El COVID-19 ha causado estragos en todo el mundo de una manera sin precedentes. Sus efectos estarán con nosotros durante un período de tiempo significativo. A medida que los países vayan avanzando lentamente hacia la recuperación tras la pandemia, las implicaciones socioeconómicas a largo plazo y la forma de abordarlas serán la clave del éxito o el fracaso de nuestras sociedades. Es un momento crucial para que los responsables políticos actúen con prudencia.

Con esta introducción, la Organización Mental Health Europe (MHE) –que agrupa a más de 3.000 ONGs y asociaciones de salud mental en toda Europa-, presenta un documento de posicionamiento, a través del cual recoge una serie de pautas para hacer frente a los desafíos y aprovechar las oportunidades clave para la salud mental tras la pandemia del COVID-19, modificando los enfoques en salud mental e implementando cambios estructurales en el sistema de apoyo en este ámbito de la salud. 

A continuación, recogemos los puntos principales expuestos en el documento de posicionamiento:

El impacto de los factores socioeconómicos en la salud mental

Nuestra salud mental está fuertemente determinada por una variedad de factores que van desde la calidad de nuestras relaciones hasta el empleo, la educación, e incluso el acceso a alimentos, ingresos y vivienda.

El impacto del COVID-19 está afectando a algunas comunidades más que a otras. Aumenta las desigualdades existentes y empeora la situación de aquellas personas que ya enfrentaban dificultades sociales y económicas, como personas sin hogar, migrantes, personas que viven en zonas desfavorecidas, etc.

Estas desigualdades sociales constituyen algunos de los principales factores de riesgo que conducen a problemas de salud mental.

Para abordar los determinantes a largo plazo de la salud mental, la colaboración intersectorial es clave. El COVID-19 ha conllevado algunos cambios culturales positivos, como la colaboración estrecha entre diferentes servicios bajo el principio de ayuda mutua, incluidos los servicios de atención médica, servicios de atención social, la policía y otras organizaciones en sectores voluntarios. Tales cambios deben ampliarse.

Los encargados de formular políticas deben garantizar también que se mantenga el progreso en los modelos de apoyo basado en la comunidad y en el apoyo social para las personas que presentan problemas de salud mental. Las inversiones en paquetes de protección económica y el fomento de los derechos sociales básicos son cruciales para la promoción de la salud mental positiva. Asimismo, para cada factor de riesgo, como la soledad o el estigma y la discriminación, también existe un factor protector, como el fortalecimiento de las redes sociales o la comunicación eficaz y la alfabetización en salud mental.

Estos factores socioeconómicos necesitan una respuesta colectiva y social si queremos evitar que la pandemia se convierta en una crisis social a largo plazo.

Acceso a servicios y apoyo en salud mental: cómo el COVID-19 puede remodelar el enfoque actual

Los servicios y el apoyo basado en la comunidad han demostrado una gran flexibilidad para adaptarse a la pandemia del coronavirus, reinventándose rápidamente. A diferencia de las instituciones a largo plazo, estos servicios han podido seguir apoyando la recuperación de acuerdo con los derechos humanos, manteniendo niveles más altos de estándares sanitarios y de dignidad.

La pandemia actual y la excesiva dependencia en general de las intervenciones biomédicas conllevan un riesgo real de prescripción excesiva de medicamentos como primera respuesta. Esta tendencia se aviva aún más con la creciente influencia comercial y la patologización de la enfermedad mental.

Es necesario ir más allá de las soluciones médicas impulsadas por la urgencia y, en cambio, adoptar un enfoque de salud pública y derechos humanos para la salud mental.

Los servicios comunitarios integrados pueden ser la solución. Estos servicios basados en la comunidad pueden abordar las necesidades de las personas a través de intervenciones personalizadas y organizadas conjuntamente y son accesibles para aquellas personas en situación de vulnerabilidad que, de otro modo, no podrían acceder a un apoyo adecuado. Los servicios integrados “a medida” desempeñan igualmente un papel esencial para mitigar los factores de riesgo y ofrecer un apoyo adecuado.

Barreras que parecían imposibles de eliminar antes de la crisis, como, por ejemplo, instaurar un apoyo psicológico y social online eficaz, ahora se han convertido en parte de muchas más realidades diarias. Si bien las innovaciones digitales y las disposiciones de telesalud durante el COVID-19 no son igual que las interacciones cara a cara, tienen el potencial de incrementar la accesibilidad a la atención y llegar a personas que, de otra forma, no podrían obtener apoyo.

Recomendaciones

Los desafíos y las dificultades causadas por el COVID-19 son innegables. Sin embargo, la pandemia supone también un momento crucial para replantear la forma en que hablamos sobre la salud mental y poner de relieve cómo nuestra salud mental está conformada por una amplia gama de determinantes sociales.

Ahora que los Gobiernos están iniciando acciones orientadas a la recuperación, es crucial invertir en una respuesta social para mitigar los efectos a largo plazo de la pandemia en la salud mental.

En línea con la opinión del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud física y mental, la Organización Mental Health Europe considera que la mejor «vacuna» para proteger una buena salud mental es el uso de enfoques basados en los derechos humanos en todas las políticas.

Por ello, recomienda en su documento a los responsables políticos nacionales y europeos:

1. Mitigar las consecuencias de la crisis a través de estrategias integrales a largo plazo: adoptar estrategias integrales a largo plazo para mitigar las consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la crisis actual, involucrando a las personas con discapacidades psicológicas y sociales y sus organizaciones representativas en el diseño de tales estrategias.

2. Promover los derechos sociales básicos, invertir en protección económica

3. Abordar el estigma y la discriminación invirtiendo en alfabetización en salud mental sobre los determinantes sociales de la salud mental, explicando que el hecho de experimentar angustia es una reacción normal en estas circunstancias excepcionales y fortaleciendo el sentido de comunidad y solidaridad que ha surgido durante la crisis del COVID-19.

4. Promover la colaboración intersectorial y fortalecer la atención integral social y sanitaria, en lugar de depender únicamente de intervenciones biomédicas.

5. Fomentar y apoyar servicios basados ​​en la comunidad que respeten la voluntad y las preferencias de los usuarios y las usuarias de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (UN CRPD), involucrando a personas con experiencia en el diseño, implementación y control de servicios.

Se puede acceder al documento desde la página Web de MHE o bien directamente a través del siguiente enlace:

Key long-term challenges and opportunities for mental health in the aftermath of COVID-19