Cerca de un millón y medio de personas se encuentran institucionalizadas en Europa, no observándose una tendencia hacia la disminución de este número, a pesar del compromiso adoptado desde hace 10 años por parte de los Estados miembro en esta dirección. Estas son algunas de las conclusiones del informe sobre la transición de la atención institucional a los servicios comunitarios en 27 Estados miembros de la UE (Report on the transition from institutional care to community-based services in 27 EU member states), elaborado por un grupo de expertos europeos, integrado por representantes de prestigiosas organizaciones como UNICEF, Mental Healht Europe (MHE) o Inclusion Europe, entre otras. Dicho informe tiene como objetivo analizar los obstáculos relacionados con la reforma de la atención institucional y ofrecer recomendaciones para la implementación definitiva de la atención comunitaria, basada en un modelo de atención más humano, centrado en la persona e individualizado.

Tal y como establece Mental Health Europe en una nota de prensa, la situación actual provocada por la pandemia de COVID-19 supone un momento crítico para reflexionar sobre el impacto negativo de la institucionalización (entendida como la atención enmarcada en un espacio que agrupa un gran número de personas privándoles de ciertos derechos, como la posibilidad de contactos sociales, etc.). Según MHE, y dadas las consecuencias devastadoras que se han visto reflejadas en estas instituciones, “si nada cambia, es probable que las consecuencias de esta crisis sean devastadoras para los más vulnerables, con consecuencias a largo plazo para su bienestar y desarrollo”.

El informe ofrece un análisis de la situación y de las tendencias en procesos de desinstitucionalización de personas con discapacidad, con problemas de salud mental, personas sin hogar, niños (incluidos niños con discapacidad y niños migrantes no acompañados o separados) y adultos mayores en 27 países de la UE. Entre los datos obtenidos destacan los siguientes:

1. Actualmente se contabiliza un total de 1 438 696 personas viviendo en instituciones.
2. El número de personas en instituciones no parece haber cambiado sustancialmente en los últimos 10 años.
3. El número de niños en cuidado residencial ha disminuido levemente.
4. El número de personas mayores que viven en centros residenciales en los 27 países de la Unión Europea sigue siendo muy elevado, y tan sólo un pequeño porcentaje viven en sus viviendas ordinarias apoyados por un marco de atención de servicios basados en la comunidad.
5. En algunos países, las personas permanecieron más tiempo en prisión y hospitales de lo necesario debido a la falta de alojamiento en la comunidad, mientras que en otros la atención institucional fue la principal forma de atención a los niños sin cuidado parental.
6. En muchos países, y especialmente aquellos que iniciaron el proceso de desinstitucionalización, las personas con discapacidad intelectual y las personas con necesidades complejas de apoyo tienen más probabilidades de seguir viviendo en entornos institucionales.

A la luz de los datos, los autores del informe muestran su preocupación en la lentitud de la instauración del nuevo modelo de atención, basado en los servicios comunitarios, a pesar del compromiso de todos los Estados en adoptar medidas para acabar con la institucionalización en sus territorios. Por este motivo, y tal y como recoge MHE, los expertos ofrecen las siguientes recomendaciones:

• Promover la atención individualizada y centrada en la persona para todos, incluidas las personas con necesidades especiales, como la única forma de garantizar la plena inclusión y participación en la comunidad. La forma en que se brinda la atención, la calidad del apoyo y sus resultados en términos de calidad de vida son indicadores clave.
• Analizar en mayor profundidad el impacto de las políticas de desinstitucionalización en la vida de las personas, de forma que los países recopilen información precisa sobre la experiencia de las personas en términos de elección, control en sus cuidados, inclusión y participación.
• En casi todos los países, la falta de viviendas sociales y comunitarias asequibles es una de las principales barreras para ampliar la vida comunitaria y combatir la falta de vivienda, por lo que el desarrollo de políticas, estrategias y prácticas para el acceso a una vivienda apropiadas son cruciales para mantener el proceso de desinstitucionalización.
• Muchos de los denominados centros de atención residencial de «pequeña escala» continúan acomodando a grandes grupos de personas, lo que hace que la atención individualizada y la inclusión en la comunidad sean bastante difíciles y, por lo tanto, perpetúen una cultura de segregación, en lugar de promover alternativas basadas en la comunidad.

El informe completo puede descargarse en el siguiente enlace:

Report on the transition from institutional care to community-based services in 27 EU member states