniciativas, se ha considerado el apoyo para proporcionar información a la persona, la planificación adelantada con respecto al tratamiento que prefiere la persona en caso de ser ingresada o que empeore su condición, así como el establecimiento de agentes independientes que actúen en defensa del paciente, el fortalecimiento de las redes de apoyo comunitario y el apoyo de pares.

Tal y como establece MHE, “Solo un esfuerzo de colaboración entre personas con discapacidades (psicosociales), responsables de la elaboración de políticas y leyes, proveedores de servicios, familias, profesionales abogados, profesionales de la salud y cuidadores, junto con la asignación de recursos suficientes y la provisión de capacitación, permitirá a los estados cumplir con sus obligaciones de derechos en virtud del artículo 12 de la Convención”.

Se puede descargar el informe pinchando en el siguiente enlace:

Implementing supported decision-making