La Federación Mundial de la Salud Mental (World Federation for Mental Health, WFMH) se ha adherido a la campaña global «Apoya. No castigues» una iniciativa creada en 2013 en reconocimiento de la necesidad de cambiar las leyes y políticas que impiden el acceso a las intervenciones de reducción de daños y promover el respeto de los Derechos Humanos de las personas usuarias de drogas, y cuya finalidad es crear conciencia sobre los daños que ocasiona la criminalización de estas personas. La WFMH manifiesta su agradecimiento a la atención que la OMS está brindando a cuestiones relacionadas con la salud mental, si bien lamenta que, en la mayoría de los países, los servicios de salud mental no son accesibles, dado que deberían ser adecuados para las personas que tienen un uso problemático de sustancias. A este respecto, la Federación considera firmemente que las adicciones deberían incluirse en las políticas públicas de salud mental. |
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En línea con la OMS, afirma que «la cobertura de tratamiento para aquellos/as con problemas por consumo de alcohol o drogas es inadecuada» y pone de relieve que en la mayoría de los países las políticas de salud mental no incluyen en sus programas un enfoque y una respuesta adecuados a estas personas, por lo que están obligadas a recurrir a programas ofrecidos por instituciones que están fuera del sistema de salud. En opinión de la WFMH, estas situaciones particulares suceden porque el imaginario social asume firmemente que las personas con problemas por consumo de drogas son criminales, violentos y marginales, por lo que no merecen ser tratados como los otros miembros de la sociedad. Esto es consecuencia de la creciente persecución y criminalización que sufren debido a las leyes que penalizan a los usuarios de drogas. Estas leyes no han disminuido el uso de drogas y han contribuido a la estigmatización y a la expulsión de estas personas del sistema sanitario. En este contexto, la Federación Mundial de la Salud Mental hace un llamamiento a todos los gobiernos del mundo para que modifiquen las leyes que penalizan a los usuarios y usuarias de drogas e incluyan las adicciones en las políticas públicas de salud mental. De este modo, insta a todos los países a considerar los derechos de los usuarios de drogas a ser incluidos en el sistema de salud, ofreciendo diferentes tipos de enfoques: comunidad, territorial, ética, perspectiva basada en los derechos, intervenciones interdisciplinarias y, especialmente, de hospitalización general. Asimismo, recomienda reestructurar aquellas instituciones cuyo enfoque fundamental es el encierro innecesario y cuyas prácticas no han sido aceptadas por la comunidad científica internacional, para cumplir con los estándares internacionales de tratamiento del uso de drogas. Fuente: WFMH | ||||
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